REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DEL MUNICIPIO GUANARE DEL PRIMER CIRCUITO CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.- Guanare, 03 de junio de 2.010 200° y 151° Vista la anterior diligencia suscrita por el Abogado en ejercicio, FELIX JOSE CASTILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.220, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, ciudadana BETANIA DEL CARMEN GODOY PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.058.533, mediante la cual ratifica se decrete Medida de Embargo Preventivo a los fines de garantizar el fallo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 585 y 588 del Código de procedimiento Civil, sobre un vehículo con las siguientes características: Placa: AA978WD; Clase: Camioneta, Marca: Jeep; Modelo: Gran Cherokee, TIPO Sport-Wagon, AÑO: 2005, Color: Beige, propiedad de la ciudadana Kenny Yaquelin Puentes Juarez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.446.672; en el juicio que por DAÑOS OCASIONADOS EN ACCIDENTE DE TRANSITO, tiene incoado contra las ciudadanas KENNY YAQUELIN PUENTES JUAREZ Y JHOHN HENRRY JUAREZ LAYA, antes identificados. El Tribunal para decidir observa en relación a la medida cautelar preventiva solicitada aunque en el juicio de Daños Materiales en Accidente de Tránsito Terrestre, el procedimiento cautelar no aparece expresamente desarrollado en la ley que regula la materia, ello no quiere significar que estas no puedan ser decretadas por el Juez, quien en ejercicio de su poder cautelar puede decretarlas conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil; no obstante debe examinarse si se cumple con las exigencias de procedibilidad de las medidas preventivas; Al respecto observa, que el legislador supedita el decreto de medidas preventivas única y exclusivamente cuando en el caso se cumplan, de manera concurrente o acumulativa, los requisitos a saber: 1.- La existencia de riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo 2.- La existencia de presunción grave del derecho que se reclama, además de los requisitos mencionados, exige también el 585 del Código Adjetivo Civil, que el peticionario de la medida acompañe o produzca con la solicitud de medida preventiva, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia de los prenombrados requisitos de procedibilidad, es decir, que la parte que solicita una medida preventiva, tiene la ineludible carga procesal de aportar los medios presuntivos que permitan al Juez presumir la existencia del periculum in mora y el fomus boni iuris. Igualmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, las Medidas Preventiva de Embargo, Secuestro de bienes determinados y Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles, propiedad del Demandado, se decretará siempre y cuando se encuentren llenos los requisitos exigidos en el artículo 585 ejusdem, relativos al “periculum in mora” y el “fumus boni iuris”. Ahora bien, las medidas cautelares son instrumentos necesarios para la eficiencia de la justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. En consecuencia, es necesario analizar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). En cuanto al primero de los requisitos mencionados, ha sido reiterado pacíficamente por la Doctrina y la Jurisprudencia, que su verificación no esta circunscrita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o ignorancia del derecho si éste existiese, bien por la tardanza legal de la tramitación del juicio, o por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a evitar o debilitar la efectividad de la sentencia dictada. Con referencia al segundo de los requisitos, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar ineludiblemente corresponde al Juez examinar los recaudos o elementos que soportan la petición de la medida, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, máxime cuando en este tipo de juicio esta normado en el Libro Cuarto, Parte Primera, Titulo XI, Capítulos I, II, III y IV del Código de Procedimiento Civil, por remisión de la Ley de Transporte Terrestre en su articulo 212 y en el artículo 192 en su parte infine dispone: “… En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por los daños causados”; de donde se infiere una presunción “juris tantum” conforme a la cual se presume que los intervinientes en la colisión vehicular todos ellos tienen igual responsabilidad por los daños causados; es decir, cada uno de ellos asume el costo de los daños sufridos en el accidente, a menos que se demuestre que uno de ellos es el único responsable del hecho, lo cual en la etapa procesal en que se encuentra el presente juicio, es imposible determinar o caso contrario se vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso y por ende se adelantaría opinión al fondo del asunto acerca de la conducta intencional o culposa de ese conductor o propietario. Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento. En el presente caso, la parte actora solo se limita a señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento, solicita medida preventiva de embargo sobre un vehículo de las siguientes características: Placa: AA978WD; Clase: Camioneta, Marca: Jeep; Modelo: Gran Cherokee, TIPO Sport-Wagon, AÑO: 2005, Color: Beige, propiedad de la ciudadana Kenny Yaquelin Puentes Juarez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.446.672, en virtud de haber agotado todas las diligencias amistosas para que la parte demandada pague los daños materiales causados al vehículo propiedad de su representado, sin aportar medio de prueba alguno que hiciera surgir en esta Sentenciadora presunción alguna de la ilusoriedad del fallo, y al no presentarse la consecución en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la medida de embargo preventivo sobre bienes muebles de la codemandada debe declararse improcedente. Y Así se decide. En consecuencia este Juzgado Segundo del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA decretar la Medida Preventiva de Embargo solicitada sobre el vehículo de las siguientes características: Placa: AA978WD; Clase: Camioneta, Marca: Jeep; Modelo: Gran Cherokee, TIPO Sport-Wagon, AÑO: 2005, Color: Beige, propiedad de la ciudadana Kenny Yaquelin Puentes Juarez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.446.672. La Juez, Abg. Miriam Sofía Durand Sánchez La Secretaria Temporal, Abg. Lilia Vizcaya En esta misma fecha se publicó, siendo las 10 de la mañana. Conste. Stria. Exp. N° 2.311-10.