REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO









REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO N° 1
Guanare, 24 de Abril de 2006
Años: 195° y 147°

Al revisar las presentes actuaciones observa el Tribunal que se ha fijado en múltiples oportunidades fecha de tramitación de la constitución del Tribunal con Participación Ciudadana, lo que no se ha podido efectuar debido a la reiterada incomparecencia del acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO.

Debe el Tribunal resolver la situación que se presenta con motivo de este incumplimiento del acusado, y a tal efecto observa lo siguiente:

- I -

Consta en las actas procesales que mediante auto de fecha 15 de Abril de 2003 inserto en Cuaderno Separado, el Juez de Primera Instancia en Función de Control N° 3 de este mismo Circuito Judicial Penal concedió al acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO una medida de coerción personal menos gravosa consistente en detención domiciliaria con apostamiento policial por el lapso de tres meses, de acuerdo al numeral 1° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se observa igualmente del Acta de fecha 07 de Julio de 2002 (folio 14, Pieza 2) que no pudo ser celebrada la Audiencia de Sorteo de Ciudadanos por la inasistencia del acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO.

Así mismo, se evidencia al folio 21, Pieza N° 2, el Oficio N° 1026 de 07 de Julio de 2003, mediante el cual el Ciudadano Comisario Jefe de la División de Investigaciones de la Policía del Estado Portuguesa informa a Tribunal que no se cumplió el traslado del ciudadano JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO a la sede del Tribunal debido a que el mismo se encontraba evadido de la vivienda donde debía cumplir el arresto domiciliario.

Igualmente constancia se deja en Acta de fecha 17 de Julio de 2003 inserta al folio 348, Pieza 2 del Expediente, de la incomparecencia del acusado al Segundo Sorteo Ordinario de Ciudadanos.

En vista de ello, mediante auto de 09 de Julio de 2003 inserto al folio 24, Pieza N° 2, toma la siguiente determinación: “… y por cuanto el oficio N° 1026… donde informa que el acusado se encuentra evadido de la vivienda donde se encontraba cumpliendo arresto domiciliario; este Tribunal de Juicio N° 1, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA librar la correspondiente requisitoria a objeto de que el preidentificado acusado sea aprehendido donde se encuentre y sea trasladado a la Comandancia General de Policía del Estado Portuguesa en Guanare…”.

- II -

El principio de juzgamiento en libertad está reconocido tanto en la Constitución de la República como en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos con rango constitucional válidamente suscritos por Venezuela, como es el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Dicho principio está reproducido en la legislación ordinaria (Código Orgánico Procesal Penal), en los siguientes términos:
“Artículo 243. Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, con las excepciones establecidas en este Código...”

Así mismo ha sido interpretado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a través de diversas decisiones, una de las cuales establece lo siguiente:

“… ciertamente en virtud del principio de la afirmación de la libertad -artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal- toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad, de su voluntad de no someterse a la persecución penal. Estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

(Sent. Nº 128 de 13-02-04. Sala Constitucional. Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero).


En el ordenamiento procesal penal venezolano se consagra además, la situación intermedia según la cual la pretensión del Estado venezolano de que la persona sometida a proceso cumpla con todos los actos inherentes al mismo, no se substraiga de su resultado y no obstaculice ni impida los actos de la investigación y del juicio, pueda verse garantizada con otras medidas menos gravosas que la privación de libertad, pero limitativas de la misma, medidas que a título enunciativo están enumeradas en el artículo 256 ejusdem.

Dichas medidas menos gravosas están sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 260 ibidem, que establece lo siguiente:

“Artículo 260. Obligaciones del imputado. En todo caso que se le conceda una medida cautelar sustitutiva, el imputado se obligará, mediante acta firmada, a no ausentarse de la jurisdicción del tribunal o de la que éste le fije, y a presentarse al tribunal o ante la autoridad que el juez designe en las oportunidades que se le señalen. A tal efecto, el imputado se identificará plenamente, aportando sus datos personales, dirección de residencia, y el lugar donde debe ser notificado, bastando para ello que se le dirija allí la convocatoria”. (Subrayado de este Tribunal)

Además de estas obligaciones, naturalmente está obligado a cumplir las obligaciones que le imponga el Tribunal a propósito de la medida menos gravosa.

El incumplimiento de tales deberes, que no hacen más que asegurar su comparecencia y sometimiento a todos los actos del proceso y su resultado, está sancionado en la legislación venezolana con la revocatoria de dicha medida menos gravosa y su sustitución por la medida de privación judicial preventiva de libertad.

En efecto, el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:
“Artículo 262. Revocatoria por incumplimiento. La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el juez de control, de oficio o previa solicitud del Ministerio Público, o de la víctima que se haya constituido en querellante, en los siguientes casos:
1. Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer;
2. Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite;
3. Cuando incumpla, sin motivo justificado, una cualquiera de las presentaciones a que está obligado…” (Subrayado y destacados de este Tribunal)

En el caso en estudio observa el Tribunal que el acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO se evadió de la residencia donde debía cumplir el arresto domiciliario y en varias oportunidades injustificadamente dejó de comparecer a la Audiencia correspondiente a la Constitución del Tribunal Mixto, conducta que encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 2. del antes transcrito artículo, impidiendo así la celebración del acto y eludiendo en consecuencia la administración de justicia, razón por la cual procede revocar dicha medida de coerción personal menos gravosa y decretar en su lugar la privación judicial preventiva de su libertad. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: Con fundamento en el numeral 2. del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal, R E V O C A la medida de coerción personal menos gravosa que concedió al acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO, debidamente identificado en el Expediente, el Juez Tercero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal;

SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 250 ejusdem D E C R E T A la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD en contra del acusado JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO, quien incumplió reiteradamente su obligación de comparecer a todos los actos del proceso a los cuales fue citado.

Déjese copia de la anterior decisión para el Archivo del Tribunal. Líbrense requisitoria y órdenes de captura a los Cuerpos Policiales con competencia para ello. Háganse las demás participaciones del caso.
EL JUEZ (fdo) Abg. Elizabeth Rubiano Hernández. EL SECRETARIO (fdo) Abg. Tania María Rivero Pargas. (Hay el Sello del Tribunal).
LA SUSCRITA, ABG. TANIA MARÍA RIVERO PARGAS, SECRETARIA ADSCRITA AL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, CERTIFICA LA EXACTITUD DE LA ANTERIOR COPIA, POR SER FIEL TRASLADO DE SU ORIGINAL QUE CORRE INSERTO EN EL EXPEDIENTE PENAL N° 1JM-10-03 CONTRA JUAN MAURICIO LINDARTE OSORIO POR TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTE. Guanare, 24 de Abril de 2006.
La Secretaria,


Abg. Tania María Rivero Pargas.