TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PÁEZ Y ARAURE DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA

Acarigua, 02 de Mayo del 2022
211° y 162º

EXPEDIENTE N°: 695-2019.-

SOLICITANTES: LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad números V-4.602.727, domiciliada en la Urbanización los Cortijos Sector I vereda 33, casa número 33, Acarigua Municipio Páez, estado Portuguesa.

ABOGADO ASISTENTE: ADELAIDA VICTORIA REINA DE HERNÁNDEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 162.124.

PARTE DEMANDADA: VICTOR JOSE CARPIO FALCON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-1.112.612, domiciliado en la comunidad Villa Araure, Sector Alí Primera, calle 13 casa sin número, Araure Municipio Araure estado Portuguesa.

MOTIVO: DIVORCIO

SENTENCIA: DEFINITIVA

Se inició el presente procedimiento cuando por distribución realizada en fecha 11 de Febrero de 2019 por ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la ciudadana LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-4.602.727, domiciliada en la Urbanización los Cortijos Sector I vereda 33, casa número 33, Acarigua Municipio Páez, estado Portuguesa, debidamente asistida por la abogada ADELAIDA VICTORIA REINA DE HERNÁNDEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 162.124, en contra del ciudadano VICTOR JOSE CARPIO FALCON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-1.112.612, domiciliado en la comunidad Villa Araure, Sector Alí Primera, calle 13 casa sin número, Araure Municipio Araure estado Portuguesa. El formularon solicitud de divorcio según el criterio establecido en la sentencia N° 693, dictada en fecha 02-06-2015 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La solicitud fue admitida con todos los pronunciamientos legales en fecha quince de febrero del año dos mil diecinueve (15/02/2019), y a tal efecto, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público (folios 05 y 06).

Consta en autos de fechas 04/06/2019, 19/06/2019 y 25/07/2019, diligencias suscritas por el Alguacil de este Despacho, avisos de traslado para la práctica de la citación contra el ciudadano VICTOR JOSE CARPIO FALCON, siendo infructuosos y devuelve la correspondiente boleta. (Folios 08 al 14).

En fecha 27/01/2020, comparece la ciudadana LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, debidamente asistida de abogado y mediante diligencia solicita sea citado mediante cartel al ciudadano: VICTOR JOSE CARPIO FALCON, de conformidad al artículo 223 del Código de Procedimientos Civil, se deja expresa constancia que en fecha 29/01/2020, mediante auto se ordena la citación por carteles de conformidad con el artículo 223 del Código de Procedimientos Civil. (Folios 15 y 16).

En fecha 20/08/2021, comparece la ciudadana LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, debidamente asistida de abogado, antes identificados en auto, mediante diligencia solicita se deje sin efecto la citación por Carteles y se realice mediante citación personal al ciudadano: VICTOR JOSE CARPIO FALCON, ya que el mencionado ciudadano se encuentra en la ciudad. Se deja expresa constancia que en fecha 25/08/2021, mediante auto se deja sin efecto el Cartel de citación y se ordena librar una nueva boleta de citación en la indicada dirección.(Folios 17 al 19).

En fecha 28/03/2022, el Alguacil de este Despacho, mediante diligencia consigno boleta de citación firmada y recibida por el ciudadano: VICTOR JOSE CARPIO FALCON, (Folios 20 y 21).

En fecha 30/03/2022, se dicto auto ordenando la Notificación del Fiscal del Ministerio Público y en esa misma fecha se libro boleta. (Folios 22 y 23).

En fecha 07/04/2022, el Alguacil de este Despacho, mediante diligencia consignó boleta de Notificación firmada por el ciudadano YILSON VENEGA, en su carácter de asistente de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del Segundo Circuito del estado Portuguesa (folios 24 y 25).

Realizada la narrativa en los términos antes explanados, pasa este Juzgador a señalar los motivos de hecho y derecho que servirán como fundamentos del presente fallo.

MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO APLICABLES AL CASO

Alega la ciudadana LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, en su solicitud entre otras cosas lo siguiente:

- Que en fecha 27 de Febrero de 2010, contrajeron matrimonio, ante el Registro Civil del Municipio Páez estado Portuguesa, según consta de copia certificada del acta de Matrimonio Nº 24, marcada con la letra “A”.
- Que después de contraído el matrimonio, fijaron su último domicilio conyugal en la Urbanización los Cortijos, sector I, vereda 33, casa número 33, Acarigua Municipio Páez estado Portuguesa.
- Que de su unión matrimonial no procrearon hijos.
- Que al inicio de su los primeros meses todo fue armonioso cumpliendo con cada uno con las obligaciones conyugales, siendo así hasta el mes de Mayo del año 2010 y hasta la presente fecha, se han suscitado dificultades que se han convertido insuperables.
- Que por esa razón ocurren para solicitar se decrete el DIVORCIO de conformidad con lo establecido en la sentencia N° 693 de fecha 02-06-2015 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 693 dictada en fecha 02 de junio de 2015 en el expediente N° 12-1163, sostuvo:
(…) Precisado lo anterior, esta S. advierte que el acto decisorio sometido a revisión lo constituye el pronunciamiento de la Sala de Casación Social de este alto Tribunal, publicado el 20 de abril de 2012, que declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo del Circuito Judicial de Protección de Niños, N., y Adolescentes de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, el 14 de abril de 2011, que declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación, y sentenció con lugar la demanda de divorcio incoada por la ciudadana M.C.S.B. contra el hoy solicitante, ciudadano F.A.C.R., y sin lugar la reconvención, ordenando la vigencia de las medidas dictadas de conformidad con el artículo 191 del Código Civil, al igual que mantuvo incólume lo establecido en la sentencia apelada con respecto a las instituciones familiares. (…)
Ahora bien, considera esta Sala preciso realizar un examen acerca de la situación que subyace al caso de autos. Análisis que, además, se impone, en criterio de esta Sala Constitucional, como una exigencia marcada por el cuantioso número de causas contenciosas existentes en el país que pretenden una declaratoria de divorcio por los órganos jurisdiccionales como una fórmula de extinción del matrimonio, habida consideración del carácter preconstitucional del Código Civil que disciplina esta materia, en relación con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
Para ello debe esta Sala Constitucional declarar de manera inequívoca que reconoce el matrimonio como una institución protegida por el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también reconoce el matrimonio como un contrato civil solemne por el que los cónyuges manifiestan libremente su voluntad de fundar una familia en plena igualdad jurídica, y que implica una comunidad de vida y de bienes con recíprocos deberes y derechos entre cónyuges. (…)
En este sentido debe esta Sala destacar que, ciertamente, la familia deriva de manera inmediata de la unión matrimonial, pero no toda familia deriva solo y necesariamente de un matrimonio. En este sentido, el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela recoge un amplio concepto de familia el mismo universalizado por la Organización de Naciones Unidas y que entiende a la familia como “asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de los derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia”.
Este concepto alude a la familia extensiva o ampliada que rebasa el concepto tradicional de familia nuclear conformada por el padre, la madre y los hijos derivada históricamente del matrimonio (véase sentencia de la Sala Constitucional núm. 1687/2008, caso: R.B.. Esta distinción paradigmática ha sido determinante en las decisiones de la Sala Constitucional y ciertamente asistimos a un momento en que el concepto de familia ha sufrido modificaciones y se ha ampliado, para incluir a otras personas distintas a las que normalmente la sociedad concebía dentro de la conformación familiar. Así, adicional a la familia nuclear, patriarcal, bilateral y consanguínea, observamos otras categorías como la familia sustituta; la adoptiva; la recompuesta; por procreación asistida; la monoparental y la pluriparental; donde no necesariamente hay menores de edad o hijos, pero, en caso de haberlos, se desenvuelven con una maternidad o paternidad subrogadas por figuras atípicas (madrastras, padrastros) que son adultos que sirven de referentes significativos a aquellos (ZULETA, 2012). Lo importante de estas categorías familiares es que se caracterizan por la igualdad de derechos y deberes entre sus integrantes, por su solidaridad, esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco; independientemente de su origen, tal como lo señala nuestro Texto Fundamental en su artículo 75.
La Sala ha realizado las anteriores consideraciones para explicar que en la actualidad el Estado no debe su protección exclusivamente al matrimonio sino a la familia constituida como espacio social vital provenga ella del matrimonio, de una unión estable o de un concubinato. Lo ha reconocido recientemente esta S. en sentencia Núm. 446 del 15 de mayo de 2014, con ocasión de un examen de la constitucionalidad del artículo 185-A del Código Civil, al sostener que “la actual Constitución tiene otros elementos para entender jurídica y socialmente a la familia y al matrimonio”.
(…)
Determinante ha sido históricamente la influencia religiosa para otorgarle a la institución matrimonial la categoría que todavía ostenta en la normativa civil de viejo corte napoleónico. De allí, que la preservación del vínculo matrimonial fuese garantizado por la solemnidad de su celebración y su pretensión de indisolubilidad evocada por la frase “hasta que la muerte los separe”, estas fueron las razones que arrastraron a las legislaciones occidentales para normar rígidamente la disolución del vínculo matrimonial, formalismo de disolución que no mantienen otros vínculos de origen familiar como son las uniones estables de hecho y el concubinato formas éstas de convivencia familiar que se disuelven por el hecho efectivo de la separación de la pareja.
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia. De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacífica y el bienestar familiar.
Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del juez y del Ministerio Público incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio.
En sintonía con el criterio anteriormente transcrito, establece el artículo 184 del Código Civil:
“Todo matrimonio válido se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges y por divorcio.”.(negrillas de este Tribunal).
De tal manera, que el divorcio representa entonces el mecanismo jurídico válido para extinguir el vínculo matrimonial, esto es, la solución que otorga el ordenamiento jurídico a los cónyuges, o a uno de ellos, cuando éstos consideran que sus diferencias son insalvables.
Con relación a ello, la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido desde su sentencia número 192/2001 (caso: V.J.H., sostuvo lo siguiente:
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio
Estima la Sala Constitucional que, quizás contrario al pensar común, se promueve más el matrimonio como institución cuando se ofrecen condiciones fáciles, claras y accesibles para disolver el vínculo, que cuando se colocan obstáculos legales, pues, en nuestros días, la pareja opta por convivir sin contraer nupcias, como una solución que les permite gozar de los mismos efectos que el matrimonio, lo que se conoce como “uniones de hecho”, hoy día equiparadas por la Constitución y reconocidas por la jurisprudencia de esta Sala y por algunas leyes de la República (Ley Orgánica de Registro Civil, Ley del Seguro Social o la Ley Orgánica de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad).
La cotidianidad además enseña, a través de las máximas de experiencia, que en ocasiones las personas se niegan a contraer nupcias porque están convencidas que de hacerlo y de no resultar esa unión, los obstáculos para disolver judicialmente el vínculo son más difíciles que en otras condiciones, lo que hace que en definitiva algunas parejas desestimen el matrimonio y decidan unirse de hecho en una huída a las regulaciones formales que caracterizan a la institución matrimonial.
(…omissis )
En la actualidad afortunadamente el matrimonio ha dejado de ser expresión de la rancia sociedad patriarcal, por lo que se intenta remozarlo como una expresión de máximo afecto de pareja, y un acto voluntario de los cónyuges afianzado en el libre desarrollo de la personalidad de los contrayentes.
En este sentido, la actuación del Estado debe orientarse hacia la tutela de los ciudadanos en el significado del compromiso y los valores que conllevan a la formación de una familia, a través de la educación formal e informal; y menos en el sostenimiento de las exigencias formales que garantizan un estatus legal por encima del verdadero sentimiento de los cónyuges
De allí que sea preciso entender la realidad social como fuente del orden normativo, y de la hermenéutica jurídica. En otras palabras, el Derecho y con ello los órganos legislativos -en primera instancia- y los operadores de justicia, de manera mediata, deben adecuar el Derecho a la sociedad para que el mismo satisfaga las expectativas de esta última.
Las normas jurídicas son reglas de comportamiento social pero los ciudadanos son entes sociales que exigen que la producción de normas se ciña a su propia dinámica, y a las diversificaciones y transiciones que caracterizan la vida en sociedad y no impidan su progreso y bienestar.
De tal modo que, un examen de las disposiciones normativas que regulan el divorcio no pueda apartarse de ese dinamismo social, siendo por tanto esta Sala Constitucional, como máximo y último intérprete de la Constitución (artículo 335 constitucional), la llamada a realizar las interpretaciones a que haya lugar sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, modulando las instituciones del ordenamiento jurídico para ajustarlas al modelo de Estado constitucional.
Desprendiéndose de los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos up supra, que los cónyuges pueden formular la solicitud de disolución de su vínculo conyugal, previo el cese de la convivencia, pudiendo inclusive basarse en el puro y simple acuerdo entre ellos con lo que, realmente, el vínculo esta en sus manos. Es más, los cónyuges de mutuo acuerdo, pueden alegar ruptura prolongada de la vida en común, sin haberla, garantizando de esa manera, el principio constitucional del libre desarrollo de su personalidad y a una tutela judicial efectiva.

Siendo las cosas así, pasa este Tribunal a revisar el acervo probatorio obtenido por la ciudadana LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, a los fines de demostrar los hechos invocados por ellos y consecuencialmente determinar si es o no procedente la solicitud de divorcio formulada en los términos expuestos por ellos.
• Copias fotostáticas de las Cédulas de Identidad números V-4.602.727, y V-1.112.612, perteneciente a los ciudadanos LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO y VICTOR JOSE CARPIO FALCON (folios 02 y 03), que al tratarse de copias fotostáticas simples de documentos de identificación perfectamente legibles, que tienen carácter administrativo, son apreciados en base al principio de ejecutividad de los actos administrativos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así se establece.
• Copia fotostática certificada del acta de Matrimonio N° 24, expedida en fecha 27/01/2010 por ante el Registro Civil del municipio Páez estado Portuguesa (folios 04), que al tratarse de una copia certificada de documento público, expedida por funcionario facultado para ello, se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con lo previsto en el artículo 1.384 ejusdem, y demuestra a esta juzgadora, que en fecha 27/02/2010, los ciudadanos VICTOR JOSE CARPIO FALCON y LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, contrajeron matrimonio civil ante la referida Oficina, y así se establece.

Revisados los motivos de hecho y de derecho, y analizadas como fueron las pruebas promovidas por los solicitantes, de conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, concluye este juzgador que los ciudadanos LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO y VICTOR JOSE CARPIO FALCON, contrajeron matrimonio civil ante el Registro Civil del municipio Páez estado Portuguesa, en fecha veintisiete de febrero de 2010, tal como se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 24, que fue apreciada up supra, y que según los propios dichos de ambos, se encuentran separados de hecho, sin que haya existido reconciliación alguna entre ellos hasta la presente fecha, lo cual no amerita ser objeto de pruebas, pues, solo basta con la confesión expresa o tácita de las partes para determinar la veracidad de su pretensión, por autoridad de la Ley, y habiendo prevalecido el mutuo consentimiento con respecto a la pretensión de los interesados, considera quien juzga, que la solicitud de divorcio formulada por los prenombrados ciudadanos en el presente caso, debe declararse PROCEDENTE, de conformidad con el criterio establecido en la sentencia Nº 693 dictada fecha 02/06/2015 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y así se decide.-

En consecuencia, bajo la premisa del Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vínculo conyugal contraído por los ciudadanos LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO y VICTOR JOSE CARPIO FALCON, contrajeron matrimonio civil ante el Registro Civil del municipio Páez estado Portuguesa, en fecha veintisiete de febrero de dos mil diez, tal como se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 24, y así expresamente quedará establecido en la dispositiva del presente fallo.

D I S P O S I T I V A

Con base a los fundamentos antes expuestos, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-4.602.727, domiciliada en la Urbanización los Cortijos Sector I vereda 33, casa número 33, Acarigua Municipio Páez estado Portuguesa, debidamente asistida por la abogada ADELAIDA VICTORIA REINA DE HERNÁNDEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 162.124, en contra del ciudadano VICTOR JOSE CARPIO FALCON, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-1.112.612, domiciliado en la comunidad Villa Araure, Sector Alí Primera, calle 13 casa sin número, Araure Municipio Araure estado Portuguesa, según el criterio establecido en la sentencia N° 693, dictada en fecha 02-06-2015 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En consecuencia, bajo la premisa del Artículo 184 eiusdem, queda DISUELTO el vínculo conyugal contraído por los ciudadanos LIVIA JOSEFINA HERNANDEZ CORDERO y VICTOR JOSE CARPIO FALCON, contrajeron matrimonio civil ante el Registro Civil del municipio Páez estado Portuguesa, en fecha veintisiete de febrero de 2010, tal como se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 24.

Ofíciese lo conducente una vez quede firme el presente fallo.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Páez y Araure del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Acarigua, dos días del mes de mayo del año dos mil veintidós. Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.

La Juez Titular,

Abg. Miriam Sofía Durand Sánchez.
La Secretaria,

Abg. Crismar López.

En la misma fecha se dictó y publicó la presente sentencia siendo las 11:00 de la mañana. Conste.
(Scria).

Solicitud N° 695-2019
MSDS/PDM/meyra