REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA
EXPEDIENTE 16.268.
DEMANDANTE ANDREA INES DURAN DELIMA y JOHANA MARÍA BRICEÑO PERDOMO, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-9.555.082 y V-16.475.644, respectivamente, Abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 134.025 y 134.079, respectivamente.
DEMANDADA YECENIA DECIA ALVARADO HIDALGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.394.087.
APODERADO JUDICIAL LUIS FERNANDO RIVERO BASTIDAS, Abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 58.897.
MOTIVO PRETENSIÓN DE ESTIMACION E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES.
CAUSA SOLICITUD DE MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
MATERIA CIVIL.
Se da inicio a la presente incidencia en fecha 01/12/2016, cuando las Abogadas en ejercicio ANDREA INES DURAN DELIMA y JOHANA MARÍA BRICEÑO PERDOMO, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-9.555.082 y V-16.475.644, respectivamente, Abogadas en ejercicio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 134.025 y 134.079, respectivamente, solicitan a este Juzgado se decrete medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles de conformidad con lo establecido en los Artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, sobre un inmueble ubicado en el Caserío Argimiro Gabaldon, sector 1, calle principal, parroquia Biscucuy, Municipio Sucre del estado Portuguesa, registrado bajo el N° 63, Folios 1 al 15, Tomo 02, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 2015, de fecha 10/11/2015.
Este Órgano Jurisdiccional para decidir sobre la medida solicitada lo hace previo a las siguientes consideraciones:
El Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece que las Medidas Preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando existan riesgos manifiestos de que quede ilusoria la ejecución del fallo, siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya la presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Por otra parte el Artículo 588 eiusdem, establece cuáles son esas Medidas Preventivas que puede decretar el Tribunal en cualquier estado y grado de la causa, como son, el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Civil el Poder Cautelar General de Juez se amplió, ya que se consagraron las Medidas Preventivas Típicas y Atípicas, así se lee en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. El Poder Cautelar que se le otorga a los Jueces para dictar medidas preventivas, proviene de la Ley, estas medidas deben ser pertinentes y adecuadas con la finalidad inmediata de evitar el acaecimiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes. Ese poder cautelar es limitado por la Ley, además el Juez para decretar una medida debe apreciar racionalmente los hechos que se presentan, es lo que se conoce como la discrecionalidad, la cual tiene sus límites concretamente en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
Los requisitos de procedencia de las Medidas Preventivas están establecidos en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y los mismos constituyen el límite de discrecionalidad judicial para decretar y ejecutar las medidas preventivas. En cuanto a los requisitos para la procedencia tenemos:
1) PERICULUM IN MORA
Que significa el peligro de infructuosidad del fallo. Que en la doctrina se ha denominado peligro en la mora, también se le conoce como el simple retardo del proceso judicial. Para el Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, criticando lo anteriormente expuesto señala, que no se trata del hecho de que los procesos tengan retardo, sino de que aunado a ello, una de las partes pueda sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial. Igualmente define al Periculum in Mora, como:
“Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito económico, o de que de una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto práctico.”
2) FUMUS BONI IURIS
Que significa la apariencia del buen derecho, que según Piero Calamandrei, se trata de un cálculo de probabilidad que el solicitante de la medida será en definitiva, el sujeto del juicio de verdad plasmado en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene vicios de que efectivamente lo es. En ocasiones es innecesaria la demostración de este requisito por ser común a todas las personas, verbigratia, el derecho a la defensa, el honor, reputación, etc., pero en otras ocasiones debe demostrarse prima facia que se es arrendador o arrendatario, propietario, comprador, etc.
El Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, analizando el concepto dado por Piero Calamandrei, ha señalado que estas características referidas a la instrumentalidad de las providencias cautelares surge la necesidad del Fumus Boni Iuris, esto es, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida.
En la doctrina se debate si estos dos requisitos antes mencionados también son necesarios en las medidas innominadas o atípicas, el criterio dominantes es que para la procedencia de las medidas innominadas debe probarse los dos requisitos señalados y además agrega el Dr. Rafael Ortiz Ortiz un tercero, conocido como Periculum in Damni.
En el caso bajo estudio nos encontramos que el Fumus Boni Iuris está referido a la apariencia del buen derecho, también a la verosimilitud del derecho, el cual es un juicio de probabilidades, donde se debe demostrar ese derecho que es sustancial, y éste debe estar en consonancia con la homogeneidad que es el derecho que se disputa en el juicio principal.
Cuando el Juez decreta medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar lo que busca es impedir que el afectado por la medida pueda de alguna forma vender o traspasar la propiedad del inmueble, en este caso objeto de litigio y que esa enajenación pudiere perjudicar a la parte que solicita la medida. Este Órgano Jurisdiccional observa que la parte actora solicita la prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble ubicado en el Caserío Argimiro Gabaldon, sector 1, calle principal, parroquia Biscucuy, Municipio Sucre del estado Portuguesa, registrado bajo el N° 63, Folios 1 al 15, Tomo 02, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 2015, de fecha 10/11/2015; así este Juzgado decreta la prohibición de enajenar y gravar sobre el bien en referencia. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por los anteriores razonamientos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un bien inmueble un inmueble ubicado en el Caserío Argimiro Gabaldon, sector 1, calle principal, parroquia Biscucuy, Municipio Sucre del estado Portuguesa, registrado bajo el N° 63, Folios 1 al 15, Tomo 02, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 2015, de fecha 10/11/2015, por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Sucre del estado Portuguesa.
No hay condenatoria en costas, porque no hubo litis o composición procesal exigida bajo el principio de la bilateralidad del proceso.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Guanare, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (15/12/2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez,
Abg. Rafael Ramírez Medina
La Secretaria Accidental,
Abg. Yuralbi Hernandez Rojas
En la misma fecha se dictó y publicó a las once de la mañana (11:00am)
Conste,
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