TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. GUANARE

EXPEDIENTE: Nº 01527-C-12.

DEMANDANTE:
MAJDULIN FAKKREEDDINE CHARANI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.647.873.

APODERADO JUDICIAL:
MANUEL RICARDO MARTINEZ RIERA, inscrito en el Inpreabogado bajo los Nº.: 15.962.

DEMANDADOS: SOCIEDAD DE COMERCIO “COMERCIAL LUZBEL 10, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Portuguesa, en fecha 30 de Octubre del 2002, bajo el Nº 37, Tomo 9-A, representada por el ciudadano FRAD ALEJANDRO EL BARCHE JORGE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad numero V-7.659.652; SOCIEDAD MERCANTIL LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA C.A., inscrito en el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de abril de 1955, bajo el Nº 70, Tomo 4-A y en la persona de su Presidenta Ejecutiva, ciudadana CECILIA R. DE LILINTAHL, venezolana, mayor de edad y los ciudadanos IVVYS DEL VALLE PALMERA BLANCO DE EL BARCHE y FRAD ALEJANDRO EL BARCHE JORGE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números: V-7.922.163 y V- 7.659.652, respectivamente.

MOTIVO: DAÑOS EMERGENTES Y DAÑOS Y PERJUICIOS

CAUSA: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

SENTENCIA:
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.

RELACIÓN DE LOS HECHOS:

En fecha 13-03-2012, se inició el presente procedimiento, mediante demanda por DAÑOS EMERGENTES Y DAÑOS Y PERJUICIOS por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, incoada por el abogado MANUEL RICARDO MARTINEZ RIERA, inscrito en el inprabogado Nº 15.962, con domicilio procesal Escritorio Jurídico Martínez Angulo, edificio “Don Agustín”, 2º piso, oficina Nº 4, calle 16 entre carreras 4 y 5, frente a la plaza Bolívar, a un lado del Palacio de Justicia, en su condición de co-apoderado judicial de la ciudadana MAJDULIN FAKKREEDDINE CHARANI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-16.647.873. contra la empresa SOCIEDAD DE COMERCIO “COMERCIAL LUZBEL 10, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Portuguesa, en fecha 30 de Octubre del 2002, bajo el Nº 37, Tomo 9-A; SOCIEDAD MERCANTIL LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA C.A., inscrito en el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de abril de 1955, bajo el Nº 70, Tomo 4-A y los ciudadanos IVVYS DEL VALLE PALMERA BLANCO DE EL BARCHE y FRAD ALEJANDRO EL BARCHE JORGE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números: V-7.922.163 y V- 7.659.652, respectivamente.
En fecha 13-03-2012 (Folio 17 al 18), se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda con todos los pronunciamientos legales ordenándose en este mismo acto la citación de los demandados. Asimismo para la práctica de la citación de la sociedad mercantil La Venezolana de Seguros y Vida C.A, se comisionó amplia y suficientemente al Juzgado (Distribuidor) de Municipio del Área Metropolitana de Caracas. Igualmente se libraron las respectivas boletas a los fines de su protocolización.
En fecha 13-03-2012 (Folio 22 vto), el Secretario Temporal dejó constancia de que se hizo entrega de las boletas de citación al apoderado judicial de la parte actora, a los fines de su protocolización.
En fecha 21-03-2012 (Folio 23), se recibió diligencia de la parte actora revocando el poder a los abogados Merwil Alvarado, Andrea Yépez, Pedro Angulo, Pedro Añez, Alirio Abreu y José Villanueva.
En fecha 10-04-2012 (Folio 24), mediante diligencia compareció la parte actora ciudadana MAJDULIN FAKKREEDDINE CHARANI, asistida por el abogado Manuel Ricardo Martínez Riera solicitando se libre las respectivas boletas de citación de los demandados. Asimismo, se le haga entrega de las mismas, de conformidad con el parágrafo único del articulo 281 del Código de procedimiento Civil y 345 Eiusdem y en auto de fecha 11-04-2012, se acordó lo solicitado. (Folio 26)
En fecha 11-04-2012 (Folio 30), el secretario dejó expresa constancia que hizo entrega de las copias certificadas contentivas de la compulsa, junto con la orden de comparecencia, al apoderado judicial de la parte actora abogado Manuel Ricardo Martínez Riera, a los fines previstos en los artículos 345 y 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 03-07-2013 (Folio 31), se dictó auto mediante el cual el Juez Temporal Abogado José Miguel Aldana, se abocó al conocimiento de la causa.
EN EL PRESENTE CASO EL TRIBUNAL OBSERVA:

Como se observa en la presente causa, la última actuación de la parte actora por ante este Juzgado fue el día 11-04-2012, verificándose que desde la fecha anterior hasta la presente fecha ha transcurrido más de un año, debiendo declararse la perención.
Aunado a ello, como se conoce comúnmente en doctrina como Instancia, la cual según el eminente jurista Eduardo J. Couture, es:

“En su acepción común, instancia significa requerimiento, petitorio, solicitud. Se dice, entonces, que los actos procesales se realizan de oficio o a solicitud de partes, según que los actos los realice el juez por iniciativa propia o a requerimiento de alguno de los interesados.
En una acepción más restringida, se denomina instancia al ejercicio de la acción procesal ante el mismo juez. Es esta la definición contendida en algunos textos legales. Con ella significa que, además de requerimiento, instancia es acción, movimiento, impulso procesal. Se habla, entonces, de llevar adelante la instancia, de conclusión de la instancia, o, por oposición, de perención o caducidad de la instancia.
Pero en la acepción técnica más restringida del vocablo, y a la que se refiere específicamente este capítulo, instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte. Se habla, entonces, de sentencia de primera o de segunda instancia; jueces de primera instancia o de segunda instancia; de pruebas de primera o de segunda instancia.” (2005, Pág.139).

De modo que en esta etapa fundamental del proceso, caracterizada por la formación del conocimiento y convicción del juez sobre el petitorio. La parte justiciable tiene unas cargas procesales que cumplir; so pena de sufrir sanciones por haber dejado de excitar el aparato judicial una vez interpuesta la acción. De modo que entre los imperativos jurídicos procesales (Deberes, Obligaciones, Cargas), instancia e impulso procesal; existe una relación muy importante. Pero, en este caso, mucha más estrecha es el caso, de la carga procesal. Al respecto, el ut supra citado autor, le refiere como:

“La situación jurídica instituída en la ley consistente en el requerimiento de una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él, pues, se trata de una compulsión o conminación a ejercer el derecho.” (2005, Pág.173).

En este estado de las cosas, este Juzgador se cuestiona. Si esta primera instancia es la etapa fundamental para lograr la formación del convencimiento del juez acerca del petitorio que ha requerido como pretensión de justicia y justamente esta carga no es cumplida por el actor, al punto que no impulsar todas las citaciones de los demandados.

¿Que sentido tendría para el aparato judicial el garantizar la tutela judicial efectiva como vehículo para transitar hacia la justicia, en un proceso que el actor mismo incumple las cargas que le son impuestas?

Por ello, el legislador ha diseñado una serie de principios, entre ellos, el de concentración y celeridad, en los cuales se advierte a las partes para que concurran al proceso sin dilaciones indebidas. Vale decir, no tan sólo entendida con relación a la sentencia proferida por el juez, sentido positivo, sino en sentido negativo, es decir, proscribir las dilaciones indebidas que pudieran incurrir las partes en la defensa de sus derechos, tal como lo exige el encabezamiento del artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. No en balde, acudiendo a un análisis sistemático del derecho, se observa como el legislador en la estructuración del código procesal común, enumeró en el artículo 267 algunas reglas que deben que cumplir las partes en su libertad de acudir al dispositivo jurisdiccional para la defensa de sus derechos.
En fin, como he afirmado antes, el proceso civil se rige fundamentalmente por el principio de impulso procesal de las partes; ésta carga en su ejecución debe ser entendida junto al principio de concentración y celeridad, con la finalidad de evitar retardos no razonable e injustificados, en búsqueda de la resolución de litigios en forma pronta.
Así, las dilaciones indebidas tienen variadísimas expresiones pueden surgir no solo del incumplimiento de los plazos procesales; sino de la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración del litigio, interés en la prueba, consignación de los medios disponibles para la concreción de los actos, citaciones, notificaciones procesales, cuestión repercute en el principio constitucional de la justicia expedita, establecida en forma sistemática en el artículo 26 y 257 de nuestra Carta Magna.
A propósito, este planteamiento no resulta extraño en el derecho comparado, puesto que desde la Segunda Guerra Mundial es una aspiración unísona el obtener una administración de la justicia en forma expedita; la cual no debe ser confundida con rápida.
En todo caso, este respecto es señalado por el reconocido catedrático español Jesús González Pérez, en su obra no poca reconocida: “El Derecho a la Tutela Jurisdiccional” Civitas Ediciones, 2001, p. 315:

“La lentitud constituye uno de los males endémicos del proceso. La lentitud de la Administración de Justicia- decía Sentís Melendo- es una enfermedad bastante general, de la que continuamente se habla con gran pesimismo, como si para ello fuera imposible encontrar remedio. Esta enfermedad experimenta, a veces, algún alivio, pero pronto viene la recaída. Cuando la gravedad alcanza límites alarmantes se buscan remedios urgentes que impiden la muerte del enfermo; pero son incapaces de resolver el problema.
Una Justicia que tarda en administrarse varios años es una caricatura de la justicia. De aquí que el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas constituya una de las garantías de la tutela judicial efectiva. Como dice el Tribunal Constitucional Español, en S. de 13 de abril de 1983 (S.26/1983) < desde el punto de vista sociológico y práctico puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva>”

El decreto de la perención ha sido considerado por la Sala Constitucional como una sanción del legislador frente a la inactividad de las partes. Así en la sentencia Nº 956/01 del 1 de junio, se dejó sentado lo siguiente:

“...También quiere asentar la Sala, que la perención es fatal y corre sin importar quiénes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento, y según el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención...”.

Así las cosas, aprecia la Sala Constitucional que la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso.
Es necesario destacar, que el mencionado estado de sentencia es el referido a la sentencia de fondo, y que nace luego que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil; por lo que no impide el decreto de la perención la espera de cualquier otro pronunciamiento del Juzgador, distinto al de mérito.

DISPOSITIVA:

En consecuencia, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de la presente demanda por DAÑOS EMERGENTES Y DAÑOS Y PERJUICIOS, incoada por el abogado MANUEL RICARDO MARTINEZ RIERA, inscrito en el inpreabogado Nº 15.962 , en su condición de apoderado judicial de la ciudadana: MAJDULIN FAKKREEDDINE CHARANI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.647.873, contra la empresa SOCIEDAD DE COMERCIO “COMERCIAL LUZBEL 10, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Portuguesa, en fecha 30 de Octubre del 2002, bajo el Nº 37, Tomo 9-A; SOCIEDAD MERCANTIL LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA C.A., inscrito en el Registro Mercantil de la Primera Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 21 de abril de 1955, bajo el Nº 70, Tomo 4-A y los ciudadanos IVVYS DEL VALLE PALMERA BLANCO DE EL BARCHE y FRAD ALEJANDRO EL BARCHE JORGE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números: V-7.922.163 y V- 7.659.652, respectivamente; de conformidad a lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, se extingue la instancia en la presente causa. Así se decide.
Notifíquese a la parte actora.
Publíquese, regístrese y déjese la copia certificada correspondiente.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Guanare, a los once días del mes de julio del año dos mil trece (11-07-2013). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

El Juez Temporal,

Abg. José Miguel Méndez Aldana.

El Secretario Accidental,

Lcdo. Carlos Nieves Linares Hernández.

En la misma fecha se dictó y publicó a las 09:40 a.m. Conste.