TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

-EN SU NOMBRE-
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, Tres (03) de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2024).
213º y 165º

ASUNTO: KP02-F-2023-000716
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano MAIKEL RANDIER GARCIA COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 28.165.819, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado EMERSON EMILIO RIVERO TORO, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el N° V-207.960, de este domicilio.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ y DANNY PASTORA COLMENAREZ GOMEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.353.702 y V-13.196.717 respectivamente, de este domicilio.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No se constituyó apoderado judicial alguno.-

SENTENCIA DEFINITIVA.
JUICIO DE IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD
-I-
SÍNTESIS PROCEDIMENTAL.
Se inició el presente juicio mediante escrito liberal de fecha 21/06/2023, previo sorteo de la ley le corresponde a este juzgado Segundo de Primera instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, conocer la presente causa, concediéndole entrada en fecha 27/06/2023, y siendo admitida en cuanto ha lugar en derecho en fecha 18/07/2023y librándose boleta de notificación al fiscal y ordenándose la publicación del edicto de conformidad con el 507 del Código Civil.
Seguidamente, en fecha 07/08/2023 el alguacil de este Tribunal consignó compulsas de citación debidamente firmadas por los demandados, mientras que en fecha 10/08/2023 consignó la boleta de notificación firmada por el Fiscal.
En fecha 16/10/2023 se dejó constancia del vencimiento del lapso de emplazamiento y el inicio del lapso de promoción de pruebas, mismo que feneció en fecha 31/10/2023.
Las pruebas fueron admitidas mediante auto dictado en fecha 08/11/2023, cuyo lapso de evacuación venció en fecha 09/01/2024 y se aperturó el termino para la presentación de informes.
Finalmente, en fecha 01/02/2024 venció el término para la presentación de informes y, por cuanto no fue presentado informa alguno no se abrió lapso de observación y en consecuencia se fijó lapso para dictar sentencia.
-II-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
DE LOS ALEGATOS EXPLANADOS POR LA PARTE ACTORA EN SU LIBELO DE DEMANDA.
La parte actora en su escrito libelar alegó que posee los apellidos de su madre y del hombre que lo reconoció como hijo, pues referido ciudadano no es el padre biológico del accionante, asimismo manifestó que solamente lo reconoció mientras estuvo conviviendo en pareja con su madre y a la edad de un año se separó de ella, quedando desde entonces con el apellido del ciudadano RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ. Finalmente solicita sea declarado con lugar la pretensión incoada y le sea declarado la impugnación del reconocimiento paternal que realizó el ciudadano y así poder quedar únicamente con los apellidos de su madre quien se responsabilizó totalmente en todos los ámbitos sobre él.

ALEGATOS EXPLANADOS POR LA PARTE DEMANDADA
Posterior a la visualización exhaustiva de las actuaciones que conforman el presente asunto, este juzgado denotó que los demandados se encuentran debidamente citados, cursando a los autos las compulsas de citación debidamente firmadas, no obstante, los accionados no consignaron escrito de contestación alguno dentro del lapso procesal pertinente.-

-III-
DEL ACERVO PROBATORIO.
A los fines de pronunciarse sobre la pretensión contenida en la demanda esta juzgadora pasa a analizar la naturaleza y el valor de las pruebas, al respecto cabe señalar:
En el proceso Civil, las partes persigan un fin determinado: Que la sentencia les sea favorable. Pero el sistema dispositivo que lo rige por mandato del Artículo 12 del Código Civil Venezolano Vigente, impone que el Juez no puede llegar a una convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino que debe atenerse a lo alegado y probado en autos. De ahí que las partes tengan la carga desde el punto de vista de sus intereses, de no solo afirmar los hechos en que funda su pretensión, sino también probarlos, para no correr el riesgo de que por no haber convencido al Juez de la verdad por ellas sostenida, sus hechos alegados no sean tenidos como verdaderos en la sentencia y sufran por tanto el perjuicio de ser declarados perdedores. Precisamente esta necesidad de probar para vencer es lo que se denomina la carga de la prueba, consagrada en nuestra legislación patria, en el artículo 1354 del Código Civil venezolano vigente.
Nuestra Sala de Casación Civil, de la extinta Corte Suprema de Justicia, ha expresado:

“Al atribuir la carga de la prueba, la doctrina moderna, atiende a la condición jurídica que tiene en el juicio el que invoca el hecho anunciado que se ha de probar...”

En nuestro País, esa doctrina tiene su fundamento legal en el ya citado artículo 1354 del Código Civil Venezolano vigente, en concordancia con los artículos 254 y 506 del Código de Procedimiento Civil, que aun cuando se refiere a las pruebas de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias de derecho.
La Sala de Casación Civil ha dicho que:

“...la carga de la prueba no depende de la afirmación o de la negativa de un hecho, sino directamente de la obligación de probar el fundamento de lo alegado en el juicio...”. “...en efecto, quien quiera que siente como base de su acción o de excepción, la afirmación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración, la demanda o excepción no resulta fundada. No es hoy admisible, como norma absoluta, la vieja regla jurídica conforme a la cual los hechos negativos no pueden ser probados, pues cabe lo sea por hechos o circunstancias contrarias...”

Cuando las partes aportan al proceso todas las pruebas y con base a ellas el Juez forma su convicción, que se va a traducir en la sentencia, sin que le queden dudas, no tienen ningún interés en determinar a quién corresponde la carga de la prueba. El problema surge cuando, llegado el momento de dictar sentencia, el Juez encuentra con que en los autos no hay suficientes elementos de juicios para convencerse de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos y ello porque en nuestro derecho, el Juez en ningún caso al dictar sentencia definitiva puede absolver la instancia, (artículo 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente), pues, según nuestro ordenamiento jurídico al momento de dictar sentencia definitiva, el Juez no puede acogerse a la antigua regla romana non liqqet, y así se decide.
Ahora bien, esta juzgadora debe señalar que si bien la carga probatoria se traduce en la obligación que tienen las partes de fundamentar sus alegatos, la prueba no puede ser de una parte ni para una parte, ni tampoco para el juzgador. La prueba es para el proceso, una vez aportada, cada parte puede disponer de la misma, pero en el momento en que se ha puesto de manifiesto esa prueba, el proceso la ha adquirido; no hay pues, pruebas de una parte y de otra cuando se habla así se incurre en una mecanización del elemento más importante del proceso.

DE LAS PRUEBAS TRAÍDAS AL PROCESO POR LA PARTE ACTORA

• Consignada junto al escrito libelar y ratificada en lapso probatorio Partida de nacimiento original, N°63 de fecha 09/04/2001, folio 32 emitida por el Registro Civil de la Parroquia Humocaro Alto del Municipio Moran del Estado Lara del ciudadano MAIKEL RANDIER GARCIA COLMENAREZ. de la anterior se evidencian como padres los ciudadanos DANNY PASTORA COLMENAREZ y RANGEL JOSE GARCIA. Se otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 1.358 del Código Civil en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil toda vez que las mismas no fueron impugnadas. Así se establece.-
• Consignado junto al escrito libelar y ratificada en el lapso probatorio, copias fotostática de las cédulas de identidad del accionante MAIKEL RANDIER GARCIA COLMENAREZ y de los demandados DANNY PASTORA COLMENAREZ GOMEZ y RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ, de las cuales se otorga valor probatorio en lo que respecta a la identificación de los mismos, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil toda vez que no fueron impugnadas Así se establece.-

PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE DEMANDADA:
De la revisión realizada a las actas procesales que conforman el presente asunto se connotó que no fue consignado escrito de promoción de prueba alguno.-

-III-
DEL MERITO DE LA CAUSA.
Con vista a como ha quedado planteada la litis en el caso que nos ocupa, quien suscribe procede de inmediato a dictar sentencia en el presente asunto con los elementos existentes en los autos, conforme lo dispone el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala:

“Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados…” (Resaltado del Tribunal).

En efecto, constituye principio cardinal en materia procesal aquél conforme al cual el Juez se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos por las partes, “...sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.” (Principio de Veracidad o Dispositivo, contenido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil).
El anterior precepto establece los límites del oficio del Juez, pues para él no existe otra verdad que la que resulta de los alegatos y actividad probatoria de las partes, debiendo en consecuencia atenerse a estos alegatos para decidir.
Lo resaltado constituye también el llamado Principio de Presentación, según el cual, el Juez no puede sacar elementos de convicción fuera de los autos (“quod non est in actis non est in mundo”: “lo que no está en las actas, no existe en el mundo”), limitando el precitado principio la función del Juzgador, ya que su decisión debe basarse en lo alegado y probado en autos por las partes.
En concordancia con lo expuesto y conforme a lo señalado en el ordinal 5° del artículo 243 del Texto Adjetivo, que consagra el Principio de Congruencia, la sentencia debe contener decisión con arreglo a las pretensiones deducidas y a las excepciones o defensas opuestas, lo que se traduce, en que, el Juez, está obligado a decidir sobre los argumentos planteados por las partes como fundamento de su pretensión, tanto en el libelo de la demanda como en la oportunidad de la contestación, quedando así, de esta manera, trabada la litis, razón por la cual, con posterioridad a estos actos no pueden las partes traer nuevos hechos al debate que alterarían la relación procesal ya planteada.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, el cual versa sobre una impugnación de paternidad, la cual es intentada por la accionante bajo fundamento del artículo 208 del Código Civil Venezolano Vigente, el cual establece que “La acción para impugnar la paternidad se intentara conjuntamente contra el hijo y contra la madre en todos los casos (…)”.
En este mismo sentido, entendiéndose que la presente se subsume a la relación paterno-filial entre el demandado RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ y el accionante, y que éste último pretende desvirtuar. Asi pues, para ello debe existir el reconocimiento otorgado a la persona sobre quien se pretende impugnar dicha paternidad. Igualmente, es relevante considerar lo que establece, en su obra de lecciones de Derecho de la Familia, define la filiación extramatrimonial como el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y su madre, cuando los padres no están casados ni para la época de la concepción del hijo ni para la fecha de su nacimiento. La filiación debe probarse y la prueba por excelencia es el reconocimiento, que puede ser voluntario; es decir aquel que deriva de la declaración espontanea de paternidad o maternidad efectuada de alguna de las formas prevista por la Ley; y, el reconocimiento forzoso, es decir, aquel que se impone por fuerza de Sentencia.
Así pues, las acciones relativas a la filiación, son acciones declarativas de estado, ya que la decisión se contrae a declarar la preexistencia de un estado familiar y, para ello, se hace necesario para quien juzga hacer referencia a lo establecido en el Código Civil en su Capítulo III, Disposiciones Comunes, Sección I, Presunciones Relativas a la Filiación en el artículo 214 establece:
“La posesión de estado de hijo se establece por la existencia suficiente de hechos que indiquen normalmente las relaciones de filiación y parentesco de un individuo con las personas que se señalan como sus progenitores y la familia a la que dice pertenecer.
Los principales entre estos hechos son:
1. Que la persona haya usado el apellido de quien pretende tener por padre o madre.
2. Que éstos le hayan dispensado el trato de hijo, y él, a su vez, los haya tratado como padre y madre.
3. Que haya sido reconocido como hijo de tales personas por la familia o la sociedad.”

En misma sintonía, se evidencia en el caso de marras que se impugna la paternidad reconocida por el ciudadano RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ, a favor del hoy accionante, MAIKEL RANDIER GARCIA COLMENAREZ, dicho reconocimiento que quedó asentado mediante acta de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Parroquia Humocaro Alto del Municipio Moran del estado Lara.
Corolario a lo anterior, para desvirtuar la paternidad reconocida a favor de la parte actora, dentro del presente procedimiento se dispone de la variedad de pruebas para demostrar la certeza de dicho reconocimiento, o en su defecto, si el reconocido es realmente hijo de quien se dejó asentado en la documental anteriormente mencionada y, entre mencionados medios de pruebas, se cuenta con la prueba de experticia hematológica o heredobiológica con la que se puede determinar el parentesco consanguíneo entre los impugnantes y el impugnado, pues es así considerada por el legislador a través de jurisprudencias, y entre una de ellas, se procede a citar la Sentencia N° 289 de fecha 02 de Agosto de 2022, expediente N°19-541 con ponencia de la Magistrada CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS:
Ahora bien, respecto a la presunción contenida en el artículo 210 del Código Civil, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 14 de agosto de 2012, caso Ana Uribe Flores, expediente 10-831, explicó lo siguiente:
Al respecto cabe destacar que, dicha prueba, conocida como prueba de ADN, siglas que responden a Ácido Desoxirribonucleico, constituye en la actualidad la prueba principal y fundamental para el establecimiento de la filiación, no obstante tratarse de un procedimiento judicial para el cual la Ley permite expresamente todo género de pruebas; se trata de una experticia científica muy sencilla, con un amplísimo margen de certeza para determinar o establecer la filiación de una persona con respecto a otra o descartar tal. La misma se encuentra disciplinada en nuestro ordenamiento como una prueba determinativa de la filiación, en el Código Civil (artículo 210), y, más recientemente, en la Ley para Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (artículo 27 y ss.).
Antiguamente, cuando no existía o era excepcional su práctica, uno de los elementos fundamentales para determinar la filiación de una persona era la posesión de estado. Del mismo modo, en otra época dicha prueba era valorada como una prueba que descartaba o excluía porcentualmente la paternidad. Sin embargo, los avances de la ciencia y de la tecnología han hecho que esta experticia sea cada vez más fidedigna e incuestionable, al tiempo que ha impuesto que se considere fundamental la práctica de la aludida prueba de ADN, la cual se concretiza a través de una experticia hematológica o heredo-biológica, cuando se discute la filiación biológica de una persona, siendo determinante dicho estudio para considerar a una persona descendiente (ascendiente) de otra.
En este estado, estima oportuno esta Sala referir la importancia que reviste la determinación de la filiación de una persona. Así, tenemos que el conocimiento que un individuo tenga de este dato tan trascendental resulta muchas veces esencial para su existencia, para su pleno desarrollo, para su vida en familia y en sociedad, por ello, no cabe duda que constituye no sólo un derecho constitucional sino un derecho humano, de allí que el Estado esté obligado a garantizarle de manera inmediata el ejercicio y disfrute de este derecho. Ha dicho esta Sala que esta clase de derechos, inherentes a la persona humana, por tanto son de orden público, intransigibles, irrenunciables, interdependientes entre sí e indivisibles. (Vide Sentencia Núm. 2240 del 12/12/2006).”

Por otro lado, la relación paternal que hace referencia al trato de padre e hijo ante sociedad y familiares no fue demostrada la ausencia o inexistencia de ésta a través de la prueba de testigos, toda vez que el accionante así lo dejó enfatizado en el escrito libelar, quedando únicamente lo alegado por el accionante, sin tener constancia de alguna otra declaración verídica de la relación señalada. No obstante, la misma resultaría inútil por cuanto no fue promovida la prueba imprescindible, ésta es, la prueba heredobiológica que otorga como resultado preciso el parentesco consanguíneo que tengan los sujetos de comparación. Por tal razón, puesto que no fueron traídos a los autos los medios probatorios suficientes para demostrar lo argumentado en el escrito libelar, este Juzgado trae a colación lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quién pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.”. Pues la carga probatoria de desvirtuar el parentesco entre el demandado y el accionante, correspondía a éste último mencionado, misma que no impulsó, o en su defecto, no logró eficazmente demostrar lo alegado por éste en el escrito libelar, por lo que es pertinente traer a colación lo estipulado en el artículo 254 del código ut supra mencionado:
“Los Jueces no podrán declarar con lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de
Sutilezas y de puntos de mera forma. En ningún caso usarán los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las de venga en forma, ocurra a quien corresponda, u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya faltado, o el Juez a quien deba ocurrirse.”
Por el razonamiento expuesto anteriormente, resulta imperioso para quien aquí juzga declarar SIN LUGAR la pretensión incoada, toda vez que no se demostró en autos lo pretendido por el actor en contra de la parte demandada, y así quedara establecido en el dispositivo del presente fallo. Así se establece.-
-IV-
DISPOSITIVO.
Por razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión de IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD incoado por el ciudadano MAIKEL RANDIER GARCIA COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 28.165.819, de este domicilio, contra los ciudadanos RANGEL JOSE GARCIA MARQUEZ y DANNY PASTORA COLMENAREZ GOMEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-14.353.702 y V-13.196.717 respectivamente, de este domicilio. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte actora, en virtud del vencimiento total en el presente juicio, conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los Tres (03) días del mes de Abril del año Dos Mil Veinticuatro (2.024). Años 213° y 165°. Sentencia N°: 127. Asiento N°: 13.
La Juez Provisoria.

Abg. Johanna Dayanara Mendoza Torres.
El Secretario.

Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández.
En la misma fecha se dictó sentencia siendo las 10:12 a.m., y se dejó copia certificada para el archivo de este Juzgado.
El Secretario.

Abg. Luis Fernando Ruiz Hernández.