REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO LABORAL DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE ACARIGUA.
Acarigua, nueve (09) de abril de dos mil quince (2015).
204º y 156º

EXPEDIENTE Nº PP21-N-2011-000019.
PARTE RECURRENTE: Ciudadano KLEIBERT ALEXANDER GOMEZ RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 15.492.972.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA.
MOTIVO: Recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la providencia Nº 020-2011, de fecha 11 de enero de 2011.
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I
DEL PROCEDIMIENTO


En fecha 20 de julio del 2011, esta instancia dió por recibido el expediente proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo, contentivo de recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por el ciudadano KLEIBERT ALEXANDER GOMEZ RODRIGUEZ en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA; dada la inhibición propuesta por la Juez que regentaba el referido Juzgado, la cual fue declarada con lugar por el Tribunal de Alzada.
En tal sentido, esta juzgadora una vez recibido el expediente se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando las respectivas notificaciones a la parte hoy recurrente y al órgano emisor del acto que se pretende impugnar, las cuales una vez logradas y vencido el lapso establecido en el articulo 90 del Código de Procedimiento Civil, se reanudó la causa al estado en que se encontraba.
A tales efectos, esta sentenciadora mediante auto proferido en fecha 13 de marzo de 2012 se declaró competente para conocer el presente asunto y conforme al articulo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa ordenó librar notificaciones al Procurador General de la Republica, al Fiscal General de la Republica, al Inspector del Trabajo de la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa y a la sociedad mercantil Industrias Químicas Portuguesa, S.A (INQUIPORT) como tercero interesado.
No obstante, pese a que la notificación al Procurador General de la republica, al Inspector del Trabajo y al tercero interesado resultaron fructíferas, se constata que la ultima actuación efectuada en el caso de autos por el recurrente tuvo lugar en fecha 01 de agosto de 2012, referente a solicitud de copias simples.

II

DE LA ACCION INTERPUESTA


Del análisis efectuado por quien decide a las actas procesales que conforman el presente expediente, constata esta sentenciadora que de manera tempestiva y en apego al debido proceso ordenó la notificación de ambas partes respecto a su abocamiento a la presente causa, librándose las boletas de notificación correspondientes, siendo ambas partes efectivamente notificadas.
No obstante a lo anterior, nótese como esta juzgadora se declara competente para conocer de la presente acción y libra las notificaciones respectivas conforme al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin embargo, pese a que la notificación al Procurador General de la republica, al Inspector del Trabajo y al tercero interesado resultaron fructíferas, se constata que la ultima actuación efectuada en el caso de autos por el recurrente tuvo lugar en fecha 01 de agosto de 2012, referente a solicitud de copias simples.
Así las cosas, siendo que la institución de la perención tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes activar el proceso, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla, debe establecerse que la perención se encuentra así determinada por tres (3) condiciones esenciales: una objetiva, circunscrita a la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales por parte del accionante, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año.

La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia, lo cual se hace evidente que el espíritu del legislador al estatuir la institución de la perención de la instancia fue evitar con fundamento en la necesidad social de Administración de Justicia, la litigiosidad perse, es decir, evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de pleno derecho y aún de oficio.
En este orden de ideas, debe imperiosamente traerse a colación el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual expresa que el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo bien de oficio o a instancia de parte; ahora bien al concatenarla con el artículo 30 de la mencionada norma, se evidencia que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio cuando la ley lo autorice. En otras palabras, sólo conocerán y actuarán de oficio en aquellos casos en que exista una disposición expresa de ley que faculte tal proceder ó cuando de los hechos denunciados pudiese vulnerarse el orden público constitucional y que trasciendan de los intereses particulares pudiendo afectar a una colectividad o interés general, tal como lo ha plasmado nuestra sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, circunstancias que no concurren en el caso en estudio.
Bajo este mismo contexto, dispone la norma de índole legal prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo siguiente:

Artículo 41.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.

En el caso de marras, nótese como la representación judicial del tercero interesado: Industrias Químicas de Portuguesa, S.A, mediante diligencia interpuesta en fecha 06 de abril de 2015 solicita a este Tribunal que se decrete la perención de la instancia, lo que resulta procedente en derecho, toda vez que como se señaló anteriormente ninguna de las partes ha realizado actividad alguna que de impulso al proceso, existiendo un evidente desinterés procesal, es por lo que este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ASI SE DECIDE.-

III

DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento incoado por el ciudadano KLEIBERT ALEXANDER GOMEZ RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad N° V- 15.492.972 en contra del acto administrativo Nº 020-2011, de fecha 11 de enero de 2011, proferido por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA.

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.

Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Portuguesa.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los nueve (09) días del mes de abril del año dos mil quince (2.015).


LA JUEZ DE JUICIO LA SECRETARIA
ABOG. GISELA GRUBER ABOG. NAYDALI JAIMES


GEGM/Gabriela I.