REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDA DE LOS MUNCIPIOS TUREN, SANTA ROSALIA Y ESTELLER DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
SOLICITUD Nro. 668/2012
SOLICITANTES: JULIA DEL CARMEN ALVARADO DE FERNANDEZ y ALESI DEL CARMEN FERNANDEZ MEDINA.-
ABOGADO ASISTENTE: BLANCA HERRERA CASTILLO, INSCRITA EN EL INPREABOGADO BAJO EL NRO. 99.753.
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
(PERENCION DE LA INSTANCIA).
Se inicia el presente procedimiento en fecha 27 de Marzo de 2.013 mediante la interposición de procedimiento de DIVORCIO 1985-A por este anteriormente denominado Juzgado del Municipio Esteller del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, por parte de los ciudadanos: JULIA DEL CARMEN ALVARADO DE FERNANDEZ y ALESI DEL CARMEN FERNANDEZ MEDINA, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-4.202.255 y V-2.911.503, respectivamente, domiciliados la primera en la Carrera 04 casa Nro. 80-1, Urbanizacion Lucia Barrios de Piritu, Municipio Esteller del Estado Portuguesa, y el segundo en la Calle 03 casa Nro. 06, Urbanizacion Lucia Barrios de Piritu, Municipio Esteller del Estado Portuguesa, debidamente asistidos por la abogada BLANCA HERRERA CASTILLO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 99.753, fundamentando dicha acción en los hechos narrados en el escrito de la solicitud.
Por auto de fecha 28 de Marzo de 2.012 se le da entrada en los libros respectivos, quedando anotado bajo el Nro. 668/2012.-
Por auto de fecha 30 de Marzo de 2.012, Se dicta auto saneador, donde una vez cumplidas las formalidades de ley, se acurda continuar con el curso legal de la solicitud.-
Con estos antecedes, este órgano jurisdiccional pasa a decidir en base a las siguientes consideraciones:
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el procedimiento se encuentra paralizado desde el día 30 de marzo de 2.012, fecha esta en la que se dicto auto saneador en la presente solicitud de DIVORCIO 185-A, habiendo transcurrido hasta la presente fecha un (01) año y siete (07) meses con catorce (14) días sin que los ciudadanos: JULIA DEL CARMEN ALVARADO DE FERNANDEZ y ALESI DEL CARMEN FERNANDEZ MEDINA , hayan compadecido por ante este Tribunal ni por sí ni por medio de apoderado judicial, a los fines de manifestar interés alguno, conforme a las cargas procesales que les impone la ley procesal civil, discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional final por el cual se accionó el aparato judicial, con lo cual se evidencia un marcado desinterés de los solicitantes en el derecho requerido, conforme al principio dispositivo establecido en el artículo 11 de la ley civil adjetiva.
En tal sentido establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 1º que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención…”. Así mismo el artículo 269 ejusdem indica:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.
En este sentido la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 03 de junio de 1998, caso José Jesús Gabaldón contra Diómedes Méndez, posteriormente ratificada en varias decisiones, dejó sentado el criterio de que en la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil el término “instancia” es utilizado como impulso; el proceso se inicia de parte y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción; al no estimularse la actividad del Tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.
Así mimo, la doctrina ha establecido que el fundamento de la perención es que el Estado después de un período prolongado de inactividad procesal entiende que debe liberar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer demandas y solicitudes y de todas las actividades derivadas de la relación procesal, pues de esa prolongada inactividad nace la presunción de la voluntad misma de las partes de abandonar la instancia, siendo siempre esta presunción utilitatis causa, convertida por el legislador en una presunción absoluta, iuris et de iuris, por la cual el derecho de proseguir el juicio abandonado queda extinguido.
El autor argentino Hugo Alsina, explica la institución de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial de la siguiente manera:
“…El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no solo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el solo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la Ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimido, destruir, anular; instancia, impulso obrar en juicio)…
Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácticamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
En razón de lo antes expuesto y aplicando los principios de esta institución al caso de autos, siendo que desde el día 30 de Marzo de 2.012 -fecha ésta en la que se ordeno subsanar a solicitud de DIVORCIO 185-A y se ordenó la citación del Fiscal del Ministerio Público competente, hasta la presente fecha ha transcurrido un (01) año y siete (07) meses con catorce (14) días, de inactividad procesal sin que los solicitantes JULIA DEL CARMEN ALVARADO DE FERNANDEZ y ALESI DEL CARMEN FERNANDEZ MEDINA, de manera conjunta o separadamente hayan realizado actuación alguna para que efectivamente se de cumplimiento al procedimiento iniciado por éstos, con lo cual se ha comprobado el supuesto previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y un marcado desinterés procesal de los solicitantes en el derecho tutelado por el Estado, siendo lo procedente en derecho declarar de oficio la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y en consecuencia extinguida la misma de conformidad con el contenido de las normas transcritas ut supra. Así se decide.
D E C I S I O N
Por las razones que quedaron expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDA DE LOS MUNCIPIOS TUREN, SANTA ROSALIA Y ESTELLER DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y en consecuencia extinguida la misma en el procedimiento de DIVORCIO 185-A incoado por los ciudadanos JULIA DEL CARMEN ALVARADO DE FERNANDEZ y ALESI DEL CARMEN FERNANDEZ MEDINA, titulares de las cédulas de identidad Nº V-4.202.255 y V-2.911.503 respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 11, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem.
Publíquese, regístrese. Déjese copia certificada del presente fallo en el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDA DE LOS MUNCIPIOS TUREN, SANTA ROSALIA Y ESTELLER DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los Trece (13) días del mes Noviembre de Dos Mil Catorce (2.014). Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.
El JUEZ
ABG. MIGUEL RAFAEL QUIÑONEZ GONZALEZ
LA SECRETARIA TEMPORAL ,
ABG. LEIDIS DEL C. LAMEDA JIMENEZ
En la misma fecha se publicó la presente decisión, siendo las NUEVE de la mañana (09:00 a.m.). Conste.
SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. LEIDIS DEL C. LAMEDA JIMENEZ
MRQG/llj
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