REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 09 de septiembre de 2005 AÑOS: 195° y 146° ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2002-000396.- Revisadas las actuaciones que anteceden, quien decide observa: El penado VICTOR JOSÉ RIVERO MENDOZA fue condenado a cumplir la pena de DOCE AÑOS Y UN MES DE PRESIDIO, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, LESIONES PERSONALES INTENCIONALES y PORTE ILICITO DE ARMA. Según el cómputo elaborado, este penado opta por el Destacamento de Trabajo desde la fecha del 08 de enero de 2004, por lo que el Tribunal solicitó los recaudos necesarios para resolver lo conducente sobre esta fórmula alternativa de la pena privativa de libertad. El artículo 272 de nuestra Constitución establece: “…El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex-interno o ex-interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico...” La norma Constitucional en referencia prevé entre sus postulados, que es obligación del Estado garantizar un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno y el respeto a sus derechos humanos y en todo caso, las formulas de cumplimiento de penas no privativas de libertad se aplicaran con preferencia a las medidas de naturaleza reclusorias, reflejándose de esta forma el aspecto social y humanitario que debe privar en el sistema penitenciario. En igual sentido también se pronuncia el artículo 2 de la Ley de Régimen Penitenciario al señalar: “ La reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del período de cumplimiento de la pena. Durante el período de cumplimiento de la pena deberán respetarse estrictamente todos los derechos inherentes a la persona humana consagrados en la Constitución y leyes nacionales, tratados, convenios, acuerdos internacionales suscritos por la República, así como los derivados de su particular condición de condenado. Los tribunales de ejecución ampararán a todo penado en el goce y ejercicio de los derechos individuales, colectivos y difusos que le correspondan de conformidad con las leyes” Y por último el artículo 64 ejusdem y artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal, desarrollan las formulas de cumplimiento de las penas tales como Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto y Libertad Condicional. Por su parte, el artículo 66 de la vigente Ley de Régimen Penitenciario establece: “El trabajo fuera de los establecimientos se organizará por grupos que, con la denominación de destacamentos y bajo la dirección y vigilancia de personal de los servicios penitenciarios, serán destinados a trabajar en obras públicas o privadas en las mismas condiciones que los trabajadores libres”. Y el artículo 67 eiusdem, establece: “El tribunal de ejecución podrá acordar la integración en los destacamentos penitenciarios de trabajo a los penados que hayan extinguido por los menos una cuarta parte de la pena impuesta y reúnan las demás condiciones exigidas por el artículo 65 de esta Ley”. El artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal establece una serie de condiciones que de manera concurrente deben coexistir para la concesión de esta fórmula alternativa de cumplimiento de la pena privativa de libertad. Cursa en autos Informe suscrito por los integrantes del Equipo Técnico de la Unidad de Apoyo al Sistema Penitenciario en el que se dejó constancia que el referido ciudadano proviene de un núcleo familiar estable y solidario, con pautas conductuales definidas, quienes se han mantenido atentos a la situación legal del evaluado y manifestaron su disposición para colaborar con el proceso de reinserción social. Dispone del repertorio conductual necesario para adaptarse al beneficio que opta. Posee destrezas y habilidades de faenas agrícolas. Muestra su arrepentimiento del hecho ocurrido. Y con fundamento a este pronóstico, el equipo técnico concluye que este penado está apto para un Destacamento de Trabajo. Asimismo, cursa el certificado de Antecedentes Penales emitido por la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Interior y Justicia, del que se desprende que el penado no registra antecedentes penales. Siendo procedente la concesión del Destacamento de Trabajo al penado de autos, este órgano jurisdiccional resuelve la imposición de las siguientes cláusulas que aquél deberá comprometerse a cumplir a fin de que se haga efectivo el otorgamiento de esta fórmula alternativa a la pena privativa de libertad: • No cometer nuevos delitos. • Recibir orientación dirigida para su crecimiento social y personal. • Cumplir con las responsabilidades familiares y ocuparse laboralmente. • No portar armas. • Cumplir con las recomendaciones del Delgado de Prueba. DECISIÓN Con fundamento a las razones que anteceden, este Tribunal en administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACUERDA EL DESTACAMENTO DE TRABAJO al penado VICTOR JOSÉ RIVERO MENDOZA, en los autos identificado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal y 67 de la Ley de Régimen Penitenciario. Regístrese y cúmplase la presente decisión y remítase una copia de la misma con oficio al Jefe de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario del Estado Lara y al Director del Centro de Pernocta de Barquisimeto. Notifíquese al Fiscal Decimotercero del Ministerio Público, y solicítese el traslado del penado desde el Internado Judicial del Estado Yaracuy hasta el Centro de Pernocta de esta ciudad. Remítase copia de la presente decisión al Juez Segundo de Ejecución del Estado Yaracuy a objeto de que imponga al penado de la misma y de las condiciones fijadas. LA JUEZ TITULAR SEGUNDA DE EJECUCIÓN, ABG. BLANCA LUISA SANTANA VERENZUELA LA SECRETARIA, ABG. ADA MARGARITA CORRIPIO. BLSV.-