REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA JUZGADO DE EJECUCIÓN Guanare, 08 de Noviembre de 2017 Años 207° y 158° N° ______ Causa 1E-1885 -17 JUEZ DE EJECUCIÓN N° 1 Abg. Elker C. Torres Caldera PENADO Toro Carlos Alberto DEFENSA PUBLICA Abg. Delia Montilla FISCAL Cuarto del Ministerio Público para el Régimen de Cumplimento de Penas. DELITO Amenaza de Grave Daño y Porte Ilícito de Arma Blanca VICTIMA Yermira Margarita Barazarte y el estado Venezolano SECRETARIA: Abg. Patricia Niño MOTIVO: Auto Ejecutorio sin Detenido Recibida nuevamente la presente causa; contra el penado Toro Carlos Alberto, venezolano, natural de Guanare, de 49 años de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.10.059.515-, fecha de nacimiento 22/11/1967, hijo de Ramona Toro y de Ramón del Carmen Infante, con residencia en el Barrio Colombia Norte, callejón Nª1, primera casa, Guanare estado Portuguesa, por la comisión del delito de Amenaza de Grave Daño y Porte Ilícito, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en perjuicio de Yermira Margarita Barazarte y el estado Venezolano, procedente del Tribunal en Función de Juicio Nº 1; de conformidad con lo establecido en los artículos 471 y 476 del Código Orgánico Procesal Penal, este Juzgado procede la ejecución de la sentencia, en base a los siguientes términos: PRIMERO Consta en las actuaciones sentencia condenatoria por dictada por el Juzgado en Función de Juicio Nº 3, de este Circuito Judicial Penal, de fecha 28 de Julio de 2017 contra el penado Toro Carlos Alberto0…, condenado a cumplir una pena de Cuatro (04) años de prisión, mas las accesorias de ley, por el delito de Amenaza de Grave Daño, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Porte Ilícito de Arma Blanca, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio de Yermira margarita Barazarte y el estado Venezolano , así como las penas accesorias de prisión, a saber: 1.- La inhabilitación política mientras dure la pena 2.- La Sujeción a la Vigilancia de la Autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena, terminada ésta, En cuanto al cumplimiento de la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad, este Juzgado impone la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad, en acatamiento a Jurisprudencia contenida en el fallo Nº 1675 de fecha 17 de Diciembre de 2015, de la Sala Constitucional, en la que declaró: “ la validez jurídica de la pena de sujeción a vigilancia de la autoridad, en lo que respecta al deber de los penados a presidio y prisión a dar cuenta ante el juez de primera instancia en función de ejecución encargado de la causa en la cual se le impuso alguna de esa penas principales, sobre el lugar de residencia que tenga y cualquier cambio de residencia que efectúe hasta que culmine esa pena “ Por cuanto se evidencia de las actuaciones que el penado fue privado de su libertad desde el día 12 de septiembre de 2017 y puesto en libertad en fecha 14 de septiembre de 2017; es por lo que este Tribunal tomando en cuenta que el penado está en libertad y la pena impuesta y por aplicación de los principios que rigen el proceso penal sobre todo la afirmación de la libertad y tomando en cuenta que sólo es procedente la privación de libertad para aquellos delitos cuya pena sea superior a cinco años en aplicación del texto adjetivo penal vigente para la fecha de ocurrencia del hecho, además visto que el presente proceso se encuentra en fase de ejecución, debe estimarse que si bien la reclusión es considerada como medida de rehabilitación social, no obstante dada la situación en que se encuentra los centros de cumplimiento de pena es evidente en modo alguno contribuyen a la reinserción de los penados, máxime cuando en la reciente reforma del texto adjetivo penal se incluyó un procedimiento especial para los delitos cuya pena no supere los 8 años que permite el juzgamiento en libertad y posibilita la inclusión del imputado o imputada en el trabajo comunitario; por lo que con mayor razón en el presente caso tomando en consideración que el objetivo principal del sistema penitenciario no es solo el cumplimiento de la pena impuesta sino la reinserción de los penados a la sociedad, considera este Tribunal que en el caso de marras al tratarse de un delito en el que la sanción a imponer no es de mayor cuantía ni considerado un delito grave, la función social de la pena se impone, razón por la que este Juzgado estima que es procedente la tramitación para la declaratoria de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Se ordena recabar el informe psicosocial del penado en el que se determine el pronóstico de mínima seguridad del penado conforme a las previsiones establecidas en los artículos 474 y 482 Ejusdem. DISPOSITIVA En atención a los fundamentos señalados, este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en función de Ejecución Nº 1 del Circuito Judicial penal del estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCIÓN de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Juicio Nº 03 de este Circuito Judicial Penal, Por Admisión de los Hechos contra el penado Toro Carlos Alberto, venezolano, natural de Guanare, de 49 años de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.10.059.515-, fecha de nacimiento 22/11/1967, hijo de Ramona Toro y de Ramón del Carmen Infante, con residencia en el Barrio Colombia Norte, callejón Nª1, primera casa, Guanare estado Portuguesa, por la comisión del delito de Amenaza de Grave Daño y Porte Ilícito, previsto y sancionado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en perjuicio de Yermira Margarita Barazarte y el estado Venezolano; mediante la cual se declara procedente dar inicio al trámite para la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena; todo de conformidad con lo establecido en los artículo 471 y 474 del Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese lo conducente a objeto solicitar los antecedentes penales por ante el Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia así como al Consejo Nacional Electoral a los fines de informarle sobre la inhabilitación política y remítase copia certificada de la sentencia y del presente auto ejecutorio. Cítese al penado a objeto de imponerlo del presente auto y de la obligación de presentar oferta de trabajo. Cúmplase. La Jueza de Ejecución Nº 1, Abg. Elker Coromoto Torres Caldera La Secretaria, Abg. Patricia Niño.