TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA- EXTENSION ACARIGUA

Acarigua, diecinueve (19) de marzo de 2.014

EXPEDIENTE Nº PP21-L-2008-000264.
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano LUIS ERNESTO CAÑAVERA, titular de la cédula de identidad número V- 15.341.017.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada MIRELL MEA DI GIOIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.748.
PARTE DEMANDADA: Sociedad mercantil INVERSIONES TARTEL, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, inserta bajo el N° 34, TOMO 1-A, de fecha 15 de marzo de 2.002.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: Abogada ANA JIMENEZ DE NUÑEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 8.878.
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I
DEL PROCEDIMIENTO

Inicia el presente procedimiento por interposición de demanda ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial Laboral en fecha 28 de abril de 2008 por el ciudadano Luís Ernesto Cañavera en contra de la sociedad mercantil Inversiones Tartel, C.A por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.
Una vez distribuido por la URDD le correspondió el conocimiento al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de este Circuito Judicial, el cual admitió la demanda conforme al artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en fecha 30 de abril de 2008, ordenándose la notificación de la demandada.
Así las cosas, una vez cumplidas las formalidades de ley, se dió inicio a la audiencia preliminar, acto procesal al cual comparecieron ambas partes, consignaron sus respectivos escritos de promoción de pruebas y por cuanto no lograron acuerdo alguno en la referida audiencia, así como tampoco en su respectiva prolongación, se dio por concluida en fecha 20 de noviembre de 2008, ordenando el Juez sustanciador agregar los medios probatorios aportados por las partes y la remisión del expediente al Juez de Juicio.
Continuando con el curso del procedimiento, la demandada dió contestación a la demanda en fecha 01 de diciembre de 2008 (folios 133 al 144 I pieza), remitiéndose de esta forma el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documento para que se distribuyera entre los Tribunales de Juicios que conforman este Circuito Laboral. Efectuada la distribución por el sistema Juris 2000, le correspondió el conocimiento a este Juzgado Segundo de Juicio, el cual una vez recibido en fecha 09 de diciembre de 2008 (f. 148 I pieza), admitió los medios probatorios que se consideraron legales y pertinentes, fijando la oportunidad para celebrar la audiencia de juicio para el día 12 de febrero de 2009, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 75 y 150 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual fue suspendida en varias oportunidades, siendo celebrada finalmente el día 16 de junio de 2009, etapa procesal a la cual comparecieron ambas partes, esgrimieron sus respectivas pretensiones y defensas, se evacuaron los medios probatorios admitidos por este Tribunal y se prolongó la misma para el 30 de junio de ese mismo año, a los fines de que se hiciera presente el accionante para efectuar su declaración de parte.
Ahora bien, en fecha 29 de junio de 2009 las profesionales del Derecho Mirell Mea y Elizabeth Pérez interpusieron diligencia mediante la cual renunciaron al poder que les fuere otorgado por el actor, para lo cual esta sentenciadora suspendió la continuación de la audiencia de juicio y ordenó la notificación del ciudadano Luís Cañavera de conformidad con lo previsto en el ordinal 2 del articulo 165 del Código de Procedimiento Civil, no lográndose la referida notificación por cuanto la dirección indicada en el libelo pertenece a sus Apoderadas Judiciales.
A tales efectos, este Juzgado a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y al debido proceso en fecha 05 de octubre del 2009 ofició al Consejo Nacional Electoral, a los fines de que remitiera dirección del actor, suministrando dicho Instituto la siguiente dirección: edo Portuguesa, Municipio Araure, Las Lagrimas, 23 y 24 quinta Anyvi, ordenándose practicar la notificación en la referida dirección el 12 de enero del 2010, no obstante, la misma no pudo ser practicada por el alguacil de este circuito laboral ya que dicho domicilio no existe.
Posteriormente, se ordenó oficiar al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), a los mismos fines, quien proveyó otra dirección ( calle b casa Nº 05, urbanización la guajira, municipio Páez, estado Portuguesa), domicilio en el cual se ordeno notificar al demandante, mas sin embargo esta actuación no pudo ser ejecutada por cuando la casa señalada se encuentra cerrada, tal como consta de devolución de boleta efectuada por el Alguacil Félix Quintana en fecha 29 de abril de 2010 (folio 82 II pieza).

II
DE LA ACCION INTERPUESTA

Del análisis efectuado por quien decide a las actas procesales que conforman el presente expediente, constata que dada la renuncia realizada por las profesionales del Derecho Mirell Mea y Elizabeth Pérez en fecha 29 de junio de 2009 al poder que les fuere otorgado por el ciudadano Luís Cañavera, a posteriori de la celebración del inicio de la audiencia oral y pública, este Tribunal efectuó todas las gestiones tendientes a los fines de lograr la notificación de la renuncia de dicho poder- tal como quedó evidenciado de la narrativa antes aludida- actuaciones éstas que resultaron infructuosas dado que no pudo lograrse dicha notificación.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el ordinal 2 del articulo 165 del Código de Procedimiento Civil, dicha renuncia no surtió efectos legales respecto a las demás partes contendientes en el presente proceso, en razón de la imposibilidad de notificación que surgió respecto al poderdante, continuando las mencionadas profesionales del Derecho ostentando la cualidad de Apoderadas Judiciales del ciudadano Luís Cañavera.
Así las cosas, siendo éste el escenario en el cual se desenvuelve el procedimiento que nos atañe, verifica quien suscribe que la última actuación que consta en el expediente realizada por las partes corresponde a dicha renuncia de fecha 29 de junio de 2009 y de este Tribunal en fecha 29 de abril de 2010 respecto a la devolución de la boleta de notificación que hiciere el Alguacil adscrito a este Circuito Judicial Laboral.
Bajo este mismo contexto, es menester para quien suscribe traer a colación el criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, la cual establece lo siguiente:

“(…) Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.
Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

1) El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.

2) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

3) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

4) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.
Por ello, el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma.
Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá.
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia (...).

La trascripción up supra es necesario concatenarla con las normas de índole legal previstas en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece:

Articulo 201 L.O.P.T: “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”. (Resaltado del Tribunal).

Así mismo, el artículo 202 del mismo cuerpo legal adjetivo establece:

Articulo 202 L.O.P.T: ... “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal. (Resaltado del Tribunal).

En base a las motivaciones que anteceden, resulta a todas luces evidente que hasta la presente fecha ha transcurrido con creces más de un (1) año, sin que las partes hayan realizado actividad alguna que de impulso al proceso, existiendo un evidente desinterés procesal, es por lo que este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASI SE DECIDE.-

III

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento incoado por el ciudadano LUIS ERNESTO CAÑAVERA, titular de la cédula de identidad número V- 15.341.017 en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES TARTEL, C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, inserta bajo el N° 34, TOMO 1-A, de fecha 15 de marzo de 2.002

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Portuguesa.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2.014).

LA JUEZ DE JUICIO LA SECRETARIA
ABOG. GISELA GRUBER ABOG. YRBERT ALVARADO

GEGM/Gabriela I.