REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE








JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA

EXPEDIENTE 16.267
DEMANDANTE JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.101.750

APODERADOS
JUDICIALES RAMSES GOMEZ SALAZAR, LUIS GERARDO PINEDA TORRES Y JULIO CESAR QUEVEDO BARRIOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-13.738.17, V-15.798.053 y V-11.395.03, respectivamente, Abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 91.010, 110.678 , 134.075 respectivamente.

DEMANDADOS MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ y LUCIA JOSEFINA VESPA DE PACHECO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-12.012.482 y 14.731.801, respectivamente.

MOTIVO PRETENSIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PERMUTA.
CAUSA MEDIDAS PREVENTIVAS NOMINADAS E INNOMINADAS.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
MATERIA CIVIL.

El día 10/10/2016, este Órgano Jurisdiccional administrador de justicia y garante del debido proceso y la tutela judicial efectiva admitió pretensión de cumplimiento de contrato de comodato, interpuesta por el ciudadano JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER, en contra de los ciudadanos MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ y LUCIA JOSEFINA VESPA DE PACHECO, en la cual expone que el 17/07/2015, le fue dado mediante contrato verbal de comodato mercantil por la parte demandada en esta ciudad de Guanare, un vehículo de las siguientes características: Placa: AF854NV; Serial del motor: 6 CILINDROS; Marca: FORD; Modelo: MUSTANG; Año: 2015; Color: BLANCO; Clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; valorado en la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 50.000.000,00) del cual éste me hizo entrega material junto con los documentos de aduana y llaves del mismo, a su vez le entregue en fechas sucesivas a éste, dos (02) vehículos de mi propiedad privada con las siguientes características: el primero; placa: AH759SA; serial del motor: 8 CIL; serial de carrocería: 8Y8RJ5DT3DG004390; marca: JEEP; modelo: CHEROKEE; año: 2013: PLATA; clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR (que me fuera vendido en compraventa mercantil a título de venta de la cosa ajena por VM Autos C.A. Rif: J-29924059-1); y el segundo: Placa: AA414YG; Serial de motor: 68V333479; Serial de carrocería: 8Z1TJ29668V333479; Marca: CHEVROLET; Modelo: AVEO/AVEO 3 PTAS 1.6; Año:2008; Color: PLATA; Clases: AUTOMÓVIL; Tipo: COUPE; Uso: PARTICULAR (que me fuera vendido en compraventa mercantil a título de venta de la cosa ajena por la Feria del Automóvil C.A., Rif: J-31735108-8); por la cantidad de CUARENTA Y CINCO MILLONES BOLÍVARES (Bs. 45.000.000,00) y QUINCE MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 15.000.000,00) respectivamente, que fueron entregados a terceros en distintas fechas que éste –el demandado- iba señalando por intermedio de otros comerciantes. Vale decir, entrega de dinero entre ambos nunca la hubo, mucho menos el establecimiento de precio alguno, ya que la alusión a los valores anteriores de los bienes es referencial y/o accidental.
En fecha 25/01/2016, el demandado como una vía de hecho, haciéndose acompañar de funcionario policiales procurándose el apoyo de la fuerza pública, me despojo del referido vehiculo que dicho sea de paso ya lo tenía vendido a un tercero, señalando el demandado ante las autoridades policiales en formal denuncia falaz que interpuso en mi contra ese mismo día –que luego fuere desestimada por el órgano competente.
Posteriormente el 01/04/2016, acudió ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Portuguesa, con sede en esta ciudad de Guanare, formulando denuncia contra el demandado por el delito de estafa, toda vez que éste luego de que le entregara el vehículo, mas tarde por vía de hecho, lo despojo del mismo, modificando a su voluntad liberrima el contrato de comodato, cuando ya en el mes de octubre del 2015, se lo había dado en venta en la cantidad de cincuenta y cinco millones de bolívares (Bs. 55.000.000,00) al ciudadano Víctor Manuel Sánchez Velandría y que este se busco a comunicar con el demandado, quien asentía en firmar el documento de traspaso por ante la Notaria Pública de Barquisimeto y nunca compareció a firmar, sin embargo, este tercero se lo vendió posteriormente al ciudadano Rodmar José Valera Fernández, por la cantidad de setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000,00).
Alega el demandante que el 18/04/2016, compareció a una entrevista a petición del órgano fiscal el ciudadano Jaime Alfredo Quevedo Barrios representante estatutario de la feria del automóvil C.A; quien expuso que adquirió el vehículo AVEO, que en efecto, se lo dio en venta y que por ordenes suyas se lo vendió al demandado.
Posteriormente el 25/05/2016, compareció pro la Fiscalía el ciudadano Rodmar José Valera Fernández, quien expuso que el mustang lo cargaba su esposa Dileydy Uzcategui el día 25/01/2016, el cual fue retenido por los funcionarios policiales a petición del demandado MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, esa retención se la hiciera el día 25/01/2016, y este había comprado el vehículo de manos del ciudadano Víctor Manuel Sánchez Velandría, expone el demandante que en esas misma fecha el 25/05/2016, compareció por ante el órgano fiscal el ciudadano Luís Antonio Vespa Piedra, señalando que recibió el vehículo AVEO, como parte de pago de una deuda que tenía con éste el demandado al que le había vendido una volqueta, firmándole el traspaso el ciudadano Luís Gilberto Correa Vidal, quien figura como propietario en el titulo, para el día 14/07/2016, se celebró la audiencia penal contra el demandado en el Tribunal Primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en esta ciudad de Guanare, a quien la Fiscalía le imputó inicialmente por el delito de estafa calificada y donde se decretó medida de restricción sobre la libertad del demandado.
Alega el demandante que en fecha 20/07/2016, compareció por ante el Órgano fiscal el ciudadano Ángel Rigoberto Quintero Torrealba, quien declaró en relación al vehículo CHEROKEE, que el ciudadano Rodmar José Valera Fernández, fue quien le vendió el vehículo y éste llamo al demandado MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, para que este le traspasara por ante la Notaria Pública de Guanare, el citado vehículo luego de que le hiciera un pago que quedaba pendiente de dos millones de bolívares y el demandado MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ pagó esa cantidad al representante de la empresa VALERA CARS C.A. Por obvias razones este vehiculo fue comprado por el demandante para dárselo en permuta al demandado, porque el dinero se lo entregue a Rodmar José Valera Fernández, independientemente de que fue el demandado el que le hizo entrega del cheque de gerencia a Ángel Rigoberto Quintero Torrealba, es lo cierto que éste firmó el traspaso en Notaría, porque fue Rodmar José Valera Fernández, con quien el anterior tercero había hecho la negociación y éste otro tercero a su vez hizo la negociación con su persona, es decir, el demandante, puesto que le había pagado el vehículo a éste, luego de que a su vez también éste demandante le manifestara la voluntad de que se le entregara formalmente el vehículo al demandado.
Por estos motivos acude por ante el órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 1.167 del Código Civil Venezolano, en concordancia con los artículos 133 y siguientes y 153 del Código de Comercio para demandar cumplimiento del contrato de comodato en contra del demandado.
También ejerce el demandante la pretensión subsidiaria de resolución de contrato de compraventa para el supuesto de que se le niegue la pretensión anterior, la cual ejerce de conformidad con el artículo 1.167 del Código Civil Venezolano, en concordancia con el artículo 133 y siguientes del Código de Comercio, demandando la resolución de contrato de compraventa, en contra del demandado.
Ejerce la pretensión de daños y perjuicios de conformidad con los artículos 1.185, 1.196, 1.264 y 1.273 del Código Civil Venezolano, en concordancia con los artículos 133 y 153 del Código de Comercio, demandando autónomamente los daños y perjuicios por incumplimiento de contrato que produjo culposamente en su persona contra el demandado, ejerce la indemnización de lucrocesante estimada en la cantidad de cincuenta y cinco millones de bolívares (Bs. 55.000.000,00) ejerce la indemnización por daño moral derivado del abuso de derecho, estimada en la cantidad de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00).
Solicita al órgano jurisdiccional medidas cautelares de conformidad con el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 44 de la Ley de Registro Público y Notariado, solicitando al Tribunal que decrete las siguientes medidas innominadas:
1) La anotación provisional de la presente demanda en los datos registrales de los tres vehículos referidos en el capitulo I de los hechos, objeto de la presente acción, así como prohibición de enajenar y gravar sobre los mismos, para que todo eventual tercero se entere de esta acción con efectos erga omnes y sea de mala fe en caso de que se destine a adquirir cualesquiera de los bienes; mediante oficio que ipso facto pide se le remita al Registro Nacional de vehículos que lleva el INTT.
2) Decretar medida de detención vehicular sobre los tres vehículos referidos supra en el capitulo I de los hechos, objeto de la presente acción, mediante oficio ipso facto pide se le emita al INTT y a las autoridades competentes de Tránsito Terrestre.
3) Decretar medida de embargo preventivo en contra de todo bien mueble que tenga el demandado en su patrimonio hasta por el monto de la cuantía estimada en el presente juicio, si recae sobre cantidades liquidas de dinero, o por e doble si recae sobre bienes materiales.
4) Decretar medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el cien por ciento de los derechos de propiedad pertenecientes al demandado, en el inmueble ubicado en el Barrio Curazao, carrera 01, signado con el número catastral 18-04-01, sector 8, lote 25, con un área de 553,05 m2, cuyos linderos son: Norte: Carrera 1 con 18,80 ml; Sur: Dirección Regional de Salud con 25,80 ml; Este. Solar y casa de Pedro Miguel fajardo con 20,40 ml, y oeste: solar y casa de José Barco con 5,00 + 7,15 + 13,70 ml. Adquirido de manos de la Alcaldía de Guanare, Estado Portuguesa, por ante el Registro Público de esta ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, en fecha 11/02/2014, bajo el Nº 2014.99, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.10100, correspondiente al Libro del folio real del año 2014, el cual acompaña marcado con la letra “E”.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El Tribunal para decidir lo hace previo a las siguientes consideraciones:
Las medidas innominadas según el procesalista Rafael Ortiz Ortiz, constituye un tipo de medidas preventivas de carácter cautelar cuyo contenido no están expresamente determinados en la ley, sino que constituyen el producto del poder cautelar general de los jueces, quienes a solicitud de parte, pueden decretar y ejecutar las medidas adecuadas y pertinentes para evitar cualquier lesión o daño que una de las partes amenace infringir en el derecho de la otra y con la finalidad de garantizar tanto la eficacia como al efectividad de la sentencia definitiva y de la función jurisdiccional misma.
Por lo cual las cautelas innominadas están diseñadas, para evitar que la conducta de las partes pueda ser inefectiva o ineficaz, el proceso judicial y la ejecución de un fallo o de una sentencia, las mismas están consagradas en el Artículo 585 y 588 parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, que establecen:

...“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Artículo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.”...

En cuanto a los requisitos de procedencia tenemos:
El Periculum in mora, que significa el peligro de infructuosidad del fallo. Que en la doctrina se ha denominado peligro en mora, también se le conoce como el simple retardo del proceso judicial. Para el Dr. Ortiz-Ortiz, criticando lo anteriormente expuesto señala, que no se trata del hecho de que los procesos tengan retardo, sino de que aunado a ello, una de las partes pueda sustraerse del cumplimiento del dispositivo sentencial. Igualmente define Periculum in mora, como la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito económico, o de que una de las partes pueda causar daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto practico.
El fumus boni iuris, que significa la apariencia del buen derecho, que según Piero Calamandrei, se trata de un cálculo de probabilidad que el solicitante de la medida será en definitiva, el sujeto el juicio de la verdad en la sentencia; la apariencia de buen derecho es un juicio preliminar, que no toca el fondo, por el cual quien se presenta como titular del derecho tiene visos de que efectivamente lo es. En ocasiones, es innecesario la demostración de este requisito por ser común a todas las personas, verbigracia, el derecho a la defensa, el honor, la reputación, etc., pero en otras ocasiones debe demostrarse prima facia que se es arrendador o arrendatario, propietario, comprador, etc.
El Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, analizando el concepto dado por Piero Calamandrei, ha señalado que estas características referidas a la instrumentalizada de las providencias cautelares surge la necesidad del fumus Boni Iuris, esto es, la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida.
En la Doctrina se debate si estos dos requisitos antes mencionados también son necesarios en las medidas innominadas o atípicas, el criterio dominantes es que para la procedencia de las medidas innominadas debe probarse los dos requisitos señalados y además agrega el Dr. Ortiz-Ortiz un tercer, conocido como: Periculum in Damni, que es la presunción de un daño o el peligro eminente de un daño.
En el caso de marras, el accionante o demandante fundamenta la solicitud de las medidas preventivas en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 44 de la Ley de Registro Público y del Notariado, en el cual éste último establece:

…“La inscripción no convalida los actos o negocios jurídicos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la ley. Sin embargo, los asientos registrales en que consten esos actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados por sentencia definitivamente firme.”…

En este orden de ideas, el demandante solicita que se le estampe en los datos registrales de los tres vehículos referidos en el capitulo I de los hechos, una anotación provisional de la presente demanda, así como prohibición de enajenar y gravar sobre los mismos, para que todo eventual tercero se entere de esta acción con efecto erga omnes, y sea de mala fe, en caso de que se destine a adquirir cualquiera de los bienes, mediante oficio que ipso facto pide se le remita al Registro Nacional de Vehículo que lleva el INTT.
El Instituto Nacional de Transporte, tiene como finalidad garantizar el libre transito, el transporte vehicular y su servicios conexos mediante la planificación, gestión y conservación de la infraestructura vial y también regula la determinación de la propiedad del vehículo en el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre, al establecer que se considera propietario o propietaria quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y de Conductores y Conductoras como adquirentes, aún cuando lo haya adquirido con reserva de dominio, y el artículo 72 de la misma ley, establece que todo propietario tiene la obligación de inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos de conductores dentro de los treinta días hábiles siguientes a su adquisición, y efectuar las inscripciones que exige el Instituto Nacional de Transporte Terrestre dentro del mismo lapso.
Estas normas son de vital importancia para resolver las medidas cautelares innominadas y nominadas, pues el accionante solicita al Órgano Jurisdiccional que se oficie al INTT de la presente pretensión principal de cumplimiento de contrato y accesorias de resolución y otras, la cual resulta inadmisible en virtud que como bien lo narra en el texto de la demanda el vehículo que se identifica como mustang año 2015, fue traspasado preliminarmente sin entrar a conocer el fondo del asunto a favor del demandante, pero no existe prueba escrita, según lo manifestado en el texto de la demanda, este vehículo fue traspasado, según lo narra el accionante al ciudadano Víctor Manuel Sánchez Velandría y éste se lo traspaso en venta al ciudadano Rodmar José Valera Fernández, pero observando el Tribunal que formalmente no existe documento autenticado por ante Notaría Pública de estos traspasos o ventas, sin embargo, el accionante pide y solicita medida preventiva innominada de anotación provisional de que por ante este Órgano jurisdiccional existe una demanda o pretensión de cumplimiento de contrato y varias accesorias de resolución y daños y perjuicios, a los fines que los terceros se enteren de esta acción con efecto erga omnes, en caso de que se destine a adquirir cualquiera de los bienes, este tipo de medidas no tiene ningún efecto, en cuanto a que no impide que cualquier tercero adquiere y compre los bienes muebles que según el demandante fueron objeto de contrato verbales, por estos motivos al no tener utilidad practica en referencia a que las medidas preventivas innominadas tienen como finalidad precaver o prevenir que la conducta de una de las partes intervinientes en el proceso judicial cause daños o lesiones graves a la otra y que sea de difícil reparación, y una comunicación de la existencia de este proceso judicial no impide que el Instituto Nacional de Trasporte Terrestre, que los vehículos sean objeto de contratos por estos motivos el órgano jurisdiccional niega este pedimento referido a esta medida preventiva innominada. Así se decide.
La parte demandante solicita medida preventiva innominada de prohibición de enajenar y gravar sobre los tres vehículos, observando el Tribunal que en el expediente solo aparece el titulo de propiedad denominado Certificado de Registro de Vehículo a favor del ciudadano MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, quien figura como propietario del siguiente vehiculo: placa: AF854NV; serial del motor: 6 CILINDROS; marca: FORD; modelo: MUSTANG; año: 2015; Color: BLANCO; Clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; este certificado de Registro de Vehículo tiene fecha de expedición 02/09/2015, y número de autorización 002AFD255815; y el número de certificado es 150101871457, expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. En este tipo de medidas la parte solicitante tiene la carga de la prueba, en cuanto a la demostración de los requisitos de procedencia, como lo es el periculum in mora, el fumus boni iuris y el periculum in danni.
Hemos establecido en este fallo que el periculum in mora es el riesgo manifiesto de que la ejecución de la sentencia pueda quedar ilusoria, que es un juicio preliminar, que realiza el Juez sin conocer el fondo del asunto o de la causa, porque al momento de decretarse este tipo de medidas, la parte demandada no ha sido citada, y al no haber sido citada no ha ejercido el derecho a la defensa, por eso es que se dice que las medidas cautelares se dictan inaudita parte, como también son instrumentales, porque debe haber un proceso judicial instaurado y se materializan si efectivamente existe un peligro de que una de las partes con su conducta puede causar daños inminentes y continuos a la otra parte, en este sentido, la parte demandante acompañó una serie de instrumentales marcadas con las letras “A” referida a una causa distinguida con el Nº CM1-S-0429-2016, donde aparece el motivo de solicitud de desestimación de denuncia que interpuso el ciudadano MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ contra el ciudadano JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER, la cual llevó el Tribunal Primero de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, con sede en Guanare de fecha 29/01/2016, donde la Fiscal del Ministerio Público solicitó la desestimación de esa denuncia y el órgano jurisdiccional penal la declaró con lugar según sentencia interlocutoria dictada el 03/02/2016, este legajo documental fue acompañado en copia fotostática certificada, que sin entrar a valorar el fondo del contenido de estos instrumentos evidencian que efectivamente entre las partes actuantes en este proceso judicial civil, han estado involucradas en otros procesos judiciales penales derivados de la venta, o intercambio de vehículos y efectivamente uno de estos involucrados es el vehículo Modelo: MUSTANG; Placa: AF854NV; Serial del motor: 6 CILINDROS; Marca: FORD; Año: 2015; Color: BLANCO; Clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; y aparece como propietario el ciudadano MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, según Certificado de Registro de Vehículos Nº 150101871457, de fecha de expedición 02/09/2015, número de autorización 002AFD255815; expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre y este es objeto de pretensión principal de cumplimiento de contrato de permuta, según lo expone el demandante, demostrándose el requisito del periculum in mora, del peligro de infructuosidad del fallo, pues una de las partes, en este caso el demandado, pudiera sustraerse del cumplimiento del dispositivo del fallo, por lo cual las actuaciones practicadas por la Fiscalia del Ministerio Público conjuntamente con el Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, demuestra y evidencia preliminarmente que existió una desestimación de una denuncia que no tenía el carácter de penal efectuada por el ciudadano MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, contra el ciudadano JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER. Así se decide.
Por otra parte, existe una causa penal distinguida con el Nº CM1-P-2016-0540, referida a solicitud de audiencia de imputación del ciudadano MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, quien es acusado del delito de Estafa Calificada por la Fiscal Segunda del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde aparece como victima el ciudadano JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER, esta imputación tiene fecha del 14/06/2016, donde se decretó una medida cautelar sustitutiva de libertad a favor del imputado MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, y este juicio penal debe cumplir con la fase de investigación y sustanciación y se han escuchado las declaraciones varios ciudadanos Víctor Manuel Sánchez Velandría, quien le compró al ciudadano JORGE LUIS GONZÁLEZ FERRER, un vehículo marca MUSTANG, modelo Ford, por la cantidad de cincuenta y cinco millones de bolívares (Bs. 55.000.000,00) y estuvo a la espera que el ciudadano MIGUEL PACHECO firmara el traspaso por ante Notaría Pública. También declaro el ciudadano Jaime Wilfredo Quevedo Barrios, quien depuso que le vendió al ciudadano JORGE LUÍS GONZÁLEZ un vehículo AVEO tres puertas, y éste le notificó que tenía una negociación con el señor MIGUEL PACHECO y requería la firma, pues un tercero lo había comprado llamado Luis Gilberto Correa, y esa venta la hizo por documento privado. También declaró el ciudadano Rodman José Valera Fernández, quien depuso que había comprado un MUSTANG 2015, al señor Víctor Sánchez por la cantidad de setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000,00) pero el pago fue acordado en dólares y con otros vehículos. También declaró el ciudadano Luis Antonio Vespa Piedra, quien depuso que recibió un vehículo marca AVEO como parte de pago y el traspaso se lo realizo el ciudadano Luis Gilberto Correa Vidal. Todas estas declaraciones evidencian preliminarmente de la existencia de relaciones jurídicas y comerciales referidas a traspaso de vehículos objeto de esta pretensión, y por cuanto el fumus boni iuris, que significa la apariencia o humus del buen derecho, que es un juicio preliminar que realiza el órgano jurisdiccional, sin tocar el fondo del asunto, evidenciando que el titular de la pretensión en este caso el demandante está presentando una serie de hechos fundamentados en declaraciones testimoniales y documentales que tiene la apariencia del buen derecho que da lugar a la procedencia de la medida preventiva innominada de prohibición de enajenar y gravar debe ser declarada con lugar ordenándose al Instituto Nacional de Transito Terrestre, la prohibición de enajenar y gravar el vehículo que tiene las siguientes características: Placa: AF854NV; Serial del motor: 6 CILINDROS; Marca: FORD; Modelo: MUSTANG; Año: 2015; Color: BLANCO; Clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; este certificado de Registro de Vehículo tiene fecha de expedición 02/09/2015, y número de autorización 002AFD255815; y el número de certificado es 150101871457, expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre; por cuanto existe la presunción de un daño o peligro eminente que la conducta de una de las partes, en este caso el demandado pueda vender o enajenar el citado vehículo y a los fines de evitar que este sea traspasado a terceros compradores de buena fe, se ordena a la citada Institución prohibir y tramitar cualquier titulo de propiedad a favor de terceros, y en consecuencia, se ordena oficiar al Registro Nacional de Vehículos para que estampe la nota de prohibición de enajenar y gravar del citado vehículo. Así se decide.
En referencia a la prohibición de enajenar y gravar distinguido con las siguientes características: Marca: JEEP; Modelo: CHEROKEE; Placa: AH759SA; Serial del motor: 8 CIL; Serial de carrocería: 8Y8RJ5DT3DG004390; Año: 2013: PLATA; Clase: AUTOMOVIL; Tipo: COUPE; Uso: PARTICULAR; y el vehículo segundo: Marca: CHEVROLET; Modelo: AVEO/AVEO 3 PTAS 1.6; Placa: AA414YG; Serial de motor: 68V333479; Serial de carrocería: 8Z1TJ29668V333479; Año:2008; Color: PLATA; Clases: AUTOMÓVIL; Tipo: COUPE; Uso: PARTICULAR; se niega esta por cuanto estos vehículos carecen de titulo de propiedad o certificado de registro de vehículo emanado del Instituto Nacional de Transporte terrestre, que es el organismo competente para llevar los asientos de registro, según el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre. Así se decide.
La demandante solicita se decrete medida de detención vehicular sobre los tres vehículos referidos supra en el capitulo I de los hechos, objeto de la presente acción, mediante oficio ipso facto pide se le emita al INTT y a las autoridades competentes de Tránsito Terrestre. En cuanto a esta medida el Tribunal observa que la parte actora ha ejercido la pretensión de cumplimiento de contrato de permuta, que de declararse con lugar conlleva a la ejecución efectiva de los cambios de vehículos, pero también ejerce la pretensión de resolución de contrato de compraventa, que de declararse con lugar conllevaría a la inexistencia de los mismos, es decir, que ninguna de las partes vendería ni compraría y cada quien se quede con los vehículos que eran objeto según la parte actora de permuta, todo esto nos lleva a reflexionar que no es procedente la detención del tres vehículos involucrados en esta causa, porque no tiene ninguna finalidad preventiva, todo lo contrario si se llegan a detener los vehículos tendrían que ser objeto de deposito judicial, donde estarían detenidos y paralizados durante el largo proceso judicial que conlleva a la resolución de esta controversia, causándoles un gran daño por falta de uso, en cuanto a la circulación, y para evitar ese daño que pudieran sufrir estos vehículos el Tribunal declara improcedente la medida preventiva solicitada. Así se decide.



La parte actora solicita al tribunal que decrete Medida de Embargo Preventivo en contra de todo bien mueble que tenga el demandado en su patrimonio hasta por el monto de la cuantía estimada en el presente juicio, si recae sobre cantidades liquidas de dinero, o por e doble si recae sobre bienes materiales. En este sentido, el Tribunal observa que la parte actora ejerce como pretensión principal cumplimiento de contrato de permuta que realizo presuntamente con la parte demandada MIGUEL ENRIQUE PACHECO RODRÍGUEZ, que fueron estimadas por la compra o cambio del mustang en la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 50.000.000,00), y los otros dos vehículos referidos a una JEEP CHEROKEE y un AVEO fueron estimados en la cantidad de cuarenta y cinco millones de bolívares (Bs. 45.000.000,00) el primero, y quince millones de bolívares (Bs. 15.000.000,00) el segundo, lo cual suma estos dos últimos en la cantidad de sesenta millones de bolívares (Bs. 60.000.000,00), pero además ejerce pretensiones accesorias o secundarias de resolución de contrato de compraventa, daños y perjuicios y daño moral, estimando la cuantía de la pretensión en la cantidad de cuatrocientos veintiún millones de bolívares (Bs. 421.000.000,00), más la indexación o corrección monetaria, y para que el órgano jurisdiccional pueda decretar este tipo de medidas preventivas de embargo sobre bienes muebles deben existir pruebas de la insolvencia del demandado, ya que el embargo preventivo sobre bienes muebles constituiría un exceso en contra del patrimonio del demandado, pues a pesar de haberse efectuado análisis preliminares de las pruebas presentados por la parte actora, sin embargo, no se puede satisfacer las pretensiones incoadas mediante el decreto de embargo preventivo, pues ya las medidas no sería preventiva, sino que tocaría el fondo del asunto, porque satisfaría las pretensiones incoadas, lo cual es ilegal, porque este tipo de medidas si se llegara a decretar se estaría dictando sentencia anticipada, por estos motivos el Tribunal niega la medida preventiva de embargo sobre bienes muebles solicitada por la parte actora, bajo el fundamento que se estaría tocando el fondo del asunto que será objeto de debate en la presente causa. Así se decide.
Solicita la parte actora que este órgano jurisdiccional decrete medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el cien por ciento de los derechos de propiedad pertenecientes al demandado, en el inmueble ubicado en el Barrio Curazao, carrera 01, signado con el número catastral 18-04-01, sector 8, lote 25, con un área de 553,05 m2, cuyos linderos son: Norte: Carrera 1 con 18,80 ml; Sur: Dirección Regional de Salud con 25,80 ml; Este. Solar y casa de Pedro Miguel fajardo con 20,40 ml, y oeste: solar y casa de José Barco con 5,00 + 7,15 + 13,70 ml. Adquirido de manos de la Alcaldía de Guanare, Estado Portuguesa, por ante el Registro Público de esta ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, en fecha 11/02/2014, bajo el Nº 2014.99, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.10100, correspondiente al Libro del folio real del año 2014, el cual acompaña marcado con la letra “E”.
Este tipo de Medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar bienes inmuebles no toca el fondo del asunto, ni es una ejecución anticipada del fallo definitivo, en virtud que el demandado puede ejercer los atributos del derecho de propiedad como es el uso y el goce. Pero no puede disponer, por lo tanto, la homogeneidad de este tipo de medidas cautelar es que tiene en efecto de prevenir algunos efectos jurídicos de la sentencia, pero no satisface las pretensiones incoadas, por otro lado, ya este órgano jurisdiccional analizó los requisitos de procedencia como es el periculum in mora y el fumus boni iuris consagrados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y existe medios probatorios de las relaciones comerciales que mantuvieron la parte actora y la parte demandada, tal como lo manifestaron los testigos que declararon en los Tribunales Penales, todo lo cual trae como consecuencia que el periculum in mora se refiere a que la pretensiones incoadas pueda quedar disminuida en el ámbito económico, porque una de las partes puede sustraerse del dispositivo del fallo, por lo tanto, existe una probabilidad potencial de que la parte demandada evada la sentencia que habrá de dictarse, pero por tratarse de un procedimiento donde se le garantiza a las partes en derecho a al defensa y la tutela judicial efectiva, ésta tiene el derecho de probar todo lo contrario, pero debe hacerlo en el debate o en el procedimiento, porque tiene derecho a contestar la demanda, de promover y evacuar pruebas en el contradictorio, lo que significa que cuando el Juez analiza el periculum in mora, lo que esta realizando es un juicio preliminar y no definitivo, que en el presente caso, esta demostrado por las actuaciones penales existentes en el expediente, que demuestran la existencia de relaciones comerciales, así como también evidencian la apariencia del buen derecho por parte del actor, pues esta denunciando un delito que fue calificado por el Fiscal como estafa calificada, lo cual también evidencia la apariencia de ese derecho, pero que no toca el fondo del asunto, y hace procedente la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente bien inmueble: ubicado en el Barrio Curazao, carrera 01, signado con el número catastral 18-04-01, sector 8, lote 25, con un área de 553,05 m2, cuyos linderos son: Norte: Carrera 1 con 18,80 ml; Sur: Dirección Regional de Salud con 25,80 ml; Este. Solar y casa de Pedro Miguel fajardo con 20,40 ml, y oeste: solar y casa de José Barco con 5,00 + 7,15 + 13,70 ml. Adquirido de manos de la Alcaldía de Guanare, Estado Portuguesa, por ante el Registro Público de esta ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, en fecha 11/02/2014, bajo el Nº 2014.99, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.10100, correspondiente al Libro del folio real del año 2014, y ordena oficiar a la respectiva Oficina de Registro Público, para que estampe la nota marginal sobre este mandato judicial. Así se decide.

DISPOSITIVA
Por los anteriores razonamientos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: 1) IMPROCEDENTE la Medida Preventiva Innominada referida a la Anotación Provisional de la presente demanda en los datos registrales de los tres vehículos referidos en el capitulo I de los hechos, objeto de la presente acción.
2) PROCEDENTE la Medida Innominada de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el vehículo: Placa: AF854NV; Serial del motor: 6 CILINDROS; Marca: FORD; Modelo: MUSTANG; Año: 2015; Color: BLANCO; Clase: AUTOMOVIL; Tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; este certificado de Registro de Vehículo tiene fecha de expedición 02/09/2015, Número de Autorización 002AFD255815; y el Número de Certificado es 150101871457, expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre.
3) IMPROCEDENTE la Medida Innominada de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los vehículos con las siguientes características: marca: JEEP; modelo: CHEROKEE; placa: AH759SA; serial del motor: 8 CIL; serial de carrocería: 8Y8RJ5DT3DG004390; año: 2013: PLATA; clase: AUTOMOVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; y el vehículo segundo: marca: CHEVROLET; modelo: AVEO/AVEO 3 PTAS 1.6; placa: AA414YG; serial de motor: 68V333479; serial de carrocería: 8Z1TJ29668V333479; año:2008; color: PLATA; clases: AUTOMÓVIL; tipo: COUPE; uso: PARTICULAR; por cuanto estos vehículos carecen de titulo de propiedad o certificado de registro de vehículo emanado del Instituto Nacional de Transporte terrestre, que es el organismo competente para llevar los asientos de registro, según el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre.
4) IMPROCEDENTE la Medida Innominada de Detención vehicular sobre los tres vehículos referidos supra en el capitulo I de los hechos, objeto de la presente acción.
5) IMPROCEDENTE la Medida de Embargo Preventivo en contra de todo bien mueble que tenga el demandado en su patrimonio hasta por el monto de la cuantía estimada en el presente juicio.
6) PROCEDENTE la Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el cien por ciento de los derechos de propiedad pertenecientes al demandado, en el inmueble ubicado en el Barrio Curazao, carrera 01, signado con el número catastral 18-04-01, sector 8, lote 25, con un área de 553,05 m2, cuyos linderos son: Norte: Carrera 1 con 18,80 ml; Sur: Dirección Regional de Salud con 25,80 ml; Este. Solar y casa de Pedro Miguel fajardo con 20,40 ml, y oeste: solar y casa de José Barco con 5,00 + 7,15 + 13,70 ml. Adquirido de manos de la Alcaldía de Guanare, Estado Portuguesa, por ante el Registro Público de esta ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, en fecha 11/02/2014, bajo el Nº 2014.99, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.10100, correspondiente al Libro del folio real del año 2014.
7) SE ORDENA oficiar a la Oficina de Registro Inmobiliario de los Municipios Guanare, Papelón y San Genaro de Boconoito del Estado Portuguesa, para que estampe la nota respectiva sobre este mandato judicial con acuse de recibo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Guanare, a los Veinticinco días del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciséis (25/10/2.016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez,

Abg. Rafael Ramírez Medina
La Secretaria Accidental,

Abg. Yuralbi Hernández Rojas de Sánchez.
En la misma fecha se dictó y publicó a las once de la mañana (11:00 a.m.).

Conste,