TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Circuito Laboral del estado Portuguesa, sede Acarigua
Acarigua, seis de abril de dos mil quince
204º y 156º

ASUNTO: PP21-N-2014-000010

RECURRENTE: NELSON BASTIDA TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761.

RECURRIDO: Inspectoría del Trabajo de Acarigua Estado Portuguesa.

MOTIVO: Recurso de nulidad contra providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014, ejercido con medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo.

DETERMINACIÓN PRELIMINAR
DE LA CAUSA
Secuela procedimental

Dimana de actas procesales que en fecha 08 de mayo del 2014 (F. 02), fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) Recurso de nulidad con amparo cautelar y subsidiariamente medida de suspensión de los efectos del acto administrativo, intentado por el ciudadano NELSON BASTIDA TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761., debidamente asistido en este acto por la abogado LISBETH CAROLINA VARGAS LOPEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 90108, contra la providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014, proferida por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA, la cual una vez efectuada la distribución correspondiente, fue asignada para su trámite al Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, quien le dio por recibido el 12/05/2014.
De seguida en fecha 15/05/2014 (F. 02 al 19 2da pza), estando esté Juzgado dentro del lapso legal correspondiente, procedió a admitir el presente recurso de nulidad, ordenando se libraran las notificaciones conducentes. Todo ello de acuerdo a la competencia otorgada para conocer de las acciones de nulidad contra actos administrativos emanados de la Inspectoría del Trabajo. Competencia que fue conferida a este tribunal con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010 en donde se determinó la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, específicamente en el numeral 3 de su artículo 25 el cual de seguidas se cita:
“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
(…omissis…)” (Fin de la cita, subrayado de esta instancia).

Criterio éste que fue ratificado mediante decisión Nº 955, de fecha 23/09/2010, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado FRANCISCO A. CARRASQUERO LÓPEZ.

Así pues, visto que la parte recurrente solicitó conjuntamente con el recurso de nulidad amparo cautelar y medida de suspensión de efectos del acto administrativo, una vez realizada por esta instancia una revisión exhaustiva de las documentales consignadas adjuntas al escrito que generó la presente acción constato, que aun cuando en el encabezado de su escrito libelar expuso el recurrente textualmente, cito:
“…a los fines de interponer RECURSOS DE NULIDAD CON AMPARO CAUTELAR Y SUBSIDIARIAMENTE MEDIDA DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, en contra de la Providencia Administrativa por ilegalidad contra la Providencia Administrativa numero: 279-2014 de fecha 31 de marzo del año 2014 …” (Fin de la cita textual).
Y observando esta juzgadora que dentro de todo lo peticionado, no se vislumbra fundamentación alguna con respecto a la acción de amparo cautelar, se considera inoficioso pronunciarse sobre una acción no solicitada y así se decide.

De igual forma, siendo que la parte recurrente solicitó medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo, este tribunal una vez observados los alegatos del recurrente, así como las documentales cursantes en autos, no constato elemento alguno capaz de crear convicción acerca del daño irreparable o de difícil reparación que argumento el recurrente, se le estaría ocasionando en caso de no suspenderse los efectos del acto, en tal sentido, en virtud de no haberse cumplido con los extremos requeridos se declaró IMPROCEDENTE la referida medida de suspensión de la providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014.

Ahora bien, dada la importancia de las notificaciones ordenadas que fueron cumplidas en actas procesales y que marcan la pauta para la celebración de la audiencia oral y pública de Juicio de conformidad con el Artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa., considera esta juzgadora oportuno, dejar sentado cada una de las notificaciones efectuadas; en cuanto a la notificación del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, la misma se ordenó conforme a lo dispuesto en el artículo 9, numeral tercero y 82 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como en atención a los artículos 78 numeral segundo concatenado con el 37 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, mas dos (02) días como termino de la distancia conforme al artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, consta fue cumplida en actas procesales a los folios 27, 28 y 33., en cuanto a la notificación del FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA la misma se ordenó de conformidad con el Artículo 78 numeral segundo de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y consta fue cumplida en actas procesales a los folios 29, 30 y 35., en cuanto a la notificación de la INSPECTORA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA la misma se ordenó de conformidad con el Artículo 78 numeral primero de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, consta fue cumplida en actas procesales a los folios 24, 25 y 41.

En cuanto a los “terceros interesados”; en el caso de las demandas de nulidad contra actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, ha sido opinión de las Cortes de lo Contencioso Administrativo sobre este punto, incluirlos en el procedimiento como “terceros verdaderas partes”.
La Jurisprudencia ha venido desarrollando las diferencias entre lo que se puede entender por el tercero interesado, que participa como un coadyuvante de una de las partes del juicio, y el “terceros verdadera parte” quien en el iter del procedimiento defenderá sus propios derechos y se verá directamente afectado por las resultas del juicio.
Sobre este particular esta instancia se pliega al criterio plasmado en sentencia de la Sala Político-Administrativa, Nº 373 de fecha 19/03/2009.

En la presente causa se observa que consta al folio 39 de la 2da pza., la notificación de la empresa CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A., quien fue llamado como tercero interesado por esta Juzgadora a tenor de lo preceptuado en el artículo 33, numeral 2º concatenado con el artículo 78 numeral 3º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Así pues, una vez practicadas todas las notificaciones ordenadas en el auto de admisión del recurso y fenecido el lapso de quince (15) días hábiles otorgados al PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, este Tribunal procedió dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a fijar por auto expreso (F. 51 2da pza) la fecha en que se celebraría la audiencia oral y pública de juicio, quedando establecida para el día 02/12/2014, fecha en que efectivamente se realizo.

En este estadio, es necesario indicar, que si bien es cierto consta en actas procesales copias certificadas del expediente administrativo N° 001-2013-01-01309, el cual fue consignado como medio de prueba por la hoy recurrente, no obstante, este Tribunal requirió mediante oficio PH22OF02014000366 de fecha 16/05/2014, a la Inspectoría del Trabajo sede Acarigua, los respectivos antecedentes administrativos, los cuales no fueron suministrados, por lo que surge pertinente invocar 3sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 0487 de fecha 23 de febrero de 2006 señaló:

”…el expediente administrativo está constituido por el conjunto de actuaciones previas que están dirigidas a formar la voluntad administrativa, y deviene en la prueba documental que sustenta la decisión de la Administración. Por tanto, sólo a ésta le correspondía la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante. Omissis

En este sentido, se insiste en que la remisión de los antecedentes administrativos es una carga procesal de la Administración, cuya omisión puede acarrear consecuencias negativas para ésta como parte que es en el proceso, pues no puede el juzgador apreciar en todo su valor el procedimiento administrativo, así como tampoco las razones de hecho y de derecho que fundamentaron la decisión”. (Fin de la cita).

Llegada la oportunidad para la realización de la audiencia de juicio, se dejo constancia de la comparecencia de la parte recurrente ciudadano NELSON BASTIDAS TORREALBA, titular de la cédula de identidad número V-24.588.761, debidamente asistido por la abogada LISBETH CAROLINA VARGAS LOPEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 90.108. Dejándose constancia de igual forma, de la comparecencia del TERCERO INTERESADO sociedad mercantil CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA por medio de su apoderado judicial abogado LUIS JOSÉ LEON inscrito en el Inpreabogado bajo el número 135.383, quien presento en ese acto copias simples de poder donde consta su representación, de igual forma se dejo constancia de la incomparecencia de la INSPECTORA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA SEDE ACARIGUA. Realizando la abogado asistente del recurrente en el referido acto, una exposición oral indicando los fundamentos de su petición e invocando la errónea interpretación por parte del órgano administrativo del artículo 64 de la LOTTT, y la omisión por parte de la Inspectoría sobre la tacha de testigo efectuado y la no aplicación de las consecuencias jurídicas por la no exhibición por parte de la empresa de las documentales solicitadas. Consignando la parte recurrente escrito constante de doce (12) folios útiles y 11 anexos, ratificando además las actas procesales que fueron acompañados con el recurso.

De igual forma, se le otorgó el derecho de palabra al apoderado judicial del tercero interesado, quien esbozó en forma sucinta sus alegatos indicando que los vicios alegados por la parte recurrente son improcedentes, rechazando cada uno de éstos, resaltando finalmente que el procedimiento efectuado en la Inspectoría del Trabajo está perfectamente ajustado a derecho y en consecuencia el acto administrativo. Así mismo, se dejó expresa constancia que el tercero interesado no presentó escrito alguno.

Una vez fenecido el lapso de evacuación de pruebas a tenor de lo establecido en el Artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, comenzó a transcurrir el lapso para la presentación de informes, siendo consignado el mismo solo por la parte recurrente, agregados a los folios 85 al 87 de la 2da pza.

Subsiguientemente este Tribunal dicto auto fijando la causa para sentenciar según lo establecido en el Artículo 86 ejusdem (F. 90 de la 2da pza.).

DE LOS HECHOS ARGUMENTADOS
POR EL RECURRENTE

- Refirió que en fecha 25 de Noviembre del año 2013, solicitó ante la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua estado portuguesa, Ministerio Del Poder Popular Para El Trabajo Y La Seguridad Social, El Reenganche Y Pago De Salarios Caídos, en contra de la empresa CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A., por el hecho de haber sido despedido de manera injustificada en fecha 21 de Noviembre del año 2013, puesto que venia desempeñando sus labores desde el día 09 de mayo del año 2013, de forma continua e ininterrumpida en el cargo de AYUDANTE DE MECANICA, cumpliendo un horario de trabajo de lunes a domingo de forma rotativa y con dos días de descanso de forma continua, encontrándose amparado por la inamovilidad laboral prevista en el articulo 420 literal 2, de la Ley Orgánica Del Trabajo Los Trabajadores Y Las Trabajadoras, siendo este un fuero especialísimo como lo es el fuero paternal, concatenado con la inamovilidad laboral vigente para la fecha y los artículos 94, 418, 425 Ley Orgánica Del Trabajo Los Trabajadores Y Las Trabajadoras, (subsiguiente LOTTT), asimismo el decreto presidencial Nº 8732 de fecha 24 de diciembre del año 2011, publicado en gaceta oficial 39.828, del fecha 26 de diciembre del año 2011, reiterado y oficializado en el decreto N° 9322, vigente hasta el 31 Diciembre del año 2013.

- Argumentó en cuanto a la copia del contrato por obra determinada, que el mismo violenta el articulo 64 de la LOTTT, toda vez que dicho contrato no encuadra con los requisitos de ley, haciendo énfasis en la violación a la ley y el hecho fraudulento de simular una relación laboral bajo la figura de un contrato que no se ajusta a derecho y no cumple con los artículos 59, 63 y 64 de la Ley Orgánica Del Trabajo Los Trabajadores Y Las Trabajadoras. Impugnando el contenido del referido contrato, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 89 de la carta magna, ya que es nulo.
- Mencionó desconocer las copias presentadas como culminación de obra o notificación a la inspectora del trabajo y procuraduría, en primer lugar porque no es un documento público y en segundo lugar porque la inspectora del trabajo no puede dar fe de la notificación efectuada toda vez que no está presente en la presunta culminación de obra al contrario se notifica de la salida de más de 100 trabajadores de la entidad trabajo los cuales también debían ser resguardado en sus derechos laborales.

- Indicó que el órgano administrativo estimó la existencia de una relación laboral a tiempo determinado sin evaluar los medios probatorios interpuesto por el actor en la causa, toda vez que la accionada manifestó que la relación laboral se presento por medio de un contrato de trabajo a tiempo determinado como se desprende del expediente administrativo; contrato que fueron atacados por la parte actora durante el acto de promoción de pruebas.

- Refirió que la inspectora le da pleno valor probatorio a las declaraciones de los testigos, que fueron tachados según lo estipulado en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, ya que las referidas declaraciones fueron realizadas fuera del lapso legal estableció.

- Argumentó que el órgano administrativo, valoró un hecho inexistente, partiendo de un hecho que no fue debidamente demostrado por la accionada quien poseía la carga probatoria, sacando elementos probatorios que tampoco existieron porque fueron debidamente desvirtuados y las consecuencias jurídicas son otras; indicando así mismo, que la mala interpretación de las normas no permitieron ajustar la decisión a derecho, violentando así los principios de INDUBIO PRO OPERARIO Y PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS.

DE LA PRETENSION DEL RECURSO DE NULIDAD

Mediante el presente recurso se pretende intentar la nulidad contra un acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia administrativa contra la providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014, dictada por la Inspectora del Trabajo Jefe, de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa que declaro SIN LUGAR EL REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS interpuesta por el ciudadano NELSON RAMON BASTIDAS TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761.
Manifestando el hoy recurrente, en el escrito recursivo una serie de vicios, los cuales pasa a dividir y analizar esta instancia puntualizando lo siguiente:
1. Denunció VICIO EN LA BASE LEGAL (ILEGALIDAD), manifestando que en el caso específico se logra desprender de la decisión la mala interpretación de los siguientes artículos, primeramente el 64, 425 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS, 429, 444 al 449 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTE, el artículo 82 de la LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO, articulo 202 del CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, indicando que al no hacer referencia el ente administrativo de los actos procesales suscitados durante el procedimiento administrativo en la resolución, se está en presencia de la ausencia de base legal; lo cual puede ocurrir cuando el órgano que emite el acto interpreta erradamente determinada norma jurídica, es decir, la aplica mal o cuando simplemente no la aplique estableciendo con ello un silencio administrativo.

2. Delató en cuanto al VICIO DEL PRINCIPIO DE GLOBALIDAD DE LA DECISIÓN; que la inspectoría no resolvió los hechos establecidos por la parte actora en la solicitud de reenganche, pues le otorgo pleno valor probatorio al contrato de trabajo sin analizar el fondo del mismo, según los supuestos de ley estipulados en el artículo 64 de la LOTTT, indicando que el contrato por obra determinada, bajo la premisa del articulo 63 sin determinar si se ajustaba a los supuestos del articulo 64 de la mencionada ley aunado al hecho que no se pronunció con respecto a la impugnación de estas documentales en especial. Con respecto al vicio de forma del acto, indico que sostiene la inspectora del trabajo que al haber quedado demostrado que la obra para la cual presto servicios el ciudadano actor culminó completamente, por tal razón no se materializó despido alguno, aunado al hecho que la controversia radica, según para la fecha, por no hacer aporte a lo controvertido, pero en la contestación de la expone la recurrente, en el fuero paternal que posee el actor y, por lo que considera el recurrente, debió valorarse conforme a derecho por la ciudadana inspectora desestimo la unión de hecho con la concubina y madre de su hijo en gestación de 7 meses accionada claramente se estableció como controversia el fuero paternal considerar se encuentra amparado por fuero paternal, incurriendo en violación del principio globalidad de la decisión.

3. Argumentó en cuanto al VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO delatado, que el Inspector del Trabajo no valoró una prueba fundamental presentada por el hoy recurrente, lo que deviene a su decir, en errónea apreciación de los hechos que dieron origen a la solicitud presentada en sede administrativa, como lo es las documentales que demuestran su fuero paternal y la mala interpretación de los artículos 63 y 64 de la LOTTT.

4. Reveló en cuanto al VICIO EN LA MOTIVACION, que la providencia se encuentra viciada de nulidad absoluta habida cuenta que la ciudadana Inspectora del Trabajo en el cuerpo de la misma no señala los fundamentos de hechos y de derechos en los que se sustenta su decisión en relación a lo argumentado y probado por el accionante como lo es el despido sin justa causa por parte de su patrono, exponiendo solo que existe un contrato de trabajo el cual no es analizado bajo la luz de las normas laborales.

VALORACION DEL MATERIAL PROBATORIO APORTADO ANTE ESTA INSTANCIA.

Probanzas adjuntas al escrito libelar:

1) Copias Certificadas de expediente Nº 001-2013-01-01309, de la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa, sede Acarigua. Providencia Administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014 (F. 39-232).

De esta documental pública administrativa se desprende toda la secuela procedimental llevada ante la Inspectoría del Trabajo, la cual será empleada en su totalidad por esta Juzgadora para pronunciarse sobre cada una de las delaciones opuestas por la parte recurrente en nulidad; y así se establece.

2) Boleta de notificación de la emisión de la providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014 al ciudadano NELSON BASTIDAS TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761. (F.233).

De la referida documental se evidencia que la parte, fue notificada en fecha 01/04/2014 de la Providencia Administrativa N° 279-2014 de fecha 31 de marzo de 2014 emitida por la Inspectora del Trabajo; y así se aprecia.

3) Providencia Administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014 (F. 234-244).

Documental pública administrativa que evidencia la emisión de acto administrativo Nº 279-2014, de fecha 31/03/2014, por parte de la Inspectoría del Trabajo Sede Acarigua Estado Portuguesa, siendo el accionante el ciudadano NELSON BASTIDA TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761., y la accionada CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A., por motivo de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y demás beneficios dejados de percibir, donde se declaró SIN LUGAR la solicitud incoada por el accionante; y así se aprecia.
Probanzas promovidas en el escrito de promoción consignado durante la audiencia de Juicio:

4) Marcada “A”, Copia Certificada de la Providencia Administrativa Nº 0111-2013, Expediente Administrativo Nº 001-2012-01-01144 de fecha 06/05/2013 del ciudadano JUAN JOSE RIVERO, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.414.207. (F. 73-83).
Dado que de la referida documental se evidencia que la misma versa sobre una persona que no forma parte en esta causa, la misma se desecha; y así se aprecia.
PRUEBAS APORTADAS POR EL RECURRIDO.
No se promovieron pruebas por parte del Inspector del Trabajo, tal como consta en Acta de Audiencia de Recurso de Nulidad de Acto Administrativo de fecha 02/12/2014 inserta al folio 54 de la 2da pieza del presente expediente. Es todo.

PRUEBAS APORTADAS POR EL TERCERO INTERESADO.
No se promovieron pruebas por parte del Tercero Interesado, , tal como consta en Acta de Audiencia de Recurso de Nulidad de Acto Administrativo de fecha 02/12/2014 inserta al folio 54 de la 2da pieza del presente expediente. Es todo.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a este Juzgado Laboral con competencia contencioso administrativa, pronunciarse sobre la acción de nulidad sometida a su conocimiento, y en tal sentido observa que en el caso de autos, la Inspectoría del Trabajo de Acarigua estado Portuguesa, dictó Providencia Administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014, mediante la cual declaro SIN LUGAR la solicitud de Reenganche y Pago de Salarios Caídos y demás beneficios dejados de percibir, interpuesto por el ciudadano NELSON BASTIDA TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761., contra la empresa CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A.

Al efecto, indica esta Juzgadora, que los actos administrativos son inválidos y pueden ser anulados por violación del ordenamiento jurídico que rige la actuación administrativa, es decir, por violación de alguna de las fuentes del derecho administrativo, bien sea por inconstitucionalidad – porque el acto viole la constitución- o por ilegalidad porque el acto vulnere una ley o un cuerpo normativo de rango legal o sub legal, tal como lo prevé el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, mientras que, son anulables cuando no contengan los vicios de nulidad absoluta, tal como lo prevé el artículo 20 de la mencionada Ley.

Así las cosas, entra el Tribunal a resolver lo concerniente a las denuncias realizadas por la hoy recurrente, siendo que la misma pretende la nulidad absoluta de la Providencia Administrativa, indicando que adolece de los vicios de VICIO EN LA BASE LEGAL (ILEGALIDAD), VICIO DEL PRINCIPIO DE GLOBALIDAD DE LA DECISIÓN, VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO y VICIO EN LA MOTIVACION.

Al respecto, es importante destacar, que el vicio de falso supuesto de hecho se concreta cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado, lo cual acarrea la anulabilidad del acto; tal y como quedó establecido tanto en sentencia publicada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de julio de 2007, con Ponencia del Magistrado Dr. Emiro García Rosas; como en la precitada sentencia N° 1218 publicada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09/11/2012, con Ponencia del Magistrado Dr. Omar Mora Díaz.

De igual forma Henrique Meier, define el falso supuesto como “cuando la Administración autora del acto fundamenta su decisión en hechos o acontecimientos que nunca ocurrieron o que de haber ocurrido lo fue de manea diferente a aquella que el órgano aprecia o dice apreciar.” Teoría de las Nulidades en el Derecho Administrativo, Editorial Juridica Alva S.R.L, Caracas, 2001 página 355.

Exponiendo la parte recurrente en cuanto al VICIO DEL FALSO SUPUESTO DE HECHO, que el Inspector del Trabajo no valoró una prueba fundamental presentada, lo que deviene a su decir, en errónea apreciación de los hechos que dieron origen a la solicitud presentada en sede administrativa, como lo son las documentales que demuestran su fuero paternal y la mala interpretación de los artículos 63 y 64 de la LOTTT. Fuero Paternal a la cual hace referencia la parte recurrente al iniciar sus alegatos, indicando que al momento en que fue despedido de manera injustificada se encontraba amparado por la inamovilidad laboral prevista en el artículo 420 literal 2, de la Ley Orgánica Del Trabajo Los Trabajadores Y Las Trabajadoras, siendo este un fuero especialísimo como lo es el fuero paternal, concatenado con la inamovilidad laboral vigente para la fecha y los artículos 94, 418, 425 Ley Orgánica Del Trabajo Los Trabajadores Y Las Trabajadoras, (subsiguiente LOTTT), asimismo el decreto presidencial Nº 8732 de fecha 24 de diciembre del año 2011, publicado en gaceta oficial 39.828, del fecha 26 de diciembre del año 2011, reiterado y oficializado en el decreto N° 9322, vigente hasta el 31 Diciembre del año 2013.

En este sentido una vez revisado el Expediente Administrativo se evidencia de los folios 68 al 73 y 91 de la 1ra pza., las documentales a las que hace referencia el recurrente, de las cuales se detallan que efectivamente su concubina se encontraba en estado de gravidez, presentando el 10/10/2013 un embarazo de veintinueve (29) semanas. De igual forma, también se observa de la documental inserta a los folios 39 y 40 de la 1ra pza., que el ciudadano recurrente alega el Fuero Paternal al momento de interponer su denuncia ante la Inspectoría del Trabajo. Detallándose así mismo, del Contrato por Obra Determinada (REPARACION 2013) que el mismo fue suscrito en fecha en fecha 09/05/2013 (f. 99-103 1ra pza) y que culmino el 21/11/2013 tal como lo alega la empresa CENTRAL AZUCARERO PORTUGUESA, C.A., en el Acta de Procedimiento de Ejecución de Reenganche en fecha 24/01/2014 (f. 94-98 1ra pza). Así las cosas, también detalla esta juzgadora de la Providencia Administrativa N° 279-2014 de fecha 31-03-2014 (f 221 al 231 1ra pza), que la Inspectora del Trabajo no hace mención alguna al fuero paternal que alega la parte recurrente.

Visto lo delatado por la parte recurrente, en cuanto a su fuero paternal, considera importante indicar quien juzga, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció en sus artículos 75 y 76, un régimen protección de los derechos de la familia, el cual comprende la asistencia integral a cada uno de sus miembros que la componen, considerando a la maternidad y a la paternidad bajo una posición preponderante, cuya defensa, y protección iusfundamental, dada la condición de derecho constitucional de las pretensiones a la protección por parte del Estado, se ha convertido en un objetivo compartido por los Órganos que ejercen el Poder Público, y uno de los fines del Estado Social de derecho y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Aunado a lo anterior, es significativo también destacar, que la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, en desarrollo de los preceptos constitucionales antes señalados, consagró en su artículo 8 la figura del fuero paternal.

Como consecuencia de lo antes expuesto, existen importantes pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tal como la Sentencia Número 609 de fecha 10 de junio de 2010 caso: Ingemar Leonardo Arocha Rizales, mediante la cual se interpretó el contenido del citado artículo 8 de la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, estableciéndose lo siguiente: “…situaciones como la de autos, sin duda, afectan negativamente al grupo familiar por la pérdida del empleo del padre, quien es corresponsable de manera compartida e igualitaria, por mandato constitucional, en la satisfacción de las necesidades básicas de los suyos. En efecto, el despido del padre, causa un desajuste en los ingresos familiares con los cuales se debe contribuir al pago de los gastos básicos y necesarios para el sustento familiar…”.

En ese sentido, es menester señalar que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabadores y Trabajadoras, se amplía mucho más el derecho constitucional de la protección a la familia de conformidad a los establecido en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto por cuanto la familia constituye el núcleo central para la formación de la sociedad en virtud del cumplimiento a seguir del cometido del Estado venezolano como una sociedad de derecho social y de justicia, respectivamente.
De igual forma, es menester resaltar el criterio sentado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, recaída en el expediente N° 13-0745 en fecha 29 de noviembre de 2013, conociendo por recurso de revisión la sentencia N° 2008-0828 dictada por esta Corte en fecha 28 de mayo de 2012, (caso: Magdalena Símbolo), relativo a la protección al fuero maternal extensivo al fuero paternal, el cual es del siguiente tenor:
“Efectivamente, si la trabajadora se encontraba amparada por el fuero maternal, el acto de su remoción resulta viciado y, por ende, mal podría tener una eficacia diferida hasta un año después, cuando hubiere cesado la inamovilidad por fuero maternal; y ello es así, por cuanto el acto por el cual se remueve de su cargo a una funcionaria protegida por fuero maternal, contraría normas constitucionales (artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y legales (artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo entonces vigente), y por tanto está viciado de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y de ser anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa, retrotrae la situación del administrado al momento previo de la emisión de dicho acto írrito, que en este caso sería la reincorporación de la funcionaria al cargo del cual fue removida y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir hasta la fecha de su efectiva reincorporación.
(…Omissis…)
En efecto, para toda remoción de cualquier cargo o puesto de trabajo se debe esperar que culmine el estado de gravidez y se hayan extinguido los correspondientes permisos pre y post-natal. En otras palabras, la desvinculación del servicio debe posponerse por el lapso que falte del embarazo y una vez verificado el agotamiento de los permisos que la legislación especial prevé, caso contrario la remoción es ilegal y se estaría atentando contra el postulado de los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; lo cual ocurrió en el caso de marras, ya que en el presente caso se evidencia que la recurrente se encontraba en período de inamovilidad para el momento en que la Administración dictó el acto de remoción, pues si bien el cargo que desempeñaba era de libre nombramiento y remoción (Secretaria del Tribunal) gozaba de la protección que establecen los artículos supra mencionados de la Carta Magna, pues aún estaba en vigencia el año de inamovilidad que establecía el entonces aplicable artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo” (Resaltado de esta Corte).
De las sentencias parcialmente transcritas, puede denotarse entonces claramente, la equiparación entre las figuras del fuero maternal y fuero paternal, esto como consecuencia de que ambas figuras responden a la misma situación fáctica, es decir, la protección integral de la familia; dado lo anterior, dichas figuras tienen que reciben un tratamiento similar y, por lo tanto, ambas poseen un marco jurídico análogo, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho constitucional a la igualdad.
En consecuencia, la Sala Constitucional determinó que en coherencia con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo respecto a la inamovilidad por fuero maternal, se debe entender que la inamovilidad por fuero paternal comienza desde el momento de la concepción.
Así pues, dado que el fuero paternal protege en términos muy similares tanto a la madre como al padre, en cuanto al ámbito de estabilidad, en virtud de la protección que dan los fueros a la familia y al interés superior del niño maternal y paternal, otorgándoles a ambos padres la igualdad de condiciones de inamovilidad desde el momento de la concepción y hasta dos (2) años después de nacido el neonato, y siendo que esta juzgadora una vez analizadas las documentales cursantes en autos, constato que el ente administrativo no se pronunció en cuanto a lo referido al fuero paternal, lo cual violenta la protección paternal del recurrente, en virtud de que la referida protección se ha convertido en un objetivo compartido por los órganos que ejercen el Poder Público, y uno de los fines del Estado Social de derecho y de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela por la condición iusfundamental, que le ha dado el estado., es por lo que se determina la existencia del delatado vicio; y así se decide.
De tal manera, una vez estudiados y comprobados los vicios que adolece la recurrida providencia administrativa, la cual conlleva a quien juzga forzosamente a declarar la nulidad absoluta de la misma, se hace inoficioso pronunciarse sobre todos los restantes vicios delatados por el recurrente y así se decide.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el NELSON BASTIDA TORREALBA, titular de la cédula de identidad Nº V- 24.588.761., contra la providencia administrativa Nº 279-2014 de fecha 31/03/2014.

SEGUNDO: Se ordena la notificación al PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, conforme al artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

TERCERO: Se ordena la notificación a la INSPECTORA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA DEL ESTADO PORTUGUESA., según criterio del Tribunal Superior en la causa Nº PP01-12-2013-116.

La Juez

Abg. Lisbeys M. Rojas M.
La Secretaria

Abg. Naydali Jaimes

En igual fecha y siendo las 10:10 a.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000, así cómo su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.

La Secretaria,

Abg. Naydali Jaimes

LMRM/ Romi.