REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE






JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL
TRÁNSITO Y AGRARIO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA- GUANARE.-

Guanare; 14 de julio de 2008.
Años: 198° y 149°


Por recibido y visto el presente AMPARO CONSTITUCIONAL, presentado por la UNIÓN DE CONDUCTORES 13 DE ABRIL C.A., representado por el ciudadano MIGUEL ENRIQUE TORRES MEJIA, en su carácter de Presidente, el ciudadano OTMAN AUGUSTO QUINTERO TORRES en su carácter de Vocal del Tribunal Disciplinario y el ciudadano SAUL ALEXI ATAYA, en su carácter de Secretario de Finanzas, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 12.240.308, 6.146.885 y 9.382.759, respectivamente; désele entrada y anótese en el libro de causas bajo el Nº 01036-C-08. Este Tribunal a los fines de proveer sobre su competencia para conocer de la presente causa, observa lo siguiente:

Como se evidencia de la lectura del escrito que antecede, los accionantes carecen de asistencia jurídica, es decir, en la interposición del amparo constitucional que nos ocupa, actuaron sin asistencia o representación de abogado; al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 742 de fecha 09 de julio de 2000, estableció lo siguiente:

“ADVIERTE ESTA SALA, QUE SI BIEN ES CIERTO QUE PARA INCOAR LA ACCIÓN DE AMPARO NO SE NECESITA DE LA ASISTENCIA O REPRESENTACIÓN DE ABOGADOS, NO ES MENOS CIERTO QUE PARA LOS ACTOS DEL PROCESO, QUIEN NO ES ABOGADO DEBE AL MENOS ESTAR ASISTIDO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, Y ANTE LA CONSTATACIÓN DE QUE EL ACCIONANTE QUE NO ES ABOGADO, PRESENTÓ SU ESCRITO SIN ASISTENCIA O REPRESENTACIÓN DE ABOGADOS, DE SER ADMITIDO EL AMPARO Y PRECAVIENDO QUE EL SUPUESTO AGRAVIADO NO CONCURRIERE A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL O A OTROS ACTOS DEL PROCESO ASISTIDO POR PROFESIONALES DEL DERECHO, AL ADMITIR EL AMPARO EL TRIBUNAL QUE LO CONOCE DEBE ORDENAR LA NOTIFICACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PARA QUE EN RAZÓN DE LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 281 DE LA VIGENTE CONSTITUCIÓN, SI EL ACCIONANTE SE NEGARE A NOMBRAR ABOGADO, LO ASISTA EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA DEFENSA DE SUS INTERESES…”

Este Tribunal por imperio de lo establecido en el Artículo 335 del Código de Procedimiento Civil acoge la interpretación constitucional antes transcrita y la aplica al presente caso; en consecuencia, en caso de ser admitida la presente acción de amparo, este Tribunal procederá a notificar a la defensoría del pueblo. Así se declara.

En este orden de ideas pasa el Tribunal a pronunciarse, a pronunciarse sobre la competencia del mismo para conocer del presente amparo, lo cual hace en los términos siguientes:

Se trata el presente caso, de un Amparo Constitucional propuesto por la UNIÓN DE CONDUCTORES 13 DE ABRIL C.A., contra el informe Nº 10 aprobado en la Cámara Municipal del Municipio San Genaro de Boconoito el día 20-05-2008; el cual fue presentado a esa ilustre Cámara Municipal por la Comisión de Servicios, Urbanismo y Obras Publicas, presidida por el Concejal José Froilan Torres, Vicepresidente Concejal Habrahan Aguilar y Miembro Concejal Wilmer Riera; y los actos materiales de ejecución que se produjeron en virtud del referido informe, de lo que se evidencia que por tratarse de un acto administrativo la competencia la tiene son los Juzgados Contenciosos Administrativos; ahora bien, mediante sentencia vinculante emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1.555 de fecha 08 de diciembre de 2000, se estableció lo siguiente:

“…SIN EMBARGO, MIENTRAS NO SE DICTEN LAS LEYES QUE REGULEN LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL O LA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, Y A PESAR DE LA LETRA DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, EL CONOCIMIENTO DE LOS AMPAROS AUTÓNOMOS AFINES CON LA MATERIA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDERÁ EN PRIMERA INSTANCIA A LOS TRIBUNALES SUPERIORES CON COMPETENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, QUE TENGAN COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL LUGAR DONDE OCURRIERON LAS INFRACCIONES CONSTITUCIONALES, A PESAR DE QUE NO SE TRATE DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. ESTA DETERMINACIÓN DE COMPETENCIA SE HACE EN ARAS AL ACCESO A LA JUSTICIA Y A LA CELERIDAD DE LA MISMA, EVITANDO ASÍ, QUE LAS PERSONAS LESIONADAS DEBAN TRASLADARSE A GRANDES DISTANCIAS DEL SITIO DONDE SE CONCRETÓ EL HECHO LESIVO, A FIN DE OBTENER LA TUTELA CONSTITUCIONAL. EN BENEFICIO DEL JUSTICIABLE, SI EN LA LOCALIDAD EN QUE OCURRIERON ESTAS TRANSGRESIONES, NO EXISTE JUEZ SUPERIOR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERO SÍ UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, ÉSTE PODRÁ CONOCER DEL AMPARO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. AHORA BIEN, SI EN LA LOCALIDAD EN QUE OCURRIERAN LAS TRANSGRESIONES CONSTITUCIONALES, TAMPOCO EXISTE JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, CONOCERÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE AMPARO, EL JUEZ DE LA LOCALIDAD, Y ÉSTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 9 ANTES CITADO, LO ENVIARÁ INMEDIATAMENTE EN CONSULTA OBLIGATORIA AL JUEZ SUPERIOR EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA QUE SE CONFIGURE LA PRIMERA INSTANCIA…” (Subrayado del Tribunal)

De acuerdo con la sentencia parcialmente transcrita, los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, son competentes para conocer de los Amparos Constitucionales acuerdo al procedimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre y cuando en la localidad en donde ocurrieron las infracciones constitucionales no existiere Tribunal Superior en lo Contencioso Administrativo; por lo que en acatamiento a los establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el fallo antes referido, este Tribunal procede a conocer de la presente causa.

Ahora bien, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la acción de amparo interpuesta, este Tribunal observa:

Los accionantes, en su escrito alegan que:

“a) CONFORME AL ARTICULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO ACUDIMOS ANTE SU COMPETENTE AUTORIDAD, A FIN DE INTERPONER AMPARO ORAL, DADA LA EXIGENCIA DE INMEDIATEZ FRENTE A VIOLACIONES Y AMENAZAS CIERTAS Y VERIFICABLES A LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE DENUNCIAN EN LA PRESENTE ACCIÓN.
b) CONFORME A LOS ARTÍCULOS 46, 50, 87 Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN Y 2 Y 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO, SOLICITAMOS AMPARO FRENTE A LA VIOLACIÓN Y AMENAZA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES AL LIBRE TRANSITO, LA INTEGRIDAD PERSONAL, A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, AL DERECHO AL TRABAJO, A LA LIBERTAD DE COMERCIO, AL DERECHO DE PROPIEDAD, AL DERECHO AL USO, GOCE, DISFRUTE Y DISPOSICIÓN DE NUESTROS BIENES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, CONTRA EL INFORME Nº 10 APROBADO EN LA CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO EL DÍA 20-05-2008; EL CUAL FUE PRESENTADO A ESA ILUSTRE CÁMARA MUNICIPAL POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, PRESIDIDA POR EL CONCEJAL JOSÉ FROILAN TORRES, VICEPRESIDENTE CONCEJAL HABRAHAN AGUILAR Y MIEMBRO CONCEJAL WILMER RIERA; Y LOS ACTOS MATERIALES DE EJECUCIÓN QUE SE PRODUJERON EN VIRTUD DEL REFERIDO INFORME…”

Asimismo alegan los accionantes lo siguiente:
“EL ACTO LESIVO VULNERADOR DE DERECHOS CONSTITUCIONALES LO CONSTITUYEN, EN PRIMER LUGAR, EL INFORME Nº 10 APROBADO EN LA CÁMARA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO EL DÍA 20-05-2008; EL CUAL FUE PRESENTADO A ESTA ILUSTRE CAMARA MUNICIPAL POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS, URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, PRESIDIDAS POR EL CONCEJAL JOSÉ FROILAN TORRES, VICEPRESIDENTE CONCEJAL HABRAHAN AGUILAR Y MIEMBRO CONCEJAL WILMER RIERA, (ANEXO MARCADO Nº 2), EN SEGUNDO TERMINO, LOS SUPUESTOS OFICIOS ENVIADOS AL SARGENTO JESÚS ZAMBRANO POR EL ALCALDE ARMANDO RIVAS, POR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS, CONCEJAL FROILAN TORRES; POR LOS COMISARIOS JEFES DE TRANSITO TERRESTRE YELITZA YEPEZ Y FREDDY MORENO; POR EL ABOGADO DEFENSOR DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VILLA NUEVA LAS TINAJITAS; DONDE DE ACUERDO A LO QUE NOS DICE EL SARGENTO ZAMBRANO; SE LE ORDENA A EL COMO COMANDANTE DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE TRANSITO TERRESTRE DE BOCONOITO, PROHIBIR LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE LA UNIÓN 13 DE ABRIL POR EL TERRITORIO DE SAN GENARO DE BOCONOITO Y DETENERLOS A LA ORDEN DE SU COMANDO; Y TERCERO LOS ACTOS MATERIALES DE EJECUCIÓN QUE EN VIRTUD DEL REFERIDO INFORME SE PRODUJERON LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO EN CURSO, EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO SAN GENARO DE BOCONOITO, EJECUTADOS POR EFECTIVOS DEL COMANDO DE TRANSITO DE BOCONOITO Y DE LA POLICÍA ESTADAL DEL PEAJE DE BOCONOITO, ACTOS MATERIALES ESTOS QUE CONSTITUYEN UN HECHO PUBLICO COMUNICACIONAL Y QUE A TODO EVENTO PODEMOS DEMOSTRAR CON UN VIDEO DEL CANAL DE NOTICIAS.”

Continúan alegando los accionantes lo siguiente:
“TODO LO EXPUESTO EVIDENCIA QUE SE DICTA UN ACTO CON APARIENCIA FORMAL DE LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD, PERO QUE TENÍAN EN SI MISMO UN FIN INCONSTITUCIONAL E ILEGITIMO. SE PRETENDE RESTRINGIR GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA IMPEDIR EL EJERCICIO PLENO DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, QUE A TODAS LUCES RESULTA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE. EN ESTO SE EVIDENCIA EL ABUSO Y LA DESVIACIÓN DE PODER, CUYA DEMOSTRACIÓN MAS CONTUNDENTE LO CONSTITUYEN LAS ACTUACIONES MATERIALES QUE SE PRODUCEN LOS DÍAS 30 DE JUNIO Y 10 DE JULIO DE 2008, FUNDADAS EN DICHO ACTO LESIVO (INFORME Nº 10), ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS DE PRENSA REGIONAL QUE ANEXAMOS.”

De lo que se colige que el presente Amparo Constitucional se interpone contra un acto administrativo emanado de la Comisión de Servicios Urbanismos y Obras Publicas del Concejo del Municipio San Genaro de Boconoito del Estado Portuguesa, mediante el cual no se aprueba la solicitud emanada por el Alcalde Armando Rivas en el oficio Nº 077-08. Quien requiere un permiso de circulación de taxi dentro del Municipio para la Unión de Conductores 13 de Abril C.A.

Manifestando los accionantes que el referido acto administrativo, violenta flagrantemente los postulados constitucionales, referidos a el Derecho a la Integridad Personal, consagrado en el Articulo 46; el Derecho al Libre Transito consagrado en el Articulo 50; el Derecho a la Libre Expresión del Pensamiento, consagrado en el Articulo 57; el Derecho al Trabajo, consagrado en el Articulo 87; la Libertad Económica, consagrado en el Articulo 112 y el Derecho de Propiedad, consagrado en el Articulo 115.

Ahora bien, establece el Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo siguiente:
“NO SE ADMITIRÁ LA ACCIÓN DE AMPARO: 5) CUANDO EL AGRAVIADO HAYA OPTADO POR RECURRIR A LAS VÍAS JUDICIALES ORDINARIAS O HECHO USO DE LOS MEDIOS JUDICIALES PREEXISTENTES. EN TAL CASO, AL ALEGARSE LA VIOLACIÓN O AMENAZA DE VIOLACIÓN DE UN DERECHO O GARANTÍA CONSTITUCIONALES, EL JUEZ DEBERÁ ACOGERSE AL PROCEDIMIENTO Y A LOS LAPSOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 26 DE LA PRESENTE LEY, A FIN DE ORDENAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DEL ACTO CUESTIONADO…”

Al respecto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas, expediente Nº 02-27307, ha señalado lo siguiente:
“HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA QUE LA CITADA CAUSAL ESTÁ REFERIDA A LOS CASOS EN LOS QUE EL ACCIONANTE ANTES DE HACER USO DE LA VÍA DE AMPARO CONSTITUCIONAL, INTERPONE CUALQUIER OTRO RECURSO ORDINARIO, EN EL ENTENDIDO QUE, COMO BIEN LO EXPRESA EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL REVISTE UN CARÁCTER EXTRAORDINARIO, Y LUEGO UNA VEZ INTERPUESTA ESTA VÍA ORDINARIA, QUE CONSIDERÓ IDÓNEA PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, PRETENDA SOLICITAR POR VÍA DE AMPARO CONSTITUCIONAL SE LE RESTITUYA EL DERECHO QUE ESTIMA VULNERADO.
ADEMÁS DE ESTA INICIAL INTERPRETACIÓN, HA SEÑALADO IGUALMENTE EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIO, QUE NO OBSTANTE EL ACTOR NO HABER AGOTADO LA VÍA ORDINARIA, SI ÉSTA RESULTA EFICIENTE PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA PRESUMIBLEMENTE INFRINGIDA, EL AMPARO DEBE RESULTAR IGUALMENTE INADMISIBLE, EN ARAS DE LA PROTECCIÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, AL QUE ANTES SE HIZO REFERENCIA.
EN ESTE SENTIDO, ENCONTRAMOS QUE ESTE ORDINAL DISPONE COMO CAUSAL DE INADMISIBILIDAD QUE “(...) EL AGRAVIADO HAYA OPTADO POR RECURRIR A LAS VÍAS JUDICIALES ORDINARIAS O HECHO USO DE LOS MEDIOS JUDICIALES PREEXISTENTES (...)”, REFIRIÉNDOSE A LOS CASOS EN QUE EL INTERESADO ACUDE EN PRIMER TÉRMINO A UNA VÍA ORDINARIA Y LUEGO PRETENDE INTENTAR ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, SIN EMBARGO, A LOS FINES DE CONSERVAR EL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL AMPARO, NO SÓLO RESULTA INADMISIBLE EL AMPARO CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACUDE PRIMERO A LA VÍA JUDICIAL ORDINARIA, SINO TAMBIÉN EN LOS CASOS CUANDO TENIENDO LA POSIBILIDAD DE ACUDIR A DICHA VÍA NO SE HACE, SINO QUE SE ACUDE A LA VÍA EXTRAORDINARIA. HOY EN DÍA, SUELE REALIZARSE EL ANÁLISIS DE LA EXTRAORDINARIEDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL JUNTO CON LAS CAUSALES DE INADMISIBILIDAD, PUDIENDO EL JUEZ DESECHARLA IN LIMINE LITIS, CUANDO NO EXISTE EN SU CRITERIO DUDAS QUE DISPONE DE OTROS MECANISMOS ORDINARIOS EFICACES E IDÓNEOS PARA DILUCIDAR LA PRETENSIÓN. (Subrayado del Tribunal)

En este orden de ideas, es necesario observar lo asentado por la Sala Constitucional mediante sentencia Nº 122, de fecha 06 de febrero de 2001, expediente Nº 01-0007, en la cual estableció:

“…PRECISADO LO ANTERIOR, ESTA SALA PASA A DETERMINAR LO REFERENTE A LA CONSULTA PLANTEADA, Y AL RESPECTO OBSERVA QUE LO INFINITO QUE LAS SITUACIONES JURÍDICAS PUEDAN SER, LA LESIÓN DE LAS MISMAS Y SU POSIBILIDAD DE SER IRREPARABLES, ES CASUÍSTICA. DE MANERA QUE, LA DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO AUN CUANDO EXISTAN OTRAS VÍAS, RECAE EN EL ÁMBITO DE LA MÁS AMPLIA APRECIACIÓN DEL JUEZ, PUESTO QUE PUEDEN EXISTIR OTRAS ACCIONES O RECURSOS, PERO SI SE TRATA DE IMPEDIR UN DAÑO IRREPARABLE, SÓLO LA BREVEDAD DEL AMPARO PUEDE GARANTIZAR EL RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA.
AHORA BIEN, CUANDO SE PUEDE ACUDIR A LA VÍA PROCESAL ORDINARIA, SIN QUE LA LESIÓN A LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HAGA IRREPARABLE, ES PRECISAMENTE EL TRÁMITE O EL MEDIO PROCESAL ORDINARIO, LA VÍA PARA REPARAR LA LESIÓN Y NO LA ACCIÓN DE AMPARO, PUES, NO HABRÍA POSIBILIDAD DE INTERPONER LA ACCIÓN DE AMPARO SI HUBIESE PREVISTA OTRA ACCIÓN O UN RECURSO PARA DILUCIDAR LA MISMA CUESTIÓN Y LOGRAR EL RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DE LA SITUACIÓN VIOLENTADA…” (Subrayado del Tribunal).

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 963 de fecha 5 de junio del año 2001, estableció lo siguiente:
EN LO QUE CONCIERNE A LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DEDUCIDA, LA SALA PASA A REALIZAR EL SIGUIENTE ANÁLISIS:

1.- DEL HECHO DE QUE EN LA CONSTITUCIÓN DE 1999 EL CONSTITUYENTISTA HAYA ACENTUADO SU CARÁCTER NORMATIVO, PUEDE INFERIRSE, EN PRIMER LUGAR, QUE LA CARTA MAGNA ES UN INSTRUMENTO CON ALIENTO JURÍDICO QUE VINCULA, EN GRADO A LA NATURALEZA DEL PRECEPTO APLICABLE, TANTO A LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO COMO A LOS PARTICULARES; EN SEGUNDO LUGAR, QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN OTORGA O IMPONE SITUACIONES JURÍDICAS CONSTITUCIONALES -SEGÚN SE TRATE DE DERECHOS O DEBERES- CON REFERENCIA A VALORES INDISPENSABLES AL ASEGURAMIENTO DE LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y LA DIGNIDAD HUMANAS; Y FINALMENTE, QUE LA CONSTITUCIÓN HA DISEÑADO UN SISTEMA GARANTIZADOR DE TALES SITUACIONES JURÍDICAS CONSTITUCIONALES, EN EL CUAL EL PODER JUDICIAL JUEGA UN PAPEL DE PRIMER ORDEN.

DE ALLÍ QUE AL PODER JUDICIAL LE CUMPLA HACER EFECTIVO, CONFORME LO ORDENA EL ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL, EL DERECHO QUE TIENEN TODAS LAS PERSONAS DE ACCEDER A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA HACER VALER SUS INTERESES, INCLUSO LOS COLECTIVOS O DIFUSOS, A TRAVÉS DE UNA TUTELA EFECTIVA DE LOS MISMOS SIN DILACIONES INDEBIDAS. ELLO SE TRADUCE, A LA LUZ DEL CARÁCTER VINCULANTE DE LA CONSTITUCIÓN, EN QUE TODOS LOS ÓRGANOS JUDICIALES DEVIENEN TUTORES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ESTO ES, LES CORRESPONDE EJERCER SUS ATRIBUCIONES EN ORDEN A UN GOCE EFECTIVO POR LAS PERSONAS DE LOS BIENES QUE LA COMUNIDAD POLÍTICA HA ELEVADO A RANGO CONSTITUCIONAL.

EN APOYO DE DICHO PRINCIPIO, LA CARTA MAGNA SEÑALA EN SU ARTÍCULO 49 LAS GARANTÍAS INTRAPROCESALES QUE HACEN PLAUSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 26 ANTES COMENTADO, ENTRE LAS SE CUENTA EL DERECHO A LA DEFENSA, LA PREVISIÓN LEGAL DE LAS PENAS, LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL JUEZ PREDETERMINADO POR LA LEY Y EL NOS BIS IN IDEM, ENTRE OTROS. TODOS DISPUESTOS PRECISAMENTE A LA TAREA DE ASEGURAR A LOS INTERESADOS EL TRÁNSITO POR PROCESOS EN DONDE ESTÉN VEDADAS CAUSAS DE INADMISIÓN IRRAZONABLES O INJUSTIFICADAS, EN DONDE IMPERE LA IGUALDAD EN CUANTO A LA ALEGACIÓN Y LA PROBANZA Y EN LOS QUE LA SENTENCIA SE EJECUTE; ES DECIR, QUE LA CONSTITUCIÓN HA CONSTRUIDO UN COMPLETO SISTEMA DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROCESALES.

OTRO DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE ENGRANAN ESTE SISTEMA DE GARANTÍA JUDICIAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, YA DESDE UN PLANO MENOS PRINCIPALISTA, PERO NO DE MENOR IMPORTANCIA PARA ENTENDER EL PAPEL QUE LA CONSTITUCIÓN OTORGA A LOS JUECES, ES EL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 253 DE ACUERDO CON EL CUAL A DICHOS OPERADORES JUDICIALES LES CONCIERNE EJECUTAR O HACER EJECUTAR LO JUZGADO. NO ES ESTA LA OPORTUNIDAD PARA DESARROLLAR AMPLIAMENTE DICHO PRECEPTO, BASTA CON AFIRMAR QUE ÉL VIENE A APUNTALAR UNA CORRIENTE JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINARIA SEGÚN LA CUAL NO HAY VERDADERA JUSTICIA SIN MEDIOS QUE PERMITAN LA ANTICIPACIÓN DEL FALLO O LA PREVENCIÓN DE SU EJECUCIÓN; DE SUERTE, QUE ANTE UNA EVIDENTE LESIÓN A UN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AUN SIN NECESIDAD DE SOLICITUD EXPRESA, LOS JUECES PODRÁN HACER USO DE EL PODER CAUTELAR GENERAL QUE DIMANA DEL PRECEPTO IN COMENTO, CON EL OBJETO DE PRODIGAR UNA TUTELA CAUTELAR QUE MANTENGA INDEMNE A LAS PARTES POR EL TIEMPO QUE DURE EL PROCESO O QUE PREVENGA LA EJECUCIÓN DEL FALLO.

PARA UNA MAYOR CONSOLIDACIÓN DE ESTE SISTEMA PROCESAL GARANTIZADOR, Y POR SI ALGUNA DUDA CUPIERA RESPECTO A LOS OBJETIVOS QUE ÉSTE SE PLANTEA, EL ARTÍCULO 334 EIUSDEM DECLARA QUE TODOS LOS JUECES ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LA NORMA FUNDAMENTAL.

RESULTA ASÍ CONGRUENTE CON LO QUE SE HA VENIDO ANALIZANDO, QUE LA ESPECÍFICA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONSAGRADA EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA CARTA MAGNA, CONSTITUYA UN MEDIO ADICIONAL A LOS ORDINARIOS EN LA TAREA DE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. AL CONTRARIO DE CÓMO HA VENIDO SIENDO CONCEBIDA, DICHA ACCIÓN NO ENTRAÑA UN MONOPOLIO PROCESAL EN CUANTO AL TRÁMITE DE DENUNCIAS RESPECTO A VIOLACIONES A LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL –TAL TESIS LA DESCARTA EL SISTEMA DE GARANTÍAS PROCESALES DE QUE DISPONEN LOS TRIBUNALES EN EL EJERCICIO ORDINARIO DE SU FUNCIÓN.

2.- EN CONSECUENCIA, ES CRITERIO DE ESTA SALA, FORMADO AL HILO DE LOS RAZONAMIENTOS PRECEDENTES, QUE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, OPERA EN SU TAREA ESPECÍFICA DE ENCAUZAR LAS DEMANDAS CONTRA ACTOS, ACTUACIONES, OMISIONES O ABSTENCIONES LESIVAS DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A) UNA VEZ QUE LOS MEDIOS JUDICIALES ORDINARIOS HAN SIDO AGOTADOS Y LA SITUACIÓN JURÍDICO CONSTITUCIONAL NO HA SIDO SATISFECHA; O

B) ANTE LA EVIDENCIA DE QUE EL USO DE LOS MEDIOS JUDICIALES ORDINARIOS, EN EL CASO CONCRETO Y EN VIRTUD DE SU URGENCIA, NO DARÁ SATISFACCIÓN A LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.

LA DISPOSICIÓN DEL LITERAL A), ES BUENO INSISTIR, APUNTA A LA COMPRENSIÓN DE QUE EL EJERCICIO DE LA TUTELA CONSTITUCIONAL POR PARTE DE TODOS LOS JUECES DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LOS CANALES PROCESALES DISPUESTOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, ES UNA CARACTERÍSTICA INMANENTE AL SISTEMA JUDICIAL VENEZOLANO; POR LO QUE, EN CONSECUENCIA, ANTE LA INTERPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, LOS TRIBUNALES DEBERÁN REVISAR SI FUE AGOTADA LA VÍA ORDINARIA O FUERON EJERCIDOS LOS RECURSOS, QUE DE NO CONSTAR TALES CIRCUNSTANCIAS, LA CONSECUENCIA SERÁ LA INADMISIÓN DE LA ACCIÓN SIN ENTRAR A ANALIZAR LA IDONEIDAD DEL MEDIO PROCEDENTE, PUES EL CARÁCTER TUITIVO QUE LA CONSTITUCIÓN ATRIBUYE A LAS VÍAS PROCESALES ORDINARIAS LES IMPONE EL DEBER DE CONSERVAR O RESTABLECER EL GOCE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, POR LO QUE BASTARÍA CON SEÑALAR QUE LA VÍA EXISTE Y QUE SU AGOTAMIENTO PREVIO ES UN PRESUPUESTO PROCESAL A LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO.

LA EXIGENCIA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS A QUE SE REFIERE EL ALUDIDO LITERAL A), NO TIENE EL SENTIDO DE QUE SE INTERPONGA CUALQUIER RECURSO IMAGINABLE, SINO SÓLO LOS QUE PERMITAN REPARAR ADECUADAMENTE LESIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE DENUNCIAN. NO SE OBLIGA, PUES, A UTILIZAR EN CADA CASO TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN QUE PUEDAN ESTAR PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO PROCESAL, SINO TAN SÓLO AQUELLOS NORMALES QUE, DE MANERA CLARA, SE MANIFIESTEN EJERCITABLES Y RAZONABLEMENTE EXIGIBLES. EN CONSECUENCIA, POR EJEMPLO, ANTE EL AGOTAMIENTO DE LA DOBLE INSTANCIA EN UN JUICIO CIVIL, EL ACTOR TENDRÁ LA POSIBILIDAD DE RECURRIR EN CASACIÓN O EN AMPARO CONSTITUCIONAL, PUES ES SABIDO QUE AQUÉLLA CONSTITUYE UNA VÍA EXTRAORDINARIA DE REVISIÓN.

DE CARA AL SEGUNDO SUPUESTO, RELATIVO A QUE LA ACCIÓN DE AMPARO PUEDE PROPONERSE INMEDIATAMENTE, ESTO ES, SIN QUE HAYAN SIDO AGOTADOS LOS MEDIOS O RECURSOS ADJETIVOS DISPONIBLES, EL MISMO PROCEDE CUANDO SE DESPRENDA DE LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS O JURÍDICAS QUE RODEAN LA PRETENSIÓN QUE EL USO DE LOS MEDIOS PROCESALES ORDINARIOS RESULTAN INSUFICIENTES AL RESTABLECIMIENTO DEL DISFRUTE DEL BIEN JURÍDICO LESIONADO. ALGUNA DE TALES CIRCUNSTANCIAS PODRÍA VENIR DADA CUANDO, POR EJEMPLO, LA PRETENSIÓN DE AMPARO EXCEDA DEL ÁMBITO INTERSUBJETIVO PARA AFECTAR GRAVEMENTE AL INTERÉS GENERAL O EL ORDEN PÚBLICO CONSTITUCIONAL; EN CASO DE QUE EL RECURRENTE PUEDA SUFRIR UNA DESVENTAJA INEVITABLE O LA LESIÓN DEVENGA IRREPARABLE POR LA CIRCUNSTANCIA DE UTILIZAR Y AGOTAR LA VÍA JUDICIAL PREVIA (LO QUE NO PUEDE ENLAZARSE EL HECHO DE QUE TAL VÍA SEA COSTOSA O MENOS EXPEDITA QUE EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO); CUANDO NO EXISTA VÍA DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL HECHO LESIVO, O ÉSTA SEA DE IMPOSIBLE ACCESO; CUANDO EL PELIGRO PROVENGA DE LA PROPIA OSCURIDAD O COMPLEJIDAD DEL ORDENAMIENTO PROCESAL; O ANTE DILACIONES INDEBIDAS POR PARTE LOS ÓRGANOS JUDICIALES, TANTO EN VÍA DE ACCIÓN PRINCIPAL COMO EN VÍA DE RECURSO (DEBE RECORDARSE, NO OBSTANTE, QUE EL CONCEPTO DE PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO, CUYO CONTENIDO CONCRETO DEBERÁ SER OBTENIDO MEDIANTE LA APLICACIÓN, A LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DE CADA CASO, DE LOS CRITERIOS OBJETIVOS QUE SEAN CONGRUENTES CON SU ENUNCIADO GENÉRICO. PODRÍAN IDENTIFICARSE, COMO EJEMPLO, DE TALES CRITERIOS OBJETIVOS: LA COMPLEJIDAD DEL LITIGIO, LOS MÁRGENES ORDINARIOS DE DURACIÓN DE LOS LITIGIOS DEL MISMO TIPO, LA CONDUCTA PROCESAL DEL INTERESADO Y DE LAS AUTORIDADES IMPLICADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE LA DEMORA SE SIGUEN PARA LOS LITIGANTES. ASÍ PUES, CRITERIOS DE RAZONABILIDAD PESARÁN SOBRE LA DECISIÓN QUE SE TOME EN CADA CASO CONCRETO).

3.- ASÍ, EN CUANDO AL COMPLEJO DE MEDIOS PROCESALES QUE LA CONSTITUCIÓN PONE A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS, ESTA SALA, EN SU DECISIÓN Nº 848/2000 DE 28 DE JULIO, AFIRMÓ:

“SIN MUCHA CLARIDAD, FALLOS DE DIVERSOS TRIBUNALES, INCLUYENDO LOS DE VARIAS SALAS DE LA EXTINTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, HAN NEGADO EL AMPARO AL ACCIONANTE, ADUCIENDO QUE EL MISMO HA DEBIDO ACUDIR A LAS VÍAS PROCESALES ORDINARIAS, AUNQUE SIN EXPLICAR LA VERDADERA CAUSA PARA ELLO, CUAL ES QUE POR ESTAS VÍAS SE PODÍA RESTABLECER LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA ANTES QUE LA LESIÓN CAUSARE UN DAÑO IRREPARABLE, DESCARTANDO ASÍ LA AMENAZA DE VIOLACIÓN LESIVA.(...)

POR LO TANTO, NO ES CIERTO QUE PER SE CUALQUIER TRANSGRESIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ESTÁ SUJETA DE INMEDIATO A LA TUTELA DEL AMPARO, Y MENOS LAS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD PROCESAL, YA QUE SIENDO TODOS LOS JUECES DE LA REPÚBLICA TUTORES DE LA INTEGRIDAD DE LA CONSTITUCIÓN, ELLOS DEBEN RESTABLECER, AL SER UTILIZADAS LAS VÍAS PROCESALES ORDINARIAS (RECURSOS, ETC.), LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, ANTES QUE ELLA SE HAGA IRREPARABLE”.

ASIMISMO, EN SU SENTENCIA Nº 1592/2000 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE, ESTA SALA SOSTUVO:

“AHORA BIEN NO PUEDE ASPIRAR LA PARTE ACCIONANTE DEJAR SIN EFECTO DICHO DECRETO DE EXPROPIACIÓN A TRAVÉS DEL EJERCICIO DEL AMPARO AUTÓNOMO, NI PRETENDER A TRAVÉS DE LA MISMA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR UN ENTE DISTINTO AL QUE SE SEÑALA COMO AGRAVIANTE, LO CUAL COLOCARÍA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE DICTÓ EL ACTO.

EN ESTE SENTIDO OBSERVA LA SALA QUE NO RESULTA POSIBLE SUSTITUIR A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, EL EJERCICIO DEL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE ANULACIÓN EN EL CUAL EL LEGISLADOR CONSAGRÓ UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL DONDE SE OTORGAN LAS GARANTÍAS PROCESALES TANTO AL RECURRENTE COMO A LA PROPIA ADMINISTRACIÓN AUTORA DEL ACTO, ES EN ESTE PROCEDIMIENTO DONDE SE ANALIZARÍA LA LEGALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO” (Subrayado Posterior).

EN UNA RECIENTE DECISIÓN, LA Nº 331/2001 DE 13 DE MARZO, ESTA SALA CONFIRMÓ SU DOCTRINA AL RESPECTO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“PARA QUE SEA ESTIMADA UNA PRETENSIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL ES PRECISO QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NO DISPONGA DE UN MECANISMO PROCESAL EFICAZ, CON EL QUE SE LOGRE DE MANERA EFECTIVA LA TUTELA JUDICIAL DESEADA. PRETENDER UTILIZAR EL PROCESO DE AMPARO, CUANDO EXISTEN MECANISMOS IDÓNEOS, DISEÑADOS CON UNA ESTRUCTURA TAL, CAPAZ DE OBTENER TUTELA ANTICIPADA, SI FUERE NECESARIO (ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL O INCLUSIVE EL AMPARO CAUTELAR), AL TIEMPO QUE GARANTIZAN LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS, HARÍA NUGATORIO EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A ESTE TIPO DE PROCESOS Y LOS EFECTOS QUE TIENE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, REFERIDOS AL RESTABLECIMIENTO DE SITUACIONES JURÍDICAS INFRINGIDAS” (Subrayado Posterior).

EJEMPLO DE ALGUNAS DE LAS SITUACIONES EN LAS CUALES PROCEDE LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO EN FORMA DIRECTA, FUERON REFERIDOS POR ESTA SALA EN SU CITADA SENTENCIA 848/2000, ASÍ TENEMOS QUE:

“7.- LOS ACTOS PROCESALES COMO TALES, LESIVOS A BIENES JURÍDICOS CONSTITUCIONALES, SON OBJETO DE PETICIONES DE NULIDAD POR LAS PARTES AFECTADAS POR ELLOS, Y EL AMPARO REALMENTE PROCEDERÁ CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVA LA NULIDAD, O CONTRA LA OMISIÓN DEL JUEZ O DEL FUNCIONARIO JUDICIAL (SI DE ÉL SE TRATA) DE DICTARLA EN EL LAPSO LEGAL. PERO A PESAR DE ELLO, LOS ACTOS JUDICIALES QUE VIOLEN DERECHOS O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE LAS PARTES, QUE DE NO CORREGIRSE DE INMEDIATO SUS EFECTOS SE HARÍAN IRREPARABLES, SERÁN OBJETO DE AMPARO.(...)

9.- LAS PARTES EN CASO DE QUE LAS VIOLACIONES INFRINJAN EL ORDEN PÚBLICO, SIEMPRE TENDRÁN EXPEDITA LA VÍA DEL AMPARO, SIN LAS LIMITACIONES DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ESPECIAL.
EN CUANTO A LOS TERCEROS, EL PROCESO PUEDE AFECTARLOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE. DENTRO DEL DERECHO COMÚN, LOS TERCEROS TIENEN EN LAS TERCERÍAS LA POSIBILIDAD PARA OPONERSE A LOS EFECTOS LESIVOS A SU SITUACIÓN JURÍDICA QUE LE CAUSEN LOS FALLOS, ACTOS U OMISIONES PROCESALES, QUE CONTENGAN INFRACCIONES A SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. RESULTA UNA CUESTIÓN CASUÍSTICA, DE ACUERDO A LA POSIBILIDAD QUE LA LESIÓN SE HAGA IRREPARABLE SI NO SE ACTÚA DE INMEDIATO, OPTAR ENTRE LA TERCERÍA POSIBLE O LA ACCIÓN DE AMPARO”. (Subrayado posterior).

4.- PRECISADO LO ANTERIOR, VISTO QUE EN EL CASO BAJO EXAMEN, EL REQUISITO DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA JUDICIAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA ORDINARIA NO SE ENCUENTRA SATISFECHO, PUES A ÉL NO ATIENDE NINGUNO DE LOS ALEGATOS DE LOS ACCIONANTES, NI CONSTA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL ESCRITO, Y SIN NECESIDAD DE ANALIZAR SI ESA VÍA ES LA IDÓNEA, EN EL SENTIDO DE SATISFACER LA PRETENSIÓN DE LOS ACCIONANTES, DEBE TOMARSE EN CUENTA LO SEÑALADO POR ESTA SALA EN CUANTO A LA POTESTAD QUE LES ATRIBUYE A TODOS LOS TRIBUNALES EL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN ORDEN A GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO QUE EL ARTÍCULO 259 CONSTITUCIONAL CONSAGRA QUE “...LOS ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA ANULAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES O INDIVIDUALES CONTRARIOS A DERECHO, INCLUSO POR DESVIACIÓN DE PODER; CONDENAR AL PAGO DE SUMAS DE DINERO Y A LA REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ORIGINADOS EN RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN; CONOCER DE RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; Y DISPONER LO NECESARIO PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS SUBJETIVAS LESIONADAS POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA”, LO QUE SIGNIFICA QUE LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA A LOS ADMINISTRADOS, A TRAVÉS DEL CITADO PRECEPTO 259, UN PLUS DE GARANTÍAS QUE NO DEJA DUDAS RESPECTO A LA POTESTAD QUE TIENEN ESOS TRIBUNALES PARA RESGUARDAR LOS DERECHOS O GARANTÍAS CONSTITUCIONALES QUE RESULTEN LESIONADOS POR ACTOS O HECHOS DICTADOS O EJECUTADOS EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA U OMISIONES O ABSTENCIONES DE ÓRGANOS O PERSONAS OBLIGADOS POR NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. EN CONSECUENCIA, LA SOLICITUD EN CUESTIÓN RESULTA INADMISIBLE. ASÍ SE DECIDE FINALMENTE.

Criterios doctrinarios y jurisprudenciales que este Tribunal, comparte y hace suyos para aplicarlos al presente caso, de conformidad con lo establecido en el Articulo 321 del Código de Procedimiento Civil, y el Articulo 6 ordinal 5to de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de modo que la interpretación que se le ha dado a la causal de inadmisibilidad bajo examen, se fundamenta en el carácter extraordinario de la institución del Amparo Constitucional, el cual se desvirtuaría en el supuesto de que sea utilizado éste ultimo como medio para satisfacer cualquier pretensión, lo cual vulneraría el equilibrio y subsistencia entre el Amparo y los demás medios procesales preexistentes, sustituyendo así la Acción de Amparo todo el ordenamiento procesal del derecho positivo.

Así pues, en atención a los argumentos precedentemente expuestos, y siendo el Amparo una vía extraordinaria, se observa que no consta que la parte accionante haya agotado los recursos preexistente con la finalidad solicitar la nulidad del acto administrativo en cuestión, observándose que existen recursos a hacer valer contra el referido acto administrativo, en razón de que el Juez que conozca el recurso está llamado a velar por la tutela de los derechos constitucionales, que resulten vulnerados, por la decisión impugnada; en consecuencia, la presente Acción de Amparo es IMPROCEDENTE. Así se establece.

Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por la UNIÓN DE CONDUCTORES 13 DE ABRIL C.A., representado por el ciudadano MIGUEL ENRIQUE TORRES MEJIA, en su carácter de Presidente, el ciudadano OTMAN AUGUSTO QUINTERO TORRES en su carácter de Vocal del Tribunal Disciplinario y el ciudadano SAUL ALEXI ATAYA, en su carácter de Secretario de Finanzas, contra informe Nº 10 aprobado en la Cámara Municipal del Municipio San Genaro de Boconoito el día 20-05-2008; el cual fue presentado a esa ilustre Cámara Municipal por la Comisión de Servicios, Urbanismo y Obras Publicas, en la persona de los Concejales JOSÉ FORILAN TORRES, HABRAHAN AGUILAR y WILMER RIERA, al Alcalde del Municipio San Genaro de Boconoito del Estado Portuguesa ciudadano ARMANDO RIVAS, al Sargento de Transito Terrestre ciudadano JESÚS ZAMBRANO, al Comisario Jefe de Transito Terrestre, ciudadano ALFONSO PALACIOS y al Comandante General de la Policía Estadal de Portuguesa, ciudadano Comisario General LISANDRO ÁLVAREZ. Así se decide.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantía Constitucionales, remítase las presentes actuaciones en consulta al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.-

La Jueza,

Abg. Dulce María Ardúo González.-


El Secretario

Abg. Francisco Merlo.-

En esta misma fecha se dicto y se publico, siendo las 03:22 p.m.
Conste.-