REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA ACARIGUA 207º y 158º ASUNTO: Expediente N°: 3.512 I DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS: PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil MANGUERAS ACARIGUA, C.A., inscrita inicialmente en fecha 24/09/1.990 en el Registro de Comercio llevado por la Secretaría del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, bajo el N° 175, Tomo 4 de los Libros de Registro de Comercio correspondiente, representada por los ciudadanos STEFANO FERRARI GRANCINI Y PARDO ANTONIO DEL ZOPPO MIRAGLIA, venezolano el primero y extranjero el segundo, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-7.078.750 y E-605.426, hábiles en derecho, el primero domiciliado en la ciudad de Valencia Estado Carabobo y el segundo en la ciudad de Acarigua Estado Portuguesa, en su condición de Administradores. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados MARCO ANTONIO APONTE y MERY MELÉNDEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 48.747 y 55.469, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Ciudadanos FRANCO COLAVITA y ELIDA ROSA SÁNCHEZ DE COLAVITA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.446.261 y 1.129.822, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE CO-DEMANDADA FRANCO COLAVITA SÁNCHEZ : Abg. HERMES AGUSTÍN SÁNCHEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 128.734 y Abg. MANUEL PARRA ESCALONA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 9.857. MOTIVO: NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SENTENCIA: DEFINITIVA Se dan por cumplidos los extremos requeridos en el ordinal segundo del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil con respecto a las partes y abogados que las representan en la presente causa. II DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA En Alzada obra la presente causa, en virtud de la apelación ejercida en fecha 01/08/2.017, por la abogada Mery Meléndez, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en contra de la sentencia dictada en fecha 26/07/2.017, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. III DE LAS ACTAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SE EVIDENCIAN LAS SIGUIENTES: En fecha 09/04/2.015, los ciudadanos Stefano Ferrari Grancini y Pardo Antonio del Zoppo Miraglia, en su condición de administradores y en consecuencia representantes legales de la sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A., asistidos por la abogada en ejercicio Mery Meléndez demandaron por ante el Juzgado Cuarto (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa a los ciudadanos Franco Colavita y Elida Rosa Sánchez de Colavita, por nulidad de contrato de arrendamiento. Acompañan anexos (folios 01 al 81 de la primera pieza). En fecha 10/04/2.015, el expediente quedo por distribución en el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, quien mediante auto dictado en fecha 15/04/2.015, admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de los demandados, a los fines de que den contestación a la demanda interpuesta en su contra u opongan cuestiones previas y defensas (folio 82, de la primera pieza). El día 01/07/2.015, los abogados Mery Meléndez y Marco Antonio Aponte, en su carácter de apoderados de la sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A., presentan escrito de reforma de la demanda. Acompañó anexos (folios 112 al 147, de la primera pieza). Dicho escrito fue admitido por el a quo en fecha 06/07/2.015 (folio 148, de la primera pieza). En fecha 27/10/2.016 el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, dictó sentencia declarando: Sin Lugar la acción de nulidad de contrato de arrendamiento intentada por la sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A., representada por los abogados Marco Antonio Aponte y Mery Meléndez en contra de los ciudadanos Franco Colavita, Elida Rosa Sánchez de Colavita y Herederos Desconocidos, representados por los abogados Hermes Sánchez y Manuel Parra Escalona. Este Juzgado Superior dictó sentencia en fecha 14/03/2.017, declarando: “…PRIMERO: CON LUGAR, la apelación ejercida en fecha 01/11/2.016, por la abogada Mery Meléndez, en su carácter de coapoderada de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 27/10/2.016, por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. SEGUNDO: LA NULIDAD de la sentencia dictada en fecha 27/10/2.016, por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, y a los fines de garantizarle el derecho a la doble instancia, se REPONE la causa originaria al estado de que el Juzgado de Municipio que por Distribución le corresponda, dicte nueva sentencia, en los términos aquí planteados” (folios 68 al 78, 2da pieza). En fecha 28/04/2.017, el expediente fue recibido por distribución en el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, quien mediante auto dictado en fecha 02/05/2.017, admitió la demanda, ordenando la notificación de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil (folios 83 y 84, 2da pieza). Mediante auto de fecha 19/05/2.017, el juez a quo fija el trigésimo día de despacho para que tenga lugar el debate oral y público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 870 del Código de Procedimiento Civil (folio 91, 2da pieza). El día 20/06/2.017, se realizó la audiencia de conciliación, manifestando las partes no llegar a un acuerdo y solicitaron la continuación del juicio (folio 94, 2da pieza). En fecha 30/06/2017, el abogado Hermes Sánchez apoderado judicial de la parte co demandada Franco Colavita Sánchez, consignó copias certificadas del poder autenticado (folio 95 al 97, 2da pieza). En fecha 06/07/2.017, se realizó el debate oral y público mediante el cual la juez a quo declaró sin lugar la demanda (folios 98 al 106 2da pieza), apelando de dicha sentencia el abogado Marco Antonio Aponte, apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Mangueras Acarigua, C.A., mediante diligencia de fecha 25/07/2017 (folio107, 2da pieza). El día 26/07/2.017, se publicó el texto íntegro de la sentencia, por lo que la abogada Mery Meléndez, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, ratifica la apelación (folios 108 al 127, 2da pieza). Mediante auto de fecha 03/08/2.017, el Tribunal a quo oye la apelación en ambos efectos y ordena remitir el expediente a esta Superioridad (folio 128, 2da pieza). En fecha 04/08/2.017, se recibe el expediente en esta Alzada y procede a darle entrada fijando oportunidad para que las partes consignen escritos de informes (folios 130 y 131, 2da pieza). El día 09/10/2.017, la abogado Mery Meléndez en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó escrito de informes señalando entre otras cosas lo siguiente: Que la decisión objeto de impugnación incurrió en una infracción de ley al interpretar erróneamente el contenido y alcance del artículo 1.924 del Código Civil, y en consecuencia incurrió en el vicio delatado, con lo cual violentó adicionalmente a su representada sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (folios 133 al 147, 2da pieza). Mediante escrito presentado en fecha 09/10/2.017, el abogado Hermes Sánchez apoderado judicial de la parte co demandada Franco Colavita Sánchez, consignó informes solicitando la ratificación de la sentencia proferida por el a quo (folios 148 al 150, 2da pieza). En fecha 20/10/2.017, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, dicta auto dejando constancia que el abogado Hermes Sánchez, apoderado de la demandada presentó escrito de observaciones, fijando la oportunidad para dictar sentencia (folio 152, 2da pieza). DEL LIBELO DE DEMANDA: En fecha 09 de abril de 2.015, los ciudadanos Stefano Ferrari Grancini y Pardo Antonio del Zoppo Miraglia, en su condición de representantes legales de la Sociedad Mercantil Mangueras Acarigua, C.A., presentaron escrito de demanda en contra de los ciudadanos Franco Colavita y Elida Rosa Sánchez de Colavita, alegando en el libelo: Que tal y como se desprende de los contratos de arrendamientos, la empresa Mangueras Acarigua, C.A., ha mantenido una relación arrendaticia con el ciudadano Michele Colavita Testa, sobre un inmueble de su propiedad constituido por un local comercial distinguido con el Nº 2, con su respectiva mezzanina, situado en la Avenida los Agricultores, cruce con calle 28, Acarigua, Estado Portuguesa y comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Patio interno de estacionamientos; SUR: Estacionamientos del mismo local Nº 2; ESTE: Local Nº 3; y OESTE: Local Nº 1. Que en el documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de Turén, Estado Portuguesa, en fecha 20/11/2.009, e inserto bajo en Nº 44, Tomo 22, de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria, el prenombrado ciudadano Michele Colavita Testa, dio en venta a su hijo, Franco Colavita, la totalidad del edificio Santa Teresa, del cual forma parte dicho local comercial. Que al momento de producirse dicha venta, estaba corriendo el lapso del contrato de arrendamiento con vigencia del 01/1/2.009 al 31/12/2.010. Que vencido el término de dicha convención arrendaticia, el mencionado Michele Colavita Testa, acordó con su representada, suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con vigencia desde el 01/1/2.011 hasta el 31/12/2.011. Que es claro y evidente que para la fecha de suscripción del aludido contrato de arrendamiento (06/5/2.011) sobre el local comercial en cuestión, hacia un (1) año y seis (6) meses que el mismo había sido dado en venta a un tercero (Franco Colavita), y en consecuencia, el ciudadano Michele Colavita Testa, ya no era propietario del mismo, no teniendo entonces cualidad alguna para darlo en arrendamiento, como engañosamente y en claro fraude a los derechos e intereses de su representada, lo hizo. Que tal afirmación la hace sobre el contenido de la cláusula primera de dicha convención arrendaticia, en la cual el ciudadano Michele Colavita Testa se acredita, sin serlo, la condición de propietario del inmueble. Que ciertamente su representada suscribió el aludido contrato de arrendamiento sobre la base de un error de hecho, específicamente respecto de la persona del arrendador, que en todo caso debió ser el ciudadano Franco Colavita, y no, Michele Colavita Testa. En efecto, tal y como lo afirma la demandante, con este último ciudadano su representada había suscrito un séptimo contrato de arrendamiento con vigencia 01/1/2.009 a 31/12/2.010, y siendo que, como quedó dicho, la venta del edificio Santa Teresa del cual forma parte el local comercial de autos, se materializó en fecha 20/11/2.009, por estar vigente para la época del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, frente a tal circunstancia, aplicó el artículo 20 de dicho instrumento legal. Que su representada Mangueras Acarigua, C.A., demanda formalmente a los ciudadanos Franco Colavita y Elida Sánchez de Colavita, así como los herederos desconocidos de dicho causante, para que convengan o sean condenados por el tribunal a: 1.- En la nulidad del contrato de arrendamiento contenido en documento debidamente autenticado por ante la Notaria Pública Primera de Acarigua, estado Portuguesa, en fecha 6 de Mayo de 2.011, e inserto bajo el Nº 19, Tomo 79 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, con vigencia desde el 01/1/2.011 hasta el 31/12/2.011. 2.- En la nulidad de las obligaciones contraídas por nuestra representada en el aludido contrato de arrendamiento, dada la ilicitud al otorgarse dicho documento y estar viciados en su consentimiento con presencia de dolo por parte del arrendador. Fundamenta la presente acción en los ordinales 1º y 3º del artículo 1.141, ordinal 2º del artículo 1.142, 1.146, 1.148, 1.149 y 1.150 del Código Civil. Estimaron la acción en la cantidad de OCHENTA MIL BOLÍVARES (BS. 80.000,oo), equivalente a la cantidad de 533,33 unidades tributarias. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: En fecha 30/05/2.016, el abogado Hermes Agustín Sánchez, en su carácter de apoderado judicial de los demandados, ciudadanos Franco Colavita y Elida Sánchez De Colavita, contestó la demanda, oponiendo como punto previo las defensas perentorias siguientes: A) Falta de cualidad de la parte demandada para sostener el juicio. B) Prescripción de la acción incoada en esta causa. Por otra parte, negó y rechazó: • Que en el referido contrato de arrendamiento hubo error excusable, de conformidad con el articulo 1.142 del Código Civil o que le fue arrancado por violencia o sorprendido por dolo al haber suscrito dicho contrato de arrendamiento. • Que el extinto Michele Colavita Testa haya arrendado la cosa ajena porque para el momento de la firma del contrato de arrendamiento objeto de la demanda por nulidad era la única persona que aparecía como dueño absoluto del edificio Santa Teresa en la Oficina del Registro Publico Inmobiliario del Municipio Páez del Estado Portuguesa. • Que el extinto Michele Colavita Testa haya actuado de mala fe, porque en ningún momento el actor fue perjudicado por efecto del referido contrato de arrendamiento y gozo y uso por espacio de 15 años sin ninguna perturbación dicho local objeto del contrato de arrendamiento. • Que el extinto Michele Colavita Testa haya faltado al compromiso de buena fe, lealtad y probidad de debe privar en las partes contratantes. • Que el extinto Michele Colavita Testa tuviere la obligación de darle preferencia ofertiva al demandante o participarle de alguna negociación referente al edificio. Porque en momento de producirse la autenticación del referido documento de venta estaba en vigencia la Ley de Arrendamiento Inmobiliario que establecía en su articulo 42 la preferencia ofertiva, pero en esa misma ley en el artículo 49 consagraba la excepción que cuando se vendía globalmente un edificio no había preferencia ofertiva para el arrendatario. • Que el contrato de arrendamiento suscrito en la Notaria Publica Primera de Acarigua Estado Portuguesa en fecha 23/6/2.009 le falte alguno de los elementos necesarios para su constitución ya sea por falta de capacidad de los contratantes, por falta de consentimiento, por falta de causa, por ilicitud de la causa o indeterminación como lo establece el numeral 2º del articulo 1.142 del Código Civil así como los artículos 1146 y 1148 ejusdem. PRUEBAS CURSANTES EN AUTOS: DE LA PARTE DEMANDANTE: A la Demanda Acompañó: - Marcado “A”. Copia fotostática del Acta Constitutiva de la sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A. (folios 12 al 17 de la primera pieza). - Marcado “B”. Copia fotostática de modificación de documento constitutivo estatuario de Acta de Asamblea de Accionistas de la sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A. (folios 18 al 23 de la primera pieza). - Marcado “C”. Copia fotostática del documento Constitutivo estatuario donde se evidencia el carácter y cualidad de los ciudadanos Stefano Ferrari Grancini y Pardo Antonio Del Zoppo Miraglia, que fungen como administradores de la Sociedad Mercantil Mangueras Acarigua, C.A. (folios 24 al 27 de la primera pieza). Con relación a estas tres documentales que al ser promovidas copias fotostáticas simples de documentos públicos no impugnadas, se aprecian de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para acreditar la existencia en el mundo jurídico de dicha sociedad y el carácter que ostenta dicha empresa los ciudadanos Stefano Ferrari Grancini y Pardo Antonio Del Zoppo Miraglia. - Marcado “D”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento celebrado en fecha 10 de Abril de 2.003, autenticado por ante la Notaría Pública Sexta de Valencia Estado Carabobo, inserto bajo el Nº 30, Tomo 24, de los Libros de Autenticaciones llevados por la referida Notaría y Contrato de arrendamiento posteriormente celebrado en fecha 24 de Abril de 2.003, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 63, Tomo 42, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría (folios 28 al 34 de la primera pieza). - Marcado “E”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento celebrado en fecha 30 de Mayo de 2.005, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 33, Tomo 48, del de los Libros de Autenticaciones llevados por la referida Notaría (folios 35 al 40 de la primera pieza). - Marcado “F”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento celebrado en fecha 12 de Abril de 2.007, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 48, Tomo 53, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría y posteriormente autenticado en fecha 13 de Julio de 2.007, por ante la Notaría Pública Sexta de Valencia Estado Carabobo, inserto bajo el Nº 84, Tomo 131, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría (folios 41 al 46 de la primera pieza). - Marcado “G”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento, celebrado en fecha 02 de Abril de 2.008, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 63, Tomo 41, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría y posteriormente autenticado en fecha 16 de Mayo de 2.008, por ante la Notaría Pública Sexta de Valencia Estado Carabobo, inserto bajo el Nº 70, Tomo 81, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría (folios 47 al 50 de la primera pieza). - Marcado “H”-“I”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento, celebrado en fecha 23 de Junio de 2.009, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 22, Tomo 77, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría y Copia fotostática del recibo de pago de depósito en garantía (complemento) por alquiler del Local Nº 2, del Edificio Santa Teresa, de fecha 09 de Mayo de 2.011, el cual fue anexado marcado con la letra “I” (folios 51 al 57 de la primera pieza). - Marcado “J”. Copia fotostática del Contrato de arrendamiento, celebrado en fecha 06 de Mayo de 2.011, autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nº 19, Tomo 79, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante dicha Notaría (folios 58 al 63 de la primera pieza). Con relación a estos contratos de arrendamientos, este Juzgador debe establecer que sobre estos no existe discusión alguna en esta causa, por lo cual deben ser desechados por no ser pertinentes. ASI SE DECIDE. - Marcado “K”. Copia fotostática del recibo de pago de pago de canon de arrendamiento por alquiler del Local Nº 2, del Edificio Santa Teresa, de fecha 06 de Octubre de 1.999 (folio 64 de la primera pieza). Como quiera que en esta causa no se discute la falta de pago por motivo de canon de arrendamiento, esta instrumental debe ser desechada. - Marcado “L”. Copia fotostática del Documento de compra-venta, celebrado en fecha 20 de Noviembre de 2.009, por ante la Notaría Pública de Turen, Estado Portuguesa, quedando inserto bajo el Nro. 44, Tomo 22, folios 165 al 167 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, que realiza el ciudadano Michele Colavita Testa al ciudadano Franco Colavita Sánchez, del edificio constituido por una parcela de terreno ubicada en la Avenida los Agricultores, de la ciudad de Acarigua, Municipio Páez del Estado Portuguesa, el cual tiene una superficie de terreno de Dos Mil Cuatrocientos noventa y nueve metros con sesenta centímetros cuadrados (2.499,60 M2), y comprendido en los siguientes linderos: NORTE: Solar que es o fue de FELIX MOGOLLON; SUR: Avenida los Agricultores; ESTE: Inmueble que perteneció a EUSEBIO ARANGUREN, ahora propiedad de MICHELE COLAVITA, hoy calle veintiocho (28) y OESTE: Solar y casa que es o fue de JESUS TERAN. Edificio denominado “SANTA TERESA” constante de dos (2) plantas: La primera conformada por seis (6) locales comerciales y nueve (9) baños una mezzanina, once (11) baños; la planta alta constante de seis (6) oficinas, veintiún (21) baños, una jardinera y cuarto de aseo, dicho edificio consta de áreas destinadas a la jardinería y dos (2) áreas para el estacionamiento de treinta y nueve (39) vehículos (folios 65 al 71 de la primera pieza). Con relación a la valoración de esta instrumental la misma se hará en la motiva de esta sentencia. - Marcado “M”. Copia fotostática del libelo de demanda por cumplimiento de contrato que instauró la Sociedad Mercantil Soluciones Est & 378 C.A. (folios 72 al 74 de la primera pieza). Dicha instrumental no constituye material probatorio, por lo cual debe ser desechado. - Copia fotostática de Titulo Supletorio Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Páez del Estado Portuguesa, en fecha veintisiete (27) de Junio de Mil Novecientos Ochenta y Cinco 1985, de las bienhechurías fomentadas por el ciudadano Michele Colavita Testa sobre el inmueble denominado edificio SANTA TERESA (folios 75 al 80 de la primera pieza). Como quiera que no fue impugnada, la misma debe ser valorada de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, para acreditar que el referido ciudadano Michele Colavita Testa, levantó a sus propias expensas las mejoras y bienhechurías descritas en el. - Marcado “O”. Copia certificada emanada del Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL), en fecha 29 de Agosto de 2.013, donde la ciudadana Elida de Colavita, le participa al ciudadano Pardo Antonio del Zoppo Miraglia, que por cuanto su esposo falleció en fecha 01 de Septiembre de 2.013, las facturas serán emitidas a nombre de Franco Colavita y que las condiciones del contrato de arrendamiento seguirán siendo las mismas así como el goce de la prórroga legal el 31 de Diciembre de 2.013 (folio 81 de la primera pieza). Como quiera que en esta causa no se debate la relación arrendaticia que pueda existir entre la demandante y los demandados, la misma debe ser desechada. Durante el lapso de promoción de pruebas transcurrido en el Tribunal a quo, la parte accionante ratificó todos y cada uno de los elementos de convicción producidos con el libelo de demanda. DE LA PARTE DEMANDADA: A la contestación acompañó: - Marcado “A”. Copia certificada del acta de nacimiento de la ciudadana Teresa Colavita Sánchez, emanada de la Prefectura Civil del Distrito Esteller del Estado Portuguesa, la cual se encuentra inserta bajo el Nº 12, folio Nº 6 vuelto (folio 11 de la segunda pieza). En relación a esta documental, se desecha por no ser pertinente. ASI SE DECIDE. Durante el lapso de promoción de pruebas transcurrido en el tribunal a quo: - Marcado “B” Copia simple de sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, de fecha 12 de mayo de 2.011, del expediente Nº 2010-000689, la cual fue anexada marcada con la letra “B”. (folios 20 al 33 de la segunda pieza). Se desecha por no constituir material probatorio. YASÍ SE DECIDE. - Finalmente, ratificó y promovió en cada una de sus partes el escrito de contestación. DE LA SENTENCIA APELADA: En fecha 26/07/2.017, el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, publicó el texto íntegro de la sentencia, señalando entre otras cosas lo siguiente: “…En el caso de marras la parte actora alega que engañosamente y en claro fraude a los derechos e intereses de su representada, lo hizo ciertamente su representada suscribiendo el contrato de arrendamiento sobre la base de un error de hecho, específicamente respecto de la persona del arrendador, que en todo caso debió haber contratado con el ciudadano Franco Colavita y no con Michele Colavita Testa, siendo que durante la relación arrendaticia existente entre el ciudadano Michel Colavita Testa y su representada, existía un contrato de arrendamiento vigente desde el 1/8/1999 hasta el 31/12/2011 y la propiedad del inmueble objeto de dicho arrendamiento paso del ciudadano Michele Colavita Testa al ciudadano Franco Colavita; era este último el llamado a suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con su representada, por lo que el referido ciudadano arrendó una cosa ajena, es decir el inmueble objeto del presente juicio no siendo de su propiedad para el momento en que suscribió el nuevo contrato de arrendamiento. …omisis… En el caso sub judice, si bien no consta en el expediente y menos aún ha sido invocado por la parte demandada que el nuevo propietario Franco Colavita Testa le haya dado el consentimiento expreso o tácito al ciudadano Michele Colavita Testa para arrendar el inmueble objeto del presente juicio y la falta de consentimiento en principio vicia el contrato de arrendamiento al no constar el consentimiento del nuevo propietario y en consecuencia no tiene validez el contrato. No obstante, es necesario señalar que el arrendamiento de local comercial se rige, en primer lugar, por la voluntad de las partes. Entiéndase, voluntad de arrendador y arrendatario. Así las cosas, pudiéramos afirmar en principio que el ciudadano Michele Colavita Testa no ostentaba en exclusiva la posición de arrendador pues el local ya no era de su exclusiva propiedad, sino que este derecho (el de propiedad) era de su hijo Franco Colavita Testa, en virtud de la venta del inmueble que se produjo con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento a que se ha hecho referencia en el presente juicio, sin embargo tal como lo ha alegado el apoderado judicial de la parte demandada el ciudadano Colavita Testa es el único propietario del edificio Santa Teresa y es del cual forma parte el local comercial cuyo contrato de arrendamiento constituye el objeto de la demanda de nulidad de contrato, por cuanto el documento autenticado donde cedió sus derechos de propiedad al co-demandado FRANCO COLAVITA SÄNCHEZ, fue registrado con posterioridad a la fecha de su muerte y el referido documento autenticado por no haber sido sometido a su registro no tiene efecto contra tercero, por la circunstancia de no haberse protocolizado o registrado el documento autenticado y además la única persona que aparece como propietario del inmueble edificio Santa Teresa en la Oficina de Registro Público Inmobiliario del Municipio Páez era el ciudadano MICHELE COLAVITA TESTA. …omisis… En atención de las consideraciones anteriormente señaladas se observa que en el caso bajo estudio la pretensión de la actora en su escrito de demanda se dirige a la nulidad relativa de un contrato de arrendamiento por vicios en el consentimiento prestado por error excusable, error en la persona, siendo forzoso para esta juzgadora concluir que el contrato de arrendamiento suscrito por la parte actora es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellos un vínculo jurídico y el mismo no esta afectado de nulidad relativa por los vicios en el consentimiento prestado, siendo que para que se produzca la nulidad del contrato deben darse los supuestos anteriormente señalados y en el presente caso, si bien la actora prestó su consentimiento para la celebración del referido contrato de arrendamiento desconociendo que no era el ciudadano MICHELE COLAVITA TESTA el verdadero propietario por la venta que le hiciere a su hijo FRANCO COLAVITA TESTA, a través del referido documento notariado, no obstante a los efectos del artículo 1.924 del Código Civil, los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble, en virtud del cual debe declararse forzosamente Sin Lugar la presente demanda. Y así se decide.”. IV MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR Conforme ha quedado expuesto, estamos en presencia de un juicio en el que, la empresa mercantil Mangueras Acarigua, C.A., por intermedio de sus representantes legales, ciudadanos Stefano Ferrari Grancini y Pardo Antonio del Zoppo Miraglia, intenta en contra de los ciudadanos Franco Colavita y Elida Rosa Sánchez de Colavita, en sus condiciones de hijo y viuda, respectivamente, de quien en vida respondiera al nombre Michele Colavita Testa, formal demanda por nulidad del contrato de arrendamiento, que la demandante suscribiera con el de cujus, mediante documento autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua del estado Portuguesa, en fecha 06 de Mayo del año 2.011 e inserto bajo el Nº 19, Tomo 79 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría y con vigencia del 01 de enero del año 2.011 hasta el 31 de diciembre del año 2.011, y que recae sobre un inmueble constituido por un local comercial distinguido con el Nº 2, con su respectiva mezzanina, ubicado en la planta baja del Edificio Santa Teresa, situado en la avenida Los Agricultores, cruce con calle 28 de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa, la cual fue declarada Sin lugar por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, mediante sentencia definitiva, dictada en fecha 26 de julio del año 2.017, de la cual apeló la parte actora. Es importante destacar además que, la referida sentencia, previo al fondo, declaró improcedentes las defensas de falta de cualidad, y de prescripción de la acción, planteadas por la parte demandada, decisiones sobre las que no se ejerció el recurso de apelación, lo cual trae como consecuencia la imposibilidad de entrar al conocimiento de dichos puntos, para determinar si las mismas están ajustadas o derecho, o no lo están, en razón de que el conocimiento en esta instancia, se encuentra limitado por dos principios fundamentales que guían los medios de impugnación en el derecho procesal venezolano. El primero, el principio de la “reformatio in peius”, por el cual este sentenciador, no puede hacer más gravosa la situación procesal del recurrente, lo contrario sería limitar el ejercicio de los medios de impugnación hasta el punto de sesgar la impugnación de éstos con el derecho a la defensa que se desarrolla en el proceso judicial. El segundo, es el “tantum apellatum quantum devolutum” por lo cual, se le da personalidad al recurso ejercido y se delimita el recurso en el principio dispositivo que guía nuestro proceso judicial (Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil), el conocimiento de la instancia revisora solo a lo que el recurrente impugna y no a otra cosa. Entonces, como quiera que sólo apeló la parte actora, estamos en presencia de una apelación parcial, que en definitiva constituye la actuación que motoriza el movimiento de este órgano jurisdiccional. Así tenemos que, la consecuencia de esta apelación parcial, es que el conocimiento, examen y decisión en esta incidencia está dirigida solo al punto apelado, en atención a los dos (2) principios fundamentales que guían los medios de impugnación en el derecho procesal venezolano, conforme fue expuesto supra. Ahora bien, establecido lo anterior, debemos entonces precisar que nos corresponde entrar a resolver el fondo del asunto en atención a la apelación que formuló la parte actora, que le declaró Sin lugar su pretensión de que se le declare nulo el contrato de arrendamiento que suscribiera con el fallecido Michele Colavita Testa. En este contexto, nos encontramos que la parte perdidosa en el escrito de informes presentado ante esta Instancia, delató que la decisión aquí apelada incurrió en el error de interpretación del artículo 1.924 del Código Civil, y con ello, les violentó sus derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso, y en consecuencia solicitó la nulidad de la misma. Al respecto, dispone el citado artículo 1.924, lo siguiente: “Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros que, por cualquier titulo, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Cuando la Ley exige un titulo registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales”. En este caso, la parte apelante, fundamentó su denuncia entre otros argumentos, en los siguientes puntos: “….1.- INFRACCION DE LEY (ERROR DE INTERPRETACION DEL ARTICULO 1924 DEL CODIGO CIVIL).- La decisión objeto de impugnación incurrió en una infracción de ley al interpretar erróneamente el contenido y alcance del artículo 1924 del Código Civil. En efecto, al pronunciarse sobre el alegato de que al momento al suscribir con mi representada el contrato de arrendamiento contenido en documento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Acarigua, estado Portuguesa, en fecha 06 de mayo de 2011, e inserto bajo el Nº 19, tomo 79 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, y con vigencia desde el 01/01/2011 hasta el 31/12/2011, el ciudadano Michele Colavita, ya no era propietario del inmueble objeto de dicho arrendamiento, la recurrida, en su capítulo denominado “CONSIDERACIONES PARA DECIDIR”, expresó: ….OMISSIS…. Obsérvese que en dicho pronunciamiento la recurrida expresamente da por acreditados dos de los hechos fundamentales alegados en el respectivo libelo, esto es: a).- Que el fallecido Michele Colavita Testa “…no ostentaba en exclusiva la posición de arrendador pues el local ya no era de su exclusiva propiedad, sino que este derecho (el de propiedad) era de su hijo Franco Colavita Testa, en virtud de la venta del inmueble que se produjo con anterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento (suscrito con mi representada)…”; y b).- Que la actora prestó su consentimiento para la celebración del referido contrato de arrendamiento “…desconociendo que no era el ciudadano MICHELE COLAVITA TESTA el verdadero propietario (del local comercial objeto de arrendamiento) por la venta que le hiciere a su hijo FRANCO COLAVITA TESTA, a través del referido documento notariado…”. No obstante la acreditación de tales hechos, dicha recurrida declaró sin lugar la presente demanda bajo el alegato de que el referido documento autenticado en virtud del cual Michele Colavita, le vendió a su hijo Franco Colavita el inmueble en cuestión, al ser un documento autenticado sólo producía efectos entre ellos y no era oponible a terceros, lo que a todas luces evidencia que se interpretó erróneamente el artículo 1924 ejusdem, cual es del tenor siguiente: “Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros que, por cualquier titulo, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble. Cuando la Ley exige un titulo registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquél con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales”. Respecto de este dispositivo legal, la Sala de Casación Civil del tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº RC.000307, de fecha 30 de mayo de 2014, expresó: “Asimismo, la Sala en decisión Nº 323, de fecha 6 de octubre de 2000, expediente Nº 2000-000254, caso Angelina bonilla de Chinchilla contra Yersy Alex Osorio Palacios y otro, expresó: “…De acuerdo con jurisprudencia de esta Sala, el artículo 1.924 del Código Civil, distingue los efectos de la falta de protocolización de un acto en dos supuestos: el primero párrafo, se refiere a los actos en que la formalidad del registro es simplemente ad probationem, a diferencia del supuesto contenido en el segundo párrafo, que establece en los casos determinados por la ley, el registro es esencial para la validez del acto y no es admisible otra clase de prueba para hacer valer un derecho, o sea que la formalidad, en este caso, es ad solemnitatem. Cuando el registro es ad probationem, el acto no registrado no surte efectos contra terceros que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble (Sent. Del 3 y 11 de julio de 1968)…” De la trascripción es claro entender que, la doctrina de la Sala precisa que ningún título no registrado puede enervar el derecho de propiedad de terceros que previamente hayan adquirido un bien por cualquier documento legalmente registrado”. Se colige de dicho dispositivo legal y del criterio jurisprudencial citado, que efectivamente los documentos contentivos de transacciones de compra venta de inmuebles que estando sometidos a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen efecto contra terceros, pero obsérvese que no es cualquier tercero, no, son aquellos que “…por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos de propiedad sobre el inmueble”. Ello así, aplicando tales precisiones al caso de autos, tenemos que efectivamente mi representada, Mangueras Acarigua, C.A., es un tercero respecto del documento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Turen, estado Portuguesa, en fecha 20/11/2009, e inserto bajo el Nº 44, Tomo 22 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, contentivo de la venta que del edificio Santa teresa (del cual forma parte el local comercial objeto del contrato de arrendamiento demandado en nulidad), hizo Michele Colavita a su hijo Franco Colavita. No obstante dicho tercero (mi representada), ningún derecho de propiedad había adquirido con anterioridad a la referida fecha del 20/11/2009, respecto de dicho inmueble mediante documento legalmente registrado, y por lo tanto, no puede incluírsele en la categoría de los terceros a que hace referencia el citado artículo 1924. La correcta interpretación del alcance y contenido de dicho dispositivo legal, al ser aplicada al caso de autos, nos colocaría en el supuesto de que mi prenombrada representada, Mangueras Acarigua, C.A., por cualquier titulo (debidamente registrado), hubiese adquirido (del ciudadano Michele Colavita) y conservado legalmente derechos sobre el inmueble que originariamente se le dio en arrendamiento, y que contra dicho documentote adquisición de derechos debidamente registrado, se pretendiera hacer valer el citado documento debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Turen, estado Portuguesa, en fecha 20/11/2009, e inserto bajo el Nº 44, Tomo 22 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, mediante el cual el ciudadano Michele Colavita, con posterioridad, le dio en venta a su hijo Franco Colavita, el edificio Santa Teresa (del cual forma parte el local comercial objeto del contrato demandado en nulidad). Obviamente que en este supuesto, efectivamente este último documento simplemente autenticado (no registrado), no se podía hacer valer contra mi prenombrada representada, en su condición de tercero. Sin embargo, no es este el supuesto de autos, ya que si bien es cierto, tal como se ha señalado insistentemente, que Mangueras Acarigua, C.A., ostenta dicha condición de tercero frente a las partes otorgantes de dicho documento autenticado, también es cierto que dicha sociedad mercantil, por ningún título había adquirido o conservado legalmente derechos de propiedad sobre el inmueble que ocupa en calidad de inquilina y que fue dado en venta en los términos ya señalados por Michele Colavita a su hijo Franco Colavita, lo que nos permite concluir que el documento contentivo de dicha venta mientras mantuvo su condición de autenticado (no registrado), surtió todos sus efectos legales frente a mi expresada representada por no ser ésta un tercero de aquellos a los que alude el citado artículo 1924 del Código Civil, circunstancia esta que por vía de consecuencia nos lleva a concluir igualmente, como lo afirmamos en el respectivo libelo, lo sostuvimos a lo largo del presente juicio y lo reiteramos en el presente escrito, que para el 6 de mayo de 2011, fecha en que dicha representada suscribió el contrato de arrendamiento cuya nulidad se demanda, con el ciudadano Michele Colavita, este ya no era propietario del inmueble objeto de dicho arrendamiento, sino que lo era el ciudadano Franco Colavita, quién en tal condición, en ausencia de autorización expresa para ello, debió, en primer lugar, informar a mí representada que él era el nuevo propietario de referido edificio Santa Teresa, y en segundo lugar, proceder en tal condición, a suscribir el contrato de arrendamiento demandado en nulidad, si así lo aceptaba mi representada….” Así las cosas, con relación a los alegatos de las partes realizados en el acto de informes, la Sala de Casación Civil en innumerables sentencias, ha sostenido lo siguiente: “Aquellos alegatos de corte esencial y determinante deben ser analizados por el sentenciador, a los fines de cumplir con el principio de la exhaustividad de la sentencia que constriñe al juez a pronunciarse sobre todo lo alegado y solamente sobre lo alegado, so pena de incurrir en la infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 5º del Código de Procedimiento Civil. Por este mandato ha sostenido la Sala que el sentenciador está obligado a revisar todas las peticiones hechas por las partes en los informes, relacionadas con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, pues con ello ha querido darle su justa dimensión a tal acto procesal, sin llegar a descalificarlo. En conclusión, cuando en los escritos de informes se formulen peticiones, alegatos o defensas que aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serían los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa u otras similares, sí debe el sentenciador pronunciarse sobre los mismos en la decisión que dicte, so pena de incurrir en el vicio de incongruencia negativa”. De lo anterior se deduce, que es obligatorio para el Juzgador de Instancia, para no incurrir en incongruencia, aparte de pronunciarse sobre lo alegado en la demanda, como en la contestación, pronunciarse sobre los nuevos alegatos presentados por las partes en el acto de informes, siempre y cuando estos sean determinantes y esenciales en la suerte del proceso, y que no sean de las que debieron ser alegadas, o bien en la demanda, o en la contestación. Sin embargo, y como quiera que se constata de la cita anterior que, el alegato esgrimido para denunciar el referido vicio, está directamente relacionado con el análisis para determinar a quien corresponde la propiedad del inmueble para la fecha en que se firmó el contrato de arrendamiento cuya nulidad aquí se pretende, y en base a ello precisar si el referido arrendador tenia o no la cualidad de propietario; lo que evidentemente constituye este alegato, el punto controvertido en este juicio, y en el presente recurso, según se desprende tanto de la demanda, como de la contestación, por lo que, a criterio de quien juzga no se debe decidir el mismo, mediante pronunciamiento previo, ya que se refiere a una decisión de fondo, por lo que decirlo previamente se incurriría en vicio de petición de principio, es decir, dar como cierto lo mismo que pretende ser probado. De allí, que proceda este Juzgador a pronunciarse sobre el fondo del asunto, el cual se hace bajo las siguientes consideraciones: Aquí tenemos, que según se desprende del análisis de la reforma del libelo de demanda, el núcleo de la acción de nulidad aquí incoada, lo encontramos en que el mismo se sustenta en el hecho de que en el contrato cuya nulidad aquí se pretende, se dio en arrendamiento un bien ajeno, toda vez que quien funge en el mismo como propietario arrendador, para la fecha en que se suscribió dicho contrato (06/05/2.011), ya no tenía la cualidad de propietario, toda vez que según consta de documento autenticado en fecha 20/11/2.009, por ante la Notaría Pública de Turén del estado Portuguesa, le había dado en venta a su hijo, ciudadano Franco Colavita, los derechos sobre la totalidad del Edificio Santa Teresa, del cual forma parte el local comercial arrendado, distinguido con el Nro. 2, con su respectiva mezzanina, ubicado en la planta baja del prenombrado edificio, situado en la Avenida Los Agricultores, cruce con calle 28 de la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, y eso a su entender constituye un engaño y un claro fraude a sus derechos e intereses, que los condujo a contratar por error, pues de haber conocido tal situación no hubiese suscrito dicho contrato. Por su parte, los demandados, ciudadanos Franco Colavita y Elida Rosa Sánchez de Colavita, por intermedio de su apoderado judicial, al contestar la demanda, la rechazan y contradicen en todas y cada una de sus partes, especialmente señalan que hasta el día de la muerte del ciudadano Michele Colavita Testa, este era el único propietario de dicho inmueble, pues si bien, dio en venta la totalidad del bien del cual forma parte el local arrendado, el mismo se hizo mediante documento autenticado en fecha 20/11/2.009, en la Notaría Pública de Turén del estado Portuguesa, y no con un documento registrado que cumpliera con las formalidades del registro público, conforme lo dispone el artículo 1.920, numeral 1º del Código Civil, por tanto quien fungía en el registro respectivo como propietario era Michele Colavita Testa, no otro, en consecuencia, no hubo error excusable conforme lo planteó la actora. En esta contestación, se aprecia que los demandados niegan y rechazan que conforme lo plantea la demandante en su reforma de demanda, el ciudadano Michele Colavita Testa, estaba obligado de darle la preferencia ofertiva, tema que debe ser excluido de la presente decisión, toda vez que no se constata que la demandada haya incluido como fundamento de la presente demanda de nulidad, la nulidad por preferencia ofertiva. ASI SE DECIDE. De las síntesis anteriores, extraemos que nos corresponde determinar si quien funge como arrendador en el contrato cuya nulidad aquí se pretende, para la fecha (06/05/2.011), en que suscribió dicho contrato ya no tenía la cualidad de propietario de dicho inmueble, y por tanto determinar si dio en arrendamiento un bien ajeno, en atención de que para esa fecha ya le había dado en venta a su hijo Franco Colavita, la totalidad del inmueble del que forma parte el bien arrendado, según documento autenticado en fecha 20/11/2.009, por ante la Notaría Pública de Turén, estado Portuguesa, e inserto bajo el Nro. 44, Tomo 22 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría; o determinar que dicho contrato de venta, por haberse otorgado por vía de autenticación no producía efectos contra la arrendataria, aquí demandante. Así las cosas, y como se ha dicho en esta sentencia, la suerte de esta acción, viene dada por el hecho de demostrar, si ciertamente para la fecha en que el ciudadano Michele Colavita Testa, hoy de cujus, suscribió el contrato de arrendamiento con la aquí demandante, era propietario del mismo, o ya no lo era por el hecho de haberlo vendido a su hijo Franco Colavita, mediante documento autenticado, por lo que se debe entrar a analizar el valor como documento público tiene dicho instrumento, con los efectos que pueda tener frente a terceros. Dispone el artículo 1.920 del Código Civil, lo siguiente: “Además de los actos que por disposiciones especiales están sometidos a la formalidad del registro, deben registrarse: 1º.- Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles, o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca… OMISSIS”. A su vez, esta norma debe ser concatenada con las normas contenidas en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, que con relación al instrumento público, disponen: “Artículo 1.357.- Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Artículo 1.359.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso: 1º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlos; 2º, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber visto u oído, siempre que este facultado para hacerlos constar. Artículo 1.360.- El instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, de la verdad de las declaraciones formuladas por los otorgantes acerca de la realización del hecho jurídico a que el instrumento se contrae, salvo que en los casos y con los medios permitidos por la ley se demuestre la simulación”. Así las cosas, a los fines de una mejor y mayor claridad del tema, realizamos algunas consideraciones sobre el documento público, el autenticado y sus efectos. El primero, según la doctrina autorial, de casación y la legislación (artículo 1.357 del Código Civil) es aquél que ha sido autorizado por el funcionario competente. Que la confusión reinante nace de los términos “público” o “auténtico” empleados por el legislador civil y que los intérpretes han asimilado, confundiendo el término “auténtico” con el término “autenticado”. Aquél (el “auténtico”) es cuya autoría y redacción no puede ser discutida, sino por vía de tacha, mientras que el autenticado, puede ser tachado en su otorgamiento. El documento público o auténtico, está referido a su contenido, vale decir, el texto del documento que ha sido autorizado con las solemnidades legales por el funcionario competente, “autorizado” significa, que es el funcionario quien concibe o redacta el documento. Los documentos redactados o creados por el funcionario competente son auténticos, vale decir, no hay duda de su autoría y de su validez. Mientras que, los documentos autenticados, -que no auténticos- son elaborados, concebidos o redactados por la parte interesada. En este tipo de documentos, el funcionario tan sólo interviene para dar fe del dicho de los otorgantes. De allí que la jurisprudencia y doctrina, señalen que se incurre en confusión cuando se asimila el documento público con el autenticado, ya que ambos difieren en lo siguiente: El documento autenticado nace siendo privado, al extremo de que el mismo es redactado o creado por el interesado -otorgante- y el hecho de autenticarse no le quita lo privado ni lo convierte en público y, en ese sentido, ha dicho la doctrina, y en esto ha sido unánime, que el documento que nace privado sigue siendo privado por siempre y jamás puede convertirse en público, vale decir, no modifica la sustancia de tal. La autenticación lo que hace es darle el efecto de público al otorgamiento, pero jamás al contenido del documento. En tanto que el contenido de un documento público es redactado y creado por el funcionario. El documento autenticado es redactado por el interesado y allí vierte lo que a él le interesa. El instrumento público contiene las menciones que indica la Ley y no lo que a las partes interese privadamente. En tanto, nuestra Sala de Casación Civil, sobre el valor de los documentos autenticados como documento fehaciente para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles, ha establecido en múltiples decisiones y entre ellas la dictada en fecha 12 de mayo del 2.012, Exp. 2010-000689, en la que confirmó la sentencia dictada por esta alzada en fecha 1º de noviembre del 2.010, entre otras cosas, lo siguiente: “…..Para decidir, la Sala observa: El ad quem en su decisión, en ninguna forma expresó que el contrato de arrendamiento que la formalizante aportara presumiendo con ello demostrar que el inmueble embargado es de su propiedad, debía ser sometido a la formalidad registral; lo que sí determinó la alzada, conforme a la norma contenida en el artículo 1.920, numeral 1°) del Código Civil, fue que para que prospere la oposición al embargo el opositor debe demostrar, con prueba fehaciente, que el referido bien es de su propiedad, que en el caso que se decide el embargado es un inmueble y que para acreditar la propiedad de tal clase de bienes es requisito legal ostentar un documento debidamente protocolizado ante la Oficina de Registro correspondiente, asunto que no logró demostrar la recurrente lo que, por vía de consecuencia, desvirtuaba su cualidad para oponerse a la medida decretada. El ordinal 1°) del artículo 1.920 del Código Civil, prevé que todo acto traslativo de propiedad de inmuebles debe cumplir con la formalidad del registro, así que de la norma se colige que quien pretenda demostrar que tiene ese derecho sobre un inmueble , deberá ostentar un documento debidamente registrado o protocolizado. La consideraciones expuestas precedentemente conllevan a la Sala a concluir que no incurrió el ad quem en la infracción de falsa aplicación del ordinal 1°) del artículo 1.920 del Código Civil, por lo que se declara improcedente la presente denuncia. Así se establece….” De todo lo anterior, se desprende sin lugar a dudas que en materia de propiedad de inmueble, la misma se demuestra documentalmente con arreglo a las disposiciones del Código Civil, artículo 1.920, numeral 1°, por ser estas de interés u orden público, pues garantizan la publicidad y seguridad del tráfico de esos bienes, cuestión considerada de eminente interés social, o en otras palabras, es propietario de un inmueble quien aparezca como tal, en un documento auténtico, con las formalidades del Registro Público, el cual al unirse al contenido del artículo 1.924 del Código mencionado, donde se expresa que aquellos documentos actos y sentencias que la ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier titulo hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble, además de que no puede suplirse el titulo registrado con otra clase de pruebas para hacer valer un derecho, cuando la Ley exige el registro del título, es decir, si dicho título no cumple con las formalidades del Registro Público es decir, no produce los efectos legales erga omnes. ASI SE DECIDE. Siendo así las cosas, no hay dudas que al pretender la parte actora darle al documento autenticado, el valor de un documento “Auténtico” o “Público”, para acreditar que el ciudadano Michele Colavita Testa, hoy difunto, ya no era el propietario del local arrendado, para la fecha en que suscribió el descrito contrato de arrendamiento, por haber dado en venta a su hijo por documento autenticado, entró en una evidente confusión de términos, por lo que mal puede admitirse dicho alegato de la falta de cualidad de propietario de dicho arrendador. ASI SE DECIDE. En otras palabras, al no constar en que para la fecha en que se suscribió el contrato de arrendamiento cuya nulidad aquí se pretende, había cumplido con las formalidades del registro público, conforme ha quedado suficientemente detallado en esta sentencia, es indudable en establecerse que, para dicha fecha continuaba como propietario de dicho inmueble el mencionado ciudadano Michele Colavita Testa. ASI SE DECIDE. Con lo anterior quedan desechado los argumentos explanados por la demandante de la falta de cualidad de propietario de quien suscribiera el contrato de arrendamiento, así como queda descartado el error excusable, y el dolo en dicha contratación; y como es lógico, igualmente queda desechado el argumento del arrendamiento de la cosa ajena. ASI SE DECIDE. Igualmente se debe mencionar que, la actora si bien está clara, cuando acertadamente en sus informes presentados ante esta Instancia, señaló que, la doctrina precisa que ningún título no registrado puede enervar el derecho de propiedad que tenga cualquier persona sobre un inmueble que haya adquirido y conservado legalmente, y que obviamente este documento, el de la cesión, por ser solamente autenticado, no se le podía hacer valer en su contra, en su condición de tercera; pero a su vez entra en contradicción al señalar que como quiera que por ningún título ha adquirido o conservado legalmente derechos de propiedad sobre el inmueble que ocupan como inquilinos, no entra en esa categoría de terceros que indica el artículo 1.924 del Código Civil, y por tanto dicho contrato de cesión si surte efectos legales contra ella. Esta contradicción radica en que ella se excluye de los efectos de dicha norma por el solo hecho de ser inquilina del inmueble y no tener título que le acredite ser propietaria del mismo, pues la norma es muy amplia, cuando señala “que por cualquier título hayan adquirido y conservado derechos sobre el inmueble”, y en este caso justamente ella en su carácter de arrendataria conserva su derecho de posesión pacífica del inmueble arrendado. ASI SE DECIDE. Conforme a todo lo expuesto, no hay dudas que siendo la demandante una tercera con relación al descrito contrato de venta, que ha adquirido un derecho sobre el inmueble en virtud del contrato de arrendamiento, es indudable que si se requiere que la misma estuviese registrada para la fecha en que se suscribió dicho contrato de arrendamiento, para que pudiese tener efectos contra ella. ASI SE DECIDE. De allí que, no es cierto que por no tener ella un documento o título que la acredite haber adquirido un derecho de propiedad sobre el inmueble que ocupa en calidad de inquilina, no está comprendida en la categoría de terceros a que alude el artículo 1.924 del Código Civil. ASI SE DECIDE. En atención a lo anterior, en que se ha establecido que, dicha venta no surtía efectos contra la arrendataria, en razón de que para la fecha en que celebró el contrato de arrendamiento, no reunía los requisitos para ser considerado documento auténtico o público, no tiene dudas quien aquí juzga en establecer que el mentado ciudadano Michele Colavita Testa (difunto), sí tenía la cualidad de propietario y por tanto debe ser desechado el argumento del arrendamiento de la cosa ajena. ASI SE DECIDE. Con lo anterior se descarta que la Juez a quo haya incurrido en el vicio delatado en el acto de informes, es decir, en errónea interpretación de la ley, pues al elegir la norma contenida en el artículo 1.924 del Código Civil, para señalar que dicha venta al no estar registrada no surtía efectos en contra de la demandante, y por tanto declarar Sin lugar la presente demanda, escogió la norma apropiada, le dio su verdadero sentido y estableció las consecuencias que derivan de la misma. ASI SE DECIDE. En consecuencia de todo lo anterior, se debe declarar Sin lugar la apelación que interpuso la parte actora, sociedad mercantil Mangueras Acarigua, C.A., contra la sentencia definitiva dictada por la juzgadora del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en fecha 26/07/2.017, que les declaró Sin lugar la acción de Nulidad de Contrato de Arrendamiento incoada en contra de los ciudadanos Franco Colavita y Elida Rosa Sánchez de Colavita. ASI SE DECIDE. En consecuencia, queda así confirmada dicha sentencia. ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA. En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho antes explanado, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 01/08/2.017, por la abogada Mery Meléndez, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, en contra de la sentencia dictada en fecha 26/07/2.017, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. SEGUNDO: Queda desechado el alegato de la falta de cualidad de propietario de quien suscribiera el contrato de arrendamiento, así como queda descartado el error excusable, y el dolo en dicha contratación; y como es lógico, igualmente queda desechado el argumento del arrendamiento de la cosa ajena realizado por la demandante en el escrito de informes presentado en esta instancia, y en consecuencia desechado el vicio de errónea interpretación del artículo 1.924 del Código Civil. TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 26/07/2.017, por el Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. CUARTO: Se condena en costas del recurso a la parte apelante. Publíquese y regístrese. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la ciudad de Acarigua, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de dos mil diecisiete (2.017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. El Juez, Abg. Harold Paredes Bracamonte La Secretaria, Abg. Elizabeth Linares de Zamora En esta misma fecha se publicó y dictó la presente sentencia, siendo las 3:20 de la tarde. Conste.- (Scria.) HPB/Marysol Q.