REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. Guanare, treinta y uno (31) de julio del dos mil Diecinueve (2019). 209° y 160° ASUNTO: PP01-2017-10-0409 Visto el escrito presentado en fecha dieciséis (16) de enero del dos mil dieciséis (2016), ante EL TRIBUNAL PENAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADALES Y MUNICIPALES EN FUNCIONES DE CONTROL ESTADO PORTUGUESA, EXTENSIÓN ACARIGUA mediante Sentencia Interlocutoria declina la competencia al TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO PORTUGUESA, según Sentencia Interlocutoria reenvía a Regulación de Competencia a la SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA y por Sentencia Interlocutoria ordena remitir al JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, se le dio entrada en fecha trece (13) de octubre del dos mil Diecisiete (2017), al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL interpuesta por la ciudadana MARELISA ADRIAN CARTAYA, titular de la cédula de identidad Nº V-5.570.744, asistida por la Abogada YGDALIA CAROLINA ARIAS HERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.656, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. En fecha dieciocho (18) de Octubre del dos mil diecisiete (2017), este Tribunal, previo estudio y revisión del escrito libelar y sus anexos, admite el presente recurso, cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ordenando expedir las notificaciones correspondientes. Ahora bien, de la revisión exhaustiva del presente asunto, este Juzgador pudo observar, que no consta actuación alguna desde la fecha del auto de Admisión, hasta la presente fecha; en virtud de ello, cabe señalar, que la causa se encontraba en el estado de consignar los emolumentos para librar las respectivas notificaciones de la Admisión de la demanda ordenadas mediante auto de fecha dieciocho (18) de Octubre del dos mil diecisiete (2017). Siendo así, se estima que ha transcurrido un lapso de un (01) año, nueve (09) meses y trece (13) días hasta la presente fecha. Ante tal circunstancia, se hace necesario para este Tribunal realizar las siguientes consideraciones: El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece: Artículo 41: “(…) Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza (…)”. En consecuencia, al haber constatado que la presente causa se encuentra paralizada por más de un (01) año, y que la siguiente actuación correspondía a la parte recurrente (impulso de notificación), puede concluirse que el caso de marras coincide con el supuesto de hecho contenido en la norma citada ut supra, razón por la cual, debe forzosamente declararse CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECLARA. Además de ello, estima prudente este Tribunal traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia o no de notificación de la parte afectada, contenido según sentencia de fecha 05 de agosto de 2004: “(…) que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año”, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir. Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “perimida” la instancia (...)” En consecuencia, al haber estado la presente causa paralizada por más de un (01) año, nueve (09) meses y trece (13) días, este Tribunal, de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil debe forzosamente declarar CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECLARA. DECISIÓN Con fundamento en las consideraciones expuestas con anterioridad este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer y decidir el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL interpuesta por la ciudadana MARELISA ADRIAN CARTAYA, titular de la cédula de identidad Nº V-5.570.744, asistida por la Abogada YGDALIA CAROLINA ARIAS HERNÁNDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.656, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. SEGUNDO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL. TERCERO: Notifíquese al ciudadano PROCURADOR DEL ESTADO PORTUGUESA de conformidad con el artículo 98 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por reenvió expreso del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Una vez conste en autos la práctica de las notificaciones, se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación. Publíquese, regístrese, y déjese copia conforme lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Guanare a los treinta y uno (31) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). Años 209º de la Independencia y 160º de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, ABG. ROGIAN ALEXANDER PÉREZ. LA SECRETARIA ABG. NORBELIS C. MARIN M.