TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, ACARIGUA.-

VISTO CON INFORMES.-
EXPEDIENTE: C-2016-001325.-
DEMANDANTE: MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.636.053.-

APODERADO
JUDICIAL:
HECTOR JOSE LOBATÓN OROPEZA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 232.385.-
DEMANDADO: VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.397.862.-

MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO.-
SENTENCIA: DEFINITIVA.-
MATERIA: CIVIL.-
I
DESARROLLO DEL PROCESO
Se inicio el presente procedimiento en fecha 19 de diciembre de 2016, cuando el abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 232.385, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.636.053, compareció ante este Juzgado, a los efectos de demandar por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, al ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.397.862, en su condición de sobrino de su difunto concubino, en el periodo comprendido desde el 02 de Mayo del año 1979, hasta la fecha de su muerte, es decir, hasta el 27 de Junio de 2016, fundamentando su acción en el artículo 767 del Código Civil Vigente, en concordancia con el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
La causa fue admitida por medio de auto en fecha 10 de Enero de 2017 (f-14) y en el mismo, se ordeno el emplazamiento de la parte demandada, librándose además EDICTO de conformidad con el Artículo 507 del Código Civil.
En fecha 20 de enero de 2017 (f-16), se recibió diligencia presentada por el abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.385, en su carácter de apoderado actor, mediante la cual consigno publicación en el diario ÚLTIMA HORA, del Edicto de fecha miércoles 19 de Enero de 2017.
Una vez consignados los fotostátos respectivos por la parte demandante, el Tribunal por medio de auto de fecha 17 de Febrero de 2017 (f-19), libro Boleta de Citación al demandado VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ. Ordenándose comisionar al Juzgado Distribuidor del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Rosalía y Esteller del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. En esta misma fecha se libro despacho de citación remitiendose en esa misma fecha con oficio N° 067/2017.-
En fecha 26 de Mayo de 2017, (f-23) el Tribunal, da por recibido las resultas del despacho de citación del Juzgado comisionado debidamente cumplida.-
En fecha 28 de Julio de 2017, (f-31), la Juez suplente de este Juzgado Abg. Judith Teresa Reverol Pocaterra, se aboco al conocimiento de la presente causa.
EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL LA PARTE DEMANDADA NO COMPARECIO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.-
En fecha 10 de Noviembre de 2017 (f-32 fte y vto), comparece el abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 232.385, en su carácter de apoderado actor, presenta escrito de informes.-
Por medio de auto de fecha 13 de Noviembre de 2017, (f-33) el tribunal hace constar que solo la parte actora presento escrito de informes.
En fecha 27 de Noviembre de 2017, (f-34) el Tribunal hace constar que no se hizo observación a los informes presentados por la actora y de conformidad con el artículo 515 fijo oportunidad para decidir en la presente causa.-
II
DEL PETITORIO DE LA DEMANDA
Del escrito libelar consignado por el abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 232.385, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.636.053, en el presente juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, se extrae el siguiente petitorio de la actora:
PRIMERO: Para que el ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, plenamente identificado en autos, reconozca a su poderdante ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.636.053, como la concubina de su difunto tío, el de-cujus PEDRO RAMON NOGUERA, quien en vida era venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V- 3.880.740.
SEGUNDO: Que durante esa unión concubinaria, la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.636.053, contribuyo a la formación del patrimonio que se obtuvo con el aporte de su propio trabajo en todo en cuanto era necesario y pertinente, amén de las labores propias del hogar y el cuido esmerado que siempre le dio a su amado compañero como se lo dio y se lo sigue dando a su sobrino.

III
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se refiere la presente demanda a juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, la cual fue incoada por la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, plenamente identificada en autos, a través de su apoderado judicial, abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 232.385, contra el ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.397.862, en virtud de que alega haber iniciado en fecha 02 de Mayo de 1979 una UNIÓN CONCUBINARIA, estable y de hecho con el ciudadano PEDRO RAMÓN NOGUERA, antes mencionado, en forma ininterrumpida, pública y notoria entre familiares, amigos y vecinos donde vivieron todos esos años, socorriéndose mutuamente hasta la fecha de su fallecimiento, es decir, el día 27 de Junio de 2016.-

Asimismo, señala que de dicha unión concubinaria no procrearon hijos. Alegando también, que la residencia donde llevaron a cabo la Unión Concubinaria, fue en el sector Los Tejaos, calle 01, casa N° 0203, Parroquia El Playón, Municipio Santa Rosalía del Estado Portuguesa.

IV
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
En la oportunidad procesal la parte demandada no compareció a dar contestación a la demanda.-

V
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACION

DE LAS CONSIGNADAS POR LA PARTE DEMANDANTE JUNTO AL LIBELO DE LA DEMANDA.

 Copia fotostática simple de la cédula de identidad, correspondiente a la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, la cual riela al folio 3,. Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad de la demandante en el presente juicio. Así se decide.-
 Copia fotostática simple de la cédula de identidad, correspondiente al ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, la cual riela al folio 4. Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad del de cujus, del cual pretende la demandante le sea declarada su concubina. Así se decide.-
 Constancia de residencia, (f-05), emitida por el Consejo Comunal Construyendo Patria como Verdaderos Hijos de Dios. A los efectos de su valoración se valora conforme al numeral 10° del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (G. O. N° 39.435 del 31-05-2010), ya que dichos entes están facultados para emitir ese tipo de instrumento, de manera que la validez de la misma no está en discusión, extrayéndose de ella certeza en cuanto a lo que expresa referente al domicilio del ciudadano PEDRO RAMÓN NOGUERA, más no por lo que respecta a la existencia ni el inicio de la relación estable de hecho aducida en el libelo. Así se establece.
 COPIA CERTIFICADA de Acta de Defunción N° 105 del ciudadano: PEDRO RAMÓN NOGUERA, la cual se encuentra inserta en los Libros de Registro de Defunciones del año 2016, emitida por el Registrador Civil de la Parroquia Villa Bruzual, Municipio Turen del Estado Portuguesa, que riela al folio 6 del expediente, en la cual se hace constar que en fecha 27-06-2016, falleció el ciudadano PEDRO RAMÓN NOGUERA, titular de la cédula de identidad N° V-3.880.740, a consecuencia de Shackprr Deshidratación Severa.- El Tribunal a los efectos de su valoración le confiere pleno valor probatorio por ser un documento público administrativo que sirve para demostrar la fecha del fallecimiento del ciudadano antes mencionado. Así se establece.
 Constancia de Residencia, (f-07), emitida por el Consejo Comunal Construyendo Patria como Verdaderos Hijos de Dios. A los efectos de su valoración se valora conforme al numeral 10° del artículo 29 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (G. O. N° 39.435 del 31-05-2010), ya que dichos entes están facultados para emitir ese tipo de instrumento, de manera que la validez de la misma no está en discusión, extrayéndose de ella certeza en cuanto a lo que expresa referente al domicilio de la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, más no por lo que respecta a la existencia ni el inicio de la relación estable de hecho aducida en el libelo. Así se establece.
 Constancia de Concubinato de los ciudadanos PEDRO RAMON NOGUERA Y MARIA ESPERANZA ALFARO (f-08), emitida por el Registro Civil del Municipio Santa Rosalía del Estado Portuguesa. A esta documental se le otorga pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, emanado de un funcionario autorizado; esta documental no ha sido desconocida o impugnada por la parte contraria durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, hace plena prueba de la unión concubinaria existente entre la demandante y el de cujus PEDRO RAMON NOGUERA . Así se decide.
 Copia simple de poder conferido por la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, al abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, autenticado ante la Notaría Pública de Turen del Estado Portuguesa, en fecha 24 de Noviembre de 2016, bajo el Nº 11, Tomo 42, Folios 53 al 57 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa notaría. (f-09 al 11), El cual fue confrontado con su original por ante la secretaría de este Juzgado. Este tribunal lo valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código Procedimiento Civil y 1.357 del Código Civil, del cual se evidencia la facultad que tenía el prenombrado abogado para actuar en representación legal de la poderdante y parte demandante a realizar en su nombre actuaciones varias respecto a la presente demanda por motivo de Acción Mero Declarativa de Concubinato. Así se establece.
 Copia fotostática Certificada de la partida de nacimiento Nº 723, correspondiente a al ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA, la cual riela al folio 12, A esta documental se le otorga pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, emanado de un funcionario autorizado; esta documental no ha sido desconocida o impugnada por la parte contraria durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, hace plena prueba del parentesco del mencionado ciudadano con el de cujus PEDRO RAMÓN NOGUERA. Así se decide.

VI
DE LOS INFORMES

Mediante escrito de fecha 10 de Noviembre de 2017, (f-32 fte y vto), el Tribunal, hace constar que solo la parte actora, a través de su apoderado judicial, abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, presento escrito de informes, mediante el cual expone:
“…Mi pretensión como parte actora es la declaratoria de la unión concubinaria que mantuvieron los ciudadanos MARIA ESPERANZA ALFARO Y PEDRO RAMÓN NOGUERA, desde el año 1980 hasta el día 27 de Junio de 2016, fecha en la cual el referido ciudadano PEDRO RAMÓN NOGUERA falleció, tal como consta del acta de defunción presentada ante su digno despacho, quien en vida era venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad N° V-3.880.740, y era obrero educacional dependiente de la Gobernación del Estado Portuguesa, así mismo en el presente caso, ciudadana Jueza, encuentre usted que la unión estable de hecho entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO y el de cujus PEDRO RAMON NOGUERA, determine la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que dicha unión se encontraba formada por una mujer soltera y un hombre soltero…Muy respetuosamente le solicito ciudadana Juez que le proporcione valor probatorio a la copia certificada del acta de concubinato expedida por la Prefectura Civil del Municipio Santa Rosalía del Estado Portuguesa, de fecha 15 de Abril del año 1993, presentada en original y tome en consideración que el demandado ciudadano VICTOR JOSE NOGUERA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° V21.397.862, no compareció ante la demanda interpuesta dando a lugar a la admisión de los hechos. Y este Tribunal, acoja para declarar judicialmente la existencia de la relación concubinaria que existió entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO y el fallecido ciudadano desde el año 1980 hasta el día 27 de Junio de 2016…”.-

El Tribunal, hace constar mediante auto de fecha 27 de Noviembre de 2017, (f-34), que la parte demandada no presento observación a los informes presentados por la actora.-

VII
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

De las actuaciones correspondientes a la presente causa, se aprecia que estamos en presencia de la pretensión de una acción mero declarativa para determinar la existencia o no de una situación jurídica tendiente a la declaratoria de la unión concubinaria entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO y el de cujus PEDRO RAMON NOGUERA; en tal sentido, debe ésta sentenciadora fijar algunos lineamientos sobre esa institución:
Sobre la acción mero declarativa ha dicho Kisch en su obra, Elementos del Derecho Procesal Civil (Pág. 40), citado por Couture:
“(...) Para que proceda la acción mero-declarativa se requiere: a) que la duda o controversia sea suficientemente fundada; b) que sea de tal naturaleza que para solucionarla, la decisión judicial sea adecuada y necesaria; c) que el actor no disponga más que de esa forma especial para la obtención de esos fines.”

En el mismo ámbito de lo que es la acción mero-declarativa, nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 16, establece:
“(…) Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.”

En esta norma, se consagra lo que es la acción mero-declarativa, se dice que esta acción propiamente dicha tiene dos objetos: primero, la mera declaración de la existencia o no de un derecho; segundo, la mera declaración de la existencia o no de una relación jurídica y por supuesto su sentido y alcance. Y la Corte Suprema de Justicia ha añadido un tercer objeto a esta acción, y es el declarar la existencia o no de una situación jurídica.
El autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus Comentarios al nuevo Código Procesal Civil (Tomo I, Pág. 92), señala:
“…Esta acción llamada declarativas en otros países y que nuestra Ley adjetiva las denomina mero-declarativas, tienen por objetivo que el derecho que, en un momento se presentaba incierto, adquiera certidumbre mediante sentencia y la norma abstracta se convierte en prescripción concreta. La acción mero-declarativa no requiere un estado de hecho contrario al derecho, sino que basta un estado de incertidumbre sobre el derecho y por ello no obliga a nada sino que se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica. Es por ello que tiene un campo de aplicación restringido, y, por ejemplo, quien tiene la propiedad de una cosa no puede demandar el reconocimiento de ese derecho que ya tiene, porque importaría imponer al adversario y al Tribunal una carga sin fundamento…”

De igual manera el citado autor apunta que la doctrina reconoce tres tipos de interés procesal: el que deviene del incumplimiento de una obligación, el que deviene de la ley (procesos constitutivos) y el que deviene de la falta de certeza, correspondiente éste último a los procesos mero declarativos, en donde existe una situación de incertidumbre, sea por falta o deficiencia de título, sea por amenaza de perturbación al ejercicio del derecho o peligro de daño, que autoriza la intervención en vía preventiva para crear la certeza que aleje anticipadamente el peligro de trasgresión posible en el futuro, evitando así el daño que se causaría si la ley no actuase.
El autor Dr. Humberto Bello Lozano, en su obra Procedimiento Ordinario, Pág. 31 y siguientes: LA ACCIÓN DECLARATIVA O MERO DECLARATIVA. Prieto Castro (op cit), nos dice:
(…) que la acción es simplemente declarativa o mero declarativa cuando, el derecho a la justicia o tutela jurídica queda satisfecho con un pronunciamiento declarativo de la existencia de un derecho o de un hecho. Chiovenda en sus Instituciones, sostiene que constituye un derecho autónomo y potestativo, puesto que la declaración solicitada mediante su ejercicio, no puede exigirse del demandado ni sustituirse por una prestación propia, siendo necesario el pronunciamiento de una sentencia que declara el derecho o la relación jurídica de que se trate. Sigue exponiendo la presencia de intereses que solo se satisfacen mediante su ejercicio, lo que se puede expresar en la declaración de negativa donde el demandando solicita del órgano jurisdiccional que sentencia no ser deudor de una prestación o de una cosa; diferenciándose de la de condena en que hay derechos que no pueden dar lugar más que a una sentencia de declaración, y son los derechos potestativos cuando consistan en el poder de producir un efecto jurídico con una simple declaración de la parte. (…OMISSIS…).-

La jurisprudencia le ha dado tratamiento de acciones de estado a las pretensiones que persiguen la declaratoria de existencia de unión concubinaria. Así, en sentencia dictada por la Sala Constitucional en criterio vinculante, se señalo: Que según doctrina del Dr. Francisco López Herrera, las acciones de estado- lato sensu son todas las que en una u otra forma se refieren al estrado (individual o familiar) o a la capacidad de las personas estrictu son solamente, aquéllas que tienen por objeto hacer declarar o modificar o alterar o destruir un estado familiar cualquiera: son los medios legales de que pueden valerse los interesados para sostener, defender, proteger, modificar, alterar o destruir los estados de familia. El precipitado autor señala como caracteres de las acciones de estado en sentido estricto entre otros, los siguientes: i) Son de naturaleza eminentemente civil; ii) Están reguladas por reglas propias, distintas a las que rigen a las acciones en general; iii) Son de carácter moral y en su ejercicio está involucrados el orden público; iv) Son estrictamente personales, pues son inseparables de sus titulares y solamente pueden ser ejercitadas por ellos; v) Son intrasmisibles, pues no se trasmiten por sucesión en caso de muerte; vi) Son acciones indisponibles ya que el titular puede libremente decidir si la ejerce o no, pero no puede disponer libremente de ella, ni judicial, ni extrajudicialmente por estar interesado el orden público, la Ley prevé una serie de medidas tendentes a dar publicidad al juicio antes de que se trabe la litis (edictos) y la sentencia una vez concluido el procedimiento (Art. 506 del Código Civil). (López Herrera, Francisco. Derecho de Familia. Impresos Minipres, C.A. Caracas, 2006).
En definitiva se ha establecido que la acción mero declarativa tiene por objeto establecer la certeza de un derecho o una relación jurídica, o ventilar un proceso que sólo pretende reconstituir una prueba para un juicio posterior.
Así las cosas, se considera pertinente establecer qué, se entiende por concubinato y por uniones estables de hecho, siendo fundamental su compresión para el desarrollo de lo peticionado por la actora.
En este mismo orden de ideas, es preciso citar el artículo 767 de nuestro Código Civil, que establece:
Artículo 767.- Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.

La disposición normativa transcrita consagra en forma definitiva, la validez y eficacia de la presunción de comunidad en caso de unión no matrimonial permanente, presunción ésta que por ser de carácter iuris tantum, admite la prueba en contrario que puede destruirse con cualquiera de los medios de pruebas pertinentes. La presunción de comunidad concubinaria constituye una prueba consecuencial, pues surge sólo bajo la condición de que haya sido demostrada la existencia de un hecho conocido que le sirve de base imprescindible, cual es, la existencia cierta y comprobada de la relación concubinaria.
Ahora bien, el concubinato o unión estable de hecho es un concepto jurídico contemplado en el citado artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica, que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, viudos o divorciados, la cual está caracterizada por la vida en común.
Al respecto, el diccionario Cabanellas, conceptualiza el concubinato como la relación de un hombre con su concubina (la vida marital de ésta con aquel), estado en que se encuentra el hombre y la mujer cuando comparten casa y vida como si fueran esposos, pero sin haber contraído ninguna especie de matrimonio.
En la actualidad el concubinato se constitucionalizó, al ser consagrado en el Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, es necesario acotar que en los casos de reconocimiento de la unión concubinaria, resulta obligatorio y vinculante, tomar en cuenta en la motivación del fallo, el criterio emanado de la sentencia Nº 1.682, dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, de fecha 15 de julio de 2005, expediente Nº 2004-003301, caso: recurso de interpretación de Carmela Manpieri Giuliani, mediante el cual se estableció lo siguiente:
“…Corresponde a esta Sala decidir el fondo de la presente interpretación del artículo 77 de la Constitución, para lo cual se observa:
El artículo 77 constitucional reza ‘Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio’.
Resulta interesante para la Sala resaltar que dicha norma use la voz ‘unión estable’ entre el hombre y la mujer, y no la de concubino o concubina utilizada en el artículo 49.5 eiusdem; y ello es así porque unión estable es el género, tal como se desprende del artículo 146 del Código Orgánico Tributario, o del artículo 13-5 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, o del artículo 785 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, siendo el concubinato una de sus especies.
El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).
Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
(…Omissis…)
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77-el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara.
Lo anterior no significa que la ley no pueda tipificar otros tipos de relaciones entre hombres y mujeres como uniones estables a los efectos del artículo 77 constitucional, tomando en cuenta la permanencia y notoriedad de la relación, cohabitación, etc. y, por ello, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad, discutida en la Asamblea Nacional, en los artículo 40 al 49, desarrolla las uniones estables de hecho, como una figura propia mientras que el concubinato como figura distinta a la anterior, fue desarrollado en los artículos 50 al 53.
‘Unión estable de hecho entre un hombre y una mujer’, representa un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de los unidos en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinación de la unión estable, la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad. Si la unión estable se equipara al matrimonio, y la bigamia se encuentra prohibida, a juicio de esta Sala es imposible, para que ella produzca efectos jurídicos, la coexistencia de varias relaciones a la vez en igual plano, a menos que la Ley expresamente señale excepciones. Ahora bien, corresponde conforme al artículo 77 constitucional, a la reserva legal la regulación de las otras uniones estables diversas al concubinato y, por ello, le está a la Sala vedado, aun por la vía de la jurisdicción normativa, realizar la tipificación de estas otras uniones, y así se declara.
Señalado lo anterior, debe la Sala señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como ‘unión estable’ o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.
En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la ‘unión estable’ haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.
En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.
Ahora bien, el matrimonio –por su carácter formal- es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los efectos del matrimonio se apliquen a las ‘uniones estables’.
En consecuencia, no es posible una declaración general que asimile las uniones (de cualquier tipo) al matrimonio, y por lo tanto, observa la Sala, hay que distinguir cuáles efectos del matrimonio se aplican al concubinato y a las posibles otras uniones estables.
Estas uniones (incluido el concubinato) no son necesariamente similares al matrimonio, y aunque la vida en común (con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos, etc.
Siguiendo indicadores que nacen de las propias leyes, el tiempo de duración de la unión, al menos de dos años mínimo, podrá ayudar al juez para la calificación de la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia…”. (Resaltado del texto transcrito).

De la sentencia transcrita consta que para la declaratoria de concubinato se debe considerar el elemento de la temporalidad de la relación que se quiere reconocer, pues el juez calificará la permanencia según la duración de ésta, la cual debe ser de dos (2) años mínimo, ya que estas uniones de hecho propenden, cuando se consolidan, a que los involucrados asuman un verdadero compromiso de vivir juntos, en forma permanente, comportándose socialmente como marido y mujer, vale decir, tal como si constituyeran un matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad.
En este mismo sentido, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 08 de febrero del 2012, Exp. AA20-C-2011-000437, apoyándose en la sentencia N° 1.682 de la Sala Constitucional de fecha 15 de julio del 2005, además en la sentencia N° 1747, dictada por Sala Social en fecha 12 de noviembre del 2011 y en la sentencia N° 419, de fecha 12 de agosto del 2011, dictada por esa misma Sala Civil, repuso la causa al estado de admitir nuevamente la demanda y anuló todas las actuaciones posteriores, como consecuencia de que el Juzgado de primera instancia omitió ordenar publicar el edicto a que se refiere la parte in fine del artículo 507 del Código Civil. Entre otras dispone dicha sentencia:
La referida decisión, en extractos pertinentes, señala:

“…Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la unión, surtirá los efectos de las sentencias a que refiere el ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, el cual se aplicará en toda su extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la sentencia, lo cual no está previsto – y por lo tanto carece de procedimiento – en la Ley.

Por tanto el artículo 507 del Código Civil, establece:
Artículo 507.- Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los registros respectivos, producirán los efectos siguientes:
1º Las sentencias constitutivas de un nuevo estado y las de supresión de estado o capacidad, como disolución o nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los decretos de adopción, etc., producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros o extraños al procedimiento.
2º Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el número anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquéllas; pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no intervinieron en el juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.
A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se publicará en un periódico de la localidad sede del Tribunal que la dictó. Si no hubiere periódico en la localidad sede del Tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo. Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto. (Cursiva y destacado del tribunal)

Ahora bien tenemos que de la revisión de las actas que componen el presente expediente, se observa que existen elementos de hecho y de derecho, que amparan la pretensión de la accionante, ya que la misma señaló la fecha cierta de inicio y culminación de la unión estable, la cual cuenta con una duración mayor a dos (02) años, lo que le acredita el requisito de permanencia o estabilidad en el tiempo, y aún cuando no hubo oposición a la presente pretensión. Asimismo, puede constatarse con las pruebas documentales consignadas junto al libelo de la demanda, que las partes en cuestión tuvieron una relación concubinaria desde el 02 de Mayo de 1979, hasta el 27 de Junio de 2016, fecha esta en que falleció el ciudadano PEDRO RAMON NOGUERA, lo cual, para esta Juzgadora, son suficientes indicios para determinar que si existió una unión concubinaria entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.636.053 y el ciudadano PEDRO RAMON NOGUERA, (fallecido) venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.880.740, de conformidad con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, desde el 02 de Mayo de 1979 hasta el 27 de Junio del 2016. Por tanto, resulta forzoso para este tribunal declarar en el dispositivo de este fallo, con lugar la presente demanda de declaración de unión concubinaria que existió entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO y el de cujus PEDRO RAMÓN NOGUERA, que comenzó en el año 1979, hasta el día 02 de Mayo de 2016.
Por consiguiente, dado que en la presente causa, estamos en presencia de una acción de estado en la que está involucrado el orden público, es impretermitible el cumplimiento de la obligación que impone el artículo 507 del Código Civil, a los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, se ordena publicar un extracto de la presente sentencia en un periódico de la localidad sede del Tribunal, específicamente en el “ÚLTIMA HORA”, una vez que quede firme la presente sentencia. Todo de conformidad a criterio establecido en sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha seis (6) de mayo de dos mil quince con Ponencia del Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ, Exp. 2014-000678, en juicio por mero declaración de reconocimiento de unión concubinaria. Y así expresamente se declara.-
VIII
DISPOSITIVA:

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA, incoada por la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.636.053, a través de su apoderado judicial, abogado HECTOR JOSE LOBATON OROPEZA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 232.385. En consecuencia, se declara que existió una unión concubinaria entre la ciudadana MARIA ESPERANZA ALFARO y el ciudadano PEDRO RAMON NOGUERA, que comenzó en el año 1979, hasta el día 02 de Mayo de 2016.
SEGUNDO: Se ordena la publicación de la presente sentencia en un periódico de la localidad, específicamente en el “ÚLTIMA HORA”, de conformidad con el último aparte del artículo 507 del Código Civil, una vez que quede firme la presente sentencia.
TERCERO: Por la naturaleza jurídica de la presente decisión judicial, de mera declaración de la situación jurídica del concubinato, no hay condenatoria en costas.
No se hace necesario la notificación de las partes por cuanto el fallo es dictado dentro del lapso establecido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Acarigua; a los Dieciocho días del mes de Enero del año dos mil Dieciocho (18-01-2018); Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
La Juez Suplente,
El Secretario,
Abg. Judith Teresa Reverol Pocaterra.-
Abg. Mauro José Gómez Fonseca.-
En la misma fecha se dictó y publicó a las 10:00 a.m. Conste,
El Secretario,

JTRP/mjg/mtp.-
Exp. N° C-2016-001325.-