REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO PORTUGUESA TRIBUNAL DE EJECUCIÓN Guanare, 25 de Octubre de 2011 Años: 201° y 151° Nº 60-2011 1E-776-02 JUEZ DE EJECUCION No. 1 Abg. Dania Mayely Leal Morillo PENADO José Gregorio Delgado Montoya DEFENSORA PUBLICA Abg. Elsy Cadenas FISCAL Sexto del Ministerio Publico DELITO: Homicidio Calificado SECRETARIA Abg. Lourdes Valera ASUNTO: Extinción de la Responsabilidad Penal por Muerte. Revisadas las actuaciones que conforman la presente causa, conforme la Sentencia dictada por el Juzgado de Control Nª 02 de este Circuito Judicial del Estado Portuguesa, en fecha 25-10-2002, el penado JOSÉ GREGORIO DELGADO MONTOYA, Indocumentado, fue condenado a cumplir la pena de Quince (15) años de presidio, por la comisión del delito de Homicidio Calificado, establecido en el artículo 408 del Código Penal vigente para la época y por cuanto corresponde a este Tribunal verificar los supuestos jurídicamente válidos con respecto al cumplimiento de pena como objetivo fundamental de esta fase del proceso penal, y a los fines previstos en el artículo 103 de nuestro Código Sustantivo Penal, pasa a dictar el siguiente pronunciamiento: De conformidad con las actuaciones que rielan en el presente expediente, en fecha 22-11-2002, este Tribunal dicta decisión mediante la cual acuerda la ejecución de la sentencia por la cual se condena al ciudadano JOSÉ GREGORIO DELGADO MONTOYA, determinándose en la referida oportunidad que cumpliría su pena en fecha 11-08-2017. Riela al folio 61 de la segunda pieza oficio Nº 277-06, de fecha 30 de marzo del año 2006, mediante el cual el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA), informan sobre el fallecimiento del ciudadano José Gregorio Delgado Montoya, en virtud de una situación de riña ocurrido en ese centro penitenciario en fecha 29-03-2006, según se evidencia de Informe suscrito por el Jefe de Régimen, donde relata los pormenores del hecho. En fecha 20 de Julio del año 2010, este Tribunal acordó oficiar al Director Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA), requiriendo copia certificada del acta de defunción del ciudadano JOSÉ GREGORIO DELGADO MONTOYA. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: Vistas la circunstancias precedentemente expuestas, tomando en consideración que no existe constancia en autos del Acta de Defunción, ni del protocolo de autopsia del penado, no obstante este Tribunal observa la información que aportan funcionarios públicos sobre el hecho de la muerte del penado, como se desprende del citado oficio emanado del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA) que corre inserto en los autos, en la que hacen saber sobre el fallecimiento del penado José Gregorio Delgado Montoya, Indocumentado. El artículo 103 del Código Penal, establece lo siguiente: “…La muerte del procesado extingue la acción penal. La muerte del reo extingue también la pena, aun la pecuniaria impuesta y no satisfecha y todas las consecuencias penales de la misma…”.- De esta manera, nuestro Legislador previó la circunstancia del deceso de cualquier penado cumpliendo la sanción, lo cual comporta el cese de las consecuencias penales derivadas del delito, o más concretamente de una sentencia definitivamente firme. En el caso que nos ocupa, el penado José Gregorio Delgado Montoya, indocumentado, fue sentenciado e impuesto de una condena, donde la materialización o fin último del Estado era la aplicación del coercitivo necesario para la reinserción efectiva del penado a la sociedad; y a través de alguna medida alternativa de cumplimiento de pena se pretendía coadyuvar en la concreción de dicho proceso de rehabilitación y reinserción social, sin embargo, dicho fin no se consiguió, ya que por razones independientes a la voluntad de cualquiera de los organismos de administración de justicia se produjo la muerte de quien en vida respondiera a título de sus actos ilícitos. En este orden de ideas, la extinción de la pena, que en este caso es la pena corporal trae consigo una serie de consecuencias propias a la potestad de imponer sanciones a cargo del Estado, que deja hasta allí su persecución, ya que las acciones penales son personales, solo se castiga al individuo trasgresor de la norma. Cabe señalar, que si bien no se cuenta con la prueba irrefutable de la muerte como lo es el acta de defunción del penado, a pesar de las diligencias realizadas por el Tribunal, no es menos cierto que el hecho de la muerte de éste queda demostrado a través de otros medios jurídicamente aceptados, como lo es la comunicación signada con el Nº 277-06 emanado del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA), de lo cual dimana la fe que merece tal exposición y que comporta su validez en el ámbito Jurídico. Aunado a ello no deja de advertir este órgano jurisdiccional, el hecho de que en la mayoría de los casos en los cuales se ha tenido conocimiento de la muerte de un penado, en forma diligente el Tribunal procede a solicitar acta de defunción o protocolo de autopsia a los organismos respectivos sin que se tenga oportuna respuesta, ni se haya logrado la consignación de dicho instrumento a los autos, bien sea a través de familiares, por lo que en causas como la que nos ocupa, en las cuales existe el oficio del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (URIBANA) que da cuenta del fallecimiento del penado, y así se desprende de acta de novedad, aunado a otras circunstancias como lo es la vigilancia penitenciaria que ejerce este Tribunal, y el tiempo transcurrido, considera esta Juzgadora que tales circunstancias refuerzan la ocurrencia de la desaparición física por muerte del penado. De tal manera que apreciada la muerte del penado JOSÉ GREGORIO DELGADO MONTOYA, Indocumentado, a través de los recaudos que se acompañan al expediente, este Tribunal pasa a decidir en consecuencia, siendo lo legal y procedente decretar la EXTINCION DE LA PENA que le fuera impuesta, tal como lo precisa el citado artículo 103 del Código Penal; así lo decide este Juzgado de Ejecución Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.- Notifíquese. Remítase la presente causa al archivo judicial. La Juez de Ejecución Nº 01 Abg. Dania Mayely Leal Morillo La Secretaria, Abg. Lourdes Valera Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado, conste, La Stria