TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, ACARIGUA.-

VISTO SIN INFORMES.-
EXPEDIENTE: C-2017-001360.-
DEMANDANTE: MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.567.425.-

APODERADOS
JUDICIALES:
REINALDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 128.751 y 129.284, respectivamente.-
DEMANDADAS: MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA; FRANCY MARLIN PELAYO MORALES Y CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-19.862.307, V-17.796.983 y V-20.317.960, respectivamente.-

APODERADO
JUDICIAL:
JESUS EDARDO TROCONIS RODRIGUEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 174.562.-
MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO.-
SENTENCIA: DEFINITIVA.-
MATERIA: CIVIL.-
I
DESARROLLO DEL PROCESO
Se inicio el presente procedimiento en fecha 22 de Mayo de 2017, cuando los abogados REINALDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 128.751 y 129.284, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.567.425, comparecieron ante este Juzgado, a los efectos de demandar por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, a los ciudadanos MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA; FRANCY MARLIN PELAYO MORALES Y CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-19.862.307, V-17.796.983 y V-20.317.960, respectivamente, en su condición de hijos de su difunto concubino, por el periodo comprendido desde el mes de Enero del año 1988, hasta la fecha de su muerte, es decir, hasta el 14 de Febrero de 2017, fundamentando su acción en el artículo 767 del Código Civil Vigente, en concordancia con el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-
La causa fue admitida por medio de auto en fecha 30 de Mayo de 2017 (f-33) y en el mismo, se ordeno el emplazamiento de la parte demandada, librándose además EDICTO de conformidad con el Artículo 507 del Código Civil. Siendo retirado el referido edicto en fecha 03-07-2017, por el abogado ALONSO CHIRINOS.-
En fecha 26 de Junio de 2017, (f-35), comparecen los ciudadanos MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA; FRANCY MARLIN PELAYO MORALES Y CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, parte demandada, y mediante diligencia confiere poder apud acta al abogado JESUS EDUARDO TROCONIS RODRIGUEZ, para que los representen en la presente causa.
En fecha 10 de Julio de 2017 (f-36), se recibió diligencia presentada por el abogado ALONSO CHIRINOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 129.284, en su carácter de apoderado actor, mediante la cual consigno publicación en el diario ÚLTIMA HORA, del Edicto de fecha miércoles 04 de Julio de 2017.
En fecha 10 de Julio de 2017 (f-38), la abogada suplente de este Juzgado, abogada Judith Teresa Reverol Pocaterra, se aboco al conocimiento de la causa.
En fecha 27 de Julio de 2017 (f-39), comparece el abogado JESÚS EDUARDO TROCONIS RODRIGUEZ, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 174.562, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y mediante escrito da contestación a la demanda.-
En fecha 02 de Agosto de 2017 (f-40), comparece el abogado ALONSO CHIRINOS, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 129.284, en su carácter de apoderado actor, y presenta escrito de pruebas.-
Por medio de auto de fecha 02 de Octubre de 2017, (f-41) el Tribunal, admitió el escrito de pruebas promovido por la pare actora.-
Por auto de fecha 21 de Noviembre de 2017, (F-58), el Tribunal, fijo oportunidad para que las partes presenten informes, todo de conformidad con el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil.-
Por medio de auto de fecha 18 de Diciembre de 2017, (f-59), el Tribunal, hizo constar que las partes no comparecieron a presentar informes en la presente causa.
Por auto de fecha 15 de Enero de 2018, (f-60) el Tribunal, fijo lapso para decidir, de conformidad con el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.
II
DEL PETITORIO DE LA DEMANDA
Del escrito libelar consignado por los abogados REINALDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 128.751 y 129.284, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.567.425, en el presente juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, se extrae el siguiente petitorio de la actora:

PRIMERO: Que se sirva declarar mediante sentencia definitivamente firme, que existió una UNIÓN CONCUBINARIA entre el ciudadano FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO (fallecido), de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, productor agropecuario, cédula de identidad N° V-5.943.764, y la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.567.425, quienes convivieron en perfecta armonía por un lapso de veintinueve (29) años de forma ininterrumpida, y por tal motivo se le otorgue los mismos efectos que produce el matrimonio, todo ello a tenor de lo dispuesto en el articulo 77 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela…
SEGUNDO: Que este honorable Tribunal, convenga en la existencia de dicha ÚNIÓN CONCUBINARIA, y así sea declarado otorgándosele en el fallo respectivo todos los derechos que le corresponden legalmente y de esta manera se haga justicia en la persona de MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ.-
TERCERO: Una vez declarada la existencia de la Unión Concubinaria, partiendo del derecho que le asiste a los concubinos, según se desprende de la sentencia N° 1682 de fecha 15 de Julio de 2005, con carácter vinculante con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, que interpretó el articulo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordene sea reconocido el derecho de MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, de participar del Procedimiento de Partición Legal ha que haya lugar según lo establecido en el articulo 777 del Código de Procedimiento Civil.-
III
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se refiere la presente demanda a juicio por motivo de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, la cual fue incoada por la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, plenamente identificada en autos, a través de sus apoderados judiciales, abogados REINALDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 128.751 y 129.284, respectivamente, contra los ciudadanos MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA; FRANCY MARLIN PELAYO MORALES Y CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V-19.862.307, V-17.796.983 y V-20.317.960, respectivamente, en virtud de que alega haber iniciado en el mes de Enero de 1988, una UNIÓN CONCUBINARIA, estable y de hecho con el ciudadano PEDRO RAMÓN NOGUERA, antes mencionado, en forma ininterrumpida, pacifica, pública y notoria entre familiares, amigos, conocidos y vecinos tanto en el lugar donde vivían como en lugares de esparcimientos entre otros, como si estuvieran casados, hasta la fecha de su fallecimiento, es decir, el día 14 de Febrero de 2017.-
Asimismo, señala que de dicha unión concubinaria procrearon un hijo de nombre CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, quien nació en la ciudad de Ospino, Estado Portuguesa, el día 24 de Octubre de 1.991, contando actualmente con veinticinco (25) años de edad, según consta de acta de nacimiento N° 394, consignada marcada con la letra “B”.- Alegando también, que la residencia donde llevaron a cabo la Unión Concubinaria, fue en Barrio Abajo Centro, casa S/N, de la Ciudad de Ospino, Municipio Ospino del Estado Portuguesa.

IV
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

En fecha 27 de Julio de 2017 (f-39), se recibió Escrito de Contestación a la Demanda, consignado por el abogado en ejercicio JESUS EDARDO TROCONIS RODRIGUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 174.562, en su carácter de apoderado judicial e los ciudadanos MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA; FRANCY MARLIN PELAYO MORALES Y CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, parte demandada en la presente causa, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

“…Mis representados en conversación previa a la presente; hijos del de cujus FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO, quien fuera venezolano, productor agropecuario y titular de la cédula de identidad N° V-5.943.764 y quien falleciera el 14 de Febrero de 2017, ad intestato, mantuvo una relación concubinaria, continua y notable con la ciudadana MARILU COROMOTO NIEVES PEREZ, identificada en autos y demandante de la acción mero declarativa de concubinato, por lo cual reconocen como cierto en toda y cada una de sus partes lo demandado…”

V
DE LAS PRUEBAS Y SU VALORACION

DE LAS CONSIGNADAS POR LA PARTE DEMANDANTE JUNTO AL LIBELO DE LA DEMANDA.

 Copia simple de poder conferido por la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, a los abogados REINARDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS GONZALES, autenticado ante el Registro Público del Municipio Ospino del Estado Portuguesa, en fecha 18 de Mayo de 2017, bajo el Nº 7, Tomo 7, Folios 32 al 35 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa notaría. (f-06 al 09), Este tribunal lo valora de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429 del Código Procedimiento Civil y 1.357 del Código Civil, del cual se evidencia la facultad que tenían los prenombrados abogados para actuar en representación legal de la poderdante y parte demandante a realizar en su nombre actuaciones varias respecto a la presente demanda por motivo de Acción Mero Declarativa de Concubinato. Así se establece.

 Copia simple de la Cédula de Identidad del De Cujus FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO. Titular de la cédula de identidad N° 5.943.764. (f-10), Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad del de cujus, del cual pretende la demandante le sea declarada su concubina. Así se decide.-

 COPIA CERTIFICADA de Acta de Defunción N° 262 del ciudadano: FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO, la cual se encuentra inserta en los Libros de Registro de Defunciones del año 2017, emitida por el Registrador Civil del Municipio Araure del Estado Portuguesa, que riela al folio 11 del expediente, en la cual se hace constar que en fecha 14-02-2017, falleció el ciudadano FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO, titular de la cédula de identidad N° V-5.943.764, a consecuencia de Asfixia Mecánica por Ahorcamiento.- El Tribunal a los efectos de su valoración le confiere pleno valor probatorio por ser un documento público administrativo que sirve para demostrar el fallecimiento del ciudadano antes mencionado. Así se establece.

 Marcada con la letra “B”, copia certificada del Acta de Nacimiento del ciudadano CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES (f-12). Documental que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no fue objeto de impugnación por la parte demandada, y con la misma se demuestra la filiación entre la parte demandante, ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, el demandado de autos y el de cujus. Y así se declara.

 Copia fotostática simple de la cédula de identidad, correspondiente al ciudadano CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, la cual riela al folio 13. Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad de la demandante en el presente juicio. Así se decide.-

 Constancia de Concubinato de los ciudadanos MARILU COROMOTO NIEVES PEREZ y FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO (f-14 al 27), consignada marcada con la letra “C”, emitida por el Registro Civil del Municipio Ospino del Estado Portuguesa. A esta documental se le otorga pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, emanado de un funcionario autorizado; esta documental no ha sido desconocida o impugnada por la parte contraria durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 y 1359 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; en consecuencia, hace plena prueba de la unión concubinaria existente entre la demandante y el de cujus FRANKLIN JOSE PELAYO SERRANO. Así se decide.

 Marcada con la letra “D”, copia certificada del Acta de Nacimiento de la ciudadana MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA (f-28). Documental que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no fue objeto de impugnación por la parte demandante, y con la misma se demuestra la filiación entre la referida ciudadana y el de cujus. Y así se declara.

 Copia fotostática simple de la cédula de identidad, correspondiente a la ciudadana MARIA VIRGINIA PELAYO LUCENA, la cual riela al folio 29. Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad de la demandada en el presente juicio. Así se decide.-

 Marcada con la letra “D”, copia certificada del Acta de Nacimiento de la ciudadana FRANCY MARLIN PELAYO MORALES (f-30). Documental que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no fue objeto de impugnación por la parte demandante, y con la misma se demuestra la filiación entre la referida ciudadana y el de cujus. Y así se declara.

 Copia fotostática simple de la cédula de identidad, correspondiente a la ciudadana FRANCY MARLIN PELAYO MORALES, consignada marcada “D”, la cual riela al folio 31. Se le confiere valor probatorio por ser documento administrativo, se tiene como fidedigna por cuanto no fue impugnada en su oportunidad de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, sirve para acreditar la identidad de la demandada en el presente juicio. Así se decide.-

PROMOVIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE EN EL LAPSO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS:

La demandante promovió las testimoniales de los siguientes ciudadanos:

 AURA BEATRIZ ALVAREZ SERRANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.724.831, de 46 años de edad, domiciliada en el barrio abajo, calle negro primero, del Municipio ospino del Estado Portuguesa, de profesión u oficio Docente.-(f-54 y 55).- Quien compareció ante este Tribunal, en fecha 20-11-2017, y rendio su declaración de la siguiente manera: AL PRIMERO: “Diga la testigo, si conoce al ciudadano: FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, (fallecido) y a MARILÚ COROMOTO NIEVES PÉREZ, suficientemente de vista trato y comunicación desde hace mas de 20 años”.- Contesto: “Si”. AL SEGUNDO: “Diga la testigo, si por eso conocimiento que de ellos dice tener sabe y le consta que Franklin José Pelayo Serrano (fallecido) y Marilu Coromoto Nieves, han sido marido y mujer en perfecta armonía por un lapso de veintinueve (29) años ininterrumpida”.- Contestó: “si”. AL TERCERO: “Diga la testigo, si sabe y le consta que FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, y MARILU COROMOTO NIEVES PÉREZ, habitaban como concubinos en la casa propiedad de nuestra mandante la cual esta ubicada en la calle negro primero, casa sin número del barrio abajo centro de la ciudad de Ospino del estado Portuguesa.”.- Contesto: “si”.- AL CUARTO: “Diga la testigo, si sabe y le consta que en su larga unión concubinaria procrearon (01) hijo que tiene por nombre y apellidos CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, quien nació en la ciudad Ospino estado Portuguesa, el día 24 de octubre de 1991, contando actualmente con (25) años de edad”.- Contesto: “si.”.-

 LENNYS JOSEFINA CASTAÑEDA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.548.439, de 45 años de edad, domiciliada en la calle Negro Primero, barrio abajo del Municipio Ospino del estado Portuguesa, de profesión u oficio Docente .-(f-56).- Quien compareció ante este Tribunal, en fecha 20-11-2017, y rendio su declaración de la siguiente manera: AL PRIMERO: “Diga la testigo, si conoce al ciudadano: FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, (fallecido) y a MARILÚ COROMOTO NIEVES PÉREZ, suficientemente de vista trato y comunicación desde hace mas de 20 años”.- Contesto: “Si, los conozco”. AL SEGUNDO: “Diga la testigo, si por eso conocimiento que de ellos dice tener sabe y le consta que Franklin José Pelayo Serrano (fallecido) y Marilu Coromoto Nieves, han sido marido y mujer en perfecta armonía por un lapso de veintinueve (29) años ininterrumpida”.- Contestó: “si me consta, son mis vecinos”. AL TERCERO: “Diga la testigo, si sabe y le consta que FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, y MARILU COROMOTO NIEVES PÉREZ, habitaban como concubinos en la casa propiedad de nuestra mandante la cual esta ubicada en la calle negro primero, casa sin número del barrio abajo centro de la ciudad de Ospino del estado Portuguesa.”.- Contesto: “si”.- AL CUARTO: “Diga la testigo, si sabe y le consta que en su larga unión concubinaria procrearon (01) hijo que tiene por nombre y apellidos CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, quien nació en la ciudad Ospino estado Portuguesa, el día 24 de octubre de 1991, contando actualmente con (25) años de edad”.- Contesto: “si me consta.”.-

 PEDRO ALEJANDRO ORTIZ PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.525.403, de 72 años de edad, domiciliado en la calle negro primero, casa N° 03-03, del Municipio Ospino del estado Portuguesa, de profesión u oficio Jubilado del Ministerio de Educación; Docente .-(f-57).- Quien compareció ante este Tribunal, en fecha 20-11-2017, y rendio su declaración de la siguiente manera: AL PRIMERO: “Diga el testigo, si conoce al ciudadano: FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, (fallecido) y a MARILÚ COROMOTO NIEVES PÉREZ, suficientemente de vista trato y comunicación desde hace mas de 20 años”.- Contesto: “Si”. AL SEGUNDO: “Diga el testigo, si por eso conocimiento que de ellos dice tener sabe y le consta que Franklin José Pelayo Serrano (fallecido) y Marilu Coromoto Nieves, han sido marido y mujer en perfecta armonía por un lapso de veintinueve (29) años ininterrumpida”.- Contestó: “si”. AL TERCERO: “Diga el testigo, si sabe y le consta que FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, y MARILU COROMOTO NIEVES PÉREZ, habitaban como concubinos en la casa propiedad de nuestra mandante la cual esta ubicada en la calle negro primero, casa sin número del barrio abajo centro de la ciudad de Ospino del estado Portuguesa.”.- Contesto: “si”.- AL CUARTO: “Diga el testigo, si sabe y le consta que en su larga unión concubinaria procrearon (01) hijo que tiene por nombre y apellidos CARLOS JAVIER PELAYO NIEVES, quien nació en la ciudad Ospino estado Portuguesa, el día 24 de octubre de 1991, contando actualmente con (25) años de edad”.- Contesto: “si.”.-

El Tribunal antes de valorar a los testigos evacuados, comparte el criterio sustentado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2.000, posteriormente ratificado en decisión de fecha 5 de octubre de 2.000, en el cual expresa lo siguiente:

“Al pronunciarse con respecto a la declaración de un testigo, el Juez no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas y repreguntas con sus respuestas, pues su deber es indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso, lo dicho por el testigo, es decir, debe señalar expresamente lo que lo lleva a la convicción de que éste le merece fe o por el contrario considera que incurrió en reticencia o falsedad.” De lo expuesto puede evidenciarse que cuando el sentenciador aprecia el dicho del testigo, no está obligado a transcribir íntegra ni resumidamente el contenido de las preguntas, repreguntas y respuestas respectivas, debe indicar las razones por las cuales estima o desestima, según el caso lo dicho por el testigo”.

Ahora bien, en relación a las testimoniales evacuadas de los ciudadanos AURA BEATYRIZ ALVAREZ SERRANO; LENNYS JOSEFINA CASTAÑEDA GONZALEZ Y PEDRO ALEJANDRO ORTIZ PEREZ. Este tribunal le otorga pleno valor probatorio al ser contestes los mismos en afirmar que conocen al ciudadano: FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, (fallecido) y a la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PÉREZ, suficientemente de vista trato y comunicación desde hace mas de 20 años, y que el ciudadano Franklin José Pelayo Serrano (fallecido) y la ciudadana Marilu Coromoto Nieves, han sido marido y mujer en perfecta armonía por un lapso de veintinueve (29) años ininterrumpida, habitando como concubinos en la casa ubicada en la calle negro primero, casa sin número del barrio abajo centro de la ciudad de Ospino del estado Portuguesa. Así se decide.-

LA PARTE DEMANDADA NO PRESENTO ESCRITO DE PRUEBAS.-
VI
DE LOS INFORMES

EN LA OPORTUNIDAD PROCESAL

El Tribunal, hace constar mediante auto de fecha 18 de Diciembre de 2017, (f-59), que ninguna de las partes presentaron informes en la presente causa.-

VII
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
De las actuaciones correspondientes a la presente causa, se aprecia que estamos en presencia de la pretensión de una acción mero declarativa para determinar la existencia o no de una situación jurídica tendiente a la declaratoria de la unión concubinaria entre la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ y el de cujus FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO; en tal sentido, debe ésta sentenciadora fijar algunos lineamientos sobre esa institución:
Sobre la acción mero declarativa ha dicho Kisch en su obra, Elementos del Derecho Procesal Civil (Pág. 40), citado por Couture:
“(...) Para que proceda la acción mero-declarativa se requiere: a) que la duda o controversia sea suficientemente fundada; b) que sea de tal naturaleza que para solucionarla, la decisión judicial sea adecuada y necesaria; c) que el actor no disponga más que de esa forma especial para la obtención de esos fines.”

En el mismo ámbito de lo que es la acción mero-declarativa, nuestro Código de Procedimiento Civil en su artículo 16, establece:
“(…) Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.”

En esta norma, se consagra lo que es la acción mero-declarativa, se dice que esta acción propiamente dicha tiene dos objetos: primero, la mera declaración de la existencia o no de un derecho; segundo, la mera declaración de la existencia o no de una relación jurídica y por supuesto su sentido y alcance. Y la Corte Suprema de Justicia ha añadido un tercer objeto a esta acción, y es el declarar la existencia o no de una situación jurídica.
El autor patrio Ricardo Henríquez La Roche, en sus Comentarios al nuevo Código Procesal Civil (Tomo I, Pág. 92), señala:
“…Esta acción llamada declarativas en otros países y que nuestra Ley adjetiva las denomina mero-declarativas, tienen por objetivo que el derecho que, en un momento se presentaba incierto, adquiera certidumbre mediante sentencia y la norma abstracta se convierte en prescripción concreta. La acción mero-declarativa no requiere un estado de hecho contrario al derecho, sino que basta un estado de incertidumbre sobre el derecho y por ello no obliga a nada sino que se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica. Es por ello que tiene un campo de aplicación restringido, y, por ejemplo, quien tiene la propiedad de una cosa no puede demandar el reconocimiento de ese derecho que ya tiene, porque importaría imponer al adversario y al Tribunal una carga sin fundamento…”

De igual manera el citado autor apunta que la doctrina reconoce tres tipos de interés procesal: el que deviene del incumplimiento de una obligación, el que deviene de la ley (procesos constitutivos) y el que deviene de la falta de certeza, correspondiente éste último a los procesos mero declarativos, en donde existe una situación de incertidumbre, sea por falta o deficiencia de título, sea por amenaza de perturbación al ejercicio del derecho o peligro de daño, que autoriza la intervención en vía preventiva para crear la certeza que aleje anticipadamente el peligro de trasgresión posible en el futuro, evitando así el daño que se causaría si la ley no actuase.
El autor Dr. Humberto Bello Lozano, en su obra Procedimiento Ordinario, Pág. 31 y siguientes: LA ACCIÓN DECLARATIVA O MERO DECLARATIVA. Prieto Castro (op cit), nos dice:
(…) que la acción es simplemente declarativa o mero declarativa cuando, el derecho a la justicia o tutela jurídica queda satisfecho con un pronunciamiento declarativo de la existencia de un derecho o de un hecho. Chiovenda en sus Instituciones, sostiene que constituye un derecho autónomo y potestativo, puesto que la declaración solicitada mediante su ejercicio, no puede exigirse del demandado ni sustituirse por una prestación propia, siendo necesario el pronunciamiento de una sentencia que declara el derecho o la relación jurídica de que se trate. Sigue exponiendo la presencia de intereses que solo se satisfacen mediante su ejercicio, lo que se puede expresar en la declaración de negativa donde el demandando solicita del órgano jurisdiccional que sentencia no ser deudor de una prestación o de una cosa; diferenciándose de la de condena en que hay derechos que no pueden dar lugar más que a una sentencia de declaración, y son los derechos potestativos cuando consistan en el poder de producir un efecto jurídico con una simple declaración de la parte. (…OMISSIS…).-

La jurisprudencia le ha dado tratamiento de acciones de estado a las pretensiones que persiguen la declaratoria de existencia de unión concubinaria. Así, en sentencia dictada por la Sala Constitucional en criterio vinculante, se señalo: Que según doctrina del Dr. Francisco López Herrera, las acciones de estado- lato sensu son todas las que en una u otra forma se refieren al estrado (individual o familiar) o a la capacidad de las personas estrictu son solamente, aquéllas que tienen por objeto hacer declarar o modificar o alterar o destruir un estado familiar cualquiera: son los medios legales de que pueden valerse los interesados para sostener, defender, proteger, modificar, alterar o destruir los estados de familia. El precipitado autor señala como caracteres de las acciones de estado en sentido estricto entre otros, los siguientes: i) Son de naturaleza eminentemente civil; ii) Están reguladas por reglas propias, distintas a las que rigen a las acciones en general; iii) Son de carácter moral y en su ejercicio está involucrados el orden público; iv) Son estrictamente personales, pues son inseparables de sus titulares y solamente pueden ser ejercitadas por ellos; v) Son intrasmisibles, pues no se trasmiten por sucesión en caso de muerte; vi) Son acciones indisponibles ya que el titular puede libremente decidir si la ejerce o no, pero no puede disponer libremente de ella, ni judicial, ni extrajudicialmente por estar interesado el orden público, la Ley prevé una serie de medidas tendentes a dar publicidad al juicio antes de que se trabe la litis (edictos) y la sentencia una vez concluido el procedimiento (Art. 506 del Código Civil). (López Herrera, Francisco. Derecho de Familia. Impresos Minipres, C.A. Caracas, 2006).
En definitiva se ha establecido que la acción mero declarativa tiene por objeto establecer la certeza de un derecho o una relación jurídica, o ventilar un proceso que sólo pretende reconstituir una prueba para un juicio posterior.
Así las cosas, se considera pertinente establecer qué, se entiende por concubinato y por uniones estables de hecho, siendo fundamental su compresión para el desarrollo de lo peticionado por la actora.
En este mismo orden de ideas, es preciso citar el artículo 767 de nuestro Código Civil, que establece:
Artículo 767.- Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.

La disposición normativa transcrita consagra en forma definitiva, la validez y eficacia de la presunción de comunidad en caso de unión no matrimonial permanente, presunción ésta que por ser de carácter iuris tantum, admite la prueba en contrario que puede destruirse con cualquiera de los medios de pruebas pertinentes. La presunción de comunidad concubinaria constituye una prueba consecuencial, pues surge sólo bajo la condición de que haya sido demostrada la existencia de un hecho conocido que le sirve de base imprescindible, cual es, la existencia cierta y comprobada de la relación concubinaria.
Ahora bien, el concubinato o unión estable de hecho es un concepto jurídico contemplado en el citado artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica, que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, viudos o divorciados, la cual está caracterizada por la vida en común.
Al respecto, el diccionario Cabanellas, conceptualiza el concubinato como la relación de un hombre con su concubina (la vida marital de ésta con aquel), estado en que se encuentra el hombre y la mujer cuando comparten casa y vida como si fueran esposos, pero sin haber contraído ninguna especie de matrimonio.
En la actualidad el concubinato se constitucionalizó, al ser consagrado en el Artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, es necesario acotar que en los casos de reconocimiento de la unión concubinaria, resulta obligatorio y vinculante, tomar en cuenta en la motivación del fallo, el criterio emanado de la sentencia Nº 1.682, dictada por la Sala Constitucional de este Alto Tribunal, de fecha 15 de julio de 2005, expediente Nº 2004-003301, caso: recurso de interpretación de Carmela Manpieri Giuliani, mediante el cual se estableció lo siguiente:
“…Corresponde a esta Sala decidir el fondo de la presente interpretación del artículo 77 de la Constitución, para lo cual se observa:
El artículo 77 constitucional reza ‘Las uniones estables entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio’.
Resulta interesante para la Sala resaltar que dicha norma use la voz ‘unión estable’ entre el hombre y la mujer, y no la de concubino o concubina utilizada en el artículo 49.5 eiusdem; y ello es así porque unión estable es el género, tal como se desprende del artículo 146 del Código Orgánico Tributario, o del artículo 13-5 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, o del artículo 785 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, siendo el concubinato una de sus especies.
El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).
Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
(…Omissis…)
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77-el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara.
Lo anterior no significa que la ley no pueda tipificar otros tipos de relaciones entre hombres y mujeres como uniones estables a los efectos del artículo 77 constitucional, tomando en cuenta la permanencia y notoriedad de la relación, cohabitación, etc. y, por ello, el Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad, discutida en la Asamblea Nacional, en los artículo 40 al 49, desarrolla las uniones estables de hecho, como una figura propia mientras que el concubinato como figura distinta a la anterior, fue desarrollado en los artículos 50 al 53.
‘Unión estable de hecho entre un hombre y una mujer’, representa un concepto amplio que va a producir efectos jurídicos, independientemente de la contribución económica de cada uno de los unidos en el incremento o formación del patrimonio común o en el de uno de ellos, siendo lo relevante para la determinación de la unión estable, la cohabitación o vida en común, con carácter de permanencia, y que la pareja sea soltera, formada por divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad. Si la unión estable se equipara al matrimonio, y la bigamia se encuentra prohibida, a juicio de esta Sala es imposible, para que ella produzca efectos jurídicos, la coexistencia de varias relaciones a la vez en igual plano, a menos que la Ley expresamente señale excepciones. Ahora bien, corresponde conforme al artículo 77 constitucional, a la reserva legal la regulación de las otras uniones estables diversas al concubinato y, por ello, le está a la Sala vedado, aun por la vía de la jurisdicción normativa, realizar la tipificación de estas otras uniones, y así se declara.
Señalado lo anterior, debe la Sala señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como ‘unión estable’ o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.
En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la ‘unión estable’ haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.
En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.
Ahora bien, el matrimonio –por su carácter formal- es una institución que nace y se prueba de manera distinta al concubinato o a cualquier otra unión estable, y por ello estas últimas no pueden equipararse íntegramente al matrimonio y, por tanto, no puede pretenderse que, automáticamente, todos los efectos del matrimonio se apliquen a las ‘uniones estables’.
En consecuencia, no es posible una declaración general que asimile las uniones (de cualquier tipo) al matrimonio, y por lo tanto, observa la Sala, hay que distinguir cuáles efectos del matrimonio se aplican al concubinato y a las posibles otras uniones estables.
Estas uniones (incluido el concubinato) no son necesariamente similares al matrimonio, y aunque la vida en común (con hogar común) es un indicador de la existencia de ellas, tal como se desprende del artículo 70 del Código Civil, este elemento puede obviarse siempre que la relación permanente se traduzca en otras formas de convivencia, como visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, hijos, etc.
Siguiendo indicadores que nacen de las propias leyes, el tiempo de duración de la unión, al menos de dos años mínimo, podrá ayudar al juez para la calificación de la permanencia, ya que ese fue el término contemplado por el artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al regular el derecho de la concubina a la pensión de sobrevivencia…”. (Resaltado del texto transcrito).

De la sentencia transcrita consta que para la declaratoria de concubinato se debe considerar el elemento de la temporalidad de la relación que se quiere reconocer, pues el juez calificará la permanencia según la duración de ésta, la cual debe ser de dos (2) años mínimo, ya que estas uniones de hecho propenden, cuando se consolidan, a que los involucrados asuman un verdadero compromiso de vivir juntos, en forma permanente, comportándose socialmente como marido y mujer, vale decir, tal como si constituyeran un matrimonio.
Pero como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo, los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la propia condición de la estabilidad.
En este mismo sentido, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 08 de febrero del 2012, Exp. AA20-C-2011-000437, apoyándose en la sentencia N° 1.682 de la Sala Constitucional de fecha 15 de julio del 2005, además en la sentencia N° 1747, dictada por Sala Social en fecha 12 de noviembre del 2011 y en la sentencia N° 419, de fecha 12 de agosto del 2011, dictada por esa misma Sala Civil, repuso la causa al estado de admitir nuevamente la demanda y anuló todas las actuaciones posteriores, como consecuencia de que el Juzgado de primera instancia omitió ordenar publicar el edicto a que se refiere la parte in fine del artículo 507 del Código Civil. Entre otras dispone dicha sentencia:
La referida decisión, en extractos pertinentes, señala:

“…Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la unión, surtirá los efectos de las sentencias a que refiere el ordinal 2° del artículo 507 del Código Civil, el cual se aplicará en toda su extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la sentencia, lo cual no está previsto – y por lo tanto carece de procedimiento – en la Ley.

Por tanto el artículo 507 del Código Civil, establece:
Artículo 507.- Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los registros respectivos, producirán los efectos siguientes:
1º Las sentencias constitutivas de un nuevo estado y las de supresión de estado o capacidad, como disolución o nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los decretos de adopción, etc., producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros o extraños al procedimiento.
2º Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el número anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquéllas; pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no intervinieron en el juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.
A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se publicará en un periódico de la localidad sede del Tribunal que la dictó. Si no hubiere periódico en la localidad sede del Tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo. Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto. (Cursiva y destacado del tribunal)

Ahora bien tenemos que de la revisión de las actas que componen el presente expediente, se observa que existen elementos de hecho y de derecho, que amparan la pretensión de la accionante, ya que la misma señaló la fecha cierta de inicio y culminación de la unión estable, la cual cuenta con una duración mayor a dos (02) años, lo que le acredita el requisito de permanencia o estabilidad en el tiempo, y aún cuando no hubo oposición a la presente pretensión. Asimismo, puede constatarse con las pruebas documentales consignadas junto al libelo de la demanda, que las partes en cuestión tuvieron una relación concubinaria desde el mes de Enero del año 1988, hasta el 14 de Febrero de 2017, fecha esta en que falleció el ciudadano FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, y por cuanto también consta de autos que los demandados reconocieron como ciertos los hechos aquí demandados, lo cual, para esta Juzgadora, son suficientes indicios para determinar que si existió una unión concubinaria entre la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.567.425 y el ciudadano, FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO (fallecido) venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.943.764 de conformidad con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, desde el mes de Enero del año 1988, hasta el 14 de Febrero de 2017, fecha esta en que falleció el mencionado ciudadano. Por tanto, resulta forzoso para este tribunal declarar en el dispositivo de este fallo, con lugar la presente demanda de declaración de unión concubinaria que existió entre la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ y el de cujus FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, que comenzó en el año 1988, hasta el día 14 de Febrero de 2017.
Por consiguiente, dado que en la presente causa, estamos en presencia de una acción de estado en la que está involucrado el orden público, es impretermitible el cumplimiento de la obligación que impone el artículo 507 del Código Civil, a los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este artículo, se ordena publicar un extracto de la presente sentencia en un periódico de la localidad sede del Tribunal, específicamente en el “ÚLTIMA HORA”, una vez que quede firme la presente sentencia. Todo de conformidad a criterio establecido en sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha seis (6) de mayo de dos mil quince con Ponencia del Magistrado GUILLERMO BLANCO VÁSQUEZ, Exp. 2014-000678, en juicio por mero declaración de reconocimiento de unión concubinaria. Y así expresamente se declara.-
VIII
DISPOSITIVA:
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA, incoada por la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.567.425, a través de sus apoderados judiciales, abogados REINALDO GREGORIO MEZA Y ALONZO HUMBERTO CHIRINOS, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros 128.751 y 129.284, respectivamente. En consecuencia, se declara que existió una unión concubinaria entre la ciudadana MARILÚ COROMOTO NIEVES PEREZ y el ciudadano FRANKLIN JOSÉ PELAYO SERRANO, que comenzó en el año 1988, hasta el día 14 de Febrero de 2017.
SEGUNDO: Se ordena la publicación de la presente sentencia en un periódico de la localidad, específicamente en el “ÚLTIMA HORA”, de conformidad con el último aparte del artículo 507 del Código Civil, una vez que quede firme la presente sentencia.
TERCERO: Por la naturaleza jurídica de la presente decisión judicial, de mera declaración de la situación jurídica del concubinato, no hay condenatoria en costas.
No se hace necesario la notificación de las partes por cuanto el fallo es dictado dentro del lapso establecido en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia, en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Acarigua; a los siete (07) días del mes de Febrero del año dos mil Dieciocho (07-02-2018); Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
La Juez Suplente,
El Secretario Titular,
Abg. Judith Teresa Reverol Pocaterra.-
Abg. Mauro José Gómez Fonseca.-
En la misma fecha se dictó y publicó a las 03:00 p.m. Conste; El Secretario,

JTRP/mjg/mtp.-
Exp. N° C-2017-001360.-