REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. Guanare, 18 de abril de 2005 194° y 146° N° 09. La abogado LIDYA TERESA RIVERO, en su carácter de defensora del acusado ELISAUL MARTINEZ GUEDEZ, por escrito presentado en fecha 16 de febrero de 2005, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 31-01-2005, por el Juzgado de Juicio N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, de conformidad con el artículo 252, numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal. Recibidas las actuaciones, en esta Corte de Apelaciones, se les dio entrada y se designo ponente en fecha 16 de marzo de 2005; asimismo, en fecha 05 de abril de 2005 se admitió el recurso de apelación interpuesto con voto salvado de la Juez de esta Corte de Apelaciones Abg. MORAIMA LOOK ROOMER. Ahora bien, en fecha 15-04-2005 se inhibe la Jueza de esta Corte de Apelaciones, abogada MORAIMA LOOK ROOMER., con base en el numeral 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos: “…PRIMERO: En decisión de fecha 5 de abril de 2005, mediante la cual esta Corte de Apelación admitió el recurso de apelación contra sentencia interpuesto por la Defensora Lidia Rivero, salve el voto por considerar que dicho recurso no debía ser admitido por no reunir los requisitos de fundamentación e indicación de cada uno de los motivos alegados como presentes en el fallo cuya impugnación pretende, ello porque funda el recurso, de manera genérica, en el numeral 2 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, numeral que prevé cuatro motivos que autorizan el recurso de apelación contra sentencia; que en los términos en los cuales era planteado el recurso conllevaba a que la Corte, en primer lugar, no podría deducir su objeto de conocimiento, y, en segundo lugar, que el conocer de los mismos en los términos planteados conducía sin lugar a dudas a la consulta como medio de revisión de los fallos judiciales, inexistente en el proceso penal venezolano. SEGUNDO: Porque, en consonancia con lo que precede, como lo indique en el referido voto salvado y como apunta el tratadista argentino Cafferata Nores en su obra “Proceso penal y derechos humanos”, “…la función de perseguir y acusar deberá ser diferente e independiente de la función de juzgar y punir, correspondiendo, por tanto, poner a cada una de ellas a cargo de sujetos diferenciados y autónomos entre sí…por la misma razón la función de juzgar no podrá, en resguardo de su imparcialidad y de la igualdad de las partes, colaborar con cualquiera de éstas…” (subrayado nuestro), el conocimiento del fondo del asunto, conlleva necesariamente a que el juzgador se fusione, psicológicamente, en la función de arbitro imparcial y parte, que es precisamente lo que estima, quien suscribe, afecta gravemente su desempeño como juez y compromete su carácter y deber de arbitro imparcial que debe regir en la labor decisoria si conociere sobre la procedencia o no del recurso admitido toda vez que tendría, necesariamente, que deducir los agravios de la recurrente ante la ausencia de puntualización de los mismos, por ende, asumir la posición de parte, irremediablemente, por lo que estimo, en consecuencia que se configura la causal abierta prevista en el numeral 8 artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal y sobre la cual fundo la presente inhibición. En suma y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87, eiusdem, me inhibo de continuar conociendo en la presente causa…” La Corte para decidir, observa: La inhibición es un deber jurídico impuesto por la ley al funcionario judicial, de separarse del conocimiento de una causa, en virtud de encontrarse incurso en una de las causales calificadas, igualmente, por la ley como causal de recusación y, por ser un deber procesal. En efecto, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 87 dispone que la inhibición es obligatoria, para los funcionarios a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo 86 eiusdem, por lo que deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar que se les recuse. Según se ha visto, los funcionarios judiciales que pueden recusados tienen la obligación de inhibirse de conocer o seguir conociendo en una causa cuando conozcan que, en relación con ella o con las partes, concurre en su persona alguna de las causales legítimas de recusación. Ahora bien, en el presente caso, la jueza inhibida invoca la causal abierta contenida en el numeral 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que al haber salvado su voto, en la admisibilidad del recurso, vertió opiniones que al decidir el fondo del asunto afectan “gravemente su desempeño como juez y compromete su carácter y deber de árbitro imparcial…”, tal situación, a criterio de quien aquí decide, configura la causal de inhibición contenida en el numeral 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. …… DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, Declara CON LUGAR la inhibición propuesta por la Abg. MORAIMA LOOK ROOMER, en su carácter de Juez de esta Instancia Superior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Déjese copia y en consecuencia se acuerda oficiar lo conducente a la Juez Presidente de este Circuito Judicial Penal, a fin de que la misma oficie lo conducente al Tribunal Supremo de Justicia Caracas, para que designen un Juez Accidental y conozca de la misma. Cúmplase. El Juez de Apelación Presidente. Abg. Joel Antonio Rivero El Secretario, Abg. Giuseppe Pagliocca. Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste. Secretario. Exp.- 2451-05.