TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA
TRIBUNAL DE CONTROL Nº 02, SECCIÓN ADOLESCENTES
EXTENSIÓN ACARIGUA

Acarigua, 14 de enero de 2008
Años 197° y 148º

N° _________
Solicitud: N° 2CS-2379-08

Juez: Abg. Laura Elena Raide Ricci
Secretaria: Abg. Geniyana Pereira

Imputado:
(Identidad Omitida)

Víctima:
Estado Venezolano

Defensora Pública Especializada:
Abg. Sirley Barrios

Fiscal Quinta (A) del Ministerio
Público:

Abg. Lexi Sulbarán
Delito: Porte Ilícito de Arma

Decisión:
Interlocutoria: Imposición de medida cautelar

Se recibe ante este Juzgado escrito interpuesto por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual hace saber que de conformidad con lo establecido en los artículos 648, 650 literal b y 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, presenta ante este Juzgado al adolescente (Identidad Omitida), a fines de que se le oiga, quien fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Comisaría General José Antonio Páez de esta ciudad, manifestando en dicho escrito las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue aprehendido, que por dicho hecho se le imputa el delito de Porte Ilícito de Arma, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, y además solicita la pertinencia de continuar la investigación bajo los parámetros del procedimiento ordinario, e igualmente que le sea impuesta medida cautelar prevista en el artículo 582 literal “C” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, como consecuencia de lo planteado por el Ministerio Público, este Juzgado fijó la audiencia oral y privada de presentación de detenido en la que se resolvió en los siguientes términos:

I.- DE LOS PEDIMENTOS DE LAS PARTES

La Fiscal del Ministerio Público, en la audiencia oral, expuso una relación breve del hecho ocurrido, y elevó los pedimentos, en los mismos términos en que se expresa en el escrito presentado, procediendo a narrar los hechos que dieron origen a la investigación, por los cuales ha sido detenido el adolescente (Identidad Omitida), a quien se le imputa la presunta comisión de uno de los delitos Contra el Orden Público, específicamente el delito de Porte Ilícito de Armas, consagrado en el artículo 277 del Código Penal vigente, en perjuicio del Estado Venezolano, señaló que de los hechos antes narrados se evidencia la participación del adolescente en los hechos imputados; solicitando la continuación de la investigación por la vía del procedimiento ordinario y se le imponga al adolescente la medida cautelar prevista en el Artículo 582, Literal “C” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, que consiste en la presentación periódica por ante el Tribunal o la autoridad que se designe al efecto. Por último solicita se oiga al adolescente si así lo quiere, a los fines de garantizar sus derechos constitucionales.

El adolescente señalado como imputado, una vez que se le ha explicado los derechos y garantías que le asisten durante todo el proceso penal e impuesto como efectivamente fue, de la garantía constitucional consagrada en el artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó de forma libre y espontánea que NO deseaba declarar, de lo cual se dejó expresa constancia en acta.

La defensora pública especializada, Abg. Sirley Barrios, manifestó expresamente lo siguiente: “En mi carácter de defensora del adolescente imputado (Identidad Omitida), rechaza la imputación que se le hace a mi defendido por considerar que no existe en esta fase del proceso suficientes elementos que individualicen al adolescente como responsable del delito que se le atribuye de tal manera que solo existe el dicho de los funcionarios actuantes los cuales no manifestaron además la imposibilidad que hayan podido tener para el momento de la aprehensión de contar con testigos que corroboren el dicho policial, en relación a la medida cautelar la defensa considera que la investigación que ha solicitado el ministerio público conducido bajo los parámetros del procedimiento ordinario pueden perfectamente concretarse sin la necesidad de sujetar al adolescente al proceso penal que se inició en su contra a través de una medida cautelar es decir, la investigación puede perfectamente efectuarse sin que para ello sea necesario o menester imponer medida cautelar alguna, en fuerza de ello la defensa solicita se acuerde la libertad del adolescente sin imponerle medida cautelar alguna y solicita además se le otorguen copias del procedimiento, del acta y de la decisión que con ocasión a este audiencia el Tribunal dicte. Es todo”.

II.- HECHO ATRIBUIDO

El Ministerio Público tanto en el escrito presentado, como en forma oral hizo saber el hecho que se le imputa al adolescente identificado en autos, en los siguientes términos:

Señala en su escrito y además presenta como fundamento de la imputación las actas procesales que se citan a continuación:

1.- Acta Policial de fecha 13-01-2.008, suscrita por el funcionario Cabo Primero (PEP) DORANTE TORIN YOVANNY, quien deja constancia de la siguiente diligencia policial: “Siendo aproximadamente las 10:20 horas de la mañana, me encontraba en labores de patrullaje,…en compañía de los funcionarios AGTE. (PEP) DEIVIS BRACAMONTE Y YELITZA VELA, por el Barrio Andrés Bello de esta ciudad, cuando recibimos una llamada de la central de radio de esta comisaría, que nos dirijamos hasta la Carnicería Páez, ubicada en la calle 30 con calle 31 ya que al parecer se encuentra un ciudadano en actitud sospechosa, por lo que nos dirigimos al lugar cuando llegamos avistamos un ciudadano quien al notar nuestra presencia, mostró una actitud de nerviosismo por lo que procedimos a darle la voz de alto y a realizarle una inspección de personas de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrándole en su cinto del lado derecho un arma de fuego de fabricación rudimentaria, adaptada al calibre 44mm, con un cartucho del mismo calibre sin percutir, el ciudadano manifestó ser adolescente y procedimos a leerle sus derechos de conformidad con lo establecido en los artículos 541 y 654 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y a trasladarlo hasta esta comisaría, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 1256 del Código Orgánico Procesal Penal quedó identificado como (Identidad Omitida),…de 17 años de edad…quedando el detenido a la orden del departamento de investigaciones, es todo”.

Con el acta de instructiva de cargos levantada al adolescente imputado (Identidad Omitida), con el objeto de informarle del motivo de la investigación y de los derechos que le asisten de conformidad con lo así señalado en los artículos 541 y 654 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

Del contenido de las actas procesales ya reseñadas, tenemos que se desprende:

1.- Que de acuerdo a lo reflejado en el acta policial, la comisión policial recibe un llamado de la central de radio, reportando que en las inmediaciones de la Carnicería Páez, ubicada en la calle 30 con 31, se encontraba un ciudadano en actitud sospechosa.

2.- Que el ciudadano al avistar a los funcionarios policiales mostró actitud nerviosa y al realizarle la inspección de personas de conformidad al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, le incautan al ciudadano (Identidad Omitida) un arma de fuego de fabricación rudimentaria, de las denominadas chopo, adaptado al calibre 44 mm., con su respectivo cartucho del mismo calibre sin percutir, portándola en el cinto del lado derecho de su pantalón.

3.- Que el sujeto detenido por los funcionarios policiales resultó ser adolescente, quedando plenamente identificado como (Identidad Omitida).

Ahora bien, esta conducta desplegada por el adolescente de acuerdo a sus características, revela en primer lugar que es evidente la ocurrencia de un hecho, tal como se desprende del acta policial, hecho éste que por sus características se identifica como una conducta ilícita, al observar este Juzgado, que una vez practicada la inspección de persona de conformidad al artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal al adolescente (Identidad Omitida), le fue encontrado en su poder un arma de fuego de fabricación casera, adaptada al calibre 44 mm, y aún cuando no consta en autos la experticia practicada al arma de fuego incautada, es criterio reiterado de este Tribunal que dicha arma produce los mismos efectos que un arma de fuego de las prevista en la Ley sobre Armas y Explosivos, y a tal efecto es importante resaltar que del propio contenido de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados y cuya Ley aprobatoria fue publicada en fecha 12 de junio de 2001 en la Gaceta Oficial N° 37.217 de la República Bolivariana de Venezuela, dispone un artículo especial de definiciones, tal artículo 1 expresa:

“A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: … (Omissis)…
3. Armas de fuego:
a) cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto…”

Por lo que las armas de fabricación rudimentaria, las denominadas chopos, están constituidas por un cañón, por donde perfectamente puede ser descargada una bala o proyectil por la acción de un explosivo, y causar la muerte de la persona, dependiendo de la zona anatómica en donde ésta impacte, considerando quien juzga, que las armas de fabricación rudimentaria causan los mismos efectos que un arma de fuego de las contempladas en el artículo 2 de la Ley sobre Armas y Explosivos, por cuanto su mecanismo de acción es semejante, convirtiéndose en instrumentos propios para matar o herir.

Así mismo, se desprende de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos narrados por el Ministerio Público y del acta policial, que al adolescente se le encuentra en su poder un arma de fabricación rudimentaria, con lo cual se presume la existencia de un hecho ilícito, y aun cuando estamos en una fase inicial de la investigación, y todavía se hace indispensable la práctica de diligencias tendientes a la búsqueda de la verdad, es criterio de este tribunal que existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir la participación del adolescente en la comisión del hecho que se investiga, por lo que se acoge la precalificación jurídica realizada por el Ministerio Público consistente en la comisión del delito de Porte Ilícito de Armas previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal.

En razón de lo aquí precisado, tenemos que en el presente procedimiento, en esta fase inicial se encuentra fehacientemente cumplido el supuesto contenido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la aprehensión en flagrancia, ello aunado a que está acreditado un hecho punible, y donde es evidente que no está prescrita la acción penal.

IV.- DE LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

A los fines de determinar la procedencia de la medida cautelar contra el citado adolescente, sobre la base de los pedimentos elevados a este Juzgado por el Ministerio Público, es necesario acotar que es principio orientador de nuestro sistema acusatorio el principio de libertad como regla, derecho más celosamente protegido por nuestra Carta Magna, en consonancia con los tratados internacionales suscritos por la República, de allí que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente contemple las medidas cautelares como mecanismos autónomos y sustitutivos a la privación de libertad, lo cual debe ser la última ratio, por tratarse de la más grave intromisión que puede ejercer el Estado en la esfera de la libertad de una persona.

Así pues, revisada como ha sido el acta de investigación que conforma la presente solicitud, se evidencia la inminente comisión de un hecho punible el cual debe ser investigado, y dado que es de suma importancia la información que pueda aportar el mencionado adolescente en esta fase de investigación, a los fines de su esclarecimiento y establecer la responsabilidad sobre su participación o autoría en la comisión del hecho que se investiga, este Tribunal de Control para el mejor desarrollo y trámite de la investigación, decreta procedente continuar la investigación bajo los parámetros del procedimiento ordinario, imponiéndosele como Medida Cautelar la contenida en el artículo 582 literal “C” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, consistente en la obligación que tiene el adolescente de presentarse cada ocho (08) días por ante este Tribunal, ello con la finalidad de mantener sujeto al adolescente al proceso que se le sigue por cuanto manifestó no estudiar ni trabajar, ordenándose en consecuencia su libertad.

Así mismo, en virtud de que el adolescente manifestó no haber cedulado, este Tribunal en aras de garantizarle su derecho a obtener su documento de identidad, de conformidad al artículo 22 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, insta a su representante legal para que tramite todo lo conducente para la obtención de la respectiva cédula de identidad.

V.- DE LA LEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN

Conforme a lo mencionado up supra, ante las circunstancias que dieron lugar a la aprehensión del adolescente tenemos que se encuentra enmarcado dentro de los parámetros de la aprehensión en flagrancia, ello en virtud de que el adolescente plenamente identificado en autos, fue detenido por funcionarios policiales, cuando éste al avistar a una comisión policial presentó actitud sospechosa, incautándosele en su poder un arma de fuego de fabricación rudimentaria con su respectivo cartucho sin percutir, lo cual hace presumir con fundamento que él, es el autor del hecho ilícito, tal se prevé en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la ley especial que nos rige, al establecerse que se tendrá como delito flagrante, el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse o aquel en el que el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial o en el que se sorprenda a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir que es el autor.

DISPOSITIVA

Por todos los fundamentos ampliamente expresados, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, extensión Acarigua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

Primero: Declara legítima la detención de la que ha sido objeto el adolescente (Identidad Omitida), conforme a lo establecido en los artículos 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que se califica que la aprehensión del adolescente antes mencionado, se realizó bajo las circunstancias previstas en la ley para calificar la flagrancia, al cumplirse uno de los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la ley especial mencionada, y así se decreta.

Segundo: Se acuerda la continuación de la investigación bajo los parámetros del procedimiento ordinario, de conformidad al artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se acuerda.-

Tercero: Acoge la precalificación jurídica dada por el Ministerio Público, consistente en la comisión del delito de Porte Ilícito de Armas, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano. Así se acuerda.-

Cuarto: Se le impone al adolescente (Identidad Omitida); la medida cautelar contenida en el artículo 582 literal “C” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, consistente en su presentación cada ocho (08) días, por ante este Tribunal, y así se decreta.-

Regístrese, déjese copia y remítase las presentes actuaciones al Ministerio Público en su oportunidad legal. Así mismo se ordena la libertad del adolescente imputado.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Audiencia del Tribunal de Control N° 02 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Extensión Acarigua. A los catorce (14) días del mes de enero del año dos mil ocho.

Abg. Laura Elena Raide Ricci
Juez de Control N° 02

Abg. Geniyana Pereira
Secretaria