TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.
Guanare, Diez (10) de Mayo del dos mil veintitrés (2023).
212° y 163°
ASUNTO: PP01-2015-09-0003.

En fecha seis (06) de Junio del dos mil catorce (2014), fue recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, constante de treinta y uno (31) folios útiles, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, interpuesto por la ciudadana YUSMARI COROMOTO SALAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.350.521, asistida debidamente por el Abogado LUIS GERARDO PINEDA TORRES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.678 contra: el CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA, signándole Nomenclatura de ese tribunal bajo el Nº KP02-N-2014-000263.
En fecha, nueve (09) Junio del dos mil catorce (2014), el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, previo estudio y revisión del escrito libelar y sus anexos, ADMITIÓ el presente recurso, cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Ordenando expedir las notificaciones correspondientes una vez que la parte querellante consigne las copias necesarias para librar las compulsas.
En fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil quince (2015), fue recibido ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Portuguesa, diligencia suscrita por el Abogado Julio Cesar Quevedo, titular de la cedula de identidad N° V- 11.395.393 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 134.075 asistiendo a la ciudadana YUSMARI COROMOTO SALAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.350.521, a través del cual solicita ante este Despacho Superior el ABOCAMIENTO de la causa que se acuerden copias certificadas de la demanda y del auto de admisión, a fines que se libren las correspondiente boletas de citación. Se le dio entrada al expediente y se le signó la nomenclatura llevada por este tribunal bajo el Nº PP01-2015-09-0003.
En fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil quince (2015), este Órgano Jurisdiccional dictó auto mediante el cual ABG. ROGIAN ALEXANDER PEREZ, Juez Provisorio de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo, se ABOCA al conocimiento de la presente causa, en el mismo se ordena citar mediante oficio al ciudadano PROCURADOR GENERAL DEL LA REPUBLICA notificar al DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA y al DIRECTOR ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL ESTADO PORTUGUESA a los fines que tenga conocimiento del Abocamiento del Juez de este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 233 del código de procedimiento civil. Dejando constancia que una vez transcurridos el lapso establecido se reanudaría la causa al grado y estado en el cual se encontraba.
En fecha treinta (30) de septiembre del dos mil quince (2015), se notificó del abocamiento al Director Administrativo Regional Del Estado Portuguesa.
En fecha primero (01) de marzo del dos mil dieciséis (2016), se recibe comisión de abocamiento del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas debidamente cumplida.
En fecha catorce (14) de marzo del dos mil dieciséis (2016), la ciudadana YUSMARI COROMOTO SALAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.350.521, otorga poder aud acta a los ciudadanos Julio Cesar Quevedo Barrios, Luis Gerardo Pineda Torres y Ramses Ricardo Gomez Salazar, titulares de las cedulas de identidad N° V- 11.395.303; V- 15.798.053 y V- 13.738.176, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 134.075; 110.678 y 91.010 respectivamente.
En fecha catorce (14) de marzo del dos mil dieciséis (2016), fue recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del Estado Portuguesa, ESCRITO DE REFORMA DEL LIBELO DE LA DEMANDA constante de diecinueve (19) folios útiles, presentado por el Abogado Julio Cesar Quevedo Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 134.075 actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YUSMARI COROMOTO SALAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.350.521.
En fecha seis (06) de abril del dos mil dieciséis (2016), fue ADMITIDO a sustanciación la REFORMA DEL LIBELO DE LA DEMANDA.
En fecha veinte (20) de abril del dos mil dieciséis (2016), se le acuerdan copias simples de escrito de reforma de libelo de demanda a la abogada Yelitza C. Morillo inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 214.659, apoderada judicial de la parte querellada.
En fecha siete (07) de junio del dos mil dieciséis (2016), se libran boletas de notificación de Admisión al ciudadano Procurador General de la República y al Director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, solicitan remitir expediente administrativo.
En fecha veintisiete (27) de julio del dos mil dieciséis (2016), se le acuerdan copias simples a partir de los folios (85) hasta el folio (91) a la abogada Yelitza C. Morillo inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 214.659, apoderada judicial de la parte querellada.
En fecha trece (13) de enero del dos mil diecisiete (2017), se le acuerdan copias simples a partir del folio (01) hasta el folio (43) a la abogada Yelitza C. Morillo inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 214.659, apoderada judicial de la parte querellada
En fecha seis (06) de febrero del dos mil diecisiete (2017), se recibe diligencia del apoderado judicial de la parte querellante Luis Pineda titular de la cedula de identidad N° V- 15.798.053 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.678, solicitando resultas de notificaciones libradas en este asunto.
En fecha nueve (09) de febrero del dos mil diecisiete (2017), este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo emitió auto ordenando oficiar al Juzgado Distribuidor de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines que informe a este Juzgado Superior cual fue el Tribunal que le correspondió por distribución las resultas de la comisión dirigida al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA y al DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA con oficio N° 892-16 y 901-16 de fecha 07/06/ 2016.
En fecha seis (06) de febrero del dos mil dieciocho (2018), se recibe diligencia del apoderado judicial de la parte querellante Ramses Gómez Salazar inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.010, solicitando ratificar oficio N° 058-17 de fecha nueve (09) de febrero del dos mil diecisiete (2017), para respuesta de la práctica de notificaciones libradas en el presente asunto.
En fecha nueve (09) de febrero del dos mil dieciocho (2018), se ratifica oficio N° 058-17 de fecha nueve (09) de febrero del dos mil diecisiete (2017).
Ahora bien, en consonancia con las actas procesales contenidas en el presente asunto, se hace necesario para este Tribunal traer a colación lo que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que señala:

“(…) Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza (…)”.

En relación a lo anterior, este tribunal pudo constatar que la última actuación en el presente asunto es de fecha seis (06) de febrero del dos mil dieciocho (2018), a través del cual el apoderado judicial de la parte actora mediante diligencia solicitó ratificar oficio N° 058-17 de fecha nueve (09) de febrero del dos mil diecisiete (2017) según riela en el folio cien (100) de la pieza principal, quedando evidenciado que ha transcurrido el lapso de más de un (01) año sin que la parte actora realice algún tipo de actuación que tienda a impulsar el presente asunto, En virtud de ello, se estima que ha transcurrido un lapso de más de un (01) año, denota en la causa.
En consecuencia, al haber constatado que la presente causa se encuentra paralizada por más de un (01) año, sin la realización de acto alguno de procedimiento lo cual evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado y en vista de que la siguiente actuación correspondía a la parte recurrente, en cuanto al impulsos procesal para librar las notificaciones de ADMISION DE LA DEMANDA ordenadas en el auto de admisión dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto en fecha nueve (09) de junio del Dos Mil catorce (2014), según riela en los folios treinta y tres (33) y treinta y cuatro (34) de la pieza principal, a fin de dar continuidad al procedimiento establecido para sustanciación del respectivo asunto. En razón de ello, puede concluirse que en el caso de marras coincide con el supuesto de hecho contenido en la norma citada ut supra, razón por la cual, debe forzosamente declararse consumada LA PERENCION y EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECLARA.

Además de ello, estima prudente este Tribunal traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la procedencia o no de notificación de la parte afectada, contenido según sentencia de fecha 05 de agosto de 2004:

“(…) que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año”, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir. Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “perimida” la instancia (...)”

Ahora bien, conforme al criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 1465 de fecha 05 de agosto de 2004 (caso: Juan Manuel Vadell González), una vez decretada la perención, la misma opera ipso iure, por tanto resulta inoficioso la notificación de la parte actora. Asimismo, por cuanto la parte querellada no fue citada en la causa, en virtud de lo cual no adquirió la cualidad de parte en el proceso, conforme el contenido del artículo 98 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por reenvió expreso del artículo 33 de la ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y en razón además de la naturaleza de la decisión, resulta igualmente inoficioso su notificación. ASÍ SE ESTABLECE.
En consecuencia, al haber estado la presente causa paralizada por más un (01) año, este Tribunal, de conformidad con el artículo 267 del código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, debe forzosamente declarar CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA y, ASÍ SE DECLARA.

DECISIÓN:
Con fundamento en las consideraciones expuestas con anterioridad este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO: COMPETENTE para conocer y decidir el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL, interpuesto por la ciudadana YUSMARI COROMOTO SALAS, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.350.521 asistida debidamente por el Abogado LUIS GERARDO PINEDA TORRES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.678 contra: el CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA..

SEGUNDO: Se declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL presentado.
TERCERO: INOFICIOSO la notificación a las partes, conforme lo establecido en la parte motiva de este fallo.
CUARTO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del asunto.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.

Esta decisión será apelable libremente dentro de los tres (03) días de despacho siguiente a la emisión del presente fallo.

Dictada firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en Guanare a los Diez (10) días del mes de Mayo del dos mil veintitrés (2023). Años: 212º y 163º.

EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. ROGIAN ALEXANDER PÉREZ
LA SECRETARIA,

ABG. NADIUSKA CELIS
En esta misma fecha, se registró y publico la presente decisión.
Exp. PP01-2015-09-0003.
Publicada en su fecha a las 3:30

LA SECRETARIA,

ABG. NADIUSKA CELIS