TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS AGUA BLANCA Y SAN RAFAEL DE ONOTO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA

Agua Blanca, 03 de Junio de 2.010. 200° y 151°

EXPEDIENTE 434-2010

DEMANDANTE: DURAN GRANDA SILVIA CHIQUINQUIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 12.264.745, actuando en representación legal de su hija “omisión del nombre de la misma de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”. Asistida por la Ciudadana: T.S.U YENNY ZERPA, en su carácter de Consejera de protección del Niño y Adolescente del Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa.
DEMANDADO: ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-14.000.715, domiciliado en el Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa.
MOTIVO. FIJACION DE OBLIGACION DE MANUTENCIÓN
SENTENCIA: Definitiva

PARTE NARRATIVA

Se inicia el presente procedimiento con demanda, de Tres (03) folios útiles y Tres (03) anexos sin marcar, recibida por el Secretario de este Juzgado en fecha 29 de Abril de 2010, en la cual la Ciudadana: DURAN GRANDA SILVIA CHIQUINQUIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V- 12.264.745, actuando en representación legal de su hija “omisión del nombre de la misma de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”. Asistida por la Ciudadana: T.S.U YENNY ZERPA, en su carácter de Consejera de protección del Niño y Adolescente del Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa, interpuso solicitud de fijación de obligación de manutención contra el Ciudadano: ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V-14.000.715, domiciliado en la calle 05 entre avenidas 2 y 3, cerca de la parada de la Asociación Cooperativa de Transporte los Arroyos Sector Samaria del Municipio Agua Blanca del Estado Portuguesa.

En fecha 03 de Mayo del año 2010, se admitió la solicitud de Fijación de obligación de manutención interpuesta por la Ciudadana: SILVIA CHIQUINQUIRA DURAN GRANDA, por no ser contraria a derecho, al orden público y a las buenas costumbres, librándose en consecuencia la Boleta de Citación con compulsa al demandado, y Boleta de Notificación a la Fiscal Cuarto del Ministerio Público.

El alguacil adscrito a este Juzgado consignó en fecha 06 de Mayo de 2010, Boleta de Notificación correspondiente a la FISCAL CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, y en fecha 14 de Mayo de 2010, Boleta de citación debidamente firmada por el Ciudadano: ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA.

En fecha 19 de Mayo de 2010, día y hora fijada para la celebración del acto conciliatorio, compareció previa citación el ciudadano: ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA, y la ciudadana: SILVIA CHIQUINQUIRA DURAN GRANDA, en consecuencia se declaro abierto dicho acto, se procede a oír la declaración de la parte demandada quién hace el ofrecimiento voluntario de OCHENTA BOLÍVARES SEMANALES (Bs. 80,00), para un total de TRESCIENTO VEINTE BOLÍVARES (320,00 Bs.) MENSUALES, dicho dinero será depositado en una cuenta de ahorro que el Tribunal ordenara aperturar, así como también se compromete en este acto a colaborarle con el cincuenta (50%) de los gastos de medicina y médicos cuando la niña lo requiera. Y en cuanto a los meses de Agosto y Diciembre se compromete a compararle todo lo referente a dichos gastos, en este acto se le da el derecho de palabra a la parte demandante ciudadana: SILVIA CHIQUINQUIRA DURAN GRANDA, quién manifiesta que no esta de acuerdo con lo ofrecido por el demandado ciudadano. ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA. En esa misma fecha se declaro abierto el lapso probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En fecha treinta y uno (31) de mayo del 2.010, compareció la parte demandante y manifiesta que el ciudadano: ALEJANDRO ENRIQUE PEÑA SIVIRA, ya no labora como Obrero para la Cooperativa Los Cuatro Puntos Cardinales, sino que trabaja como Moto Taxista.

El presente expediente esta compuesto por un total de Diecisiete (17) folios.

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA:

La solicitante, manifiesta que el progenitor de su hija, no cumple con sus obligaciones; por lo que solicita a este Juzgado decrete el monto de DOSCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BsF. 200,00) semanales, para un total de OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bsf. 800.00) mensuales, correspondiente por obligación de manutención, y se fije el doble de dicha cantidad en los meses de Agosto y Diciembre (……), consignando en autos Partida de nacimiento de la niña beneficiaria de la obligación y copia de la cédula de identidad de la solicitante.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA:

El demandado, acudió el día y la hora fijada para la celebración del acto conciliatorio, efectuando el mismo un ofrecimiento voluntario, el cual no fue aceptado por la parte demandante.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS Y SU VALORACION:

Por la Parte Demandante:

Con la demanda se acompañó Partida de Nacimiento:

 Acta de Nacimiento Nº 2452, Primera Autoridad Civil del Municipio Araure del Estado Portuguesa, Año 2001, perteneciente a la Niña: (Identificación omitida).

La referida partida de nacimiento, no fue impugnada ni tachada por el demandado; es por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, la misma quedan revestida de la fuerza probatoria que tienen los documentos públicos, expedidos por la autoridad competente para ello, y que no han sido declarados como falsos por ninguna autoridad, por tanto hacen plena fe, tanto entre las partes como respecto a terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por sus otorgantes, acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, tal como lo establece los artículos 1357, y 1360 del Código Civil, por lo que con la ya señalada y descrita partida de nacimiento queda comprobada la relación paterno filial, entre el demandado y la niña: “omisión del nombre de la misma de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”. Sirviendo del mismo modo estas, para demostrar la cualidad de la actora como madre y por ende facultada legalmente para intentar en su nombre y representación la presente acción tal y como se contrae en el articulo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y adolescentes. Así se establece.-

 De igual forma acompañó la demandante, copia de la cédula de identidad, la cual consta al folio cuatro (04) y se encuentra numerada bajo el número V- 12.264.745, correspondiente a la demandante.

Dicha copia de la cédula de identidad se valora de conformidad a lo establecido en el artículo 429 del Código de procedimiento civil, del mismo se deduce la identidad de la accionante y por tanto la cualidad para intentar la acción.

Por la parte demandada:

No promovió pruebas, ni por si, ni por medio de apoderado judicial en la oportunidad fijada por la ley.

PARTE MOTIVA

Encontrándose esta Juzgadora, en la oportunidad para decidir conforme lo alegado y probado en autos, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de del Código de Procedimiento Civil, lo hace en los siguientes términos:

La presente acción persigue el interés de la demandante que se fije al demandado una obligación de manutención, en la cantidad de DOSCIENTOS BOLIVARES FUERTES (BsF. 200, oo), semanales para un total de OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bsf. 800.00) mensuales, así como una bonificación especial en los meses de Agosto y diciembre de cada año, capaz de cubrir gastos de ropa, calzados, útiles, uniformes escolares y otros ocasionados por la niña en mención, así como se obligue a contribuir con el cincuenta por ciento (50%), de los gastos médicos y medicamentos.

Ahora bien denota la suscrita Juez, que en fecha 19 de Mayo de 2010, fecha fijada para celebrarse el acto conciliatorio, se dejó constancia de la comparecencia de la demándate, y de la asistencia del demandado, quien realizó ofrecimiento y la parte demandante en este mismo acto manifiesta no estar de acuerdo con el ofrecimiento, aperturandose el mismo a prueba en esa misma fecha.

En este mismo orden de ideas, la LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE, establece como Principio rector EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, el cual lleva implícito la necesidad de interpretación y aplicación de la ley al momento de tomar decisiones, estableciendo como norte que debe existir un adecuado equilibrio entre los derechos de los niños y los derechos de las demás personas que intervienen en el proceso.

La obligación de manutención, se encuentra establecida en la referida ley, en su artículo 365, cito:

“La obligación comprende todo lo relativo al sustento, la habitación, educación, cultura, asistencia, atención medica, medicinas, recreación, deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente”.

Este derecho concebido en beneficios de los niños y adolescentes, es un efecto de la filiación legal, que permite que los mismos tengan acceso a un nivel de vida adecuado, logrando así con ello un desarrollo equilibrado. Por lo cual establecida como se encuentra la filiación en la presente causa, es procedente por tanto el derecho a peticionar alimentos de la niña en referencia “omisión del nombre de la misma de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En relación a la determinación de la obligación de manutención, La Ley Orgánica para la Protección del Niño Niña y del Adolescente, establece en su artículo 369 lo siguiente:

“El Juez debe tomar en cuenta para la determinación de la Obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo……”

Los juzgadores debemos velar por demás, que los justiciables, en este caso los niños y adolescentes, tengan un disfrute pleno a sus derechos y garantías, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previendo que exista un justo equilibrio, entre los derechos y garantías de los niños y adolescente, y los derechos y garantías de los involucrados en el proceso. El establecimiento de estas obligaciones ha de ser evidentemente compartidas, para garantizar de esta forma la unidad de la filiación, reconociendo en el padre y en la madre iguales deberes y obligaciones para con sus hijos.

En este orden de ideas, esta Juzgadora de conformidad a los elementos que consta en autos, y a los alegatos de las partes, evidencia que no consta en autos documentación o cualquier otro medio de prueba que acredite la capacidad económica del demandado ya que no probo la demandante que el obligado posee un trabajo estable; pero aun así es necesario resaltar que aún y cuando el demandado no tenga un trabajo fijo que le permita cumplir con la obligación alimentaría de sus hijos, no es impedimento para que a través de otros medios alternativos e idóneos, tal y como lo consagrado el articulo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

“El Juez debe tomar en cuenta para la determinación de la Obligación alimentaría, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado. Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo……”

Planteada así la situación y de conformidad a los elementos que consta en autos, a los alegatos de las partes, y a que la niña se encuentra viviendo con su progenitora, y por cuanto se evidencia que el demandado no cuenta con una relación de dependencia laboral y por consiguiente con una capacidad económica determinable, para dar cumplimiento a la obligación de manutención, atendiendo al Principio de proporcionalidad, procede esta Juzgadora a fijar la señalada obligación de manutención, equivalente al salario mínimo mensual, establecido mediante Decreto Presidencial publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.417, de fecha 06 de Mayo del 2010, que se encuentra actualmente en la cantidad de CUARENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS.40,79) DIARIOS, considerando entonces que la obligación de manutención deberá establecerse en la cantidad de ocho (08) salarios mínimos diarios, es decir por la cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (BsF 326,32), mensuales, por lo que respecta a las cuotas especiales, se establecen en el doble de dicha cantidad, es decir SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS BOLIVARES FUERTES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bsf. 652,64), en los meses de Agosto y Diciembre de cada año, adicionalmente al pago de la obligación de manutención mensual, se establece que el demandado de autos, deberá cumplir con el cincuenta por ciento (50%) de los gastos de atención medica, medicinas, recreación, cultura y deporte, útiles escolares, uniformes, vestidos y calzados que requiera la niña beneficiaria de esta obligación, quedando así establecidas las respectivas cuotas especiales en la presente causa. Y así se decide.

El monto fijado por obligación alimentaría, no es discordante ni desproporcionado, en armonía con los principios constitucionales, tendientes a señalar que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, conforme con el artículo 257 de la Carta Magna como de la garantía de una tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 ejusdem; y, más aún, por estar inmersos y regidos por un estado democrático y social de Derecho y de Justicia, acorde con el contenido del artículo 2 del Texto Fundamental. Sin embargo, a los fines de la tutela judicial efectiva y para que las partes estén informadas de las resultas del proceso, acuerda sus notificaciones, las cuales se ordenarán en el dispositivo del fallo, se le concede a las partes un lapso de tres (3) días hábiles para que ejerzan los recursos que consideren conveniente, a tenor de lo previsto en el artículo 522 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.