REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO LABORAL DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE ACARIGUA
Acarigua, seis (06) de Diciembre de dos mil dieciocho (2018)
208º y 159º
EXPEDIENTE Nº PP21-N-2016-0000032.
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.
PARTE RECURRENTE: INVERSIONES R Y B FOODS, C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, en fecha 16 de julio de 2015, bajo el N° 4, tomo 42-A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado EZEQUIEL ALVARADO ISEA, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 104.263
PARTE DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO CON SEDE EN ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA.
I
DEL PROCEDIMIENTO
El presente procedimiento se inicia en fecha 06 de junio del 2016, dándose por recibida en fecha 07 de junio de 2016 la presente causa, contentiva de recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por INVERSIONES R Y B FOOD´S, C.A., en contra de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa, sufriendo una reforma en fecha 14 de junio de 2016, tal como consta en los folios 17 al 24 del presente expediente.
Ahora bien, del análisis efectuado por este Juzgador a las actas procesales que conforman el presente expediente, constata que este Tribunal de manera tempestiva y en apego al debido proceso ordenó las referidas notificaciones, sin embargo, en fecha 21 de abril de 2017, se abocó el Juez que regentaba este Juzgado al conocimiento de la presente causa, librando consecuencialmente a tales efectos las boletas de notificación a las partes de las que se evidencia que resultó infructífera la del tercero: NOREYDIS GLIMAR JIMENEZ MOTA, tal como consta de la consignación que estampa el alguacil adscrito a este Circuito Judicial Laboral en fecha 17 de julio del 2017 (véase folio 67 de la 1era. pieza).
Por tanto, nótese que desde la referida fecha, ninguna de las partes contendientes efectuó actuación alguna en el expediente tendiente a dar impulso al mismo.
Así las cosas, siendo que la institución de la perención tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes activar el proceso, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla, debe establecerse que la perención se encuentra así determinada por tres (3) condiciones esenciales: una objetiva, circunscrita a la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales por parte del accionante, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año.
La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia, lo cual se hace evidente que el espíritu del legislador al estatuir la institución de la perención de la instancia fue evitar con fundamento en la necesidad social de Administración de Justicia, la litigiosidad perse, es decir, evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de pleno derecho y aún de oficio.
En este orden de ideas, debe imperiosamente traerse a colación el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual expresa que el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo bien de oficio o a instancia de parte; ahora bien, al concatenarla con el artículo 30 de la mencionada norma, se evidencia que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio cuando la ley lo autorice. En otras palabras, sólo conocerán y actuarán de oficio en aquellos casos en que exista una disposición expresa de ley que faculte tal proceder ó cuando de los hechos denunciados pudiese vulnerarse el orden público constitucional y que trasciendan de los intereses particulares pudiendo afectar a una colectividad o interés general, tal como lo ha plasmado nuestra sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, circunstancias que no concurren en el caso en estudio.
Bajo este mismo contexto, dispone la norma de índole legal prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo siguiente:
Artículo 41.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas.
En el caso de marras, en base a las motivaciones que anteceden, existiendo un evidente desinterés procesal, es por lo que este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ASI SE DECIDE.-
II
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento incoado por INVERSIONES R Y B FOODS, C.A. en contra de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA.
Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el archivo del Tribunal.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Portuguesa.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los seis (06) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).
Juez de Juicio La Secretaria
Abg. Javier Antonio Torrealba González Abg. Evelyn Moreno Velazco
JATG/norelis
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