TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Juicio del Circuito Laboral del estado Portuguesa, sede Acarigua
Acarigua, seis de noviembre de dos mil diecinueve
209º y 160º
ASUNTO: PP21-N-2016-000040
PARTE RECURRENTE: ARNOLDO ANTONIO PIÑANGO, Venezolano, Mayor de Edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.732.053, asistido por el abogado JULIO CESAR ORTEGA CAMPINS, inscrito en el inpreabogado N° 104.178.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA.
TERCERO INTERESADO: ALCALDIA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO PAEZ DEL ESTADO PORTUGUESA.
MOTIVO: Recurso de abstención.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FUERZA DEFINITIVA (PERENCION)

Inicia el presente procedimiento en fecha 31/10/2016, por escrito de recurso de abstención interpuesto, por el ciudadano ARNOLDO ANTONIO PIÑANGO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.732.053, asistido por el abogado JULIO CESAR ORTEGA CAMPINS, inscrito en el inpreabogado N° 104.178 en contra de la Alcaldía Bolivariana del Municipio Páez del estado Portuguesa. El mencionado recurso fue ingresado por ante la URDD de este Circuito Judicial del Trabajo, correspondiéndole su conocimiento a este Juzgado Primero de Juicio del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Acarigua.

En este sentido, recibido como ha sido el presente recurso de abstención en fecha 01/11/2016 por este Juzgado, y siendo competente para conocer y decidir sobre el mismo, por ser el acto administrativo recurrido de efectos particulares emanado de la Inspectoría del Trabajo, tal como lo establece el artículo 25 ordinal 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal Primero de Juicio del Trabajo del estado Portuguesa, procede a emitir pronunciamiento sobre su admisibilidad.

I
DE LOS HECHOS

Se evidencia de actas procesales que en fecha 31/10/2016 fue presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) Recurso de Abstención interpuesto, por el ciudadano ARNOLDO ANTONIO PIÑANGO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.732.053, asistido por el abogado JULIO CESAR ORTEGA CAMPINS, inscrito en el inpreabogado N° 104.178 en atención a la omisión por parte de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa en no otorgar cumplimiento oportuno y efectivo a las obligaciones especificas consagradas en los artículos 425; 507 y 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en referencia a la solicitud de Reenganche y Restitución de Derechos Laborales que se están tramitado en el asunto número N° EXP. 001-2016-01-00034 de fecha 12/01/2016 contra la Alcaldía Bolivariana del Municipio Páez del estado Portuguesa. (Vid. Folio. 01 al 10 del presente expediente).

Una vez distribuida por la URDD de este Circuito Judicial del Trabajo, correspondió su conocimiento a este Juzgado Primero de Juicio del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Acarigua.
Seguidamente en fecha 01/11/2016 se dictó auto donde se dio por recibida la misma (Vid. Folio. 11 del presente expediente) y en el lapso de ley en fecha 07/11/2016 se admite el recurso de nulidad previo establecimiento de la competencia de este tribunal para conocer y decidir sobre el mismo, por ser el acto administrativo recurrido de efectos particulares emanado de la Inspectoría del Trabajo, tal como lo establece el artículo 25 ordinal 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual de seguidas se cita:
“Artículo 25. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
3. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, dictados por las autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, con excepción de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo.
(…omissis…)” (Fin de la cita, subrayado de esta instancia).

Observándose del auto de admisión (Vid. Folio. 12 y 13 del presente expediente) que esta sentenciadora ordeno la citación de la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua estado Portuguesa, a los fines de informarle sobre el recurso de abstención interpuesto por el recurrente de conformidad con el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En fecha 20/12/2016 el Alguacil de este Circuito procedió a la devolución de la Boleta de Notificación dirigida a la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Acarigua, en vista que a pesar de haberse librado luego de un tiempo prudencial la parte interesada no ha consignado las copias correspondientes, incumpliendo la misma con el deber que le impone el contenido del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el cual de seguidas se cita:

“Artículo 342. Admitida la demanda, el Tribunal ordenará compulsa por Secretaria tantas copias cuantas partes demandadas aparezcan en ella, con certificación de su exactitud; y en seguida se extenderá orden de comparecencia para la contestación de la demanda, orden que autorizaría el Juez, expresándose en ella el día señalado para la contestación.
Si para cualquier otro efecto establecido en el Código Civil, necesitare la parte demandante alguna otra copia de la demanda con la orden de comparecencia, se le mandará expedir en la misma forma.” (Fin de la cita, subrayado de esta instancia).

“Artículo 345 La copia o las copias del libelo de la demanda con la orden de comparecencia se entregarán al Alguacil del Tribunal a objeto de que practique la citación. Sin embargo, a petición de la parte demandante, dichas copias se entregarán al propio actor, o a su apoderado para que gestione la citación por medio de cualquier otro Alguacil o Notario de la Circunscripción Judicial del Tribunal de la causa, o del lugar donde resida el demandado, en la forma prevista en el artículo 218.

Cumplida la gestión de la citación, el actor o su apoderado entregará al Secretario del Tribunal el resultado de las actuaciones, debidamente documentadas.” (Fin de la cita, subrayado de esta instancia).

Disposiciones legales aplicables en el proceso contencioso administrativo por imperio de los artículos 31 y 37 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Es importante resaltar que la en la Sección Cuarta de la ley ejuzdem establece los procedimientos comunes que deben seguirse en la tramitación de las demandas de Nulidad, interpretación y controversias administrativas concretamente el Articulo 78 numeral 2 de esta ley ordena que se notifique al PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA y al FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA pero que a su vez el Articulo 110 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República exige que se notifique por oficio y acompañar las copias de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

Así las cosas se observa de autos que la causa principal se mantuvo paralizada a la espera de que la parte recurrente cumpliera con la gabela de consignar los fosfatos que son necesarios acompañar a la Boleta de Notificación, como lo es el auto de admisión, dirigido al tercero interesado por así disponerlo las transcritas normas civiles y administrativas y las dirigidas a las instituciones publicas entre ellas la de la Procuraduría General de la republica en cumplimiento de lo que establece el referido articulo 110 del referido Decreto, carga que le corresponde al recurrente; por ser este uno de los gastos que se pueden agrupar dentro de lo que se ha denominado como costas procesales la cual si bien en nuestro ordenamiento Jurídico positivo, no se encuentra definido, sin embargo Nuestra Doctrina la ha definido, como todos los gastos hechos por las partes en la sustanciación de los asuntos judiciales, ya que a pesar de que la Justicia es gratuita, es indudable que en la tramitación de los juicios surjan erogaciones, tal es el caso realizado en la tramitación de la citación, de las notificaciones, publicaciones de carteles, pago de asociados, expertos y honorarios de Abogados, siendo evidente que en el caso de autos la recurrente no consignó los emolumentos para sufragar los gastos que generaría la obtención de los fosfatos necesarios para ello.

II
DE LA INACTIVIDAD DE LAS PARTES.

Del análisis efectuado por quien hoy decide a las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que la última y única actuación realizada por la parte recurrente luego de la admisión de la demanda fue en fecha 08 de Marzo de 2017 cuando presenta una diligencia en la cual expone: que procede a consignar compulsa a los fines de que se realice la notificación a la Inspectoría del Trabajo y a su vez proceda a indicar fecha para la audiencia, se observa de autos que en el auto de admisión se ha ordenaron cuatro notificaciones a saber la del Tercero Interesado, la de la Inspectoría del Trabajo, la de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y la del FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, precisando además que si bien es cierto el recurrente en fecha 08 de marzo del 2017 consigno una copia del escrito libelar sin embargo la misma estaba desprovistas del auto de admisión, faltando entonces tres juegos de copias con el auto de admisión. Por tanto al no haber las copias fotostáticas para acompañar a los oficios y boletas resulta inútil librar las mismas, toda vez que este circuito cuenta con la herramienta Tecnológica Sistema Juris 2000 el cual de librarse la boleta sin copias, se produce en la unidad de alguacilazgo una acumulación de boletas sin practicar, dando la impresión que es en tribunal quien no ha cumplido, cuando lo realmente cierto es que es el recurrente quien no ha impulsado su acción, lo cual se infiere ante la falta de actuación de parte tendente a obtener las copias que deben contener los Oficios que se libren para la practica de las notificaciones de los organismos públicos necesarias para que estos se formen criterio acerca del asunto, por lo que forzosamente al no haber cumplido el recurrente con la obligación de consignar las copias necesarias y suficientes, ni los emolumentos para sufragar los gastos que genere la expedición de la misma, suficientes motivos para que no fueron libradas por este tribunal boletas ni oficios para la practica de las notificaciones.

Resulta útil indicar, que si bien es cierto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26 contempla el Principió de la Justicia Gratuita, ello no escude en forma alguna las obligaciones que deben asumir los justiciables, entre las cuales se encuentran el de sufragar los gastos que generen la expedición de copias fotostática, cuando no se cuente con los medios necesarios para ello; así pues, es importante resaltar que al no tener este Circuito una fotocopiadora para obtener las copias fotostática necesarias para acompañar a los oficios para la practicas de las notificaciones, los cual es consecuencia de la guerra económica que vive en este momento nuestro país, de manera que pueda garantizarse la justicia gratuita como lo establece el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a este proceso por disposición del articulo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y así se decide.

Necesario es adicionar lo contemplado textualmente en el artículo 110 de la DEL DECRETO Nro. 2173 de fecha 30/12/2015 CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Publicado en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela en la Gaceta No. 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015 el cual sirvió de fundamento par imponer a la recurrente la obligación de sufragar los gastos o emolumentos para las copias del libelo y del auto de admisión de la demanda que se deben acompañar a los oficios para la practica de la notificación y que contempla que en casos como los de auto existe la Obligación de notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por parte de los funcionarios judiciales.

“… Artículo 110.- Los funcionarios judiciales están obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de la admisión de toda demanda que obre directa o indirectamente contra los intereses patrimoniales de la República. Las notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañadas de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto.

El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T).

El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado. …” (Lo resaltado y subrayado corresponde a este tribunal.)

Así mismo el criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, la cual establece lo siguiente:

“(…) Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil).
En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla.
Como la acción no se ve afectada por la perención, la demanda puede volverse a proponer, y si con ella (la perimida) se hubiere interrumpido la prescripción, tal interrupción sigue produciendo efectos.
Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. Esta última puede tener lugar cuando no se insta o impulsa el proceso en un lapso legal establecido, o cuando el demandante no realiza una actividad específica en determinados plazos (caso del artículo 354 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo) a la cual lo requiere el Tribunal, a instancia de su contraparte; o cuando debiendo comparecer a una determinada actuación, no lo hace (artículos 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil). De estas dos posibilidades para los fines de este fallo, a la Sala le interesa la primera de ellas: la perención que nace por falta de impulso procesal propio.
Estos términos no son otros que los indicados en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

1) El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
2) El transcurso de treinta días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el demandante hubiere cumplido las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3) El transcurso de treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, realizada antes de la citación del demandado, si el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
4) El transcurso de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes (artículo 144 del Código de Procedimiento Civil), o por haber perdido el carácter con que obraba, sin que los interesados hubiesen gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.

Por ello, el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar: “También se extingue la instancia”, no distingue en qué estado ella se encuentra, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma.
Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá.
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia (...).

La trascripción up supra es necesario concatenarla con las normas de índole legal previstas en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece:
Articulo 201 L.O.P.T: “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”. (Resaltado del Tribunal).
Así mismo, el artículo 202 del mismo cuerpo legal adjetivo establece:
Articulo 202 L.O.P.T: ... “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal. (Resaltado del Tribunal).

Todo lo anterior entrelazado con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica De la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual instituye:

Articulo 41: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza.”.

En base a las motivaciones que anteceden, resulta a todas luces evidente que desde el día el 08 de marzo de 2017 hasta la presente fecha las partes no han mostrado interés en sostener el presente juicio, siendo evidente que ha transcurrido más de (2) años y siete (07) meses sin que las partes hayan realizado actividad alguna que de impulso al proceso, existiendo un notado desinterés procesal, es por lo que este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; y Artículo 41 de la Ley Orgánica De la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Y ASÍ SE DECIDE.-

III
DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Juicio del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento incoado por el ciudadano ARNOLDO ANTONIO PIÑANGO, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-18.732.053, asistido por el abogado JULIO CESAR ORTEGA CAMPINS, inscrito en el inpreabogado N° 104.178 en atención a la omisión por parte de la Inspectoria del Trabajo de la ciudad de Acarigua del estado Portuguesa en no otorgar cumplimiento oportuno y efectivo a las obligaciones especificas consagradas en los artículos 425; 507 y 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras en referencia a la solicitud de Reenganche y Restitución de Derechos Laborales que son tramitado en el asunto número N° EXP. 001-2016-01-00034 de fecha 12/01/2016 contra la Alcaldía Bolivariana del Municipio Páez del estado Portuguesa.
SEGUNDO: Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Región Portuguesa, correspondiente en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/. Así como en la cartelera del Tribunal.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.

LA JUEZ, LA SECRETARIA,

ABG. LISBEYS ROJAS MOLINA ABG. WENDY GIL