TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Circuito Laboral del estado Portuguesa, sede Acarigua
Acarigua, quince de diciembre de dos mil quince
205º y 156º

ASUNTO PRINCIPAL: PP21-N-2015-000098.
ASUNTO: PH22-X-2015-000104
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

I

En fecha diez (10) de diciembre del 2015 fue recibido por este tribunal Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad intentado por la empresa CVA AZUCAR, S.A, conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, emitiéndose pronunciamiento en fecha 14 de diciembre de los corrientes respecto a la admisión del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y ordenándose conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la apertura de un cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada.

Ahora bien, efectuada por el recurrente solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo Nº 641-2015 mediante el cual la inspectoria del trabajo de la ciudad de Acarigua en fecha 30 de noviembre del 2015 declaro Con Lugar la solicitud de reenganche intentada por el ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ y encontrándose quien decide en el lapso legalmente establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para emitir pronunciamiento al respecto, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional, y en atención al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Carta Magna, debe este Órgano Jurisdiccional revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte accionante, y en este sentido debemos referirnos a que la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece como requisito de procedibilidad de las medidas cautelares lo siguiente:

Articulo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

Ahora bien, las Medidas Cautelares pueden ser decretadas por el juez, previo un análisis ponderado de los requisitos exigidos para su decreto, los cuales son el fumus bonis juris, o apariencia del buen derecho, que no es más que la verosimilitud y probabilidad del derecho reclamado y de las posibilidades de éxito de la demanda, por lo que debe el Juez realizar la valoración de la posición de cada una de las partes, para así identificar quien pudiera tener a su favor la apariencia de buen derecho. A tales efectos debe la parte solicitante de la medida tutelar poner de manifiesto esa apariencia de buen derecho tanto de la exposición que este efectúe en su solicitud como en los medios probatorios aportados; en segundo lugar, el periculum in mora, no es más que la perentoriedad para evitar que la ejecución del acto impugnado produzca al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación en la sentencia definitiva, si luego el mismo sea declarado nulo, por lo tanto la premura seria el elemento que haría procedente la tutela, ya que de declararse la nulidad del acto recurrido se causaría un perjuicio irreparable o de difícil reparación, creando por tanto para el Juzgador, la obligación de salvaguardar los derechos del solicitante. Finalmente, debe realizar el juez la ponderación de los intereses generales y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular, así como la revisión de la gravedad del caso.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, dictada en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:

Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.
Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
En este orden de ideas, Devis Echandía nos explica que “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal” (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss.)

En cuanto al periculum in mora, ha sostenido la Doctrina Patria que este, vinculado con la irreparabilidad de los daños, se refiere al peligro de daño que teme el solicitante de que no se satisfaga su derecho o que éste resulte infructuoso como consecuencia del tiempo que deberá esperar para obtener la tutela judicial definitiva. Estos daños irreparables resultan una condición para la suspensión de los efectos del acto impugnado, daños que no podrán ser genéricos, eventuales o inciertos, sino que deberán consistir en un perjuicio especial que lesione directa y personalmente la esfera jurídica del solicitante (…) en cuanto a las cargas procesales de alegación y probanza, (…) recaen sobre el solicitante, quien debe indicar de forma detallada, acompañado con las pruebas pertinentes, qué tipo de peligro se corre de no dictarse la providencia cautelar, así como explicar la urgencia del caso y señalar los daños que pide se eviten con la providencia cautelar, demostración que está condicionada por la celeridad puesto que el juzgador no podrá tener una certeza.” (TORREALBA SÁNCHEZ. Manual de Contencioso Administrativo. Parte General. Caracas Venezuela 2006. Páginas 271 al 272).

En el caso bajo análisis la parte accionante fundamenta la solicitud de la medida cautelar de la forma siguiente:

“V
De la Medida Cautelar
De conformidad al articulo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 641-2015, de fecha treinta (30) de noviembre de 2015, y la cual fue notificada en fecha ocho (08) de diciembre de 2015, donde se ordena el Reenganche y Pago de Salario Caídos, del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ (omissis)
(omissis)
PERICULUM IN MORA
Este peligro que bien puede denominarse “peligro de infructuosidad del fallo”, se desprende del Decreto Presidencial N° 474, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.269, de fecha 10/10/2013, ordena la liquidación y supresión de la CVA AZUCAR, S.A, para dar paso a la naciente Corporación Venezolana de la Caña de Azuzar y sus derivados, S.A (CVC AZUCAR, S.A), creada a través del Decreto N° 475, publicada en la misma Gaceta Oficial, estan presente en el caso de autos, toda vez que de ejecutarse la providencia administrativa cuya nulidad d se solicita en este acto, se estaría perturbando e incumpliendo un decreto presidencial, ya que la ejecución del reenganche, traeria como consecuencia que no se podria dar cumplimiento al Decreto N° 474, por cuanto nos imposibilita liquidar el resto del personal que trabaja para nuestra representada, colocándonos en una especie de limbo jurídico. (omissis)
(omissis)
1) De la presunción del derecho que se reclama: El Decreto Presidencial N° 474, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 40.269, de fecha Diez (10) de Octubre de 2013, establece en su articulo 11 numeral 14 lo siguiente: “El Presidente de la Junta Interventora y Liquidadora, en el ejercicio de su cargo, tendrá las mas amplias facultades de dirección, control, supervisión y administración y en lo particular tendrá las siguientes atribuciones: 14) Administrar y ejecutar la gestión de Recursos Humanos de los entes en proceso de intervención y liquidación, decidiendo sobre las situaciones de ingreso y egreso del personal que estime necesarias y convenientes para su funcionamiento, indistintamente de la categoría de trabajador o trabajadora que se requiera, sea personal de dirección, administrativo, empleados u obreros, jubilados o pensionados”. De lo cual se evidencia que no existe ninguna condición que limite al Presidente de la Junta Interventora y Liquidadora para decidir sobre el egreso del personal que estime necesarias y convenientes para el funcionamiento de CVA AZUCAR, S.A y sus empresas filiales objeto del presente Decreto, por lo cual la decisión tomada por la Inspectora Jefe del Trabajo va en claro detrimento de los derechos de nuestra representada.
2) En lo concerniente a que se ponderen intereses públicos, generales y colectivos: La intención del Ejecutivo Nacional con el Decreto Presidencial N° 474, (tantas veces mencionado e identificado) donde se ordena la Intervención, Liquidación y Supresión de la Empresa del Estado CVA AZUCAR, S.A y sus empresas filiales, dentro de las cuales se encuentra INDUSTRIA AZUCARERA SANTA ELENA, C.A, no es otra que, establecer un sistema de centralización funcional para la organización del Estado, lograr los cometidos en materia de seguridad alimentaria, impulsando y reorientando el funcionamiento y control de las empresas y centrales azucareros, así como también velar por el correcto funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Publica Nacional, con el fin de contribuir con la realización de los planes sociales, tendentes a garantizar el acceso oportuno y permanente de los alimentos de la población, dirigido a garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria, y aun así, la Inspectora Jefe del Trabajo SEGÚN Providencia Administrativa N° 641-2015, de fecha treinta (30) de noviembre de 2015, de manera contraria a la ley ordena el Reenganche y Pago de Salario Caídos del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ, decisión esta, que atenta contra el proceso de liquidación y supresión en el que se encuentra mi representada, no solo afectando sus intereses públicos, generales y colectivos, sino también los intereses económicos, ya que se ve afectada la planificación presupuestaria y financiera llevada por la Junta interventora, Liquidadora y Supresora de CVA AZUCAR, S,A y sus empresas filiales.
Es por esto ciudadana Juez, que a nuestra representada se le Podría causar un daño irreparable, debido a que el trabajador ampliamente identificado, no cumple con ninguna función que aporte a la empresa del desarrollo de sus actividades propias”.

Ahora bien, la suspensión de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constituye una medida preventiva establecida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que al ser acordada surte los efectos suspensivos del acto mientras dure el juicio de nulidad, pero que como toda medida cautelar es además de derecho singular y que su procedencia debe ajustarse expresamente a la disposición que la sanciona, muy especialmente en estos casos de suspensión en los que se trata de una clara excepción a la consecuencia de todo acto administrativo como es la ejecutividad y la ejecutoriedad de dicho acto, haciendo que tal medida tenga ciertamente un carácter excepcional.
Esta medida, conforme lo establece el artículo 21 aparte 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procederá cuando así lo permita la Ley o sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, debiendo ser tenidos en cuenta las circunstancias del caso.
Como toda medida cautelar debe contener los requisitos de procedibilidad, a saber el bonus fomis iuris, que no es más que la verosimilitud y probabilidad del derecho reclamado y de la seriedad y posibilidades de éxito de la demanda. Por lo tanto, el Juez debe realizar primae facie una valoración de la posición de cada una de las partes, de forma que deba otorgar la tutela cautelar a quien tenga apariencia de buen derecho, precisamente, para que la parte que sostenga una posición manifiestamente injusta no se beneficie.
Este planteamiento obliga a una valoración anticipada de las posiciones de las partes en el juicio, valoración prima facie no completa, es por tanto provisional, y no prejuzga la que finalmente el Juez realizará detenidamente en la sentencia de fondo.
Igualmente debe revisarse la existencia del periculum in mora, que es la indispensabilidad para evitar que la ejecución del acto produzca al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación en la sentencia definitiva, si luego éste -el acto- es declarado nulo. Así pues, es la urgencia el elemento que constituye la razón de ser de esta medida cautelar, ya que sólo procede en el caso en que por la espera de la sentencia definitiva que declarase la nulidad del acto recurrido, pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, creando por tanto para el Juzgador, la obligación de salvaguardar los derechos del solicitante. En este sentido, el periculum in mora, constituye el peligro específico de un daño posterior, que pueda producirse como consecuencia del retraso ocasionado en virtud de la lentitud del proceso.
En el caso que nos ocupa, al ser analizado el primero de los elementos antes aludidos, es decir la presunción de buen derecho, el cual es el fundamento mismo de la protección cautelar, y cuya verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente, que de un juicio de probabilidad se evidencie la verosimilitud de la pretensión del demandante, considera quien decide que, al desprenderse del expediente administrativo que dio origen al acto que se impugna que ciertamente la empresa CVA AZUCAR, S.A se encuentra en un proceso de intervención, liquidación y supresión, en el que en el caso especifico, la Junta Interventora en uso de las facultades contenidas en el Decreto N° 474 prescindió de los servicios del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ y que fueron aportados elementos probatorios por parte de la accionante a los fines de demostrar tal hecho, los cuales no fueron valorados en sede administrativa, por lo que se puede presumir el derecho invocado por la recurrente, lo cual verifica la existencia del fumus bonis iuris.
De otra parte, en cuanto al periculum in mora, visto el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho alegado por la recurrente, existe la probabilidad de que el pago al ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.292.390, se pueda traducir en un daño patrimonial, y en un perjuicio de difícil reparación para la recurrente, que de resultar vencedora en la presente causa quedaría ilusoria, ya que de ser pagadas las cantidades por concepto de salarios caídos ordenados en la providencia administrativa, o bien los aquellos subsiguientes en razón del reenganche ordenado por el órgano administrativo, se configuraría una erogación no prevista, en tiempo de optimización de gastos e inversión en pro del país y que no sería compensable tributariamente, por lo que sería de difícil recuperación.
En tal sentido, este Tribunal considera que se encuentran dados los extremos de procedencia para decretar la medida cautelar de suspensión de efectos, consideración ésta que no debe traducirse como opinión adelantada del fondo del asunto controvertido, pues sólo es una medida de suspensión preventiva, que en todo caso está susceptible de ser revocada.
Verificado lo anterior, se declara procedente la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo, correspondiente a Providencia Administrativa N° 641-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, por lo que se suspende los efectos del referido acto administrativo hasta tanto sea resuelto el fondo del recurso de nulidad interpuesto.
Ahora bien, esta juzgadora, en uso de la facultad prevista en el ultimo aparte del artículo 104 de la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de brindar protección a una de las partes directamente interesadas, ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ fija a la parte solicitante una caución para asegurar las resultas del juicio, de la siguiente manera: tomando en consideración el salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, dado que no se evidencia de las actas procesales un salario superior; así como el lapso que pudiera durar la tramitación del presente juicio de cuatro (04) meses aproximadamente, se totaliza la caución en la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (BS. 38.592,72), cantidad sobre la cual se exige fianza de una empresa o compañía de seguro de reconocida solvencia, a favor del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.292.390, para garantizar las resultas del juicio, la cual deberá ser presentada en un plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la publicación de la presente decisión, advirtiéndose que la no presentación de la caución o fianza dentro del lapso indicado, dará lugar a la revocatoria por contrario imperio de la medida cautelar acordada, de igual manera se insta a la parte recurrente a consigna la copia de la cedula del trabajador a los fines de dar apertura a la cuenta de ahorro correspondiente, tal como lo exige el banco; y así se decide.

III
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo, correspondiente a Providencia Administrativa N° 641-2015 de fecha 30 de noviembre de 2015, por lo que se suspenden los efectos del referido acto administrativo hasta tanto sea resuelto el fondo del recurso de nulidad interpuesto.
SEGUNDO: Se ordena la presentación de una fianza de una empresa o compañía de seguro de reconocida solvencia, a favor del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.292.390, por la cantidad de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS (BS. 38.592,72), la cual deberá ser presentada en un plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la publicación de la presente decisión. La no presentación de la caución o fianza dentro del lapso indicado, dará lugar a la revocatoria por contrario imperio de la medida cautelar acordada, y así se decide.
TERCERO: Se ordena oficiar a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa a los fines de que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la presente decisión.
CUARTO: Se ordena la notificación del ciudadano ELIO RAFAEL MARTINEZ LINAREZ, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.292.390, por ser parte interesada respecto a la decisión dictada.
Se advierte a los interesados que podrán formular oposición contra la medida acordada de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
En Acarigua, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2015.

LA JUEZ DE JUICIO LA SECRETARIA
ABG.GISELA GRUBER ABG. JOSEFINA ESCALONA