REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, Y DEL TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. 209° y 160° Expediente N° 3.690 Vista la incidencia de inhibición propuesta por la abogada María Carolina Rojas Colmenares, Jueza del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en acta de fecha 19/09/2019, en la cual se inhibe de seguir conociendo la “causa N° 4.645-2018, Demandante: Lea Corona de Norcini. Demandado: Sociedad Mercantil CALZA EXPRESS, C.A., representada por la ciudadana Samiha Albadich de Yaramani y solidariamente Kaled Yaramani El Fedel. Motivo: Desalojo de Inmueble”, basándose en que las conductas asumidas por el abogado José Daniel Mijoba y del codemandado Kaled Yaramani El Fedel, en el presente juicio, tales como el hacer reclamos o denuncias ante el inspector de tribunales, o reunirse con el a puerta cerrada, sin que se les permitiera a ella la entrada, la ha conducido a considerarlos su enemiga manifiesta, razón por lo cual se inhibe de seguir conociendo la causa, con fundamento en lo señalado en el numeral 18° del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil. I DE LA COMPETENCIA Establece el Artículo 89 del Código de Procedimiento Civil que en caso de inhibiciones, corresponde la decisión de la incidencia a los funcionarios que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ésta en su artículo 48 dispone que para el caso de inhibiciones y recusaciones (llamadas faltas accidentales), de Jueces Unipersonales (que es el caso que nos ocupa), serán decididos por el Tribunal de Alzada de la misma localidad. En consecuencia, atendiendo a la organización jerárquica de los Tribunales, corresponde a este Tribunal Superior conocer de la inhibición propuesta por la Jueza del Juzgado de los Municipios Agua Blanca y San Rafael de Onoto del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, y así se decide. II FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Determinada como ha sido la competencia en el caso de autos, pasa este Tribunal a decidir acerca de la inhibición propuesta así: PRIMERO: La inhibición es un deber jurídico impuesto por la Ley al funcionario judicial, de separarse del conocimiento de una causa en virtud de encontrarse en especial vinculación con las partes, con el objeto del proceso o con otro órgano concurrente en la misma causa, calificada por la Ley como causal de recusación. SEGUNDO: Observa este Juzgador que las actas remitidas a esta Alzada en copia certificada, están conformadas por: • Acta de Inhibición de la Juez Inhibida • Copia certificada del libro diario relativa a las actuaciones de los dias 15 y 16 de Agosto de 2019 TERCERO: Que el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: (Sic) 18- Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, haga sospechable la imparcialidad del recusado”. Aún cuando el artículo 88 ejusdem, prevé: “El juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas por la ley. En caso contrario, la declarará sin lugar y el juez inhibido continuará conociendo…”. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2140, de fecha 07/08/2003, dictada en el expediente N° 02-2403 (caso: Milagros del Carmen Giménez Márquez de Díaz), estableció: “…Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3ª edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616). En este sentido, la Sala en sentencia nº 144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente: “En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar. (Subrayado de la Sala) En virtud de lo anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial. Expresado lo anterior, concluye este Juzgador que ciertamente al considerarse la Juez inhibida, enemiga de los ciudadanos Daniel Mijoba, en su condición de abogado de confianza y del codemandado Kaled Yaramani El Fedel, no hay duda para quien aquí sentencia, que al expresar este sentimiento de enemistad, que como tal no puede ser probado, por lo que se tiene como cierto lo expresado por ésta, lo que hace necesario, en aras de la objetiva transparencia e imparcial, administración de justicia, y con base a lo expresado por el articulo 82, numeral 18° ejusdem, y como lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fallo citado supra parcialmente trascrito; se ha de declarar CON LUGAR la referida inhibición. ASI SE DECIDE. DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la inhibición propuesta por la abogada María Carolina Rojas Colmenares, Jueza del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en acta de fecha 19/09/2019, en la cual se inhibe de seguir conociendo la “causa N° 4.645-2018, por considerar que la misma se encuentra legalmente fundamentada, de conformidad con lo señalado en el Numeral 18° del articulo 82 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y remítanse estas actuaciones en original al Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Asimismo remítanse copia debidamente certificada de la presente decisión a la Jueza inhibida. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la ciudad de Acarigua a los tres (03) días del mes de octubre del dos mil diecinueve (2019). Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación. El Juez, Abg. Harold Paredes Bracamonte La Secretaria acc. Abg. Génesis T. Blanco L. En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las 11:00 de la mañana. Conste. (Scria.)