TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA
TRIBUNAL DE EJECUCION

Guanare, 20 de mayo de 2009
Años: 199° y 150°

N° _________
Causa N° 1E-456-05
Juez: Dulce María Duran Díaz
Secretaria(o): Abg. ¬¬¬¬¬¬María Beatriz Barrios
Penado(a): Luis Tomas Cordero Moreno
Defensa: Defensor Público Tercero en Funciones de Ejecución
Representación Fiscal: Fiscal Sexta del Ministerio Público para Régimen de cumplimiento de penas
Víctima(s): José Orlando Jiménez, Carlos Humberto Sarmiento y otros

Delito: Robo agravado y Porte Ilícito de Arma
Decisión Interlocutoria: Extinción de la Responsabilidad Penal

Se revisa la presente causa iniciada contra el ciudadano Luis Tomas Cordero Moreno, Cédula de Identidad Nº 11.547.807, venezolano nacido en Acarigua estado portuguesa en fecha 22 de noviembre del año 1996, hijo de José Tomas Cordero y Angelina Moreno y con domicilio registrado en al Barrio Las Colinas Guacamaya cercadle Hospital Central de Valencia calle primera casa Nº 23 Valencia estado Carabobo, por los delitos de Robo agravado y Porte Ilícito de Arma previstos en los artículos 460 y 278 Código Penal y se observa:

I

Que el citado penado, fue condenado por dos procesos siendo la data de la primera sentencia condenatoria el 14 de agosto del año 1997 y la de la segunda el 03 de octubre del año 2001, con una pena en cada una de las sentencias de 08 años de presidio por la comisión en ambas delito de Robo agravado y Porte Ilícito de Arma previstos en los artículos 460 y 278 Código Penal.

Que en razón de dos sentencias en contra del penado en fecha 26 de julio del año 2004, por auto se acuerda la acumulación de penas con un resultado de pena por acumulación de trece /13) años, cuatro (04) meses dieciséis (16) días y dieciséis (16) horas de presidio, más las penas accesorias a la interdicción civil e inhabilitación política durante el tiempo que dure la condena y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una cuarta parte de la condena desde que la pena principal terminase.

II

Que conforme a lo que cursa en autos en fecha 25 de septiembre del año 2006 se le acuerda la libertad por cumplimiento de pena principal estableciéndose como fecha de cumplimiento pena accesoria el día 30 de enero del año 2010, lo cual indica que para la pre4sente fecha se encuentra en curso el lapso de cumplimiento de la referida pena accesoria.

III

Ahora bien, con relación al cumplimiento o no de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia civil, diversos Juzgados en función de Ejecución, del País, la han desaplicado, a través del mecanismo de control difuso de la constitucionalidad, por estimarla contraria a derechos ciudadanos de rango constitucional. En respuesta a dicho medio de control de la constitucionalidad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en innumerables decisiones (3268/03, 424/04, 578/04 y 952/04) entre otras, ha sostenido, respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad, tras consideraciones del honor, dignidad humana, aplicación y derogación de las leyes, lo siguiente: “Se acota, que se trata, simplemente, del cumplimiento de una pena accesoria que devino de una sentencia condenatoria, por haberse cometido un hecho punible, que nada altera algún derecho constitucional”.

No obstante ello, en decisión Nº 940 de fecha 21 de mayo de 2007, la identificada Sala efectúa un re-examen de su doctrina y establece: “Para la Sala, basta el cumplimiento de la pena de presidio o de prisión para justificar la privación de libertad de una persona, el que se restrinja por extensión la libertad plena a través de la sujeción a la vigilancia de la autoridad, es contrario al espíritu del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”, dictaminando “…esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de los artículos 13.3 y 22 del Código Penal, por lo que, en conclusión, se estima, con la argumentación explanada, que se encuentra ajustada a derecho la decisión dictada el 4 de septiembre de 2003, por el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que desaplicó la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil del penado Asdrúbal Celestino Sevilla. Así se decide”

El cambio de doctrina jurisdiccional así efectuado por el más Alto Tribunal de la República, no lo es con carácter vinculante, de allí que, en principio, podría deducirse su no acatamiento por los demás Tribunales de la República habida cuenta que entre nosotros no rige el precedente jurisprudencial como fuente de legislación, en sentido lato, aplicable.

Sin embargo, en decisión Nº 496 de fecha 3 de abril de 2008, la Sala Constitucional, ante el argumento del carácter no vinculante del fallo Nº 940 de fecha 21 de mayo de 2007, estableció: “Si bien, es cierto que la Sala no ordenó la publicación de dicho fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela sí ordenó la publicación del mismo en el portal de la web de este Tribunal Supremo de Justicia, para ser acatada por todos los jueces de la República, ya que se realizó un re-examen de la doctrina que mantenía la Sala respecto a los artículos en cuestión, razón por la cual el referido fallo sí es vinculante para todos los jueces”

Así las cosas, del fallo parcialmente trascrito, puede colegirse, primero, que la Sala Constitucional, aun cuando el mismo no es acto decisorio de un proceso de acción de nulidad por inconstitucionalidad, ha realizado un control concentrado de la constitucionalidad de las normas contenidas en los artículos 13.3 y 22 del Código Penal. A tal conclusión se arriba por su contundente afirmación “el referido fallo sí es vinculante para todos los jueces.”, es decir, que no sólo lo era para el caso concreto, característica propia del control difuso de la Constitución. En segundo lugar, y entendido así el fallo, su aplicación directa, como fuente de legislación, en sentido lato; en otras palabras, no aplicación de la Constitución y desaplicación de la norma de rango legal –control difuso– por el contrario aplicación directa del fallo jurisdiccional.

IV

En el caso concreto de autos se tiene entonces, en atención a lo precedentemente expuesto, que aun cuando no existe evidencia del cumplimiento de las presentaciones ante la autoridad civil del lugar de su domicilio, por no haberse obtenido la información correspondiente, se considera inoficioso evacuar diligencia al respecto y en su lugar por ser procedente declarar la extinción de la responsabilidad penal del penado de autos identificado ut supra por haber cumplido la pena principal que le fuere impuesta en fechas 14 de agosto del año 1997 y la de la segunda el 03 de octubre del año 2001, y la no procedencia del cumplimiento de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia a la autoridad civil dada la declaratoria de inconstitucional de que fuere objeto la misma en los fallos Nº 496 y 940 de fechas 3 de abril de 2008 y 21 de mayo de 2007, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los motivos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDA LA RESPONSABILIDAD PENAL AL PENADO Luis Tomas Cordero Moreno, precedentemente identificado, de conformidad con lo previsto en los artículos 105 del Código Penal y 497 del Código Orgánico Procesal Penal.

Regístrese, publíquese, déjese copia, notifíquese a las partes y víctimas por la vía mas expedita de ser posible, y ofíciese a los organismos pertinentes a la ejecución de la pena, ordenándose suspender toda orden de aprehensión que tenga el penado con ocasión del presente proceso.

La Juez de Ejecución No 1

Abg. Dulce María Duran

La Secretaria,

Abg. ¬¬¬¬¬¬María Beatriz Barrios