REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACION Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. SEDE ACARIGUA Acarigua, 07 de Febrero de 2006 195° Y 146° ASUNTO: PP21-L-2005-000640 PARTE DEMANDANTE: JOSE GREGORIO CHAVEZ APODERDOS DEL DEMANDANTE: JOSE ANTONIO GUEDEZ, SAUL RONDON PARTES DEMANDADAS: ALCALDIA DEL MUNICIPIO ESTELLER DEL ESTADO PORTUGUESA y solidariamente ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTELLER DEL ESTADO PORTUGUESA (IAMDES) MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES BREVE RESUMEN: Se inicio el presente asunto mediante demanda incoada por el ciudadano JOSE GREGORIO CHAVEZ, en fecha 01/11/2005, y siendo admitida sólo a los efectos de interrumpir la prescripción, en el lapso legal procediéndose a la notificación de curso del ciudadano Alcalde ALBERTO ANDUEZA, así como del Ciudadano Sindico Procurador Municipal y de la parte co-demandada ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO ESTELLER DEL ESTADO PORTUGUESA. Ahora bien, en virtud de los artículos 144 y 146 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, se establece, entre otras cosas, que los funcionarios públicos, entre ellos los de municipios, se rigen por una ley especial diferente a la Ley Orgánica del Trabajo. De tal manera que, el presente caso, debe ser remitido al Tribunal competente por la materia la cuantía y el territorio; es decir al Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. Evidentemente el ciudadano JOSE GREGORIO CHAVEZ, se desempeñaba como COORDINADOR DE DEPORTES ZONA RURAL, en el desempeño de Funcionario Público, según las funciones que ejercía, por lo que se encuentra sometido a un régimen de derecho público y, en virtud de su condición de funcionario público, queda excluido de la Ley Orgánica del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 08 en cuanto a la acción sobre el cobro de sus prestaciones sociales y a tal efecto se hace necesario explanar el citado articulo que indica: “...Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional; y gozaran de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos (omissis)...”. Concatenado con lo previsto en los artículos 01, 19 y 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y siguiendo el criterio reiterado de Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias Nros. 13 de fecha 17 de Febrero de 2000, 64 de fecha 14 de Diciembre de 2000, 25 de fecha 05 de Abril de 2001, 01 de fecha 06 de Febrero de 2001 y 127 de fecha 15 de Marzo de 2005, que tal controversia debe ser ventilado por ante la jurisdicción Contencioso Administrativo, por cuanto se trata de un Funcionario Público Municipal que reclama sus prestaciones sociales. Y Así se decide. En consecuencia, establecida así la competencia por la materia en el presente caso; ésta Juzgadora DECLINA LA COMPETENCIA al TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CENTRO OCCIDENTAL, con sede en Barquisimeto Estado Lara. Líbrese el oficio de remisión a tal fin. Y Así Se Establece. Es Todo. La Jueza, La Secretaria, Abg° Ligia López Carieles Abg° Claudia Aguillón