REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA JUZGADO DE EJECUCION, SECCION ADOLESCENTES EXTENSION ACARIGUA Acarigua, 13 de Septiembre de 2.005 195° y 146° Causa N° 1E-153-03 Se dio inicio a la presente audiencia oral y privada en fecha 13 de Septiembre del año 2005, con las formalidades de Ley, respecto a la causa signada bajo el N°:1E-153-03, donde aparece como sancionado el ciudadano, IDENTIDAD OMITIDA, con el objeto de realizar audiencia de control de cumplimiento de las medidas impuestas toda vez que desde el mes de mayo del presente año a desertado del cumplimiento de sus obligaciones. Todo lo anterior en estricto acatamiento a lo establecido en los artículos 646 y 647 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. A los efectos de una adecuada comprensión por parte del sancionado respecto al objeto de esta audiencia, se le informó de manera clara y precisa, sobre el significado del motivo de la misma, así como de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, y del contenido y de las razones legales y ético sociales de las decisiones que se produzcan en este acto. En virtud de lo anterior, se le informó al sancionado, que de las actuaciones que conforman la causa que se le sigue, consta que no ha cumplido con las medidas de libertad asistida y reglas de conducta, a las cuales fuere condenado a cumplir, puesto que, el Equipo Técnico Multidisciplinario adscrito al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, quien tiene atribuida la obligación de efectuar el seguimiento de la medida en cuestión, consignó informe, del cual se desprende que el sancionado de autos tenia no se presenta desde el mes de mayo del año en curso, tampoco consta que el sancionado haya consignado por ante este tribunal constancia de estudios actualizada, a fin de verificar que efectivamente se encuentra cursando estudios formales. La representación del Ministerio Público no se hizo presente en esta audiencia, aún cuando consta de autos su debida notificación, motivo por el cual este tribunal determina que el Ministerio Público ha renunciado a ejercer su derecho al contradictorio. Se le concedió el derecho de palabra a la Defensora Pública, quien expuso: “Ciudadana Juez solicito el derecho de palabra en primer lugar para el sancionado”. Seguidamente se impuso al ciudadano IDENTIDAD OMITIDA, del precepto constitucional establecido en el articulo 49 ordinal 5, así como del derecho a ser oído conforme a lo dispuesto en el articulo 80 y 542 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, y se le cedió el derecho de palabra en este acto, quien expuso: “No había venido por que estaba en el algodonal y para los estudios soy muy tapado. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Analizada como ha sido la pretensión de la defensa, así como lo expuesto por el sancionado, este tribunal para decidir observa: Que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en acatamiento a lo establecido en el artículo 40 ordinal 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, crea un sistema sancionatorio propio establecido en el artículo 528 y desarrollado en el artículo 620 y siguientes, en el cual se establece que la sanción aplicable a los adolescentes declarados responsables de un hecho punible serán las medidas previstas en la citada Ley, medidas estas que van de menor a mayor grado de severidad, razón esta por lo cual se observa que la medida de privación de libertad, además de ser la sanción mas gravosa, sólo procede cuando se este frente a los supuestos taxativamente contemplados en el artículo 628 Ejusdem, todo lo cual, se explica por el mandato contemplado en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo precedentemente citado, por cuanto al interpretar dicha norma se infiere la preferencia del cumplimiento en libertad de las sanciones que se impongan con fundamento en dicha Convención, lo que trae como consecuencia que la medida de privación de libertad se encuentre sujeta a los principios de excepcionalidad, tal y como lo ha dejado plasmado el legislador en el artículo 628 de la citada Ley. Que sobre la base de lo expuesto, aunado a la finalidad primordialmente educativa de las medidas preceptuadas en la Ley mencionada, cuyos principios orientadores son el respeto a los derechos humanos, la formación integral del adolescente y la búsqueda de la adecuada convivencia familiar y social; podemos reafirmar que el cumplimiento del objetivo establecido por el legislador patrio en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, como es el logro del pleno desarrollo de las capacidades del adolescente y la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social, se puede alcanzar a través de la aplicación preferente de las medidas de Amonestación, Reglas de conducta, Servicios a la Comunidad, Libertad Asistida y Semi Libertad. Que aún cuando efectivamente se ha constatado un incumplimiento por parte del sancionado a las medidas impuestas, por otra parte, quien decide no justifica de manera alguna las argumentaciones expuestas por la madre en virtud de que la fecha del accidente fue de fecha anterior y posteriormente a dicho accidente venia presentándose regularmente, que las medidas impuestas son de carácter sociabilizador tanto para el entorno familiar como hacia terceros, razón por la cual no se justifica en ningún caso su incumplimiento, y tomando en cuenta lo reiterado en su conducta de incumplir, lo que conlleva a que no se esta realizando el fin establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, considera quien Juzga que esta incurso en lo previsto en el articulo 628, parágrafo segundo, literal c) esjudem. DISPOSITIVA Por la razones precedentemente expuestas, este Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa. Extensión Acarigua. Sección Adolescentes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley de conformidad con lo establecido en los artículos 621, 628, parágrafo segundo literal c) y 646 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente acuerda privar de libertad por tres meses de acuerdo a la proporcionalidad de los derechos humanos, la cual deberá ser cumplida en la Comandancia General José Antonio Páez. Publíquese, diarícese y déjese copia. Dictada, firmada y sellada en la sede de este Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa. Extensión Acarigua. Sección Adolescentes, a los días del mes de del año 2005. LA JUEZ DE EJECUCION ABG. FRANCIS MARSELLA DIAZ S. EL SECRETARIO ABG. ERASMO QUIJADA Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado. Conste.