TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.

EXPEDIENTE: N° 02263-C-24.
DEMANDANTE: RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.467.578, inscrito en el Inpreabogado Abogado bajo el Nº 96.268, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.864.268.
DEMANDADO: DANIEL ARTURO ALTUVE MARENCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.039.491.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (MEDIDA CAUTELAR).
MATERIA: CIVIL.

ACTUACIONES CURSANTES EN CUADERNO DE MEDIDAS.

Se inició el presente procedimiento, por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 19-01-2024, cuando el Profesional del Derecho ciudadano: RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.467.578, inscrito en el Inpreabogado Abogado bajo el Nº 96.268, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.864.268, con domicilio procesal en la oficina Nº 7, Centro Comercial Casa Colonial, detrás del Palacio de Justicia, ubicado en la Carrera 04, de esta Ciudad de Guanare estado Portuguesa, tal y como consta según sustitución de poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública de Guanare estado Portuguesa, en fecha 19-01-2024, bajo el Nº 41, Tomo 2, Folios 126 al 128, mediante escrito, se dirigen al Tribunal e interponen formal pretensión por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, contra el ciudadano: DANIEL ARTURO ALTUVE MARENCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.039.491, domiciliado en la Urbanización Villa Dorada, casa Nº 15, de esta Ciudad de Guanare estado Portuguesa.
Esta Instancia dicto auto de fecha 24-01-2024, mediante el cual se le dio entrada al presente asunto, quedando registrado el mismo bajo el Nº 02263-C-24, asimismo, se admitió la presente acción, con todos los pronunciamientos legales, se ordenó el emplazamiento del demandado: Daniel Arturo Altuve Marenco, para que compareciera dentro del lapso de veinte (20) días de despacho siguientes, a que constara en autos la citación a dar contestación a la demanda. Se libró la boleta de citación. (Folio 42 de la causa principal).
Consta en autos diligencias suscritas por la alguacil de este Tribunal, mediante la cual dejó constancia que recibió los emolumentos para sacar los fotostatos para la compulsa de citación del demandado y armar el cuaderno de medidas. (Folios 43 y 44 de la causa principal).
En fecha 26-01-2023, se certificaron las copias y se armó la compulsa, agregándose la misma a la boleta de citación del demandado, asimismo se acordó la apertura del cuaderno de medidas. (Folio 45 de la causa principal). Asimismo, se aperturo el presente cuaderno de medidas en fecha 26-01-2024 (Folio 01 del Cuaderno de Medidas)
Mediante diligencia de fecha 07-02-2024, el Profesional del Derecho ciudadano: RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, ratificó en todas y cada una de sus partes la medida cautelar nominada solicitada y solicito el pronunciamiento de la misma. (Folio 08 del Cuaderno de Medidas).

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS
Surge la presente incidencia cautelar, en razón de la solicitud contenida en el escrito de demanda de fecha 19-01-2024, y ratificado mediante diligencia de fecha 07-02-2024, presentada por el Profesional del Derecho ciudadano: RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, identificado up supra, en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.864.268, mediante el cual peticionó se decrete medida preventiva en los siguientes términos:
“…CAPITULO IV
DE LA MEDIDA CAUTELAR
De conformidad con lo establecido en los artículos 585 y588, ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, solicito a este Tribunal, se sirva decretar MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble conformado por un conjunto de bienhechurías, propiedad del demandado, que se describen a continuación:
“Un conjunto de mejoras y bienhechurías consistentes en: una casa para los obreros con un área de construcción de cien metros cuadrados (100 Mts2); un corral de hierro con un área de construcción de cuarenta metros (40 Mts2); un tanque de agua australiano con capacidad de cuarenta y dos mil litros de agua (42 Mil Ltrs); un (01) pozo de treinta metros (30 Mts) con una capacidad de extracción de seis pulgadas (6 pulg); ); un (01) pozo de treinta metros (30 Mts) con una capacidad de extracción de seis pulgadas (6 pulg); vialidad interna de dos kilómetros (2 Km); cerca perimetral de catorce kilómetros (14 Km); un (01) pozo séptico de ocho metros (8 Mts) de profundidad; seis (06) potreros; ochenta hectáreas (80 Ha) siembras de pasto tipo Brocharía Decumbe; ocho kilómetros (8 Km) de vialidad interna; 3,5 kilómetros de acometida eléctrica de alta tensión. Dichas bienhechurías se encuentran constituidas sobre un lote de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) denominado “RINCÓN DE LOS TOROS”, ubicada en el Sector Los Toros, parroquia Capital Guanare, municipio Guanare del estado Portuguesa, la cual tiene una extensión de CIENTO SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CON DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (164 Ha 2.892 M2), enmarcada dentro de los siguientes los linderos generales: NORTE: Terreno ocupado por Asociativa GARAVOTE; SUR: Terreno ocupado por Cooperativa PATRAS NI PA COJER IMPULSO; ESTE: Terreno ocupado por la Asociativa la BARQUEÑA Y OESTE:Terreno ocupado por Cooperativa CANTA RANA. Lo que es propiedad del demandado según documento debidamente registrado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guanare, estado portuguesa, en fecha 16 de Mayo de 2016, bajo el Nº 2017.616, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.15722, y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2017. Documento anexo en copia simple, marcado “E”.
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA:
Evidentemente ciudadano Juez, que la medida cautelar solicitada llena los extremos referidos al periculum in mora y el fumusbonis iuris, puesto que respecto al primero es evidente que existe el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo dada la conducta desplegada por el demandado a quien resulta indiferente el ordenamiento jurídico, de igual modo, nos hemos enterado a última hora que el demandado esta incurso en otra demanda (exp 02243-M23, que se lleva por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil y Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa)…, por cobro de bolívares, ante el incumplimiento de otra obligación que además ha sido contumaz a dar la cara para pagar, incluso está en proceso la fase cumplimiento voluntario de la demanda, asunto que nos hace temer por nuestra pretensión, donde cada día que pasa concreta más y más conductas y acciones evasivas para el cumplimiento de su obligación que vinculados a la tardanza propia del proceso judicial, podrían afectar de manera definitiva mis derechos la ejecución de un eventual fallo que le favorezca.
Con relación al requisito al fumus bonis iuris, así como respecto al periculum in mora, hago valer, en forma preliminar el instrumento contentivo de contrato cuyo cumplimiento se pretende, anexo marcado “B”; el CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEHÍCULO, anexo marcado “C”; y el instrumento anexo marcado “D”, que se puede constatar en el portal web del INTT (…); de igual modo, hago valer las copias simples del expediente 02243-M-23, de cuyas actuaciones se desprende que existe presunción muy real de que quede ilusoria nuestra pretensión, siendo para que este Tribunal decrete la medida cautela.
(…)
El último elemento que se debe considerar para su procedencia, es que la medida cautelar solicitada en forma alguna afectará la actividad que se desarrolla en el inmueble; sino que lo que se persigue es resguardar el patrimonio del demandado; ya que está acreditada su conducta contumaz, tendiente a la insolvencia…”

El Tribunal para pronunciarse sobre las medidas solicitadas, lo hace bajo las siguientes consideraciones:

Las medidas cautelares constituyen un tipo de pretensiones preventivas en el marco de la tutela jurisdiccional efectiva, mediante las cuales se toman las disposiciones necesarias previstas en la Ley para salvaguardar efectivamente la futura ejecución del fallo, debido a una actuación de las partes que pueden hacer ilusoria dicha ejecución y mediante la presentación de la comprobación sumaria de esa circunstancia.
Desde esa perspectiva, establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil:
“Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Negrita del Tribunal).

Como se puede apreciar en el precitado artículo 585 de Código de Procedimiento Civil consagra dos condiciones de procedibilidad para el decreto de las referidas medidas. El primero, la demostración de la presunción del derecho que se reclama (Fumus Bonis Iuris); y el segundo, la verificación de una presunción grave de que pueda quedar ilusoria la potencial ejecución del fallo definitivo a dictarse (Periculum In Mora); siendo así, que el juez decretará las medidas preventivas “solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum In Mora) y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama (Fomus Bonis Iuris)”.
Asimismo, el ordinal 3° del artículo 588 eiusdem dispone lo siguiente:
“Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
3°La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles (...)”.

Al respecto, ha sostenido el Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala Político Administrativa, en sentencia Nº 00095, de fecha 12 de mayo de 2021, Exp. Nro. 2019-0216, con ponencia del Magistrado INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA, lo siguiente:

“…En tal sentido, se colige que las demás medidas preventivas nominadas resultan procedentes solo cuando se verifiquen de forma concurrente los supuestos que la justifican…, esto es: i) que pueda presumirse que la pretensión procesal principal resultará favorable (fumus boni iuris), y ii) que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables, de difícil reparación, o que resulte ilusoria la ejecución de la sentencia de mérito (periculum in mora)…
Respecto al primero de los enunciados requisitos, cabe puntualizar que el fumus boni iuris consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, sin prejuzgar de manera definitiva en cuanto al mérito del asunto, por lo que la decisión del juez debe fundamentarse en el análisis de la argumentación y de los elementos aportados por los interesados en función de la existencia del derecho que reclama o invoca.
En cuanto a la comprobación del periculum in mora, la jurisprudencia ha sostenido que éste no se restringe a la mera suposición de que resulte ilusoria la ejecución del fallo sino a la presunción grave o fundada del temor al daño alegado, generado a consecuencia del desconocimiento del derecho reclamado o bien, la dificultad de su reparación, en el entendido de que ello podría verificarse por acciones generadas por la parte demandada durante la tramitación del juicio o debido a su eventual demora…
…queda de manifiesto la necesaria vinculación que debe existir entre los alegatos formulados por el demandante en su petición cautelar (carga alegatoria) y los elementos probatorios que servirán de fundamento a sus dichos (carga probatoria)…”

En este mismo orden, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de octubre de 2006, con ponencia de la Ex -Magistrada Dra. Isbelia Pérez Velásquez, con relación a los requisitos exigidos para decretar las medidas preventivas, los cuales son los siguientes:

“(…) En toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de norma general (artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil) con el caso concreto; esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que le ha sido planteado. Es decir, el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión que tomó respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos (…)”.

Asimismo, la Sala ha establecido respecto de la decisión del juez en el decreto de las medidas preventivas, entre otras, en sentencia de 21 de junio de 2005, caso: Operadora Colana C.A, c/ José Lino De Andrade y otra, lo siguiente:

(…) La Sala acoge el criterio doctrinal y jurisprudencial que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en ese caso el Juez deberá ponderar si el demandado hace nugatorio de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el Juez puede establecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad. (OMISSIS).
De lo antes transcrito, se colige que para que proceda el decreto de cualquier medida cautelar, no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no sólo en virtud del posible retardo de la actividad del Juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuible a la parte contra cuyos bienes recaerá la medida, si así fuere alegada por el solicitante de la cautela.
Lo que es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo se concluye, que el poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una cautelar, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes. De tal manera que ese poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa los medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia citada han coincidido en la necesidad de que el solicitante de una medida cautelar, cumpla con los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; en tal sentido, es necesaria la vinculación que debe existir entre los alegatos formulados en su petición cautelar (carga alegatoria) y los elementos probatorios que servirán de fundamento a sus dichos (carga probatoria), a los fines de garantizar un debido proceso y una verdadera defensa, sin que de esa forma ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos subjetivos por una medida cautelar dictada de manera arbitraria.
Ahora bien, con relación al fomus boni iuris, se establece que éste deviene de la presunción de buen derecho probada por quien solicita la medida, así pues, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Por su parte, en cuanto el periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el peligro de infructuosidad del fallo que puede quedar disminuido en su ámbito económico, en virtud a la actuación de la parte demandada o que su conducta pudiera ocasionar daños a la otra parte que no pudiera ser reparado en la sentencia definitiva. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas:

1. Una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada;
2. La otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

En concatenación con lo anteriormente especificado, cabe destacar que las medidas cautelares son ejercidas en forma autónoma, y tramitadas en cuaderno separado, no obstante esto no quiere significar que son ajenas o aisladas del juicio principal, por el contrario, una de sus características más resaltantes es la instrumentalidad respecto de aquél, es decir, auxilian o ayudan a la decisión principal, anticipando y precaviendo los efectos de una decisión definitiva, a la cual se encuentra subordinada su eficacia.
En ese sentido, es importante señalar, que dichas medidas cautelares están limitadas a esa función cautelar perse, la cual aparece claramente definida por el legislador en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual es de estricto cumplimiento por los jueces en ejercicio de tal función.
En este orden de ideas, el pronunciamiento del juez sobre alguna medida cautelar debe circunscribirse a los aspectos directamente vinculados con la cautela (requisitos de procedencia y demás aspectos relacionados) pues si bien la misma se encuentra directa y vitalmente conectada al proceso principal, ésta debe aguardar en razón de su instrumentalidad, la decisión sobre el juicio final.
Así bien, indefectiblemente la decisión sobre las cautelares debe circunscribirse a la previa verificación de los extremos de ley, para acordar su procedencia, sin que pueda el juez, por ningún motivo, partir de algún elemento de fondo para fundamentar su decisión. De lo contrario, atentaría contra la verdadera esencia de las medidas preventivas, que no es otra que “…superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia...”. En otras palabras, el juez debe tener extremo cuidado en el proceso cautelar, por cuanto la finalidad de éste, es distinta al propósito del juicio en el cual son dictadas las medidas, ya que éste último es un proceso de conocimiento en el cual sólo se persigue el reconocimiento de la petición expresada en la demanda, mientras que la finalidad de la medida preventiva no es, como se ha indicado, la declaración del derecho reclamado, sino el aseguramiento material y efectivo, la ejecutividad de la sentencia que declara la existencia del derecho reclamado.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
En la presente incidencia de medida cautelar, relativa a la prohibición de enajenar y gravar observa el tribunal que, el peticionante de la cautelar abogado RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, anteriormente identificados, expone que en su solicitud se encuentran llenos los extremos concurrentes previstos en el Artículo 585 del Código del Código de Procedimiento Civil, indicando al efecto “…que la medida cautelar solicitada llena los extremos referidos al periculum in mora y el fumus bonis iuris, puesto que respecto al primero es evidente que existe el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo dada la conducta desplegada por el demandado a quien resulta indiferente el ordenamiento jurídico (…) ante el incumplimiento de otra obligación que además ha sido contumaz a dar la cara para pagar, asunto que nos hace temer por nuestra pretensión, donde cada día que pasa concreta más y más conductas y acciones evasivas para el cumplimiento de su obligación que vinculados a la tardanza propia del proceso judicial, podrían afectar de manera definitiva mis derechos la ejecución de un eventual fallo que le favorezca….”
Conforme a lo anteriormente expuesto se deduce la complejidad para ratificar en el caso bajo análisis, la existencia de los requisitos establecidos en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a saber HUMO DE BUEN DERECHO y del PERICULUM IN MORA, en virtud de lo cual, es importante citar la opinión de la doctrina venezolana más prestigiosa, al respecto sobre las medidas preventivas, señala La Roche:

“(…) estas son de derecho estricto, es decir, son por regla general de interpretación restringida, por cuanto tienden a limitar o prohibir de una u otra forma según su especie, las garantías personales (individuales, sociales, económicas y políticas) que prevé la Constitución Nacional, teniendo sólo como fundamento un juicio conjetural basado en presunciones de hombre. (…) su aplicación no puede alcanzar, por analogía, a caso alguno que no se encuentre expresamente previsto por las disposiciones legales que las sancionan. (Ricardo Henríquez La Roche, Medidas Cautelares según el Código de Procedimiento Civil, Ediciones Liber, 2000, pág. 45-47).”

Relatado lo anterior, el Tribunal pasa al estudio del material probatorio y en este sentido, observa que la parte demandante produjo:
1. Copia fotostática certificada de contrato privado de venta de un vehículo -cuyo original se encuentra en la pieza principal del presente expediente- (Folio 13 del presente cuaderno de medidas) marcado con la letra “B”, suscrito por los cuidadanos: ALIRIO RIVA PAREDES, titular de la cédula de identidad N° V-4.662.030, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO (parte actora), y el ciudadano: DANIEL ARTURO ALTUVE MARENCO (parte accionada); este el tribunal no puede apreciar dicha prueba en esta incidencia procesal, ello en virtud de que pronunciarse sobre la eficacia probatoria de la misma constituiría adelantar opinión sobre el fondo de la controversia, lo que estaría vedado a esta juzgadora en esta etapa del proceso. Así se establece.
2. Copia fotostática certificada de Certificado de Registro de Vehículo -cuyo original se encuentra en la pieza principal del presente expediente- (Folio 14 del presente cuaderno de medidas) marcado con la letra “C”; este instrumento goza de fe pública y por lo tanto el tribunal no puede apreciar dicha prueba en esta incidencia procesal, ello en virtud de que pronunciarse sobre la eficacia probatoria de la misma constituiría adelantar opinión sobre el fondo de la controversia, lo que estaría vedado a esta juzgadora en esta etapa del proceso. Así se establece.
3. Copias fotostáticas simples de Consultas Públicas de Placa de Vehículo por Placa, tramitada por la página Web del INTT, marcado con la letra “D” (Folio 15 al 17 del presente cuaderno de medidas); este Tribunal considera que el documento nada aporta al debate sobre la medida solicitada, en razón de que se trata de un juicio de Cumplimiento de Contrato, y el documento señalado solo arroja datos que certifican que el vehículo objeto de la presente acción se encuentra debidamente registrado en el sistema llevado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. Así se decide.
4. Copias fotostáticas simples de documento de compra-venta de bien inmueble (Folios 18 al 22 del presente cuaderno de medidas), suscrito por el ciudadano: EFREN MENDOZA FUENTES, titular de la cédula de identidad N° V-4.463.343, y el ciudadano: DANIEL ARTURO ALTUVE MARENCO (parte accionada), protocolizado ante la Oficina de Registro Público del Municipio Guanare estado Portuguesa, en fecha 16 de Mayo de 2017, bajo el Nº 2017.616, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.1.15722, y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2017; donde indica que el inmueble constituido por un conjunto de mejoras y bienhechurías consistente en: una casa para los obreros con un área de construcción de cien metros cuadrados (100 Mts 2); un corral de hierro con un área de construcción de cuarenta metros (40 Mts 2); un tanque de agua australiano con capacidad de cuarenta y dos mil litros de agua (42 Mil Ltrs); un (01) pozo de treinta metros (30 Mts) con una capacidad de extracción de seis pulgadas (6 pulg); ); un (01) pozo de treinta metros (30 Mts) con una capacidad de extracción de seis pulgadas (6 pulg); vialidad interna de dos kilómetros (2 Km); cerca perimetral de catorce kilómetros (14 Km); un (01) pozo séptico de ocho metros (8 Mts) de profundidad; seis (06) potreros; ochenta hectáreas (80 Ha) siembras de pasto tipo Brocharía Decumbe; ocho kilómetros (8 Km) de vialidad interna; 3,5 kilómetros de acometida eléctrica de alta tensión. Dichas bienhechurías se encuentran constituidas sobre un lote de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) denominado “RINCÓN DE LOS TOROS”, ubicada en el Sector Los Toros, parroquia Capital Guanare, municipio Guanare del estado Portuguesa, la cual tiene una extensión de CIENTO SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CON DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (164 Ha 2.892 M2), enmarcada dentro de los siguientes los linderos generales: NORTE: Terreno ocupado por Asociativa GARAVOTE; SUR: Terreno ocupado por Cooperativa PA TRAS NI PA COJER IMPULSO; ESTE: Terreno ocupado por la Asociativa la BARQUEÑA Y OESTE:Terreno ocupado por Cooperativa CANTA RANA; fue vendido. Este instrumento goza de fe pública y por lo tanto el tribunal considera que dicho instrumento es prueba de la propiedad del demandado sobre el bien sobre el cual se pide la medida. Así se establece.
5. Copias fotostáticas simples de las actuaciones del expediente signado con el N° 02243-M-23, por Cobro de Bolivares por Intimación (Folios 19 al 41 del presente cuaderno de medidas); este Tribunal considera que el documento nada aporta al debate sobre la medida solicitada, en razón de que se trata de un juicio ajeno a la presente acción. Así se decide.
Analizadas como han sido las pruebas promovidas junto con la solicitud de la medida preventiva, esa juzgadora aprecia lo siguiente:
El Primero, el”fomus boni iuris” si bien corresponde a un juicio de verosimilitud sobre la pretensión del actor, no escapa a esta Juzgadora que dada la naturaleza de la presente acción, requiere de un análisis al material probatorio, y como expresamos arriba el actor peticionante solo se limito a repetir argumentos generales contenidos en el libelo de la demanda y no aporto pruebas suficientes que demostraran el mismo, igualmente el actor fundamenta su solicitud en un contrato privado de venta de un vehículo cuyo cumplimiento constituye el fondo de la controversia lo que sin lugar a dudas amerita un pronunciamiento de fondo en esta clase de acción por cumplimiento de contrato lo que no le es dado al juez en esta etapa del proceso, y evidentemente está vedado a esta juzgadora conocer o pronunciarse sobre dicho tema en razón de que estaría tocando el fondo de la controversia, ya que es evidente que este asunto pertenece al Thema Decidendum de la presente causa. Así se declara.
El segundo, de ellos el “periculum in mora”, es necesario que tal riesgo debe ser inminente y para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, siendo que el actor solo se limito a replicar el libelo en la solicitud de la medida, vale decir, transcribió íntegramente el escrito libelar sin aportar ningún elemento de convicción de que existiese peligro inminente y grave de que quede ilusorio la ejecución del fallo definitivo, y en ese sentido esta Jurisdiscente concluye que en el presente caso no existe elemento probatorio alguno que refleje dicha situación. Así se decide.
Con fundamento en los hechos y el derecho explanado se concluye que la parte actora peticionante de la medida preventiva, no demostró el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para el decreto cautelar; es por ello, que al ser de interpretación restrictivas y en virtud de los argumentos y pruebas aportados por el actor, y principalmente a la prohibición para esta Jurisdiscente de tocar el fondo de la controversia en esta etapa del juicio, y al no poderse determinar la verificación de los requisitos para la procedencia de la medida peticionada por el demandante, es por lo que se declara SIN LUGAR la solicitud. Así se decide.

DISPOSITIVA:

En virtud de los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente explanados, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito Judicial del estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NIEGA la medida cautelar de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un conjunto de mejoras y bienhechurías consistentes en una (01) casa para personal obrero con un área de construcción de cien metros cuadrados (100 MTS2); un (01) corral de hierro con un área de construcción de cuarenta metros (40 MTS2); un (01) tanque de agua australiano con capacidad de cuarenta y dos mil litros de agua (42 mil lts); un (01) pozo de treinta metros (30 MTS) con una capacidad de extracción de seis pulgadas (6 pulg); vialidad interna de dos kilómetros (2 Km); cerca perimetral de catorce kilómetros (14 Km); un pozo séptico de ocho metros (8 MTS) de profundidad; seis (06) potreros; ochenta hectáreas (80 HAS) siembras de pasto tipo Brocharía Decumbe; ocho kilómetros (8 Km) de vialidad interna; 3,5 kilómetros de acometida eléctrica de alta tensión, fomentadas sobre una porción de terreno propiedad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) denominado “RINCÓN DE LOS TOROS”, Parroquia Capital Guanare, Municipio Guanare, Estado Portuguesa, con un área o extensión de CIENTO SESENTA Y CUATRO HECTAREAS CON DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (164 HAS 2.892 MTS2), con los linderos particulares siguientes: NORTE: Terreno ocupado por Asociativa GARAVOTE; SUR: Terreno ocupado por Cooperativa PATRAS NI PA COGER IMPULSO; ESTE: Terreno ocupado por la Asociativa LA BARQUEÑA y OESTE: Terreno ocupado por Cooperativa CANTA RANA, cuya propiedad de tales bienhechurías pertenecen al demandado mediante documento inserto en el Registro Público del Municipio Guanare del Estado Portuguesa, bajo el Nº 2017.616, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nº 404.16.3.1.15722 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2017 (16 de mayo del año 2017), solicitada por el Profesional del Derecho ciudadano: RAFAEL ARNALDO RAMOS PENAGOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad NºV-14.467.578, inscrito en el Inpreabogado Abogado bajo el Nº 96.268, actuando en su condición de apoderado judicial del ciudadano: DANIEL ALEJANDRO RIVAS SOTO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-14.864.268, en el juicio por motivo de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, seguido en contra el ciudadano: DANIEL ALTUVE MARENCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-13.039.491.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Se ordena la notificación de la parte actora, por cuanto este fallo fue publicado fuera del lapso legal, de conformidad con el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Expídase copia certificada de la presente decisión, a los fines del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa. En Guanare, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (09-02-2024). Años 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. Mayuly del Valle Martínez Guzmán.
La Secretaria,
Abg. Elysmar Ivonne Márquez Pérez.

En la misma fecha se dictó y publicó a las 03:00 p.m. Conste.