REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA TRIBUNAL DE EJECUCIÓN Guanare, 24 de Octubre de 2011 Años: 201° y 151° Nº 52-2011 1E-461-00 JUEZ DE EJECUCION No. 1 Abg. Dania Mayely Leal Morillo PENADO Lucio Ramón Ramos DEFENSORA PUBLICA Abg. Elsy Cadenas FISCAL Sexto del Ministerio Publico DELITO: Homicidio Intencional y Porte Ilícito de Armas SECRETARIA Abg. Lourdes Valera ASUNTO: Extinción de la Responsabilidad Penal por Muerte. Revisadas las actuaciones que conforman la presente causa, conforme la Sentencia dictada por el Extinto Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 05-03-1996, el penado LUCIO RAMÓN RAMOS, titular de la cédula de identidad Nº 10.057.130, fue condenado a cumplir la pena de Doce (12) años, dieciséis (16) días y dieciséis (16) horas de presidio, por la comisión de los delitos de Homicidio Intencional y Porte Ilícito de Armas, establecido en los artículos 407 y 278 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la época y por cuanto corresponde a este Tribunal verificar los supuestos jurídicamente válidos con respecto al cumplimiento de pena como objetivo fundamental de esta fase del proceso penal, y a los fines previstos en el artículo 103 de nuestro Código Sustantivo Penal, pasa a dictar el siguiente pronunciamiento: De conformidad con las actuaciones que rielan en el presente expediente, en fecha 17-02-1997, este Tribunal dicta decisión mediante la cual acuerda la ejecución de la sentencia por la cual se condena al ciudadano LUCIO RAMÓN RAMOS, determinándose en la referida oportunidad que cumpliría su pena en fecha 11-07-2007. En fecha 17-07-2000 le fue redimida el tiempo de trabajo del penado, realizándose nuevo cómputo por redención, donde se determino que culminaría su pena en fecha 05-11-2004. En fecha 30 de octubre del año 2000, ese Tribunal acordó el Beneficio de Libertad Condicional al penado LUCIO RAMÓN RAMOS, por el lapso restante de cumplimiento de pena. Riela al folio 149 de la segunda pieza oficio Nº 1518, de fecha 18 de mayo del año 2005, mediante el cual la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de Acarigua, informan sobre el fallecimiento del ciudadano Lucio Ramón Ramos, según información suministrada por la ciudadana Petra Soto, quien se identifico como hermana del penado. En fecha subsiguiente al 26-05-2005 mediante se acordó citar a la ciudadana Petra Soto, a objeto que consignara acta de defunción del ciudadano Lucio Ramón Ramos. En fecha 18 de febrero del año 2010, este Tribunal acuerda librar oficio Nº 746, al Jefe Civil del Registro de la Alcaldía del Municipio Páez, solicitando la remisión del acta de defunción del penado LUCIO RAMÓN RAMOS; siendo ratificada en fecha 12-09-2011 con oficio Nª 3.606. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: Vistas la circunstancias precedentemente expuestas, tomando en consideración que no existe constancia en autos del Acta de Defunción, ni del protocolo de autopsia del penado, no obstante este Tribunal observa la información que aportan funcionarios públicos sobre el hecho de la muerte del penado, como se desprende del citado oficio emanado de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario que corre inserto en los autos, en la que hacen saber sobre el fallecimiento del penado Lucio Ramón Ramos, titular de la cédula de identidad Nº 10.057.130. El artículo 103 del Código Penal, establece lo siguiente: “…La muerte del procesado extingue la acción penal. La muerte del reo extingue también la pena, aun la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma…”.- De esta manera, nuestro Legislador previó la circunstancia del deceso de cualquier penado cumpliendo la sanción, lo cual comporta el cese de las consecuencias penales derivadas del delito, o más concretamente de una sentencia definitivamente firme. En el caso que nos ocupa, el penado Lucio Ramón Ramos, titular de la cédula de identidad Nº 10.057.130, fue sentenciado e impuesto de una condena, donde la materialización o fin último del Estado era la aplicación del coercitivo necesario para la reinserción efectiva del penado a la sociedad; y a través de alguna medida alternativa de cumplimiento de pena se pretendía coadyuvar en la concreción de dicho proceso de rehabilitación y reinserción social, sin embargo, dicho fin no se consiguió, ya que por razones independientes a la voluntad de cualquiera de los organismos de administración de justicia se produjo la muerte de quien en vida respondiera a título de sus actos ilícitos. En este orden de ideas, la extinción de la pena, que en este caso es la pena corporal trae consigo una serie de consecuencias propias a la potestad de imponer sanciones a cargo del Estado, que deja hasta allí su persecución, ya que las acciones penales son personales, solo se castiga al individuo trasgresor de la norma. Cabe señalar, que si bien no se cuenta con la prueba irrefutable de la muerte como lo es el acta de defunción del penado, a pesar de las diligencias realizadas por el Tribunal, no es menos cierto que el hecho de la muerte de éste queda demostrado a través de otros medios jurídicamente aceptados, como lo es la comunicación signada con el Nº 1518 emanado de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de Acarigua, de lo cual dimana la fe que merece tal exposición y que comporta su validez en el ámbito Jurídico. Aunado a ello no deja de advertir este órgano jurisdiccional, el hecho de que en la mayoría de los casos en los cuales se ha tenido conocimiento de la muerte de un penado, en forma diligente el Tribunal procede a solicitar acta de defunción o protocolo de autopsia a los organismos respectivos sin que se tenga oportuna respuesta, ni se haya logrado la consignación de dicho instrumento a los autos, bien sea a través de familiares, por lo que en causas como la que nos ocupa, en las cuales existe el oficio de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario que da cuenta del fallecimiento del penado, según información suministrada por su hermana Petra Soto, aunado a otras circunstancias como lo es la vigilancia penitenciaria que ejerce este Tribunal, y el tiempo transcurrido, considera esta Juzgadora que tales circunstancias refuerzan la ocurrencia de la desaparición física por muerte del penado. De tal manera que apreciada la muerte del penado LUCIO RAMÓN RAMOS quien fuere portador de la cédula de identidad Nº 10.057.130 a través de los recaudos que se acompañan al expediente, este Tribunal pasa a decidir en consecuencia, siendo lo legal y procedente decretar la EXTINCION DE LA PENA que le fuera impuesta, tal como lo precisa el citado artículo 103 del Código Penal; así lo decide este Juzgado de Ejecución Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.- Notifíquese. Remítase la presente causa al archivo judicial. La Juez de Ejecución Nº 01 Abg. Dania Mayely Leal Morillo La Secretaria, Abg. Lourdes Valera Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado, conste, La Stria