TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en funciones de Control Estado Portuguesa, Extensión Acarigua
Acarigua, 20 de Enero de 2013
AÑOS: 202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : PP11-P-2013-000373
ASUNTO : PP11-P-2013-000373

Visto el escrito suscrito por GRACIELA BENAVIDES GARCIA, procediendo en mi carácter de Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con domicilio procesal en la (…)Guanare Estado Portuguesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 51 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 108, numeral 14, 23, 118 y 120, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los artículos 83, 84 y 85 establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ante usted ocurro para solicitar Medida de Protección, la cual se fundamenta en los siguientes términos:0

en el cual solicita al Tribunal de Control, se decrete MEDIDA DE PROTECCION a favor de la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, venezolana, soltera, Obrera, titular de la cedula de identidad NV-(…), domiciliada en (…)Acarigua Estado Portuguesa. Quien tiene cualidad de Victima Directa, en la causa signada con el. Nº MP1O626-2013, dicha causa penal fue aperturada ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Circuito Judicial, por uno de los delitos contra La Propiedad (Robo), donde figura como imputado JOSE ALBERTO EOCUMARE.
Por la comisión de uno del delito CONTRA LA PROPIEDAD, y como imputados JOSE ALBERTO EOCUMARE. este Tribunal observa:

DE LA COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN ACTIVA

El Artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece:

Artículo 82.- El Fiscal Superior, por intermedio de la Oficina de Protección a la víctima, por iniciativa propia o por solicitud del interesado o su representante, solicitará al Juez competente que tome las medidas conducentes a garantizar la integridad de la víctima y su libertad o bienes materiales.

De la literalidad del anterior artículo se concluye que el órgano jurisdiccional competente es aquél que tiene el conocimiento de la causa, estando el proceso en fase de investigación, corresponde en consecuencia a esté Juez de Control pronunciarse sobre la referida solicitud de protección, de conformidad con la Sent. N° 71 de fecha 22 de febrero de 2005, Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Marco Tulio Dugarte Padrón. Y así se decide.

Igualmente del referido dispositivo legal, tenemos que la Fiscal Superior tiene legitimación para presentar la solicitud de medida de protección.

DE LA EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

En la solicitud de protección se señala:
Quien suscribe, GRACIELA DEL CARMEN BENAVIDES, procediendo en mi carácter de Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con domicilio procesal en (…) Guanare Estado Portuguesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, 51 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 108, numeral 14, 23, 118 y 120, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, así como los artículos 83, 84 y 85 establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ante usted ocurro para solicitar Medida de Protección, la cual se fundamenta en los siguientes términos:
LOS HECHOS
Se recibe por ante la Unidad de Atención a la Víctima del Segundo Circuito del Estado Portuguesa (Acarigua), adscrita a esta Fiscalía Superior del Ministerio Público de la circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Oficio N° 18-F2-2C-0050-2013, emanado de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Segundo Circuito del Estado Portuguesa, mediante el cual solicita PROTECCIÓN y demás medidas conducentes para garantizar la integridad física de la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, venezolana, soltera, Obrera, titular de la cedula de identidad NV-(…), domiciliada en (…)Acarigua Estado Portuguesa. quien tiene cualidad de Victima Directa, en la causa signada con el Nro. N° MP1O626-2013, dicha causa penal fue aperturada ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Circuito Judicial, por uno de los delitos contra La Propiedad (Robo), donde figura como imputado JOSE ALBERTO EOCUMARE.
Es preciso hacer de su conocimiento que la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Circuito Judicial, entrevisto de la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, quien manifestó: “Todo comenzó el día 9/01/2013, cuando se encontraba en su residencia en el Barrio Santa Sofía un ciudadano apodado el Jose, a quien apodan el MAMBRE y el me amenazo que tenia que conseguirle 2.000 o si no perdía la bicicleta o si no mataría a cualquiera que se encontrara en la casa, y que iba a pasar por el dinero mas tarde, por lo que me asuste y lo denuncie, motivo por el cual temo por mi vida y por la de mis familiares, es por eso que quiero una medida de Protección para mi persona y mi familia. Es todo.. .“, la cual consta en Acta de Solicitud de Medida de Protección (que se anexa). Asimismo, se le oriento en cuanto a los tipos de medidas de protección, a lo que solicitó PATRULLAJE POLICIAL, por el peligro que corre la Victima y grupo familiar. Igualmente, la victima suscribió ante la mencionada Fiscalia, Acta de Compromiso de Aceptación de Medida de Protección (que se anexa), de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, que establece las Condiciones para el mantenimiento de las medidas.

Ahora bien, una vez escuchada esta versión y asentada en la referida Acta, evada por ante la Fiscalia Segunda del Segundo Circuito del Estado Portuguesa; y en virtud de existir un peligro inminente, en el que se encuentran estas personas y su grupo familiar, lo cual se fundamenta en los serios hechos, que constituyeron y aun significan un peligro latente en contra de la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ y su grupo familiar, por estar dentro de los parámetros legales para la -:cn de victimas, testigos y demás sujetos procesales, señalados específicamente 2lNumeral 1, de la Ley de Protección de Victimas, testigos y demás Procesales. Se solicito inicialmente al Comandante, del Centro de Coordinación Policial N° 02 Gral. Jose Antonio Páez”, según Oficio N°18-FS-UAV-2C-0027-13, Patrullaje Policial Preventivo, con efectivos de ese organismo, por el domicilio de la

PETITORIO
Vista por esta Representación Fiscal y por la Unidad de Atención a la Víctima, las actuaciones que se encuentran en la Fiscalía Segunda del Ministerio Público Segundo Circuito del Estado Portuguesa, correspondiente a la investigación N°MP-10626-2013, en la que figura como victima VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, solicito respetuosamente, decrete de oficio y con la celeridad que el caso requiere, la Medida de Protección, señalada en el Artículo 21, Numeral 1, de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, el cual indica lo siguiente: “La custodia personal o residencial, bien mediante la vigilancia directa o a través de otras medidas de seguridad, incluso en la residencia de la víctima del delito o sujeto protegido según sea el caso”, y demás medidas necesarias y pertinentes para garantizar y preservar la integridad física de la victima, y grupo familiar, y me permito sugerir se acuerde PATRULLAJE POLICIAL, para de la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ y grupo familiar ubicado: (…)Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa. De igual manera, solicito que el lapso para el cumplimiento de esta medida sea de seis (6) meses, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 42 de la citada Ley, el cual indica lo siguiente: “Las medidas de protección tendrán una duración máxima de seis (6) meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas... “.

Empero, es deber, atribuciones, del Ministerio Público garantizar los intereses de los ciudadanos, expreso en el Artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ordinales 1° y 2°, bajo el principio de la supremacía de la Constitución en este Estado Democrático y Social de Derechos y Justicia que tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad, garantizando el cumplimiento de los principios, derechos y deberes. Tutela jurídica efectiva de los derechos fundamentales para garantizar el acceso de los órganos de administración de justicia, para hacer valer todos los intereses, derechos fundamentales o bien; facultad que concretan las exigencias de la libertad, igualdad y dignidad.

Por tal motivo, es criterio de esta Representación Fiscal, que es procedente la aplicación e instrumentación de medidas de protección sobre el fundamento de que de que exista una marcada presunción del peligro cierto para la integridad de las victimas anteriormente señaladas, y practicar hasta medidas de protección tolerable dado, que en juego el interés público del Estado cuya impunidad genera, promete la razón social e inseguridad jurídica.

Por todas las razonas expuestas y de conformidad con los artículos 257,30,26,43 y 51, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; del 83 al 85, la Ley Orgánica del Ministerio Público; el 23 de Código Orgánico Procesal Penal, artículos 1, 2, 4, 17, y 21, de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, y por último la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en su Artículo 25. Toda vez, de proteger los derechos de las victimas, ya que cursan suficientes elementos fundados y señalados.
Justicia que espero en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa, 15 de Enero de 2013.

De la trascripción de la solicitud presentada, tenemos que la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, se siente amenazada ante un temor inminente de daño a su integridad física y su grupo familiar.
Tales situaciones de amenazas, lleva aparejada una permanente incertidumbre que afecta notablemente el estado anímico de las personas afectadas, situación que el Estado debe solventar a través de este órgano jurisdiccional para garantizar la protección y tranquilidad de todas las personas que convivimos en sociedad y que por una u otra razón se encuentran como sujetos procesales u órganos de prueba de un ilícito penal, por lo que esta Juzgadora toma en consideración lo que establece el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su encabezamiento:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a una tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.”

En el mismo sentido tenemos que el artículo 55 Constitucional señala:

“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Por otro lado el artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal estatuye:
“La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público esté obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte, los jueces garantizarán la vigencia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso”.

Por último el artículo 120, numeral tercero eiusdem:

“Quien de acuerdo a las disposiciones de este código sea considerado víctima, aunque no se haya constituido como querellante, podrá ejercer en el proceso penal los siguientes derechos:
…Omisis…
3.- Solicitar medidas de protección frente a probables atentados en contra suya o de su familia.
…Omisis…”

Ahora bien, ante los argumentos de hecho y derecho anteriormente expuestos, y a los fines de evitar posibles agresiones a la solicitante, se logre la justicia como finalidad del proceso penal, quien aquí decide considera que lo lógico y ajustado a derecho es DECRETAR MEDIDA DE PROTECCION a la ciudadana VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ a su grupo familiar. La precitada medida de protección deberá ser cumplida por el organismo al cual corresponda según el domicilio del testigo, bajo la supervisión de su Comandante, quién deberá dar estricto cumplimiento a la medida acordada, so pena de incurrir en responsabilidad, debiendo llevar un control interno con el cual se permita acreditar el cumplimiento de la protección decretada, así mismo deberá informar periódicamente al Tribunal sobre dicho cumplimiento. La medida de protección aquí acordada deberá ser coordinada con el propio interesado para no afectar su intimidad. Así se decide.

DECISION

Por todos los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, Extensión Acarigua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA MEDIDA DE PROTECCION a la ciudadana ELIA COROMOTO ORTIZ DE PEREZ, VICTORIA DEL CARMEN ORTIZ, venezolana, soltera, Obrera, titular de la cedula de identidad NV-(…), domiciliada en (…)Acarigua Estado Portuguesa. quien tiene cualidad de Victima Directa, en la causa signada con el Nro. N° MP1O626-2013, dicha causa penal fue aperturada ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este Circuito Judicial , quien tiene cualidad de Victima, la medida de protección consistente en vigilancia periódica en el referido inmueble. La precitada medida de protección acordada en su vivienda deberá ser cumplida por funcionarios adscritos a la Comisaría Centro de Coordinación Policial Nª 2 del Municipio Paez Estado Portuguesa, quienes deberán dar estricto cumplimiento a la medida acordada, so pena de incurrir en responsabilidad, debiendo llevar un control interno con el cual se permita acreditar el cumplimiento de la protección decretada, así mismo deberán informar periódicamente al Tribunal sobre dicho cumplimiento. La medida de protección aquí acordada deberá ser coordinada con el propio interesado para no afectar su intimidad.

Notifíquese a la persona a cuyo favor se acordó la presente medida de protección, a la ciudadana Fiscal Superior del Estado Portuguesa y a la Comisaría respectiva, con copia certificada del presente auto.
Ofíciese lo conducente y diarícese.

El Juez de Control N° 04
Abg. NOEMI ROMERO DE Ortiz

La Secretaria,
ABG. Yulimar torrez