TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA
JUZGADO DE CONTROL
Guanare, 23 de Agosto de 2005.
Años: 195° y 146°

N° 3757.
Solicitud: N° 2CS-3808-05.

La Fiscalía Tercera Auxiliar del Ministerio Público, representada por el Abogado Eise Nover Guerrero, presentó ante este Juzgado al ciudadano Francisco Antonio García Graterol, quien fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Comandancia de Policía de esta ciudad, quienes patrullaban rutinariamente a la altura de la calle 24 del Barrio La Peñita de esta ciudad y visualizaron a un ciudadano en actitud sospechosa dándole la voz de alto, negándose a mostrar lo que ocultaba en el interior de su vestimenta, razón por la cual se procedió a la revisión respectiva, incautando a nivel de sus partes genitales una bolsa de papel plástico color azul y ésta a su vez, tenía en su interior dos (2) panelas envueltas en papel plástico de colores rojo, transparente y papel de color blanco con restos vegetales (presunta marihuana) con un peso de ochenta (80) gramos según inspección judicial contentiva del acta de pesaje realizada por este mismo Tribunal en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Delegación Guanare.

El Ministerio Público concluyendo su exposición, solicitó la calificación de flagrancia, la vía del procedimiento ordinario, tipificando el hecho como ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así también solicitó le fuese decretada la medida privativa judicial preventiva de libertad. El imputado impuesto como fue del precepto constitucional y de la advertencia preliminar del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestó no querer declarar.

La defensa ejercida por el defensor público Abogado Rafael Eduardo Peraza, solicitó una medida cautelar menos gravosa que la privación, con motivo de no estar llenos los requisitos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, invocando los artículos 8 y 9 ejusdem.

En consecuencia, oídas como fueron las partes, este Juzgado se pronunció en los siguientes términos:

PRIMERO

Visibles son para este Juzgado, conforme a las presentes actuaciones, las circunstancias que conforman el fundamento serio para privar preventivamente de libertad al ciudadano Francisco Antonio García Graterol, toda vez que el presente procedimiento lo iniciaron funcionarios adscritos a la Comandancia de Policía del estado Portuguesa, cuando aprehenden al imputado con motivo de cargar en sus partes íntimas sustancias de las cuales se presume su ilícito comercio, discriminadas en dos envoltorios de regular tamaño, quien venía transitando en las inmediaciones del Barrio La Peñita de esta ciudad, aproximadamente siendo las dos treinta horas de la tarde del 20 de agosto de 2005, quien fue revisado corporalmente conforme al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual esta Juzgadora, consideró existentes los elementos básicos que apuntan hacia la comisión del hecho punible imputado y la participación de una persona determinada e identificada como Francisco Antonio García Graterol.

SEGUNDO

Fundamentó la decisión de este Juzgado y a su vez constituyó el fundamento del Ministerio Público para imputar tales hechos, el acta policial (folio 2), de fecha 20-08-2005, suscrita por los funcionarios actuantes Distinguido (PEP) Montilla Miguel y Distinguido (PEP) Willians Gil, acta de investigación penal, (folio 6), suscrita por la funcionario Rodrigo Linares, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Delegación Guanare, quien recibió en fecha 20 de agosto de 2005 al ciudadano García Graterol Francisco Antonio, en calidad de detenido; acta de entrevista del funcionario Montilla Montilla Miguel Eduardo, funcionario actuante en el procedimiento (folio 07) y declaración del Distinguido Gil Díaz Willians Rafael, funcionario actuante en el procedimiento de aprehensión, cursante al folio 08.

TERCERO

Analizadas como fueron las circunstancias de la aprehensión, este Juzgado consideró que se estaba en un caso de flagrancia, por cuanto el imputado fue sorprendido durante la revisión rutinaria motivada a su negativa, en horas de la tarde del día 20 de agosto de 2005, incautándole restos vegetales que ocultaba en sus genitales, cuyo peso asciende al límite de la posesión de sustancias ilícitas descrito en la ley especial, razón por la cual se califica tal hecho como flagrante y se acoge la calificación jurídica aportada por el Ministerio Público, como ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, estando tal situación dentro de las disposiciones del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que se tendrá como delito flagrante, el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse o aquel en el que el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público y que en estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá aprehender al sospechoso, siendo que en el caso que se analiza, se incautaron las sustancias en el momento de la revisión personal hecha al ciudadano Francisco Antonio García Graterol. Así también consideró este Tribunal que el solo hecho de ocultar mantener o conservar las sustancias constituye de suyo un estado permanente de flagrancia, que le permite a los funcionarios policiales por razones obvias revisar incluso hasta corporalmente a la persona sospechosa o a quienes tengan tales sustancias dentro de la esfera de su disposición.

CUARTO

La cantidad de los restos vegetales incautados fueron ochenta gramos (80 gramos), según acta de pesaje realizada por el Tribunal de Control en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Delegación Guanare, razón por la cual al distar de la cantidad permitida, se acogió la calificación jurídica dada por el Ministerio Público, siendo ésta, ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado venezolano y salubridad pública, lo que trajo como consecuencia la privación preventiva de libertad del ciudadano Francisco Antonio García Graterol, sin ánimo de proyectar condena alguna, sino más bien por haberse formado el elemento de convicción a través de las actuaciones presentadas a la audiencia oral, configurándose como un fundamento serio para considerar la existencia del hecho y de la autoría o al menos participación del imputado presentado ante este Tribunal.

En este orden de ideas, a los efectos de dar por acreditado el hecho punible imputado así como la existencia de los elementos de convicción para determinar la participación del imputado, se tiene que las referidas actuaciones al merecer fe pública revelan que se logró incautar cierta cantidad de sustancias con alto grado de probabilidad de ser aquellas de las cuales se encuentra prohibida su detentación en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que de acuerdo al peso asciende al límite permitido por la ley especial, más sin embargo se considera el hallazgo repentino que sorprendió al ciudadano García Graterol Francisco Antonio, cuando fue revisado por los funcionarios policiales en el Barrio La Peñita, calle 24 de esta ciudad siendo las dos treinta horas de la tarde del día 20-08-2005, hecho que de acuerdo a las circunstancias efectivas de cómo se decomisaron las mismas (envueltas en dos bolsas plásticas formando una unidad), indican que existe alta y razonable probabilidad, de que tales sustancias constituyan el objeto material de un ilícito penal previsto y sancionado en el artículo 34 de la citada ley sustantiva, conclusión determinada a través de la experiencia reiterada que se tiene ante la forma como se presentan, transportan y ocultan las sustancias estupefacientes y lo analizado a través de las máximas experiencias.

Tomando además en cuenta para ello, que en esta fase del proceso (investigación) al existir una presunción razonable de una probable conducta punible, ello es suficiente para que se prosiga la investigación y se determinen al respecto las medidas cautelares pertinentes, como en este caso fue la privación judicial preventiva de libertad.

En ese sentido pertinente es citar comentario que con respecto a la investigación previa, hace el doctrinario Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett, en su obra El Proceso Penal:

“... la unidad teleológica del proceso está diseñada para que las diversas actividades desarrollen objetivos claramente determinados, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos, que apuntan a la progresiva comprobación de los elementos de la conducta punible. En desarrollo de este diseño, los requisitos probatorios para fundamentar decisiones son cada vez más rigurosos en la medida en que avanza el trámite de la relación jurídica” “..la etapa de investigación tiene una naturaleza y una finalidad especificas. Es una fase contingente que debe utilizarse tan solo cuando surjan dudas acerca de los presupuestos necesarios para iniciar formalmente un proceso. Su finalidad es recoger el acervo probatorio mínimo para determinar la existencia de una probable conducta punible”. (Negrilla propia).

Este criterio lo toma esta Juzgadora, cuando se trata de demostrar un hecho punible con elementos que indican con un fundamento serio la existencia de un ilícito penal, estando entonces en la fase de los actos preliminares, basta solo que exista un fundamento serio, con las actuaciones practicadas hasta ese momento, dada la premura del procedimiento, sobre los elementos externos que apunten a descripciones básicas contenidas en los tipos delictivos.

QUINTO

La procedencia de la Medida Cautelar de privación de libertad que ha sido solicitada por el Ministerio Público, se considera procedente, motivado a que examinadas como fueron las actuaciones procesales, de ellas resulta acreditada la existencia de un hecho punible, que el mismo merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra prescrita; que existen los fundados elementos de convicción que determinan la participación del ciudadano Francisco Antonio García Graterol, cumpliéndose así los extremos del artículo 250 en sus tres numerales y parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es asegurar las resultas del proceso, es decir, se priva como última ratio en fuerza de motivaciones de orden estrictamente procesal.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos expresados este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 2, del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dictó los siguientes pronunciamientos:

1. Se califica la flagrancia en el presente caso, debido a que el imputado fue aprehendido una vez que se verificare que tenía en la esfera de su disposición las sustancias que constituyen la esencia del delito tipificado en la ley especial, estando así, dentro de las disposiciones del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para calificar el hecho como flagrante, decretándose la aplicación del procedimiento ordinario por haberlo solicitado el Ministerio Público. Se acoge la calificación dada por el Ministerio Público como ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

2. Se decreta la medida privativa preventiva de libertad al ciudadano Francisco Antonio García Graterol, venezolano, mayor de edad, soltero, de profesión indefinida, nacido en fecha 12 de septiembre de 1962, de 42 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 4.119.191 y domiciliado en el Barrio Fe y Alegría, calle 14, casa sin número de Guanare estado Portuguesa, por considerar que existe fundamento serio en la existencia del hecho punible y de su participación en el mismo, declarándose sin lugar el petitorio de la defensa en cuanto a la imposición de medidas cautelares sustitutivas del artículo 256 del Código adjetivo, por cuanto están cubiertos los extremos de los artículos 250 en sus tres numerales y 251 parágrafo primero, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

3. Se ordenó la remisión de las presentes actuaciones al Ministerio Público una vez transcurrido el lapso recursivo de ley.

Regístrese, déjese copia certificada y remítase en la oportunidad legal.

La Juez de Control N° 2;

Abg. Nataly Piedraita Iuswa.

La Secretaria;

Abg. Dania Leal.

Seguido se cumplió lo ordenado. Conste. Stria.