REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Laboral del estado Portuguesa,
sede Acarigua
Acarigua, 01 de Septiembre de 2021
211º y 162º

ASUNTO PRINCIPAL: PP21-N-2017-000002.
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE RECURRENTE: CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA.
APODERADA JUDICIAL DEL RECURRENTE: Abogada ANA MARYELIS PINEDA DIAZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 235.075.
PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DE ACARIGUA, ESTADO PORTUGUESA.
TERCERO INTERESADO: EFIGENIA MONSALVE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° 9.376.784.
ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa N° 366-09 de fecha 21/07/2009, emanada de la Inspectoría del Trabajo sede Acarigua del estado Portuguesa.
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.



I
HOMOLOGACION DEL DESISTIMIENTO

Inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado en fecha 07 de agosto de 2009 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos No Penal de Barquisimeto estado Lara, contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad con Amparo (folios 02-14) con anexos (folios 15-42), en fecha 13 de agosto de 2009 el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental admite el presente recurso, ordenando las notificaciones de ley. Una vez cumplidas las respectivas notificaciones, en fecha 14 de abril se aboca la Dra. Marilyn Quiñónez Bastidas, trascurriendo el lapso establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, una vez vencido dicho lapso se fija al 2do. día de despacho a las 10:30 a.m. audiencia oral y pública, celebrándose ese mismo día dejándose constancia de la incomparecía de la parte recurrida y dejándose aperturado el lapso probatorio, consignando escrito de promoción de pruebas el recurrente en fecha 03 de mayo de 2010.
En fecha 18 de noviembre de 2010, el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental se declara: PRIMERO: COMPETENTE para decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad, SEGUNDO: Con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad, TERCERO: Anula la Providencia Administrativa Nro. 366-09 de fecha 21 de julio de 2009, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa, sede Acarigua. Contra dicha decisión fue interpuesto Recurso Ordinario de Apelación por la ciudadana Efigenia Monsalve Montilla en fecha 02 de marzo de 2011, fue remitido en fecha 19 de diciembre de 2011 en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo de Caracas, correspondiendo conocer según distribución a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, quien declaro: PRIMERO: La nulidad parcial del auto de fecha 22 de mayo de 2013, SEGUNDO: Reponer la presente causa al estado de que se notifique a las partes y al Procurador General de la República.


En fecha 20 de Octubre de 2015 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: PRIMERO: COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 2 de marzo de 2011 por la abogada Merwill Corina Alvarado, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Efigenia Monsalve contra decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto. SEGUNDO: INCOMPETENTE la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos. TERCERO: ANULA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 2 de marzo de 2011. CUARTO: DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, que corresponda por distribución. QUINTO: ORDENA la remisión del presente expediente al referido Juzgado. SEXTO: ORDENA notificar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de la presente decisión.

En fecha 02 de febrero de 2017, este Tribunal de Juicio del Circuito Laboral del estado Portuguesa, sede Acarigua recibe el presente asunto avocándose el Juez que lo regenta ordenado librar las notificaciones correspondientes de Ley.

En fecha 14 de Junio de 2017 se admite el presente recurso, ordenadose librar las notificaciones correspondientes de Ley, en fecha 26 de mayo de 2021 se reanudó la causa dejando transcurrir tres (03) días hábiles de despacho. En fecha 08 de junio de 2021 la secretaria adscrita al Tribunal certifica el cumplimiento de las notificaciones dejando transcurrir el lapso otorgado a la Procuraduría General de la República. En fecha 03 de agosto de 2021, por auto separado este Tribunal fija oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública para el día 18 de agosto de 2021 a las 9:30 am. En esa misma fecha se celebró la referida audiencia, donde se deja constancia de la incomparecencia de la parte recurrente identificada como la CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA, ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno.

II
MOTIVOS CONSIDERADOS PARA DECIDIR
En este sentido, corresponde a este Juzgado Laboral con competencia Contencioso Administrativa, estando dentro del lapso para publicar el texto integro de la sentencia, este Tribunal procede a pronunciarse de la siguiente manera:

El desistimiento es un acto de autocomposición procesal el cual está previsto en la Ley Adjetiva Laboral, sin más impedimentos que la simple voluntad de quien intente una demanda, haciendo únicamente alusión la ley procesal in comento de las costas procesales que se generaran como consecuencia de ella. En efecto, aún cuando la Ley adjetiva laboral no establezca mandamiento alguno al respecto, debe el aplicador de justicia observar el cumplimiento de los extremos que prevé el Código de Procedimiento Civil en cuanto a esta institución procesal se refiere por aplicación analógica potestativa.

Así las cosas, en cuanto al desistimiento del procedimiento, vale acotar que conforme a los artículos 263 al 266 del Código de Procedimiento Civil, el demandante en cualquier estado y grado de la causa puede desistir de la demanda, debiendo tener el solicitante capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia.

Así mismo, para el autor Manuel Ossorio define el desistimiento como “el acto de abandonar la instancia, la acción o cualquier otro trámite del procedimiento. Puede ser expreso o tácito; el desistimiento tácito se opera al dejar vencer voluntariamente el término procesal. Puede también desistirse del derecho material invocado en el proceso.”

Aunado con lo anterior, la no comparecencia de alguna de las partes, según el ilustre maestro Carnelutti, constituye una anomalía del procedimiento, habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. En consecuencia:

“…el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición de oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento… Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” (Carnelutti, Francesco. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Tomo III, p. 952)”

De acuerdo a este razonamiento, la falta de comparecencia supone lógicamente la carga de la comparecencia; por ello, cuando una de las personas que son indicadas como parte en un proceso, no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, ésta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer.

Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparecencia de los intervinientes en un juicio.

Ante la dicotomía de términos, para este sentenciador en oportuno traer a colación lo establecido por la Sentencia Nro. 321 del año 2014 de la Sala Constitucional del máximo Tribunal, el cual prevé lo siguiente:

“(…) Ante la dicotomía de términos que se presenta entre el desistimiento del procedimiento que alude el artículo 130 de la ley adjetiva laboral, como efecto jurídico de la incomparecencia del demandante a la audiencia preliminar, respecto al desistimiento de la demanda que dispone el artículo 62 ibidem; en esta fase de análisis, se hace preciso diferenciar cada una de las figuras procesales, en cuestión.
En este orden, cabe referir la definición que nos enseña la doctrina patria respecto a la primera figura procesal mencionada: “En nuestro derecho el desistimiento del procedimiento se puede definir como el acto del demandante que extingue el proceso por renuncia a los actos del juicio (…)” (Rengel-Romberg, Arístides. “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”. Tomo II. Altolitho. Caracas. 2004. p. 364).
Es importante recordar que en materia procesal laboral, además de la posibilidad de desistir expresa y voluntariamente del procedimiento, se prevé legalmente el desistimiento tácito, como consecuencia de la incomparecencia a los actos orales. En efecto, al consagrarse un proceso oral y preverse en el iter procesal la realización de diferentes audiencias, las partes o una de ellas, según el caso, tienen la carga procesal de asistir a las mismas, siendo sancionado el incumplimiento de tal carga, por parte del actor, en el caso de la audiencia preliminar, con el desistimiento tácito del procedimiento.
La intención del legislador al establecer sanciones por el incumplimiento de esta carga procesal, en el caso específico de la audiencia preliminar, busca darle obligatoriedad a la comparecencia de las partes, con el objeto de garantizar y facilitar un primer encuentro ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien estimula los medios alternos de resolución de conflictos, ello por mandato de la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así las cosas, se precisa claramente del artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que la declaratoria del desistimiento de procedimiento, como consecuencia jurídica ante el incumplimiento de la carga procesal de comparecencia del demandante a la audiencia preliminar, extingue la instancia de pleno derecho, impidiendo el curso del proceso; sin embargo, es de destacar que la aplicación de esta consecuencia en modo alguno deja resuelta la controversia, ni constituye un medio de autocomposición procesal con efecto de cosa juzgada, toda vez que más adelante la norma permite al demandante proponer nuevamente la demanda después de transcurridos noventa (90) días continuos, quedando así viva la pretensión.
En forma diferenciada se presenta la figura del desistimiento de la demanda.
Al respecto, el Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente al proceso laboral por remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en su artículo 263, contempla lo siguiente:
En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aún antes de la homologación del Tribunal.
La doctrina patria lo ha definido como “la declaración unilateral de voluntad del actor por el cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria” (Rengel-Romberg, ob. y t. cit, p. 351). En este sentido, debe entenderse que, a diferencia del otro, el desistimiento de la demanda implica el abandono de la pretensión y por ende una renuncia del derecho subjetivo invocado en el proceso.
Bajo el contexto legal y doctrinario que antecede, considera esta Sala que el desistimiento de la demanda o más bien de la pretensión, es un acto procesal irrevocable del demandante, que en modo alguno requiere el consentimiento del accionado, el cual resuelve la controversia produciendo, a partir de la homologación del tribunal, el efecto de cosa juzgada, lo que impide cualquier proceso futuro sobre la pretensión abandonada.

Una vez precisados ambos desistimientos, resulta conveniente efectuar una relectura del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual reza: “[q]uien desista de la demanda o de cualquier recurso que hubiere interpuesto, pagará las costas, si no hubiere pacto en contrario”. (Subrayado de la Sala).
De acuerdo con el sentido evidente que aparece reflejado del significado propio de las palabras del referido artículo 62, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Código Civil, esta Sala pondera que la intención del legislador fue excluir la condenatoria en costas, cuando el desistimiento recaiga sobre el procedimiento, toda vez que en la norma solo se hace mención de la imposición de las mismas en caso de desistimiento de la demanda, cuyos caracteres y efectos son totalmente diferentes al primero. Así, siguiendo la literalidad de la disposición, la condenatoria procede ante el desistimiento de la demanda y de los recursos –lo que explica la obligatoria condenatoria en costas, en caso de desistimiento del recurso de casación, según lo dispuesto en el artículo 175 de la ley adjetiva laboral–, de modo que, pretender incluir el desistimiento del procedimiento, implicaría alterar el texto de la ley. (…)”
En mérito de las consideraciones precedentes y vista la incomparecencia de la parte recurrente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno a la audiencia de juicio fijada para el día 18 de Agosto de 2021 a las 09:30 am, se entiende que la misma desiste del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa el cual establece que “(…) Si el demandante no asistiera a la audiencia se entenderá Desistido el Procedimiento (…)” y del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declarando desistido el Recurso de Nulidad intentado por la parte actora CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA por medio del cual solicitó que se declarada la Nulidad del acto administrativo de efectos particulares contentivo de Providencia Administrativa Nro. 366-09 de fecha 18 de mayo de 2009 emitida por la Inspectoría del Trabajo de Acarigua, estado Portuguesa, se observa que la conducta de la parte recurrente se circunscribe al desistimiento del procedimiento, por encontrarse cubiertos los extremos de ley, en consecuencia este sentenciador declara el DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. ASÍ SE DECIDE.-
III
DISPOSITIVA
Por las razones antes expuestas en la motiva, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO, intentado por la CONTRALORÍA DEL ESTADO PORTUGUESA, contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO con sede en Acarigua estado Portuguesa; motivo: Nulidad del acto administrativo Nro. 366-09 de fecha 21/07/2009, de conformidad con el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en con concordancia con el artículo 43 de la Ley de la Procuraduría del Estado Portuguesa; se ordena notificar de la presente sentencia al Procurador General del estado Portuguesa, y una vez que conste en autos la notificación debidamente practicada empezará a computarse el lapso de Ley para que las partes ejerzan los recursos pertinentes.

Publíquese. Regístrese. Déjese copias certificadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, sellado y firmado en la Sala de Audiencias, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, al primer (01) día del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

El Juez de Juicio La secretaria


Abg. Javier Antonio Torrealba González Abg. María Virginia Bravo

JATG/Norelis

Se deja constancia que la presente actuación fue impresa en papel reciclado por lo que vale su contenido a los efectos de la tramitación de este procedimiento, es decir, “vale” solo el anverso de la hoja. Es todo.-