TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO PORTUGUESA

Guanare, 14 de Enero de 2010
199° y 150°

El día once (11) de Enero de 2010, el Abogado ALI ENRIQUE SANCHEZ MONTILLA, actuando con el carácter de DEFENSOR PRIVADO del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, interpuso ante esta Corte de Apelaciones acción de Amparo Constitucional contra la presunta privación ilegítima de libertad a la que se encuentra sometido su defendido por violación del tercer aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que considera que transcurrieron los treinta (30) días que establece artículo ut supra, sin que la Fiscal Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa con Sede en Acarigua, presentara el correspondiente acto conclusivo, razón por la cual estima que la Jueza del Tribunal de Primera Instancia en función de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, extensión Acarigua, violentó el debido proceso al no haber decretado el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta a su defendido en fecha 09 de Noviembre de 2009.

En fecha 11 de enero de 2010, se recibe oficio Nº PJ11OFO200923646, suscrito por la Jueza del Tribunal de Primera Instancia en función de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, anexo al cual remite copias certificadas de la decisión dictada en fecha 09-11-2009, de la decisión de fecha 04-12-2009, del comprobante de recepción de la acusación fiscal y del auto de entrada, relacionados con el asunto penal signado con el Nº PP11-2009-003723, seguido en contra del imputado Freddy José Colina Burgos, en virtud de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado Alí Enrique Sánchez Montilla, en su condición de defensor privado del referido imputado.

El doce (12) de Enero de 2010, se dio entrada y se designó ponente al Juez de Apelación, Abogado Carlos Javier Mendoza, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la Acción de Amparo Constitucional, esta Corte de Apelaciones observa lo siguiente:

I
DE LA COMPETENCIA

El accionante señala a la Jueza del Tribunal de Primera Instancia en función de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, Abogada YAMILET MARGARITA RAMOS CHAVEZ, como la persona agraviante de los actos lesivos a derechos y garantías fundamentales, en tal sentido señala:

“…ES EL CASO CIUDADANOS MAGISTRADO PONENTE, QUE MI REPRESENTADO SE ENCUENTRA EN LOS ACTUALES MOMENTOS EN LOS CALABOZOS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA DE CAMPO LINDO ACARIGUA, PRIVADO ILEGÍTIMAMENTE DE SU LIBERTAD, POR MALA PRAXIS JURÍDICA DE LA JUEZ DE CONTROL N° 4 CIRCUITO JUDICIAL EXTENSIÓN ACARIGUA, POR SU INOBSERVANCIA Y DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO PROCESAL PENAL, ES POR LO QUE INTERPONGO RECURSO DE AMPARO DE CONFORMIDAD AL ART. 27 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
ES EL CASO MAJESTAD DE LA JUSTICIA; QUE SE REALIZO UNA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO, EL (sic) LA CUAL EL TRIBUNAL A QUO DE CONTROL N° 4 EXTENSION ACARIGUA DECIDIO PRIVAR PREVENTIVAMENTE DE SU LIBERTAD A MI REPRESENTADO, DECRETANDO UN PROCEDIMIENTO ORDIONARIO, PASARON LOS TREITA DIAS (30) , A QUE SE CONTRAE LA NORMA DEL ART 250 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, ESTA REPRESENTACIÓN DE LA DEFENSA EL DIA 31 VERIFICANDO QUE NO HABÍA ACUSACIÓN EN CONTRA DE MI PATROCINADO, PRESENTO UN ESCRITO SOLICITANDO LA LIBERTAD A TRAVES DE UNA MEDIDA MENOS GRAVOSA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD CONTENIDA EN EL ART, 256 COPP, A LO QUE AL CUARTO DIA SIN EXISTIR ACUISACION (sic) LA JUEZ DE CONTROL DECIDE MANTENER LA PRIVATIVA PREVENTIVA DE LIBERTAD,. REMITE UN OFICIO A LA FISCALIA INSTANDO A LA MISMA A QUE PRESENTE ACUSACIÓN FORMAL, INFORMO QUE MI DEFENDIDO ANTES DE TODO ESTO ESTUVO CONVALECIENTE, PRESENTE UNA DILIGENCIA EN ARAS AL DERECHO A LA SALUD ART, 83 CRBV. PARA QUE LO REMITIERA AL HOSPITAL Y RECIBIERA LA ADECUADA ATENCIÓN MEDICA, PERO; FUE INFRUCTUOSO, NO R E C I B I RE P U E S T A J U D I C I A L (sic), MUCHO MENOS TUTELA EFECTIVA POR PARTE DEL ESTADO VENEZOLANO. QUE OBVIAMENTE ESTABA REPRESENTADO POR EL JUEZ DE CONTROL N° 4 EXTENSIÓN ACARIGUA.
TODO LO ANTES EXPUESTO CONSTITUYE EN DERECHO PENAL UNA PRIVATIVA ILEGITIMA AL DERECHO A LA LIBERTAD, UNA VEZ MAS LA DEFENSA TECNICA EN PRO DE LOS DERECHOS DEL DÉBIL JURÍDICO INTERPUSO ESCRITO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROL N° 4, PERO; EN ESTA OCACION LA BASE A LA SOLICITUD DE LIBERTAD FUE CON BASAMENTO AL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA POR NO EXISTIR PARA EL MOMENTO ACUSACIÓN, A ESTE PETITORIO (sic) TAMPOCO RECIBI REPUESTA JUDICIAL.
PASADOS 39 DIAS (39) DESPUÉS DE CELEBRADA LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, LA VINDICTA PUBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO PRESENTO ACTO CONCLUSIVO, EVIDENCIÁNDOSE UNA EXTEMPORANEIDA, ES DECIR; EL LAPSO PROCESAL FUE RELAJADO POR EL MINISTERIO PUBLICO, SIENDO NOTORIO QUE LA JUEZ DE CONTROL N° 4 MANTUVO UNA PRIVATIVA ILEGITIMA DE LIBERTAD VIOLENTANDO LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE MI DEFENDIDO, DENEGANDO JUSTICIA, DILATANDO EL PROCESO QUE HASTA EL MOMENTO NO TIENE FIJADA AUDIENCIA PRELIMINAR, ACUDO A ESTE DIGNO TRIBUNAL, POR QUE ES CLARO QUE EL DEBIDO PROCESO LOS DERECHO HUMANOS Y LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA SE HA VIOLENTADO.
AFIRMO DILIGENTEMENTE QUE EN FECHA 14 DE DICIEMBRE INTERPUSE RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROL N° 4 EXTENSIÓN ACARIGUA, HASTA LA FECHA DEL DIA DE HOY 11 DE ENERO SE MANTIENA EN EL TRIBUNAL DE DE ACARIGUA, QUE LE PARECE; ES COMO SI EXISTIERA UN ENSAÑAMIENTO O ALGO PERSONAL.(…) INVOCO LOS ART 44, 49, 19 , 23, DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS ART 243, 13 DEL COPP. NO PODEMOS SACRIFICAR LA JUSTICIA, NO ES JUSTO QUE PASE MAS TIEMPO, LA VIDA DE MI REPRESENTADO CORRE PELIGRO, HAY QUE DARLE A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE, EN ESTE CASO A MI REOPRESENTADO (sic) LE CORRESPONDE LA LIBERTAD, ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN ERROR INEXCUSABLE, VALORE Y CONSIDERE ESTOS ALEGATOS DE PLENO DERECHO.
RATIFICO DENEGACIÓN DE JUSTICIA, IGUALMENTE, EXISTE UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, HAY DILACIONES INDEBIDAS, SOBRE TODO HAY DESPROPORCIONALIDAD Y FALTA DE APLICACIÓN DEL ART. 250 DEL CODIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, ES EVIDENTE QUE ASI COMO SIRVE PARA PRIVAR DE LIBERTAD, TAMBIEN SIRVE PARA OTORGAR LIBERTAD, NO LO ESTOY INVENTANDO FUE EL LEGISLADOR EL QUE LO CREO.
EL ESTADO DE INDEFENSION DEBE SER CORREGIDO DE INMEDIATO TODA VEZ QUE VIOLA Y CONTRAVIENE NORMAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES, ASI COMO TAMBIEN TRASGREDE LOS TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA). ESTOS SON DERECHOS DEL JUSTICIABLE IRENUNCIABLES (sic), PRUEBA DE LO DICHO ES EL ART. 26 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. QUE TEXTUAL DISPONE EN SU ULTIMO APARTE “EL ESTADO GARANTIZARA UNA JUSTICIA GRATUITA, ACCESIBLE, IMPARCIAL, IDÓNEA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA, INDEPENDIENTE, RESPONSABLE, EQUITATIVA Y EXPEDITA SIN DILACIONES INDEBIDAS, SIN FORMALISMO O REPOSICIONES INÚTILES”.
EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS; EL ART. 49 EL DEBIDO PROCESO SE APLICARA A TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN CONSECUENCIA "TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER OÍDA EN CUALQUIER CLASE DE PROCESO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS y DENTRO DEL PLAZO RAZONABLE DETERMINADO LEGALMENTE."
EL ART. 1 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL ES CLARO CUANDO SEÑALA "NADIE PODRÁ SER CONDENADO SIN UN JUICIO PREVIO, ORAL Y PUBLICO, REALIZADO SIN DILACIONES INDEBIDAS"
CONCLUYO HACIENDO MENCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN EL ART 19 Y 23 DE NUESTRA CARTA MAGNA, Y LAS NORMAS INTERNACIONES DE LEY Y APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS CONSIDERADAS SUPRACONSTITUCIONALES.
SOLICITO SE APLIQUE LA TUTELA EFECTIVA DEL ESTADO, SE VALORE LA JURISPRUDENCIA AL RESPECTO: SALA LA JUSTICIA JUEGA UN PAPEL PRIMORDIAL EN EL BIENESTAR DE TODOS LOS CIUDADANOS (DERECHO A SER AMPARADO POR LOS TRIBUNALES, DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA PRESUNCION DE INOCENCIA). CIUDADANO MAGISTRADO DE LA CORTE DE APELACIONES, MI DEFENDIDO ES VICTIMA DE ARBITRARIEDAD Y ABUSO DE PODER.
PETITUM
LA PRESENTE ACCION DE AMPARO DEBE SER ADMITIDA Y DECLARADA CON LUGAR PARA RESTAURAR LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA Y SE REMITA ESTE ASUNTO A OTRO TRIBUNAL DE CONTROL QUE CONOZCA EL ASUNTO, SE DECRETE UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD CONTENIDA EN EL ART. 256 ORD 3 ERO DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, ASI CESA LA PRIVATIVA ILEGITIMA DE LIBERTAD.

Ante estos argumentos, se hace evidente que el accionante plantea dentro de su escrito, situaciones que pretende hacer ver como violación al derecho a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a la presunción de inocencia, por el supuesto retardo en que incurrió la fiscalía del Ministerio Público para presentar el correspondiente acto conclusivo y la supuesta conducta omisiva por parte de la Jueza de Control Nº 4, ante tal circunstancia.

Precisado lo anterior, esta Corte estima necesario citar lo establecido en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual es del tenor siguiente:

“...La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho acto u omisión originados por ciudadano, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá por amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que se inminente...”.

En el mismo orden de ideas, es pertinente señalar que el artículo 4 de la citada ley, establece que en los casos de amparo por acción, la competencia del órgano jurisdiccional llamado a resolver tal recurso, corresponde a:

“En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”.

En relación a lo antes expuesto y siendo que esta Corte tiene competencia atribuida para conocer el presente Amparo Constitucional, se declara competente para conocer del mismo. Y así se decide.-

II
DE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN

Aprecia esta Corte de Apelaciones que la pretensión de tutela constitucional está dirigida contra la presunta privación ilegítima de libertad a la cual se encuentra sometido el imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, ya que el accionante considera que la acusación fiscal fue presentada de manera extemporánea y por ende la Jueza de Primera Instancia en Función de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Acarigua, violentó el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de su representado al negarle el decaimiento de la medida de privación judicial privativa de libertad decretada en fecha 09 de noviembre de 2009.

En este orden de ideas, observa esta instancia superior que el accionante en su escrito señaló lo siguiente:

“…TODO LO ANTES EXPUESTO CONSTITUYE EN DERECHO PENAL UNA PRIVATIVA ILEGITIMA AL DERECHO A LA LIBERTAD, UNA VEZ MAS LA DEFENSA TECNICA EN PRO DE LOS DERECHOS DEL DÉBIL JURÍDICO INTERPUSO ESCRITO ANTE EL TRIBUNAL DE CONTROL N° 4, PERO; EN ESTA OCACION LA BASE A LA SOLICITUD DE LIBERTAD FUE CON BASAMENTO AL DECAIMIENTO DE LA MEDIDA POR NO EXISTIR PARA EL MOMENTO ACUSACIÓN, A ESTE PETITORIO (sic) TAMPOCO RECIBI REPUESTA JUDICIAL…” (resaltado de esta corte).

De igual manera, se observa a los folios 20 y 21 del presente recurso, auto suscrito por la Jueza del Tribunal de Primera Instancia en función de Control, con sede en Acarigua, en fecha 04 de Diciembre de 2009, donde establece lo siguiente:

“…vista la solicitud de libertad plena interpuesta por el abogado ENRRIQUE (sic) SANCHEZ abogado defensor del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS (…) por cuanto la fiscalía aún no ha presentado su escrito de acusación fiscal y han transcurrido más de treinta días de la audiencia de presentación, este tribunal para decidir observa.
…omissis…
De la revisión del expediente se observa que la audiencia de presentación de detenido se realizó el día 09 de noviembre de 2009 (…) se le hace saber al abogado que aún no se ha vencido el plazo para la fiscalía presentar su acto conclusivo Por (sic) lo que esta juzgadora no estima procedente la solicitud de libertad plena de fecha 3 de diciembre de 2009 ratificada el mismo día 03 de siembre (sic) en horas de la tarde solicitada por la defensa…”

De los textos transcritos anteriormente se infiere palmariamente, que en fecha 03 de Diciembre de 2009, el accionante solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia en función de Control Nº 4 del Circuito Judicial del Estado Portuguesa, extensión Acarigua, el decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a la cual se encontraba sometido el imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS desde el día 09 de noviembre de 2009, siendo que en su debida oportunidad la Jueza de Instancia dio respuesta a tal petición, indicándole que la misma no era procedente, por cuanto la Fiscalía del Ministerio Público aún se encontraba dentro del lapso legal para presentar el respectivo acto conclusivo.

Como corolario de lo anterior, cursa al folio veintidós (22) del presente recurso, copia certificada del comprobante de recepción de documento suscrito por la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, extensión Acarigua, donde consta que en fecha 08 de Diciembre de 2009, se recibió el escrito de Acusación Formal de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, contra el ciudadano Freddy José Colina Burgos por el delito de Robo a Mano Armada y Uso de Niño o Adolescente para Delinquir.

Así las cosas, revisada como han sido las actuaciones que conforman la presente acción de amparo constitucional se tiene que el mismo fue interpuesto en razón de la decisión dictada por el Tribunal de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, en fecha 04 de diciembre 2009, en la que declaró improcedente la solicitud de libertad plena efectuada por la defensa del imputado Freddy José Colina Burgos, en virtud de que aún no se había vencido el plazo para la fiscalía presentar el correspondiente acto conclusivo, pronunciamiento contra el cual no fue ejercido por las partes recurso alguno.

En relación al punto anteriormente referido, la doctrina se ha pronunciado en los siguientes términos:

“…el carácter extraordinario de esta vía judicial es no sólo una causal de improcedencia, sino además una causal de inadmisibilidad…la jurisprudencia ha tenido que romper con los esquemas tradicionales y consolidados de interpretación jurídica, al punto de tener que interpretar en forma extensiva una causal de inadmisibilidad…para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible…cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía…se utiliza el remedio extraordinario…” (El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela. Chavero Gazdik, Rafael. Págs. 248 y 249).

Igualmente ha señalado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en jurisprudencia pacífica y reiterada que:

“…ha ido robusteciendo la exigencia de agotar la vía judicial antes de acudir al amparo, dado que la vía de protección constitucional está destinada a resguardar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y aún de aquellos que no figuren expresamente en ella, cuando han sido vulnerados, y su procedencia como tutela constitucional directa, no puede declararse si el accionante dispone de medios jurisdiccionales ordinarios acordes con la protección constitucional…” (Sentencia de fecha 27 de noviembre de 2001. Ponencia del Dr. José Delgado Ocando. Exp. N° 01-1558).

Asimismo, la Sala Constitucional del más alto Tribunal de la República ha establecido:

“...que las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo son de orden público, razón por la cual el juzgado superior...puede declarar la inadmisibilidad o admisibilidad de dicha solicitud...En tal sentido, al examinar esta Sala los supuestos de inadmisibilidad de la acción de amparo contenidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, observa que el numeral 5, expresa textualmente...No se admitirá la acción de amparo...Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...la Sala en su decisión nº 2369/2001 del 23 de noviembre sentó criterio respecto del alcance del anterior precepto legal, y afirmó:“...se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales...En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...Conforme a todo lo expuesto, en el caso bajo examen, la Sala juzga que el requisito del agotamiento de la vía judicial ordinaria no se encuentra satisfecho…todo lo cual se subsume perfectamente en la causal de inadmisibilidad establecida en el mencionado artículo 6.5. de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...” (Sentencia de fecha 10 de Mayo de 2002. Ponencia del Dr. José Delgado Ocando. Exp. Nro.02-0103).

Así se observa, que de la lectura de la acción de amparo interpuesta por el Abogado ALI ENRIQUE SANCHEZ MONTILLA, actuando en su carácter de defensor privado del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, se desprende claramente que los hechos que constituyen, en su criterio, violación de normas de rango constitucional, no trascienden más allá de la disconformidad con el fallo judicial, mediante el cual la Jueza de Control Nº 4, negó por improcedente la solicitud de libertad del imputado de marras, por lo que puede ser revisada por la Alzada a través del ejercicio del recurso de apelación contemplado en el artículo 447 numeral 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

En el marco de las observaciones anteriores y siendo que el legislador prevé el uso de la vía judicial ordinaria para recurrir de los fallos que le desfavorecen a las partes, deviene como consecuencia, la imposibilidad de utilizar la vía de amparo constitucional como un recurso ordinario de revisión de los mismos, considera esta Corte de Apelaciones que lo procedente y ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el Abogado ALI ENRIQUE SANCHEZ MONTILLA, en su carácter de defensor del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se decide.

DECISIÓN

Con fundamento en los razonamientos precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara COMPETENTE para conocer la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el Abogado ALI ENRIQUE SANCHEZ MONTILLA, en su carácter de defensor privado del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado ALI ENRIQUE SANCHEZ MONTILLA, en su carácter de defensor privado del imputado FREDDY JOSE COLINA BURGOS, contra el Tribunal de Primera Instancia en función de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, extensión Acarigua, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Regístrese, diarícese y déjese copia.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Guanare a los catorce (14) días del mes de Enero del año dos mil diez (2010). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

El Juez Presidente de la Corte de Apelaciones,

Carlos Javier Mendoza
(Ponente)
La Juez de Apelación, El Juez de Apelación,

Clemencia Palencia García Joel Antonio Rivero

El Secretario,

Juan Alberto Valera

Seguidamente se acordó lo ordenado en autos. Conste.-

Secretario.-

EXP No. 4107-10
CJM.-