TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua
Acarigua, 7 de Octubre de 2005
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : PP11-P-2005-011382
ASUNTO : PP11-P-2005-011382

RESOLUCION JUDICIAL

Visto el escrito presentado por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, en el cual solicita de este Tribunal DECRETE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, contra el imputado JOSE ANTONIO CHIRINOS LINAREZ, por la presunta comisión del delito de DETENTACION DE MUNICIONES PARA ARMAS DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal; este Tribunal para decidir observa previamente lo siguiente:

Fueron convocadas las partes para la celebración de la audiencia oral y expuso el representante del Ministerio Público, abg. Gustavo Sánchez las circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos donde resultó detenido el imputado de autos. Asimismo ratificó el contenido de su escrito que riela al folio 1 y solicito medida cautelar sustitutiva de libertad contra el imputado, conforme a lo establecido en el artículo 256, ordinales 3° del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de detentación de municiones para armas de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal.

Se le concedió la palabra a la imputado JOSE ANTONIO CHIRINOS LINAREZ y se le impuso del Precepto Constitucional establecido en el artículo 49, ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del contenido del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, quien manifestó libremente y sin coacción alguna no querer declarar.

Seguidamente se le concedió el derecho de palabra a la Defensora Pública Abg. María Gabriela Carmona, quien manifestó entre otras cosas que solicitaba libertad plena a favor de su defendido, por no existir elementos en su contra, que en último caso se le concediera una medida cautelar sustitutiva de libertad.

Ahora bien, establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

(omissis).

De la interpretación exegética o gramatical de la norma citada se desprende que para decretar una medida de coerción personal (privativa de libertad o sustitutiva de libertad), necesariamente deben cumplirse los requisitos señalados en los ordinales 1° 2° y 3°, según sea el caso. Ahora bien, en el presente asunto penal la representante Fiscal solicitó imposición de medida cautelar sustitutiva de libertad para el imputado, observándose que en esta causa se cumple con lo establecido en el ordinal 1°, es decir, existe un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, no obstante, no se cumple con lo preceptuado en el ordinal 2° por no existir en las actuaciones elementos de convicción para estimar que el mismo ha sido autor o partícipe en la presunta comisión del hecho punible que precalifico el represente Fiscal como detentación de municiones para armas de fuego, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal en concordancia con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Sobre Armas y Explosivos y su Reglamento, pues, sólo cursa en autos el acta policial donde se dejó constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió la detención, mas, no existe ningún otro elemento (testigos) que concatenado con éste se pueda presumir la autoría del referido imputado en la presunta comisión del delito que se le atribuye, siendo en consecuencia lo procedente y ajustado a derecho DECRETAR SU LIBERTAD PLENA. Así se decide.

DECISION

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA LIBERTAD PLENA al ciudadano JOSE ANTONIO CHIRINOS LINAREZ, venezolano, natural de Acarigua, Estado Portuguesa, mayor de edad, soltero, de profesión u oficio indefinido, titular de la cédula de identidad N° 17.944.517 y residenciado en el barrio 5 de Diciembre, avenida 14, con calle 4 y 5, casa N°81, Acarigua, Estado Portuguesa, por no cumplirse con lo preceptuado en el ordinal 2° del artículo 250 de Código Orgánico Procesal Penal.

Se ordena remitir la presente causa en su oportunidad a la Fiscalía del Ministerio Público respectiva, a los fines de Ley.

Publíquese, regístrese y déjese copia.

Abg. Omar Fleitas Flores
Juez Tercero de Control

La Secretaria

Abg. Mary Isabel Lacruz