TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. ACARIGUA.

EXPEDIENTE Nro.: C-2025-002123.
DEMANDANTE: ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.088.272.

ABOGADA ASISTENTE: YOALIS DURAN, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 309.928.

DEMANDADOS: MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA y MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédula de identidad Nros. V-14.981.632, V-26.903.852 y V-25.422.301, en ese orden.

ABOGADO ASISTENTE: JOSÉ LANDINEZ, venezolano, e inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro. 154.155.

MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (HOMOLOGACIÓN DEL CONVENIMIENTO A LA DEMANDA).

MATERIA: DERECHO CIVIL.

I
DESARROLLO DEL PROCESO

En fecha 07 de Agosto del 2025, por medio del sorteo de distribución de causas, quedó asignada el conocimiento de la presente demanda, acompañada de anexos, por motivo de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, que incoó el ciudadano ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, asistido por la abogada YOALIS DURAN, en contra de los ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA y MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA. (Folios 01 al 11).
El 08 de Agosto del 2025, el Tribunal por medio de auto procedió a admitir la demanda, y ordenó el emplazamiento de los demandados. (Folio 12).
En fecha 08 de Agosto de 2025, comparecieron ante este Juzgado la demandados, ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA, MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA, debidamente asistidos por el abogado JOSÉ LANDINEZ, y presentan diligencia mediante el cual expresan que se dan por citados, reconocen en su contenido y firma el documento privado suscrito en fecha 2 de agosto del 2025, renuncian al lapso de comparecencia, y piden la homologación del presente convenio. (Folio 13).

Así, conforme a lo narrado supra, pasa este Juzgado a emitir pronunciamiento, estableciendo lo siguiente:

DE LA DEMANDA:

En el libelo de demanda, el accionante demandó lo que a continuación se transcribe:

(…OMISSIS…)
“Quien suscribe, ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, titular de la cedula de identidad Nro. V-12.088.272, debidamente asistida por la abogada YOALIS DURAN, e inscrita en el INPREABOGADO con la matricula N° 309.928; acudo ante su competente autoridad a los fines de demandar por RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO a los ciudadanos: MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA, MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA ALVARDO MEDINA ANA LUCIA, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-14.981.632, V-26.903.852 y V-25.422.301, respectivamente, conforme a los siguientes razonamientos de hechos y derecho:
Los demandados son sucesores de quien en vida se llamaba GREGORIO BETANCOURT HERNANDEZ, quien era titular de la cedula de identidad N° V-12.262.402, con quien antes de su fallecimiento y consentimiento de su cónyuge, la ciudadana MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, ante identificada, suscribí un contrato de compra y venta y simple, perfecta e irrevocable sobre u inmueble propiedad de ambos constituido por una bienhechurías consistente en una casa de habitación construida con paredes de bloques frisada, piso de cemento, techo de zinc, ventana y puertas de hierro, la cual esta edificada sobre una superficie de terreno municipal que pide catorce metros (14 mts) de frente por veintiséis metros (26 mts) de fondo, ubicado en el Barrio Antonio José de Sucre, del municipio Páez del Estado Portuguesa cuyos linderos NORTE: calle barrio de por medio SUR: casa terreno que es o fue de Yanet García; ESTE: calle del barrio de por medio que es su frente, y OESTE: casa y terreno que es o fue de Ingrid Guerrero Rojas siendo que el inmueble objeto de dicha venta partencia a los vendedores según documento Autenticado ante la Notaria Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nro 34, tomo 35 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria habiendo los mismo recibido en forma integra el monto pactado como precio de venta, esto es la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES ( 850.000.000), los cuales fueron pagados por mi en la oportunidad correspondiente, sin haber quedado adeudado como alguno por dicho concepto.
Ahora bien ciudadano Juez, es el caso que el referido documento privado fue extraviado, por lo que en fecha 02 de agosto de 2025, los hoy demandados, contestes como se encuentran de que en efecto la aludida venta se materializo y en virtud de lo explicado respecto a la perdida del instrumentote venta, procedieron mediante un nuevo documento privado del cual se realizaron tres (3), ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto, el cual se consigna en original a los fines de su reconocimiento en su contenido y firma, a declarar que efectivamente su causante con la anuencia de su cónyuge ya identificada, procedió a realizar la referida venta, habiendo recibido en forma integra el precio que fue pactado sobre la misma, esto es, la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES ( 850.000.000), para aquel entonce, sin haber quedado adeudado monto alguno por dicho concepto y así expresamente lo manifestaron, pues con dicho dinero Procedieron a adquirir el inmueble en el cual habitan en la actualidad situado en Durigua VI.
Cabe acotar que en dicho documento del 02 de agosto de 2025, en mi condición de propietario de la vivienda que me fue dada en venta conforme a lo narrado supra y como poseedor del terreno sobre el cual se encuentra enclavadas, el cual fue suficiente delimitado procedí a manifestar que le 28 de marzo de 2023, di en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano JOSE GREGORIO CARRERO, titular de la cedula de identidad Nro. 17.860.819, unas bienhechurías enclavadas en la parte trasera (patio o solar), de dicho terreno el cual se encuentra delimitado con sus paredes medianeras propias y quedo alinderado asi: linderos NORTE: calle barrio de por medio SUR: casa terreno que es o fue de Yanet García; ESTE: calle del barrio de por medio que es su frente, y OESTE: casa y terreno que es o fue de Ingrid Guerrero Rojas, con una superficie de terreno de once metro y medio de fondo por catorce metro de frente; en la referida parcela de terreno, además se encontraban sembrados de árboles frutales tales como: guayaba, limos y lechosa, siendo el de dicha vente por la cantidad de MIL TRECIENTO DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMERICA (U.S.D 1.300,00$), los cuales recibí a mi entera y cabal satisfacción en dicha ocasión habiendo quedado el comprador en posesión de lo vendido, debiendo aclara que el referido comprador se encargo de levantar la pared divisoria entre lo mismos por lo que dicha pared medianera le pertenece, todo lo cual reconozco en este mismo acto, a los fines que dicha declaración surta los efectos legales consiguientes.
Siendo ello así, es de rigor señalar que necesitamos elevar el referido documento del fecha 02 de agosto de 2025, donde me fue reconocida la venta y a su vez reconozco la venta que realice sobre la porción señalada a los demandados: MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA, MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA ALVARDO MEDINA ANA LUCIA titulares de las cedulas de identidad Nros. V-14.981.632, V-26.903.852 y V-25.422.301, respectivamente, la primera en su condición de cónyuge y los otros dos como hijos y herederos de quien en vida se llamaba GREGORIO BETANCOURT HERNÁNDEZ, y era titular de la cedula de identidad Nro. 12.088.272, a los fines que convenga o en su defecto sean condenados a reconocer voluntariamente o judicialmente el contenido y la firma del referido instrumento y en consecuencia, se tenga por reconocido legalmente, y una vez ello sea declarado, me sea devueltos los documento originales que aquí se acompañan, se me expidan tres juego de copias cerificada de la totalidad del expediente y se libre oficio al registro respectivo para que se protocolice el fallo que recaiga en el presente causa y se tenga como titulo de propiedad…”. (Negrilla y cursiva de este Juzgado).

DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

En fecha 8 de Agosto de 2025, comparecieron ante este Juzgado los demandados, ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA, MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA, debidamente asistido por el abogado JOSE LANDINEZ, y contestaron esta demanda alegando lo siguiente:

(…OMISSIS…)
“En horas de despacho del día de hoy, comparecen los ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA, MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA ALVARDO MEDINA ANA LUCIA, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-14.981.632, V-26.903.852 y V-25.422.301, debidamente asistido de abogado, a los fines de damos por citados y reconocer en su contenido y firma el documento privado suscrito por nosotros en fecha 02 de agosto de 2025, el cual cursa en autos, mediante el cual procedimos en nuestros caracteres la primera de cónyuge y los segundo como hijos de quien en vida se llamase GREGORIO BETANCOURT HERNANDEZ, quien era titular de la cedula de identidad N° V-12.262.402, a declarar que ante del fallecimiento de nuestro causante, previamente identificado, el mismo procedió a dar en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al ciudadano ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, titular de la cedula de identidad Nro. V-12.088.272, un inmueble de su propiedad y de la primera de los mencionados, es decir, su cónyuge quien consintió dicha venta constituido por unas bienhechurias consistente en una casa de habitación construida con paredes de bloques frisado, piso de cemento, techo de zinc, ventanas y puertas de hierro, la cual esta edificada sobre una superficie de terreno municipal que pide catorce metros (14 mts) de frente por veintiséis metros (26 mts) de fondo, ubicado en el Barrio Antonio José de Sucre, del municipio Páez del Estado Portuguesa cuyos linderos NORTE: calle barrio de por medio SUR: casa terreno que es o fue de Yanet García; ESTE: calle del barrio de por medio que es su frente, y OESTE: casa y terreno que es o fue de Ingrid Guerrero Rojas siendo que el inmueble objeto de dicha venta partencia a los vendedores según documento Autenticado ante la Notaria Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nro 34, tomo 35 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria Primera habiéndose recibido por manos del comprador en la oportunidad correspondiente el monto por el precio de venta, sin haber quedado adeudado monto alguno por dicho concepto. En tal sentido, renunciamos a los lapsos procesales y solicitamos la homologación del presente convencimiento. Es justicia en la ciudad de Acarigua a la fecha de su presentación…”. (Negrilla y cursiva de este Juzgado).

II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

El Código de Procedimiento Civil vigente de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que dispone lo siguiente:
Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.

La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha orientado la Jurisprudencia Nacional al establecer que, si la escritura no está firmada, no hará por tanto fe contra nadie.
Lo documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aun cuando hayan sido. En primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso, si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado:
“1°. Cuando haya habido falsificación de firmas.
2°. Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin
Conocimiento de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya.
3°. Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante…”
La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento.
En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman:
“El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica).

Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe necesariamente ser analizada bajo la premisa dispuesta en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, cual es del tenor siguiente: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.
La citada disposición procesal se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal éste, que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente”…
En el caso que nos ocupa, se trata del reconocimiento de un documento privado de venta de un bien inmueble, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes.
Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo (documento público), y hacen plena prueba, entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio solo entre las partes que los suscribieron.
Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente:
“Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución.
Para Pietro Castro, son las que las partes o terceros, conjunta o aisladamente, extienden sin intervención del funcionario público y las escrituras defectuosas por incompetencia del notario o por otra falta de forma, si están firmadas por los otorgantes.
Según Alsina, vienen a ser los producidos por las partes sin intervención de funcionarios públicos, pudiendo ser otorgados conjuntamente (contratos) o individualmente (correspondencia comercial o cartas misivas)
Siguiendo el pensamiento de la jurisprudencia nacional, con los documentos privados, pueden probarse todos los actos o contratos que, por disposición de la ley, no requieren ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades. Pero esta clase de instrumento no valen para nada por si mismos, mientras no son reconocidos por las partes a quien se oponen o sean tenidos legalmente reconocidos.
Cuando el documento público es defectuoso y no tiene fuerza de tal, ya sea por incompetencia del funcionario o por defecto de forma (artículo 1.358 del Código Civil), tendrá carácter de documento privado siempre que haya sido firmado por las partes.”

En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:

Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.

Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.

Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir, que en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que la actora pretende que la parte demandada reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor.
Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto.
El procesalista Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica en relación al desconocimiento del instrumento, expuso que:
“El desconocimiento es un medio de ataque dirigido a la prueba instrumental y no al negocio jurídico al cual se refiere dicha prueba, de suerte que si se impugna el negocio o contrato, no por ello debe darse por desconocida la firma del desconociente…Mutatis mutandi, si se reconoce el documento, tal reconocimiento se limita al aspecto formal, a la firma y al contenido escritural, a la validez del instrumento, mas no involucra la aceptación del negocio jurídico o contrato que constituye la fuente de prueba (cfr. Art. 1.367 C.C). De suerte que el reconocimiento no es incompatible con la excepción de nulidad o de cualquier otra índole que ataque la validez jurídica del negocio jurídico sustancial acreditado por medio de la prueba documental”

Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo que solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad.
En este orden, para que un documento privado se asemeje a un documento público, o haga plena fe de su contenido así entre las partes intervinientes en él como frente a terceros, existen dos formas de hacerlo, a saber: 1) mediante el reconocimiento previo o la autenticación, que no es más que la presentación del mismo por ante las notarías o registro, o 2) a través del reconocimiento judicial.
El legislador procesal, a parte del reconocimiento previo o auténtico, consagra otras maneras procedimentales de lograr tal autenticación:
El artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, está referido al procedimiento incidental que debe seguir la parte a quien se le oponga un documento privado para reconocerlo. Pero en juicio, ya existiendo contención por conflicto de intereses, por lo que no debe interpretarse que dicha norma es el fundamento legal para activar este órgano de justicia, con la pretensión que sea tramitado una petición de reconocimiento de contenido y firma, por la vía de la Jurisdicción Voluntaria.
Vemos que cuando se instaura una demanda por motivo de reconocimiento de instrumento privado, la pretensión del actor versa sobre dicho reconocimiento. De esta manera el objetivo que se propone es lograr el reconocimiento del instrumento privado, para que surta los mismos efectos de un documento público, como lo es la oponibilidad a terceros. Es por ello que la demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y se ventila por el procedimiento ordinario.
El documento queda reconocido en dos casos: 1) si el deudor comparece en el tiempo señalado en la boleta de citación y manifiesta expresamente el reconocimiento (tal como sucedió en el presente caso), y 2) que éste no comparezca en la oportunidad señalada.
Ahora, si la firma es negada, el promovente tiene la opción de incoar la acción mero declarativa autónoma a que se contrae el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil o intentar sin más la demanda que se funde en el instrumento privado y oponerlo para su reconocimiento.
Por otro lado, si se produce el reconocimiento expreso del documento privado de venta de un bien inmueble, tal como ha sucedido en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento es el acto de declaración o confesión que hace la persona emplazada para ello a favor de otro, la obligación en referencia se encuentra contenida en un instrumento privado que se otorgó, y tiene por objeto hacer que dichos documentos tengan plena validez tanto entre la partes y sus sucesores como lo tendría un instrumento público.
En esa misma línea, se hace necesario establecer que el modo de auto composición procesal constituye un acto con fuerza de cosa juzgada, irrevocable por las partes aún antes de su homologación por parte del Tribunal, y está contemplado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:

“En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.”

Igualmente, es necesario citar lo establecido en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“… Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones…”

Además de lo anterior el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:
“Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenimiento por el Tribunal.”

Por todo lo antes expuesto, y circunscribiéndonos al presente caso, este Juzgado observa que una vez admitida esta demanda, comparecieron la parte demandada, asistidos de abogado, y manifestaron que se dan por citados, que reconocen en su contenido y firma el documento privado suscrito en fecha 2 de agosto del 2025, que funge como documento fundamental de la acción, que está en original marcado con la letra “A” en el expediente, el cual riela al folio (3 frente y vuelto), que renuncian al lapso de comparecencia, y piden la homologación del presente convenio.
Pues al existir el reconocimiento expreso y manifiesto de la parte contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido y firma del documento privado de venta de un inmueble, que se lee del documento así: “constituido por una bienhechurías consistente en una casa de habitación construida con paredes de bloques frisada, piso de cemento, techo de zinc, ventana y puertas de hierro, la cual esta edificada sobre una superficie de terreno municipal que pide catorce metros (14 mts) de frente por veintiséis metros (26 mts) de fondo, ubicado en el Barrio Antonio José de Sucre, del municipio Páez del Estado Portuguesa, cuyos linderos NORTE: calle barrio de por medio; SUR: casa terreno que es o fue de Yanet García; ESTE: calle del barrio de por medio que es su frente; y OESTE: casa y terreno que es o fue de Ingrid Guerrero Rojas, siendo que el inmueble objeto de dicha venta pertencia a los vendedores según documento Autenticado ante la Notaria Primera de Acarigua Estado Portuguesa, inserto bajo el Nro. 34, tomo 35 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria”, a que se contrae la presente demanda y al renunciar al lapso de ley que le corresponde, representan motivo suficiente por el cual este juzgador de conformidad con lo preceptuado en los artículos 263 y 363 del Código de Procedimiento Civil, y a los fines de evitar dilaciones indebidas y siendo que el proceso representa un instrumento fundamental para la realización de la justicia conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consideración al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relativo a la celeridad Procesal, actuando de manera equitativa en cumplimiento de los fines de la justicia considera PROCEDENTE EL CONVENIMIENTO a la presente demanda de reconocimiento de contenido y firma del documento privado presentado como documento fundamental de la acción que cursa del folio (3 frente y vuelto) del presente expediente, que fue consignado marcado “A”, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre el ciudadano ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, por una parte, y por la otra, los ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA y MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA, y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniendo el mismo fuerza de cosa juzgada; Por tal razón, este Operador de Justicia le IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO EN ESTA DEMANDA, realizado por la parte demandada en fecha 08 de Agosto del 2025, que riela al folio trece (13) de esta causa, y ASÍ SE DECIDE.

III
DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO EN ESTA DEMANDA, realizado por la parte demandada, ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA y MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA en fecha 08 de Agosto del 2025, que riela al folio (13) de esta causa, asistidos por el abogado JOSÉ LANDINEZ, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la referida homologación, queda legalmente reconocido en su contenido y firma el instrumento privado a que se contrae la presente demanda, presentado como documento fundamental de la acción que cursa del folio (3 frente y vuelto) del presente expediente, que fue consignado marcado “A”, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre el ciudadano ANDRÉS ALEXIS QUINTERO CAÑIZALES, por una parte, y por la otra, los ciudadanos MERCEDES ALCIRA GUAINA GARCIA, DEIVIS MANUEL BETANCOURT GUAINA y MARIA JOSE BETANCOURT GUAINA, todo ello de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, TENIENDO EL MISMO FUERZA DE COSA JUZGADA.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, QUEDA TERMINADA LA PRESENTE DEMANDA.
TERCERO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo.
CUARTO: Se ACUERDA la devolución de los documentos originales que se acompañan en esta demanda, y en su lugar, quedará copia certificada de ellos. Asimismo, se ACUERDA la expedición de tres juego de copias certificadas de la totalidad del expediente. En ese mismo orden, se acuerda librar oficio Nro. 234/2025 al REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO PORTUGUESA, para que se protocolice el presente fallo, y se tenga como título de propiedad.
QUINTO: TÉNGASE EL PRESENTE FALLO COMO TÍTULO SUFICIENTE DE PROPIEDAD.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, sellada y firmada en la Sala del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA. En Acarigua, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
JUEZ,

MAURO JOSÉ GÓMEZ FONSECA
SECRETARIA,

MILESTE YANIWET MONSALVE GARCÍA

En la misma fecha se dictó, libro el oficio Nro. 234/2025, y publicó este fallo, siendo las 03:25 p.m. Conste;

SECRETARIA,

MJGF/mymg/Alex.
Expediente C-2025-002123.