REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL CIRCUITO LABORAL DEL ESTADO PORTUGUESA, SEDE ACARIGUA Acarigua, catorce (14) de Marzo de dos mil diecinueve (2019) 208º y 159º EXPEDIENTE: Nº PP21-N-2016-000003. PARTE RECURRENTE: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DE TUREN Y ESTELLER. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogada VERA PIETROSANTI, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 77.579. PARTE DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO CON SEDE EN ACARIGUA ESTADO PORTUGUESA. MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD contra providencia administrativa número: 556-2014 de fecha 27 de junio de 2014 emitida por la Inspectoría del Trabajo de Acarigua, estado Portuguesa. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. I SECUELA PROCEDIMENTAL El presente procedimiento fue recibido por esta instancia en fecha 12 de enero de 2016, siendo intentado por ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES DE TUREN Y ESTELLER (ASOPRUAT) en contra de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa; correspondiéndole según distribución a este Tribunal conocer de la presente causa, en consecuencia fue admitido en fecha 18 de enero de 2016 (folio 152 al 154 del presente expediente), librándose las notificaciones correspondientes, abocándose este Juzgador en fecha 21 de abril de 2017 (f. 159 del presente expediente), librándose las correspondientes notificaciones resultando fructífera la de la parte recurrente (f. 163 del presente expediente), sin embargo, resultó infructíferas las notificaciones de la Procuraduría General de la República (f. 177 del presente expediente), Fiscal General de la República (f. 174 del presente expediente) e Inspectoría del Trabajo (f. 171 del presente expediente); por cuanto la parte interesada no consignó las respectivas copias para acompañar dichas boletas, tal como consta de la consignación que estampa el alguacil Henderson Jaimes, adscrito a este Circuito Judicial Laboral en fecha 18 de Octubre del 2017 (f. 171, 174 y 177 del presente expediente), en tal sentido, nótese que desde la referida fecha, ninguna de las partes contendientes efectuó actuación alguna en el expediente tendiente a dar impulso al mismo. Así las cosas, siendo que la institución de la perención tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes activar el proceso, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla, debe establecerse que la perención se encuentra así determinada por tres (3) condiciones esenciales: una objetiva, circunscrita a la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales por parte del accionante, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia, lo cual se hace evidente que el espíritu del legislador al estatuir la institución de la perención de la instancia fue evitar con fundamento en la necesidad social de Administración de Justicia, la litigiosidad perse, es decir, evitar la eternización de aquellos juicios en los cuales no medie el interés impulsivo de las partes contendoras, erigiéndose dicha institución como norma de orden público, verificable de pleno derecho y aún de oficio. En este orden de ideas, debe imperiosamente traerse a colación el contenido del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual expresa que el Juez es el rector del proceso y debe impulsarlo bien de oficio o a instancia de parte; ahora bien, al concatenarla con el artículo 30 de la mencionada norma, se evidencia que los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán a instancia de parte, o de oficio cuando la ley lo autorice. En otras palabras, sólo conocerán y actuarán de oficio en aquellos casos en que exista una disposición expresa de ley que faculte tal proceder ó cuando de los hechos denunciados pudiese vulnerarse el orden público constitucional y que trasciendan de los intereses particulares pudiendo afectar a una colectividad o interés general, tal como lo ha plasmado nuestra sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, circunstancias que no concurren en el caso en estudio. Bajo este mismo contexto, dispone la norma de índole legal prevista en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo siguiente: Artículo 41.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas. (Subrayado del Tribunal) En el caso de marras, en base a las motivaciones que anteceden, existiendo un evidente desinterés procesal, es por lo que este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. ASI SE DECIDE.- II DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en conformidad con lo establecido en artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa SEGUNDO: Se ordena fijar Cartel de Notificación dirigido a la parte demandante, en la cartelera del Tribunal de este Circuito Laboral, por un lapso de diez (10) días de despacho, de acuerdo a sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24/04/2009 con ponencia del Magistrado Dr. JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO caso Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano DOMINGO CABRERA ESTEVEZ. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Portuguesa. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, a los Acarigua, catorce (14) de Marzo de dos mil diecinueve (2019). Juez de Juicio La Secretaria Abg. Javier Antonio Torrealba González Abg. Evelyn Moreno Velazco JATG/norelis