REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELÍAS DEL ESTADO TRUJILLO. Guanare; trece (13) de agosto 2019. Años: 209° y 160°. I DE LAS PARTES Y SUS ABOGADOS. DEMANDANTE: JONAS MATEO MONGES CARRASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 9.836.725.- REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Defensor Público Auxiliar Primero Encargado Agrario del Estado Portuguesa, Juvencio Bautista Cabeza Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 193.463.- DEMANDADOS: RICARDO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 17.261.779, y IBRAHAM ZAPATA, sin más datos de identificación que acredite en autos.- REPRESENTATE JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acredita en autos.- MOTIVO: ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO.- SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva (Decaimiento y Extinción de la Causa).- EXPEDIENTE: 00359-A-18.- II SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA. Trata la presente demanda de ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO, interpuesta por el ciudadano, JONAS MATEO MONGES CARRASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 9.836.725, Defensor Público Auxiliar Primero Encargado Agrario del Estado Portuguesa, Juvencio Bautista Cabeza Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 193.463, en contra de los ciudadanos, RICARDO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 17.261.779, y IBRAHAM ZAPATA, sin más datos de identificación que acredite en autos. III RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES. En fecha tres (03) de julio de 2018, se inició el presente procedimiento, por motivo de ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO, realizada por ante este Juzgado, por el ciudadano, JONAS MATEO MONGES CARRASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 9.836.725, representado judicialmente por la Defensor Público Auxiliar Primero Encargado Agrario del Estado Portuguesa, Juvencio Bautista Cabeza Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 193.463, en contra de los ciudadanos, RICARDO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 17.261.779, y IBRAHAM ZAPATA, sin más datos de identificación que acredite en autos. Acompaña el demandante en su demanda oral los siguientes documentales: 1. Copia simple de Declaratoria de Permanencia a favor de la Asociación Civil Buenos Aires. Riela al folio dos (02) al tres (03). En fecha cuatro (04) de julio de 2018, inserto al folio cuatro (04); este Tribunal, dictó auto mediante el cual, le dió entrada a la presente causa. Seguidamente, cursante al folio cinco (05), en fecha cuatro (04) de julio de 2018; este Tribunal dictó auto mediante el cual se solicitó la designación de un Defensor Público especializado en materia agraria. Se libró oficio Nº 363-18 a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Riela al folio seis (06) al siete (07), en fecha veintisiete (27) de julio de 2018; diligencia del Alguacil de este Tribunal mediante la cual consigno el recibido del oficio Nº 363-18 librado a la Unidad de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. Cursante al folio ocho (08), en fecha treinta (30) de julio de 2018; se recibió diligencia de los Defensores Públicos Provisorio y Auxiliar Segundos de Primera en materia Agraria abogados, Elizabeth Aldana y Juvencio Bautista Cabeza Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números 133.299 y 193.463 mediante la cual, aceptaron la defensa del ciudadano JONAS MATEO MONGES CARRASCO. No hubo más actuaciones. IV MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR En primer término, este Juzgado tiene a bien señalar que el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Según el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.” El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción si la acción no existe. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. Nº: 00-1491, s. nº 956), al referirse al interés procesal señaló: “A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...) Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. (...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” (Subrayado añadido) De acuerdo con lo expuesto, es evidente la falta de interés de la parte accionante de instruir la presente, en virtud que la misma no concurrió en ningún momento, después de introducir la demanda a este Despacho, lo que inevitablemente hace presumir que la situación jurídica que dio lugar al surgimiento de la necesidad de administración de justicia ha cesado, por lo que resulta forzoso para este Juzgado establecer la existencia en autos de la pérdida del interés procesal de la parte accionante, ya que la misma no compareció a gestionar lo conducente para la culminación de la presente, y en consecuencia debe declararse el decaimiento y extinción de la causa. V DISPOSITIVA En atención a las anteriores consideraciones, de conformidad con la doctrina y la sentencia mencionada ut supra, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: El DECAIMIENTO y EXTINCIÓN DE LA CAUSA por pérdida del interés procesal, en la ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO, interpuesta por el ciudadano, , JONAS MATEO MONGES CARRASCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 9.836.725, representado judicialmente por la Defensor Público Auxiliar Primero Encargado Agrario del Estado Portuguesa, Juvencio Bautista Cabeza Perdomo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el número 193.463, en contra de los ciudadanos, RICARDO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número 17.261.779, y IBRAHAM ZAPATA, sin más datos de identificación que acredite en autos. SEGUNDO: En vista de la declaratoria anterior se ordena la notificación a la parte actora. Líbrese Boleta, Publíquese y Regístrese.- Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, a los trece (13) días del mes de agosto del año 2019. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. Marcos Eduardo Ordóñez Paz.- La Secretaria Accidental, Abg. Olimar Andreina Manzanilla.- En la misma fecha, siendo las doce y cincuenta minutos del mediodía (12:50 m.) se publicó y se registró la anterior decisión bajo el Nº_1340, y se expidió copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado.- La Secretaria Accidental, Abg. Olimar Andreina Manzanilla.- MEOP//Olimar.- Expediente Nº 00359-A-18.