CIRCUITO JUDICIAL PENAL SECCIÓN ADOLESCENTE CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCION GUANARE Guanare, 18 de febrero del año 2014 Causa E- 381-12 Visto la solicitud interpuesta por el ciudadano la defensora Abg .Luis Arocha, mediante el cual solicito la fijación de una audiencia oral a los fines de revisar la medida sancionadora a su representado, es por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 647 literal “e” de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente en donde se prevé que al menos una vez cada seis meses se deben revisar las medidas sancionadoras, es por lo que este tribunal acordó fijar audiencia oral para el día de hoy, a los fines de verificar si se esta cumpliendo el objetivo de la sanción que fue impuesta a objeto de modificarla o sustituirla por una menos gravosa. Ahora bien, el sancionado IDENTIDAD OMITIDA POR RAZONES DE LEY se encuentra bajo la figura de la medida de semilibertad, ahora bien dado a que hasta la presente fecha le resta nueve (9) meses es por lo que se fijo la audiencia a los fines de sustituir la medida antes indicada, en tal sentido celebrada la audiencia oral y oídas las partes, se dicto el siguiente pronunciamiento bajo las siguientes consideraciones: Aperturada la audiencia le fue concedido el derecho de palabra a la Defensa quien solicito la sustitución de la medida de semi libertad, por otra menos gravosa a su defendido; en virtud de lo previsto en el articulo 647 literal “h” de la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señalando que su defendido había cumplido hasta el día de hoy mas de la mitad de la sanción y que existían elementos necesarios para que se realizara la revisión de la sanción. Se impuso al sancionado, de las garantías contenidas en los artículos 49 ordinales 3° y 5ro de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y artículo 542 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente y posteriormente preguntó al adolescente si deseaba declarar y manifestó de la siguiente manera: “me comprometo a cumplir todas las obligaciones que me imponga el tribunal”. La Fiscal Auxiliar Quinto del Ministerio Público del Primer Circuito del Estado Portuguesa, haciendo uso del derecho de palabra manifestó que efectivamente se observa que el adolescente ha cumplido la mitad de la sanción y que le resta por cumplir 8 meses y 25 días, por lo tanto no hace objeción alguna en cuanto a lo peticionado por la defensa de sustituirle la semilibertad por una menos gravosa que en este caso seria libertad asistida y reglas de conducta. Oída la exposición de las partes y siendo que estamos en presencia de un juicio educativo que le permite al sancionado desarrollar plenamente sus capacidades y la etapa de ejecución no escapa de ello, siendo la fase de mayor importancia en el proceso penal del adolescente, donde se trata de crear conciencia al sancionado de su responsabilidad, ante la sanción a cumplir y ante la sociedad, que exista una progresividad en su desenvolvimiento, en su entorno familiar y social, así como la obligación de cumplir a cabalidad la sentencia dictada en su contra por el delito cometido, en tal sentido, la finalidad y el objetivo se logra en la medida en que se alcance el desarrollo pleno de las capacidades del adolescente, siendo indicador de ese desarrollo la superación de las carencias detectadas durante la ejecución y del plan individual que según la ley debe ser diseñado conjuntamente con el sancionado, situación que se cumplió en el lugar donde se encuentra el joven actualmente, quedando evidenciado con un informe conductual. De conformidad con lo previsto en el artículo 621 de la Ley Orgánica para La Protección del Niño y del Adolescente, las medidas que se le imponen a los adolescentes infractores de la ley penal tienen una “finalidad primordialmente educativa”, finalidad esta que se alcanzo mediante el pleno desarrollo de sus capacidades y la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social, ahora bien el indicador de ese desarrollo es la superación de las carencias detectadas durante la elaboración del plan inicial. La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en acatamiento a lo establecido en el artículo 40 ordinal 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, crea un sistema sancionatorio propio establecido en el artículo 528 y desarrollado en el artículo 620 y siguientes, en el cual se establece que la sanción aplicable a los adolescentes declarados responsables de un hecho punible serán las medidas previstas en la citada Ley, medidas estas que van de menor a mayor grado de severidad, se explica por el mandato contemplado en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo precedentemente citado, por cuanto al interpretar dicha norma se infiere la preferencia del cumplimiento en libertad de las sanciones que se impongan con fundamento en dicha Convención. La finalidad de la sanción impuesta es la prevención específica de la delincuencia, puesto que lo que realmente se aspira es que no reincida, lograr una adecuada convivencia con el entorno social, respetando las normas y el derecho de los demás. Para ello fue necesario el concurso de técnicos para evaluar las áreas y los métodos de intervención y evaluar su progresividad, siendo en este caso favorable dicha opinión. Del mismo modo es necesario dotar al adolescente sancionado de herramientas necesarias e idóneas para que pueda vivir adecuadamente en sociedad, como en el caso que nos ocupa se le esta brindando una oportunidad de trabajo a los fines de que se reincorpore a la sociedad. En tal sentido se observa que la conducta del sub-judice es ejemplar gracias al apoyo familiar y al equipo multidisciplinario que permitió el abordaje de los factores y carencias que incidieron para que el adolescente asumiera esa conducta antijurídica, por la cual hoy cumple la sanción, considera este tribunal que la medida de privación de libertad por ahora debe ser mantenida y mas adelante debe ser sustituida por una menos gravosa, acorde con el desarrollo propio del joven sancionado, siendo la más adecuada la medida de Libertad Asistida y Reglas de Conducta previstas en los artículos 626 y 624 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se declara.