TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA- EXTENSION ACARIGUA.
Acarigua, doce (12) de enero de 2015

ASUNTO PRINCIPAL: PP21-N-2014-000064
ASUNTO: PH22-X-2015-000002
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

I

En fecha siete (07) de enero del 2015 fue recibido por este tribunal Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad intentado por la sociedad mercantil Arrocera 4 de mayo S.A., conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, emitiéndose pronunciamiento en fecha 08 de enero de 2015 respecto a la admisión del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y ordenándose conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la apertura de un cuaderno separado para el trámite de la medida cautelar solicitada.

Ahora bien, efectuada por el recurrente solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo Nº 997-2014 mediante el cual la inspectoria del trabajo de la ciudad de Acarigua en fecha 28 de noviembre del 2014 declaro Con Lugar la solicitud de reenganche intentada por el ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, y encontrándose quien decide en el lapso legalmente establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para emitir pronunciamiento al respecto, con el propósito de evitar una lesión irreparable o de difícil reparación en el orden constitucional, y en atención al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de la Carta Magna, debe este Órgano Jurisdiccional revisar los requisitos de procedencia de la medida cautelar solicitada por la parte accionante, y en este sentido debemos referirnos a que la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece como requisito de procedibilidad de las medidas cautelares lo siguiente:

Articulo 104. A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.

Ahora bien, las Medidas Cautelares pueden ser decretadas por el juez, previo un análisis ponderado de los requisitos exigidos para su decreto, los cuales son el fumus bonis juris, o apariencia del buen derecho, que no es más que la verosimilitud y probabilidad del derecho reclamado y de las posibilidades de éxito de la demanda, por lo que debe el Juez realizar la valoración de la posición de cada una de las partes, para así identificar quien pudiera tener a su favor la apariencia de buen derecho. A tales efectos debe la parte solicitante de la medida tutelar poner de manifiesto esa apariencia de buen derecho tanto de la exposición que este efectúe en su solicitud como en los medios probatorios aportados; en segundo lugar, el periculum in mora, no es más que la perentoriedad para evitar que la ejecución del acto impugnado produzca al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación en la sentencia definitiva, si luego el mismo sea declarado nulo, por lo tanto la premura seria el elemento que haría procedente la tutela, ya que de declararse la nulidad del acto recurrido se causaría un perjuicio irreparable o de difícil reparación, creando por tanto para el Juzgador, la obligación de salvaguardar los derechos del solicitante. Finalmente, debe realizar el juez la ponderación de los intereses generales y los colectivos, porque de privar estos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular, así como la revisión de la gravedad del caso.

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 00416, dictada en fecha 04 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, estableció lo siguiente:

Las medidas cautelares, en general, se caracterizan porque tienden a prevenir algún riesgo o daño que una determinada situación pueda causar.
Para que las medidas cautelares sean decretadas por el órgano jurisdiccional debe verificarse, en forma concurrente, que la medida sea necesaria porque resulte presumible que la pretensión procesal principal será favorable (fumus boni iuris); y que, además, tenga por finalidad evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para impedir que el fallo quede ilusorio (periculum in mora).
Además de estas importantes características de prevención de las medidas cautelares, encontramos otras como la homogeneidad y la instrumentalidad.
La homogeneidad se refiere, a que si bien es cierto que la pretensión cautelar tiende a asegurar la futura ejecución de la sentencia, dicha pretensión cautelar no debe ser idéntica a la pretensión principal, ya que de evidenciarse la identificación con el derecho sustantivo reclamado, se incurriría en la ejecución adelantada de la sentencia de mérito y así la medida en vez de ser cautelar o preventiva sería una medida ejecutiva.
La instrumentalidad se refiere a que esa medida, la cual se dicta con ocasión a un proceso o juicio principal, está destinada a asegurar un resultado; por lo que sólo debe dictarse cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo o para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
En este orden de ideas, Devis Echandía nos explica que “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal” (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pág. 145 y ss.)

En cuanto al periculum in mora, ha sostenido la Doctrina Patria que este, vinculado con la irreparabilidad de los daños, se refiere al peligro de daño que teme el solicitante de que no se satisfaga su derecho o que éste resulte infructuoso como consecuencia del tiempo que deberá esperar para obtener la tutela judicial definitiva. Estos daños irreparables resultan una condición para la suspensión de los efectos del acto impugnado, daños que no podrán ser genéricos, eventuales o inciertos, sino que deberán consistir en un perjuicio especial que lesione directa y personalmente la esfera jurídica del solicitante (…) en cuanto a las cargas procesales de alegación y probanza, (…) recaen sobre el solicitante, quien debe indicar de forma detallada, acompañado con las pruebas pertinentes, qué tipo de peligro se corre de no dictarse la providencia cautelar, así como explicar la urgencia del caso y señalar los daños que pide se eviten con la providencia cautelar, demostración que está condicionada por la celeridad puesto que el juzgador no podrá tener una certeza.” (TORREALBA SÁNCHEZ. Manual de Contencioso Administrativo. Parte General. Caracas Venezuela 2006. Páginas 271 al 272).

En el caso bajo análisis la parte accionante fundamenta la solicitud de la medida cautelar de la forma siguiente:

“Capitulo Cuarto
De la Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo Impugnado.

Ante usted con el respeto ocurro de conformidad con lo establecido en el articulo 21 aparte 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en concordancia con lo establecido en el articulo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicito se Decrete MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA QUE DECLARO CON LUGAR LA SOLICITUD DE REENGANCHE INCOADA POR EL CIUDADANO DARWIN ALGONSO BLANCO SANCHEZ, DICTADA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA SEDE ACARIGUA EN EL EXPEDIENTE Nº 001-2014-01-00787 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 Y NOTIFICADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2014 la cual fundamento en lo siguiente:
Es importante destacar ciudadano Juez que el referido Acto Administrativo que se demanda en nulidad por los motivos especificados en el libelo, en la actualidad la referida Inspectoría del Trabajo pretende ejecutar el pago de los salarios caídos, lo que conllevaría a presumir que en caso de declarar con lugar la nulidad solicitada, todo las posibles cantidades de dinero erogadas por mi representada no podrían ser devueltas además de que de no dictarse la providencia cautelar, se pudieran causar perjuicios irreparables o de difícil reparación en contra de mi representada ya que estaría obligada a reenganchar a una persona que no es merecedora de la inamovilidad laboral. (omissis)

(omissis) Pues bien, con la finalidad de que el Juez pueda verificar mediante juicio probabilístico el cumplimiento de los requisitos necesarios para que sea decretada la medida solicitada, explicamos como se han cumplido y son probados los mismos para el consecuente decreto de la medida de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado:
A.- Fumus boni iuris, el referido requisito se refiere a una posición jurídica que merece tutela prima facie, y se conecta con la legitimación que tiene el recurrente para solicitar la nulidad y para pedir la protección cautelar.
El mencionado requisito se encuentra cumplido a cabalidad en el caso planteado y se evidencia claramente de la narrativa inmersa en la Demanda de Nulidad del Acto Administrativo planteado ante este Tribunal, donde se verifica por la condición de patrono que posee mi representada, gozando de los derechos que la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, le otorga al relacionarse con un trabajador, lo que conlleva, por argumento en contrario, que mi representada no está obligada a reenganchar a una trabajadora que no es merecedora de la inamovilidad y que ahora queriendo manipular la Ley pretendan no solamente el reenganche, sin, el pago de salarios caídos.
Asimismo, en lo que a la presunción de buen derecho, la misma se deriva de los argumentos de hecho y de derecho expuestos en el presente recurso dirigidos a demostrar los vicios de nulidad absoluta del Acto Administrativo impugnado.
B.- Periculum in mora, el requisito referido es determinable con la verificación del requisito anterior.
Se deriva pues éste requisito, del hecho de que la ejecución del fallo dictado por la autoridad administrativa, devendría la consumación total e irreparable de los derechos lesionados a nuestra representada.
En el presente caso, es extremo necesario que se suspendan los efectos del Acto Administrativo impugnado en forma cautelar mientras se estudia la procedencia o no de la Demanda de Nulidad interpuesta, toda vez que de no hacerlo; para el momento en que se decida el mencionado recurso, seria fútil el intento de restituir la situación jurídica infringida, ya que mi representada ha sido condenada a reenganchar y pagar salarios caídos de una trabajadora que no es merecedora de la inamovilidad laboral.
Por lo tanto, y en cuanto al periculum in mora, le señalamos a éste honorable Tribunal, que de mantenerse los efectos del acto recurrido existiría el riesgo cierto e inminennte de que se produzcan daños patrimoniales y perjuicios irreparables o de difícil reparación, los cuales se concretarían en la imposibilidad o dificultad de que se le resarzan o indemnicen los daños y perjuicios que se deriven del sometimiento gravoso e indebido de mi representada, durante el curso de la presente causa, a todas las consecuencias laborales y patrimoniales derivadas de la erogación de las cantidades de dinero que debería hacer la misma, ya que, el sentido de efectuar una contratación con la referida Cooperativa es a los efectos de cubrir los lapsos temporales de crecimiento de recepción de la materia prima como lo es el arroz, el cual dependerá de la temporada de la recolección, hecho éste que se puede verificar de las facturas de pago a la referida Cooperativa, las cuales nunca son por los mismos montos, ya que, se solicitan un numero de cooperativistas dependiendo de las necesidades puntuales de la entidad en un lapso de tiempo determinado, a su vez es importante es importante establecer que los supuestos puestos de trabajo son inexistentes, puesto que como ya dije los mismos se abrirán dependiendo de las necesidades, con el agravante de que el pago que efectúa mi representada a cada uno de los cooperativistas, incluyendo al del presente caso, es muy superior al salario que mi poderdante paga a sus trabajadores, hecho éste que a su vez traería un descalabro económico, la tener que equiparar los salarios de nuestros trabajadores con los pagos de los servicios prestaos por los cooperativistas; el reclamante alegó en su solicitud que percibía supuestamente la cantidad de Bs. 420,00 diarios mas el doble de lo percibido por nuestros trabajadores (…)

C.- Periculum in damni, se refiere ala existencia de situaciones fácticas o jurídicas que la sentencia de merito no podrá reparar o serán de difícil reparación.
Es el caso ciudadano Juez, que los efectos del acto impugnado, causan daños a nuestra representada, que no pudieran ser reparados por la sentencia definitiva, es decir el pago de las sumas de dinero que nunca podrá recuperar.
Por las consideraciones precedentemente expuestas le solicitamos de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y 21 aparte 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se sirva acordar la Medida Cautelar Innominada hoy solicitada hasta tanto se resuelva la acción de nulidad interpuesta que consiste en que se decrete a tal efecto, de manera subsidiaria por éste de este Juzgado la suspensión de los efectos de la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 997-2014 QUE DECLARO CON LUGAR EL REENGANCHE SOLCIITADO POR EL CIUDADANO DARWIN ALGONSO BLANCO SANCHEZ EN EL EXPEDIENTE Nº 001-2014-01-00767 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y NOTIFICADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2014 DICTADA POR LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA SEDE ACARIGUA.

Ahora bien, la suspensión de los efectos de los actos administrativos prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, constituye una medida preventiva establecida en nuestro ordenamiento jurídico, ya que al ser acordada surte los efectos suspensivos del acto mientras dure el juicio de nulidad, pero que como toda medida cautelar es además de derecho singular y que su procedencia debe ajustarse expresamente a la disposición que la sanciona, muy especialmente en estos casos de suspensión en los que se trata de una clara excepción a la consecuencia de todo acto administrativo como es la ejecutividad y la ejecutoriedad de dicho acto, haciendo que tal medida tenga ciertamente un carácter excepcional.
Esta medida, conforme lo establece el artículo 21 aparte 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, procederá cuando así lo permita la Ley o sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, debiendo ser tenidos en cuenta las circunstancias del caso.
Como toda medida cautelar debe contener los requisitos de procedibilidad, a saber el bonus fomis iuris, que no es más que la verosimilitud y probabilidad del derecho reclamado y de la seriedad y posibilidades de éxito de la demanda. Por lo tanto, el Juez debe realizar primae facie una valoración de la posición de cada una de las partes, de forma que deba otorgar la tutela cautelar a quien tenga apariencia de buen derecho, precisamente, para que la parte que sostenga una posición manifiestamente injusta no se beneficie.
Este planteamiento obliga a una valoración anticipada de las posiciones de las partes en el juicio, valoración prima facie no completa, es por tanto provisional, y no prejuzga la que finalmente el Juez realizará detenidamente en la sentencia de fondo.
Igualmente debe revisarse la existencia del periculum in mora, que es la indispensabilidad para evitar que la ejecución del acto produzca al interesado perjuicios de imposible o difícil reparación en la sentencia definitiva, si luego éste -el acto- es declarado nulo. Así pues, es la urgencia el elemento que constituye la razón de ser de esta medida cautelar, ya que sólo procede en el caso en que por la espera de la sentencia definitiva que declarase la nulidad del acto recurrido, pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, creando por tanto para el Juzgador, la obligación de salvaguardar los derechos del solicitante. En este sentido, el periculum in mora, constituye el peligro específico de un daño posterior, que pueda producirse como consecuencia del retraso ocasionado en virtud de la lentitud del proceso.
En el caso que nos ocupa, al ser analizado el primero de los elementos antes aludidos, es decir la presunción de buen derecho, el cual es el fundamento mismo de la protección cautelar, y cuya verificación consiste en apreciar de las actas que conforman el expediente, que de un juicio de probabilidad se evidencie la verosimilitud de la pretensión del demandante, considera quien decide que, al desprenderse del expediente administrativo que dio origen al acto que se impugna que la existencia de la relación de trabajo entre la hoy recurrente y el ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, se encuentra negada y que fueron aportados elementos probatorios por parte de la sociedad mercantil accionante a los fines de demostrar tal hecho, los cuales no fueron valorados en sede administrativa, se puede presumir el derecho invocado por la recurrente , lo cual verifica la existencia del fumus bonis iuris.
De otra parte, en cuanto al periculum in mora, visto el vicio de falso supuesto de hecho y de derecho alegado por la recurrente, existe la probabilidad de que el pago al ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, de la cantidad que este estimo como salario de Bs. 10.800,00 se pueda traducir en un daño patrimonial, y en un perjuicio de difícil reparación para la recurrente, que de resultar vencedora en la presente causa quedaría ilusoria, ya que de ser pagadas las cantidades por concepto de salarios caídos ordenados en la providencia administrativa, o bien los aquellos subsiguientes en razón del reenganche ordenado por el órgano administrativo, se configuraría una erogación no prevista, en tiempo de optimización de gastos e inversión en pro del país y que no sería compensable tributariamente, por lo que sería de difícil recuperación.
En tal sentido, este Tribunal considera que se encuentran dados los extremos de procedencia para decretar la medida cautelar de suspensión de efectos, consideración ésta que no debe traducirse como opinión adelantada del fondo del asunto controvertido, pues sólo es una medida de suspensión preventiva, que en todo caso está susceptible de ser revocada.
Verificado lo anterior, se declara procedente la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo, correspondiente a Providencia Administrativa N° 997-2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, por lo que se suspende los efectos del referido acto administrativo hasta tanto sea resuelto el fondo del recurso de nulidad interpuesto.
Ahora bien, esta juzgadora, en uso de la facultad prevista en el ultimo aparte del artículo 104 de la ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines de brindar protección a una de las partes directamente interesadas, ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, fija a la parte solicitante una caución para asegurar las resultas del juicio, de la siguiente manera: tomando en consideración el salario indicado por el ciudadano Franklin Medina en sede administrativa de DIEZ MIL OCHOCIENTO S BOLIVARES (BS. 10.800,00) así como el lapso que pudiera durar la tramitación del presente juicio de cuatro (04) meses aproximadamente, se totaliza la caución en la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (BS. 43.200,00), cantidad sobre la cual se exige fianza de una empresa o compañía de seguro de reconocida solvencia, a favor del ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, para garantizar las resultas del juicio, la cual deberá ser presentada en un plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la publicación de la presente decisión, advirtiéndose que la no presentación de la caución o fianza dentro del lapso indicado, dará lugar a la revocatoria por contrario imperio de la medida cautelar acordada, y así se decide.

III
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo emanado de la Inspectoría del Trabajo, correspondiente a Providencia Administrativa N° 997-2014 de fecha 13 de noviembre de 2014, por lo que se suspenden los efectos del referido acto administrativo hasta tanto sea resuelto el fondo del recurso de nulidad interpuesto.
SEGUNDO: Se ordena la presentación de una fianza de una empresa o compañía de seguro de reconocida solvencia, a favor del ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, por la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (BS. 43.200,00), la cual deberá ser presentada en un plazo de diez (10) días de despacho siguientes a la publicación de la presente decisión. La no presentación de la caución o fianza dentro del lapso indicado, dará lugar a la revocatoria por contrario imperio de la medida cautelar acordada, y así se decide.

TERCERO: Se ordena oficiar a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa a los fines de que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en la presente decisión.
CUARTO: Se ordena la notificación del ciudadano DARWIN ALFONZO BLANCO SANCHEZ, titular de la C.I. Nº 13.227.576, por ser parte interesada respecto a la decisión dictada.
Se advierte a los interesados que podrán formular oposición contra la medida acordada de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
En Acarigua, a los doce (12) días del mes de enero de 2015.

LA JUEZ DE JUICIO LA SECRETARIA
ABG.GISELA GRUBER ABG. NAYDALI JAIMES