TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIALDEL ESTADO PORTUGUESA. ACARIGUA.

EXPEDIENTE: C-2025-002183.

PARTE ACTORA: SUGEY DIOSRIBETH QUERALES PINEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.265.512, domiciliada en la Urbanización Prado del Sol, Sector Morichal, manzana C-05, Araure municipio Araure del Estado Portuguesa.

ABOGADO ASISTENTE: HERNALDO JESUS LAGUNA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 224.792.

PARTE DEMANDADA: STALIDA MARIA PINEDA LUCENA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliada en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa.

ABOGADO ASISTENTE: HEYDI GODOY, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 90.229.

MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO).

MATERIA: CIVIL.

I
RELACIÓN DE LOS HECHOS

En fecha 17 de Noviembre del año 2025, el Tribunal recibe demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, intentada por la ciudadana SUGEY DIOSRIBETH QUERALES PINEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.265.512, domiciliada en la Urbanización Prado del Sol, Sector Morichal, manzana C-05, Araure municipio Araure del Estado Portuguesa, asistida por el abogado HERNALDO JESUS LAGUNA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 224.792, contra la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliada en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa. (Folio 01 al 18).
En fecha 19 de Noviembre del año 2025, este Tribunal admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. (Folio 19).
En fecha 21 de Noviembre de 2025, comparece la demandada, STALIDA MARIA PINEDA LUCENA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliada en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa, debidamente asistida por la abogada HEYDI GODOY, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 90.229, y da contestación a la demanda. (Folio 10)

DE LA DEMANDA:

En el libelo de demanda, la demandante alegó los siguientes hechos:

(…OMISSIS…)

“…En fecha cinco (05) del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), celebre contrato privado de cesión y traspaso de todos los derechos con la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700 de este domicilio, sobre una vivienda unifamiliar pareada sobre ella construida, identificada con el N° 05, manzana “ C” del sector Morichal, ubicada en el denominado conjunto Residencial Prado del sol, situado en la hacienda Santa Sofía, jurisdicción del municipio Arare del estado portuguesa, los lindero, medidas y demás determinaciones del conjunto consta en documento de parcelamiento de los sectores Noreste; noreste sur y morichal adquirida a través de un crédito hipotecario según documento protocolizado ante la oficina de registro publico de los Municipio Araure, agua blanca y san Rafael de onoto del estado portuguesa, en fecha diecisiete (17) de octubre de 2007, bajo el N° 30, folios 240 al 299, tomo 4 del protocolo primero, y posteriormente liberada mediante documento inscrito bajo el N° 402.16.1.1.1171, correspondiente al libro de folio real del año 2009, la parcela de terreno tiene una superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados (180,00 M2), y la vivienda unifamiliar pareada sobre ella construida posee un área de construcción interna de cincuenta y cinco metros cuadrados (55,00 mts 2) y consta de la siguiente área y dependencia: sala- comedor, cocina, (03) habitaciones, un (01) baño; un (01) puesto de estacionamiento y área de jardinería y se encuentra dentro los siguientes linderos: NORTE: Parcela 20, en nueve metros (9,00 mts); SUR: Transversal 5 mts, en nueve metros (9,00 mts): ESTE: parcela 06, en veinte metros (20 mts); y OESTE: Parcela 04, en veinte metros (20,00 mts ) tal y como esta establecido en el contenido referido contrato, que consignó en este acto en ORIGINAL constante de un (01) folio, el cual señalo marcado con la letra “A” adjunto al presente escrito, y que describe íntegramente lo siguiente: ahora bien, la referida cesión no fur otorgada en forma autentica o protocolizada, es decir, que solo firmamos un documento privado, pero cuando le requerí que firmamos dicho contrato ante la oficina de registro inmobiliario correspondiente, a los fines d la transferencia de la propiedad, de acuerdo a los establecido en el artículo 1920, ordinal 1 del Código civil, la misma se negó manifestando que o tenia tiempo para eso, motivo el cual acudo ante su competente autoridad a fin de demandar al ciudadano: STALIDA MARIA PINEDA LUCENA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliado en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa, por motivo de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DEL DOCUMENTO, anteriormente descrito, el cual opongo a la demanda. por todos los motivos de hechos y derecho comparezco ante su competente autoridad, a fin de demandar, como efecto demando, a la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliado en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa, por motivo de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DEL DOCUMENTO que se consigno en este acto en original adjunto al presente escrito marcado con la letra “A” mediante el cual me cede y traspasa con todo los derechos obre una vivienda unifamiliar unifamiliar pareada sobre ella construida, identificada con el N° 05, manzana “ C” del sector Morichal, ubicada en el denominado conjunto Residencial Prado del sol, situado en la hacienda Santa Sofía, jurisdicción del municipio Arare del estado portuguesa, los lindero, medidas y demás determinaciones del conjunto consta en documento de parcelamiento de los sectores Noreste; noreste sur y morichal adquirida a través de un crédito hipotecario según documento protocolizado ante la oficina de registro publico de los municipio Araure, agua blanca y san Rafael de onoto del estado portuguesa, en fecha diecisiete (17) de octubre de 2007, bajo el N° 30, folios 240 al 299, tomo 4 del protocolo primero, y posteriormente liberada mediante documento inscrito bajo el N° 402.16.1.1.1171, correspondiente al libro de folio real del año 2009, la parcela de terreno tiene una superficie aproximada de ciento ochenta metros cuadrados (180,00 M2), y la vivienda unifamiliar pareada sobre ella construida posee un área de construcción interna de cincuenta y cinco metros cuadrados (55,00 mts 2) y consta de la siguiente área y dependencia: sala- comedor, cocina, (03) habitaciones, un (01) baño; un (01) puesto de estacionamiento y área de jardinería y se encuentra dentro los siguientes linderos: NORTE: Parcela 20, en nueve metros (9,00 mts); SUR: Transversal 5 mts, en nueve metros (9,00 mts): ESTE: parcela 06, en veinte metros (20 mts); y OESTE: Parcela 04, en veinte metros (20,00 mts) suficientemente descrito en autos y que cursa en original adjunto a presente libelo, marcado con la letra “A” como consecuencia del reconocimiento del documento privado, le solicito al tribunal que declare legalmente por reconocido dicho instrumento, y el otorgue el valor correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1363 del Código civil, asimismo, en la sentencia definitivamente firme me falque plenamente para realizar las solicitudes, gestiones y tramites administrativo con la finalidad de protocolizar la sentencia junto con el documento de compraventa objeto de esta demanda, a su vez actualización de certificado de empadronamiento ante la oficina de catastro de la Alcaldía de araure, estado portuguesa, cancelar los pagos referentes a impuesto sobre el inmueble Urbano, 8 derecho de frente), tramitar y consignar la documentación de genero y especie para obtener la autorización de protocolización del documento privado antes identificado y posterior sentencia objeto de esta demanda ante la sindicatura de la Alcaldía de araure del Estado portuguesa, solicito que la presente demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho. (Cursiva del Tribunal, negrillas del escrito).

DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA:

En esta oportunidad, la demandada de autos contestó la presente demanda, manifestando lo siguiente:

(…OMISSIS…)

“…En hora de despacho del día de hoy veintiuno (21) de Noviembre de 2025, comparece ante este tribunal la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, domiciliado en el Barrio la Municipalidad, avenida 25- D, casa N° 25, Acarigua Municipio Páez del Estado Portuguesa, asistido en este acto por la abogado HEYDI GODOY, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.90.229, a expone lo siguiente: me doy por citado en la presente causa y la vez convengo en todas y cada una de sus partes reconociendo expresadamente que el documento cuyo reconocimiento solicita el actor, fur firmado por mi y su contenido es cierto por lo tanto, solicito sea homologado el presente el convenimiento y se le otorgue le documento privado, reconocido judicialmente, renuncio a todos los lapso procesales. Es todo...”. (Cursiva del Tribunal).

II
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

El Código de Procedimiento Civil vigente de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que establece lo siguiente:
Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.

La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha orientado la Jurisprudencia Nacional al establecer que, si la escritura no está firmada, no hará por tanto fe contra nadie.
Lo documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aun cuando hayan sido. En primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso, si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado:
“1°. Cuando haya habido falsificación de firmas.
2°. Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin
Conocimiento de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya.
3°. Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante…”
La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento.
En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman:
“El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica).

Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe necesariamente ser analizada bajo la premisa dispuesta en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, cual es del tenor siguiente: “La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.
La citada disposición procesal se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal éste, que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente”…
En el caso que nos ocupa, se trata del reconocimiento de un documento privado, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes.
Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo (documento público), y hacen plena prueba, entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio solo entre las partes que los suscribieron.
Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente:
“Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución.
Para Pietro Castro, son las que las partes o terceros, conjunta o aisladamente, extienden sin intervención del funcionario público y las escrituras defectuosas por incompetencia del notario o por otra falta de forma, si están firmadas por los otorgantes.
Según Alsina, vienen a ser los producidos por las partes sin intervención de funcionarios públicos, pudiendo ser otorgados conjuntamente (contratos) o individualmente (correspondencia comercial o cartas misivas)
Siguiendo el pensamiento de la jurisprudencia nacional, con los documentos privados, pueden probarse todos los actos o contratos que, por disposición de la ley, no requieren ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades. Pero esta clase de instrumento no valen para nada por si mismos, mientras no son reconocidos por las partes a quien se oponen o sean tenidos legalmente reconocidos.
Cuando el documento público es defectuoso y no tiene fuerza de tal, ya sea por incompetencia del funcionario o por defecto de forma (artículo 1.358 del Código Civil), tendrá carácter de documento privado siempre que haya sido firmado por las partes.”

En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.

Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.

Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir, que en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que la parte actora pretende que el demandado reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor.
Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto.
El procesalista Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica en relación al desconocimiento del instrumento, expuso que:
“El desconocimiento es un medio de ataque dirigido a la prueba instrumental y no al negocio jurídico al cual se refiere dicha prueba, de suerte que si se impugna el negocio o contrato, no por ello debe darse por desconocida la firma del desconociente…Mutatis mutandi, si se reconoce el documento, tal reconocimiento se limita al aspecto formal, a la firma y al contenido escritural, a la validez del instrumento, mas no involucra la aceptación del negocio jurídico o contrato que constituye la fuente de prueba (cfr. Art. 1.367 C.C). De suerte que el reconocimiento no es incompatible con la excepción de nulidad o de cualquier otra índole que ataque la validez jurídica del negocio jurídico sustancial acreditado por medio de la prueba documental”

Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo que solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad.
En este orden, para que un documento privado se asemeje a un documento público, o haga plena fe de su contenido así entre las partes intervinientes en él como frente a terceros, existen dos formas de hacerlo, a saber: 1) mediante el reconocimiento previo o la autenticación, que no es más que la presentación del mismo por ante las notarías o registro, o 2) a través del reconocimiento judicial.
El legislador procesal, a parte del reconocimiento previo o auténtico, consagra otras maneras procedimentales de lograr tal autenticación:
El artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, está referido al procedimiento incidental que debe seguir la parte a quien se le oponga un documento privado para reconocerlo. Pero en juicio, ya existiendo contención por conflicto de intereses, por lo que no debe interpretarse que dicha norma es el fundamento legal para activar este órgano de justicia, con la pretensión que sea tramitado una petición de reconocimiento de contenido y firma, por la vía de la Jurisdicción Voluntaria.
Vemos que cuando se instaura una demanda por motivo de reconocimiento de instrumento privado, la pretensión del actor versa sobre dicho reconocimiento. De esta manera el objetivo que se propone es lograr el reconocimiento del instrumento privado, para que surta los mismos efectos de un documento público, como lo es la oponibilidad a terceros. Es por ello que la demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y se ventila por el procedimiento ordinario.
El documento queda reconocido en dos casos: 1) si el deudor comparece en el tiempo señalado en la boleta de citación y manifiesta expresamente el reconocimiento (tal como sucedió en el presente caso), y 2) que éste no comparezca en la oportunidad señalada.
Ahora, si la firma es negada, el promovente tiene la opción de incoar la acción mero declarativa autónoma a que se contrae el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil o intentar sin más la demanda que se funde en el instrumento privado y oponerlo para su reconocimiento.
Por otro lado, si se produce el reconocimiento expreso del documento privado de cesión y traspaso de todos los derechos sobre un bien inmueble, tal como ha sucedido en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento es el acto de declaración o confesión que hace la persona emplazada para ello a favor de otro, la obligación en referencia se encuentra contenida en un instrumento privado que se otorgó, y tiene por objeto hacer que dichos documentos tengan plena validez tanto entre la partes y sus sucesores como lo tendría un instrumento público.
En esa misma línea, se hace necesario establecer que el modo de auto composición procesal constituye un acto con fuerza de cosa juzgada, irrevocable por las partes aún antes de su homologación por parte del Tribunal, y está contemplado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:
“En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal.”

Igualmente, es necesario citar lo establecido en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“… Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones…”

Además de lo anterior el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente:
“Si el demandado conviniere en todo cuanto se le exija en la demanda, quedará ésta terminada y se procederá como en cosa juzgada, previa la homologación del convenimiento por el Tribunal.”

Por todo lo antes expuesto, y circunscribiéndonos al presente caso, este Juzgado observa que una vez admitida esta demanda, compareció la parte demandada, asistida de abogado, y manifestó que reconocía el contenido y firma del instrumento privado de cesión y traspaso de todos los derechos sobre un bien inmueble como documento fundamental de la acción que aparece en original marcado con la letra “A” en el expediente, el cual riela al folio (05 frente y vuelto).
Pues al existir el reconocimiento expreso y manifiesto de la parte contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido y firma del documento privado de venta a que se contrae esta demanda, y al renunciar al lapso de ley que le corresponde, representan motivo suficiente por el cual este juzgador de conformidad con lo preceptuado en los artículos 263 y 363 del Código de Procedimiento Civil, y a los fines de evitar dilaciones indebidas y siendo que el proceso representa un instrumento fundamental para la realización de la justicia conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consideración al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relativo a la celeridad Procesal, actuando de manera equitativa en cumplimiento de los fines de la justicia considera PROCEDENTE EL CONVENIMIENTO a la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DEL DOCUMENTO PRIVADO presentado como documento fundamental de la acción que cursa en original al folio (05 frente y vuelto) del presente expediente, que fue consignado marcado “A”, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre la ciudadana SUGEY DIOSRIBETH QUERALES PINEDA por una parte, y por la otra, la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniendo el mismo fuerza de cosa juzgada; Por tal razón, este Operador de Justicia le IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO EN ESTA DEMANDA, realizado por la parte demandada en fecha 21 de Noviembre del 2025, que riela al folio (20) de esta causa, y ASÍ SE DECIDE.

III
DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO EN ESTA DEMANDA, realizado por la parte demandada, ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.609.700, en fecha 21 de noviembre del 2025, que riela al folio (20) de esta causa, asistida por la abogada HEYDI GODOY, inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 90.229, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la referida homologación, queda legalmente reconocido en su contenido y firma el instrumento privado a que se contrae la presente demanda, presentado como documento fundamental de la acción que cursa en original al folio (05 frente y vuelto) del presente expediente, que fue consignado marcado “A”, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre la ciudadana SUGEY DIOSRIBETH QUERALES PINEDA, por una parte, y por la otra, la ciudadana STALIDA MARIA PINEDA LUCENA , todo ello de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, TENIENDO EL MISMO FUERZA DE COSA JUZGADA.
SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, QUEDA TERMINADA LA PRESENTE DEMANDA.
TERCERO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo.
CUARTO: SE FACULTA SUFICIENTEMENTE A LA DEMANDANTE DE AUTOS, ciudadana SUGEY DIOSRIBETH QUERALES PINEDA, titular de la cédula de identidad No. V-12.265.512, para que efectúe las solicitudes, gestiones y trámites administrativos con la finalidad de protocolizar el presente fallo, junto con el documento reconocido que riela del folio (5 frente y vuelto) de esta causa. También está facultada para tramitar la actualización del certificado de empadronamiento ante la OFICINA DE CATASTRO DE LA ALCALDÍA DE ARAURE, ESTADO PORTUGUESA, cancelar los pagos referentes a impuesto sobre el inmueble Urbano (derecho de frente), tramitar y consignar la documentación de género y especie para obtener la autorización de protocolización del documento privado antes identificado, y posterior sentencia objeto de esta demanda ante la SINDICATURA DE LA ALCALDÍA DE ARAURE DEL ESTADO PORTUGUESA.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Acarigua, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
JUEZ,

MAURO JOSÉ GÓMEZ FONSECA
SECRETARIA,

MILESTE YANIWET MONSALVE GARCIA

En la misma fecha se dictó y publicó siendo las (03:28 p.m.). Conste;

SECRETARIA,

MJGF/Alex.
Expediente C-2025-002183.