TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA

Nº_51__
Causa N°: 8889-25
Jueza Ponente: Doctora ANAREXY CAMEJO GONZÁLEZ.
Recurrentes: Abogados YORMAN FLORES ESTEPA y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad.
Imputado: JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V- 19.040.672.
Defensor Privado: Abogado ANDRY JOSÉ CORDERO CEGARRA.
Víctima: MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO.
Delitos: ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77, numerales 6 y 7 del Código Penal, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem.
Procedencia: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 4, del Circuito Judicial Penal, extensión Acarigua.
Motivo: Apelación de auto.

Corresponde a esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, resolver el recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 23 de enero de 2025, por los Abogados YORMAN FLORES ESTEPA Y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, en su condición de Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad respectivamente, en contra la decisión publicada en fecha 17 de enero de 2025, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en la causa penal Nº OM-2024-001643, a cargo de la Jueza Abogada VIANNEYS MATUTE, mediante la cual NIEGA la solicitud de medida precautelativa de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas sobre bienes del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V- 19.040.672, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77, numerales 6 y 7 del Código Penal, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio del ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO.
En fecha 26 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación.
Habiéndose realizado los actos procedimentales correspondientes, esta Corte de Apelaciones, dicta la siguiente decisión:

I
DEL RECURSO DE APELACIÓN

Los recurrentes Abogados YORMAN FLORES ESTEPA y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, en su condición de Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad respectivamente, en su escrito de interposición y fundamentación del recurso de apelación, alegaron lo siguiente:

“…omissis…
V
CAPÍTULO
FUNDAMENTO DEL RECURSO.
Ciudadanos Miembros de la Corte, como es sabido, los recursos judiciales deben entenderse como aquel mecanismo que ofrece el ordenamiento jurídico positivo en la cual: hallan en la esfera de los derechos subjetivos y constituyen una garantía directa de los derechos constitucionales ejercidos en el marco de un proceso jurisdiccional.
Ahora bien, por ser un mecanismo integrado en nuestro sistema constitucional formando parte del derecho a la tutela judicial efectiva así como del debido proceso o proceso justo (artículo 26 y 49 constitucional) del cual se conoce como el doble grado de jurisdicción doble instancia o derecho recursivo recaída en una decisión conformada por una parte narrativa motiva y dispositiva, y siendo que la parte motiva constituirá el génesis de la intención recursiva la Representación Fiscal, demostrará que el jurisdicente incurrió en errores in iudicando.
Por ende los errores iudicando, que se denunciarán son: i) Infracción en la motivación di la sentencia definitiva, relacionada a las reglas de apreciación de las pruebas sobre la valoración de la sana crítica y ii) Quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que cause indefensión, iii) Violación de la ley por errónea aplicación de la norma jurídicíca en la motivación de la sentencia definitiva.
PRIMERA DENUNCIA
Falta de motivación de la recurrida conforme lo establece el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, en el decreto de sobreseimiento 439.1.
Es el caso ciudadanos Jueces de esa Honorable Corte de Apelaciones que han de conocer del presente recurso que, la Representación Fiscal observa que la juez incurrió en el vicio de inmotivación puesto que del escueto fundamento por parte de la misma señaló lo siguientre “DE LAS CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR MOTIVACIÓN ”,
señalando lo siguiente:
"....Observando este tribunal la solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE ENAJENAR GRAVAR E INMOVILIZACION DE CUENTAS, considera quien decide lo siguiente:
Articulo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia del derecho que se reclama.
Articulo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1o El embargo de bienes muebles;
2o El secuestro de bienes determinados;
3o La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Es importante observar que el actual artículo 122 de la adjetiva penal, impone la obligación a los jueces de garantizar los derechos de la víctima, y este artículo no solo hace referencia a los derechos dentro del intro-procesal penal, sino a la relación intrínseca de la víctima con sus derechos civiles como persona en relación al bien jurídicamente protegido en los delitos imputados; En este sentido, las medidas reales de coerción o medidas asegurativas reales como lo es en el proceso penal venezolano, han de recaer sobre el objeto material del delito, sobre los bienes e intereses del o los Imputados y/o sobre derechos e intereses de tercero vinculados por la investigación, por lo tanto UNA PROVIDENCIA CAUTELAR, a diferencia de las medidas de coerción personal, recaen sobre intereses patrimoniales con la finalidad de asegurar la correcta y eficaz ejecución de la sentencia que en definitiva resuelva el conflicto sometido a la apreciación jurisdiccional, garantizando la posterior restitución de la cosa a la víctima por derecho legítimo de propiedad y la garantía de la reparación del daño causado. En este sentido, está medida al ser decretada con lugar, no afecta a los involucrados, por el contrario la limitación incide sobre la libertad de disposición de un determinado bien, sea mueble o inmueble; la restricción gravita sobre el patrimonio, pero no afecta la posesión, ni el uso del bien afectado por la medida, máxime, cuando el caso de marras, es por delito de carácter patrimonial, por lo que una de las finalidad es restablecer el "Status Quo" sobre la cosa, en relación al derecho de propiedad de la víctima, en la determinación de la responsabilidad penal de los imputados y la subsiguiente nulidad de los actos celebrados por estos, cómo principio de legalidad, garantizando la reparación del daño causado.
En este orden de ideas, es importante observar como material de apoyo, lo escrito por el doctrinario Iván Noguera Ramos, en su obra titulada "El Juez Penal. Aportes Procesales, página 235, advierte lo siguiente: "Es probable que durante el desarrollo del proceso penal se puedan presentar situaciones o circunstancias que coloquen en cierto riesgo la ejecución de la sentencia consentida o firme y ejecutoriada, por ejemplo, existe el peligro de que los bienes afectados al proceso penal puedan desaparecer, o que elementos importantes para la probanza puedan ser hurtados, así también puede ocurrir que el procesado se desprenda de su delito; porque no nos olvidemos que la sentencia condenatoria va acompañada de la reparación civil.
La coerción real puede definirse como una limitación de los derechos de carácter patrimonial del procesado mediante medidas de coerción que recaen sobre los aspectos probatorios diferentes de las personas, o también sobre los bienes del imputado o de un tercero civilmente responsable, para asegurar la reparación civil o las responsabilidades pecuniarias ante una posible sentencia condenatoria"
En este sentido, está juzgadora afirma en consecuencia, que las medidas de aseguramiento reales, limitan la capacidad negociaI, imposibilitando la libre disposición de determinados bienes con el único propósito de garantizar la responsabilidad civil del sentenciado penalmente, pero no limita la posesión y uso del bien.
Las medidas asegurativas cautelares en el proceso penal básicamente responden al inventario previsto en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, valga citar lo contenido en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal:
"Artículo 518. Remisión. Las disposiciones del Código de procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal."
En virtud de ello afirmamos que de acuerdo a los esquemas previstos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, existe una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone:
"Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Así mismo, señala el artículo 588 Primer Aparte, lo siguiente:
"Articulo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado tenor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
La anterior disposición legal precisa los requisitos de procedencia de toda providencia de naturaleza cautelar, en todo caso, en análisis de este último destacamos que el Código de Procedimiento Civil, influenciado por los sistemas mixtos, consagra una serie de medidas perfectamente determinadas (numerus clausus) y de igual manera faculta a la autoridad judicial a decretar cualquier otra providencia que sea considerada necesaria o adecuada dependiendo de aquello que considere adecuado para garantizar las resultas del proceso, (medidas innominadas numerus apertus). Afirmamos en correspondencia que la autoridad judicial competente podrá decretar la aplicación de medidas nominadas, en el caso específico.
En palabras del reputado procesalita MÁRQUEZ AÑEZ, esta medida se solicita con el objetivo de mantener o conservar el "estatus quo" existente para el momento de la demanda, (en este supuesto la situación patrimonial que resulta del perjuicio causado por la comisión del hecho punible que afecto l( intereses de la República) para garantizar patrimonialmente una eventual ejecución cuando la medida tenga razonable justificación, estableciéndose a los mecanismos tendientes a que las decisiones de los Tribunales no queden en el campo práctico, completamente desprotegidas, asegurándose eficacia de la sentencia.
En este sentido, toda medida de naturaleza cautelar, tiene por objeto garantizar las resultas del proceso, toda vez que como fuera previamente señalado el transcurso del tiempo podría devenir en un perjuicio irreparable tanto para la justicia como para las partes materiales en toda investigación por ello, la protección cautelar se erige en un imperativo dentro del Sistema de Justicia, que en materia penal debe abarcar todos y cada uno de los aspectos tutelados por el proceso, así no solamente el resguardo de los elementos que configuren el sustento fáctico del proceso, sino también la RESPONSABILIDAD CIVIL DEL IMPUTADO EXIGIBLE COMO CONSECUENCIA DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE, y por ello desprendemos que la totalidad de las medidas cautelares comparten como una característica esencial y común una clara limitación en la esfera de los derechos, bienes personales, patrimoniales del imputado o de tercero involucrados en la investigación penal.
Ahora bien; se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos (fumus bonis iuris) y que existe el riesgo manifiesto que los bienes que afecten de forma directa e irreparable, tornándose en lesión permanente cuando culmine el proceso en definitiva a fin de evitar la demostración de la comisión de los hechos punibles como el posible resarcimiento (periculum in mora), toda vez que el Ministerio Público al tener conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que se practiquen las diligencias de investigación necesarias tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del hecho, incluyendo el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito; tal situación no ha ocurrido en el presente asunto, siendo que dicha investigación no ha sido judicializada, aún y cuando el Misterio Público en fecha 16/08/2024, realizo en sede fiscal formal acto de imputación en contra del ciudadano JUAN CARLOS la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del código Penal, observando esta juzgadora que desde el 16/08/2024, fecha en la que se realizó el formal acto de imputación en sede fiscal, hasta el día de hoy 17/01/2025, han transcurrido cinco meses sin que dicho acto haya sido judicializado o que pueda determinarse si el representante fiscal concluyo o no con la investigación, tal como lo establece el artículo 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal,
En este orden de ideas corresponde a este Tribunal, estimar la procedencia o no de acordar las medidas Precautelativas previstas en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que hace necesario evaluar:
La comprobación de la violación, dolosa o culposa, de una norma adjetiva penal, elemento necesario para demostrar la responsabilidad penal de un presunto delito, atendiendo al daño efectivo producido a otros.
Demostrar la responsabilidad penal, cuya característica es que son de peligro contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, que exista una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone: "Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, ya que tan sólo al existir el riesgo de ser afectados el bien jurídico protegido se acredita la comisión del mismo, ello obliga al Tribunal que conozca de la causa, es decir estando judicializado, cosa que no ha ocurrido en el caso de marras para que unas de sus primeras decisiones deba ser dictar una medida precautelar para prevenir la materialización o continuidad del daño.
Conforme lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, han de orientarnos respecto a la imposición de medidas precautelares, para que pueda ser procedente alguna medida de aseguramiento cautelar, la doctrina ha sido reiterada en señalar que es necesario que se acrediten en autos los extremos que positivamente resultan imprescindibles: fumus bonis iuris, periculum in mora y el Periculum in damni. El fumus bonis iuris, es uno de los requisitos que se deben cumplir para que sea procedente una providencia cautelar y no es otra cosa que la indagación que hace el órgano, judicial sobre la posibilidad cualificada, sobre la apariencia cierta, de que ( derecho involucrado por el solicitante de la medida cautelar en la realidad exista y que, en consecuencia, será efectivamente reconocido mediante I sentencia definitiva, un cúmulo de elementos que la doctrina también coincidido en llamar "la apariencia del buen derecho". En conocimiento de la. medidas y acciones protectivas es fundamental evaluar todas las condicione a los fines de decretar un pronunciamiento ajustado a la ley y con el fin á cesar los daños o los peligros que pudieran causarse.
En tal sentido las medidas antes señaladas para proceder acordarlas el titular de la acción penal, debe demostrar ante este juzgado la necesidad de imponer las referidas medidas asegurativas, verificándose los supuestos legales exigidos para su procedencia.
Como argumento de autoridad, respecto a la procedencia de las medidas, hemos de asumir que las medidas cautelares son instrumentos tendientes, precisamente a impedir, como ya se ha esgrimido, que el transcurso del proceso atente contra quien entiende justificada su pretensión y que supone la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo se sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal, al haber disminuido o desaparecido los bienes sobre los cuales hubiera podido hacerse efectiva la ejecución.
En la presente causa no ha existido la judicialización (Término del lapso de investigación o presentación del acto conclusivo que de origen al término de la investigación) en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.040.672, en donde haya quedado claro el término de la investigación y la judicialización del presente asunto.
Lo anterior supone que esa decisión cautelar al ser solicitada debe acreditarse los principios propios de toda medida cautelar que son:
INSTRUMENTALIDAD. Las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, se establecen dentro de un proceso y, en concreto atienden a la ejecución de sentencia que ha de dictarse.
PROVISIONALIDAD. Cualidad provisoria que se otorga a las medidas cautelares, consiste en la duración limitada de éstas, comprendida entre el momento en que se acuerda y el momento eñ que se produce la sentencia definitiva que pone fin al juicio y extingue los efectos de la providencia cautelar.
REGLA REBUS SIC STAMTIBUS (VARIABILIDAD) Las medidas cautelares quedan sometidas a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición. En virtud de ello se ha mantenido que la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron.
De allí que el Ministerio Público, no funda su escrito de medida preventiva de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas, en ninguno de esos principios, ya que no queda clara si dicha investigación ha concluido, es decir el Ministerio Público pretende con unas alegaciones de fondo no judicializadas, que este Tribunal acuerda tal pretensión bienes muebles e inmuebles adrede, con la finalidad de aparecer como insolvente y de esa manera evadir su responsabilidad económica, con la finalidad de no asumir las consecuencias económicas de su delito; porque no nos olvidemos que la sentencia condenatoria va acompañada de la reparación civil.
La coerción real puede definirse como una limitación de los derechos de carácter patrimonial del procesado mediante medidas de coerción que recaen sobre los aspectos probatorios diferentes de las personas, o también sobre los bienes del imputado o de un tercero civilmente responsable, para asegurar la reparación civil o las responsabilidades pecuniarias ante una posible sentencia condenatoria"
En este sentido, está juzgadora afirma en consecuencia, que las medidas de aseguramiento reales, limitan la capacidad negocia, imposibilitando la libre disposición de determinados bienes con el único propósito de garantizar la responsabilidad civil del sentenciado penalmente, pero no limita la posesión y uso del bien.
Las medidas asegurativas cautelares en el proceso penal básicamente responden al inventario previsto en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, valga citar lo contenido en el articulo 518 del Código Orgánico Procesal Penal:
"Articulo 518. Remisión. Las disposiciones del Código de procedimiento civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal."
En virtud de ello afirmamos que de acuerdo a los esquemas previstos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, existe una remisión expresa a Ia normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone:
"Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Así mismo, señala el artículo 588 Primer Aparte, lo siguiente:
"Articulo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado tenor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución& de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
La anterior disposición legal precisa los requisitos de procedencia de todo providencia de naturaleza cautelar, en todo caso, en análisis de este último destacamos que el Código de Procedimiento Civil, influenciado por los sistemas mixtos, consagra una serie de medidas perfectamente determinadas (numerus el a u sus) y de igual manera faculta a la autoridad judicial a decretar cualquier otra providencia que sea considerada necesaria o adecuada dependiendo de aquello que considere adecuado para garantizar las resultas del proceso, (medidas innominadas numerus apertus). Afirmamos en correspondencia que la autoridad judicial competente podrá decretar la aplicación de medidas nominadas, en el caso específico.
En palabras del reputado procesalita MARQUEZ AÑEZ, esta medida se solicita con el objetivo de mantener o conservar el "estatus quo" existente para el momento de la demanda, (en este supuesto la situación patrimonial que resulta del perjuicio causado por la comisión del hecho punible que afecto los intereses de la República) para garantizar patrimonialmente una eventual ejecución cuando la medida tenga razonable justificación, estableciéndose asi los mecanismos tendientes a que las decisiones de los Tribunales no queden, en el campo práctico, completamente desprotegidas, asegurándose la eficacia de la sentencia.
En este sentido, toda medida de naturaleza cautelar, tiene por objeto garantizar las resultas del proceso, toda vez que como fuera previamente señalado el transcurso del tiempo podría devenir en un perjuicio irreparable, tanto para la justicia como para las partes materiales en toda investigación, por ello, la protección cautelar se erige en un imperativo dentro del Sistema de Justicia, que en materia penal debe abarcar todos y cada uno de los aspectos tutelados por el proceso, así no solamente el resguardo de los elementos que configuren el sustento fáctico del proceso, sino también la RESPONSABILIDAD CIVIL DEL IMPUTADO EXIGIBLE COMO CONSECUENCIA DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE, y por ello desprendemos que la totalidad de las medidas cautelares comparten como una característica esencial y común una clara limitación en la esfera de los derechos, bienes personales, patrimoniales del imputado o de tercero involucrados en la investigación penal.
Ahora bien; se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos (fumus bonis iuris) y que existe el riesgo manifiesto que los bienes que afecten de forma directa e irreparable, tornándose en lesión permanente cuando culmine el proceso en definitiva a fin de evitar la demostración de I comisión de los hechos punibles como el posible resarcimiento (periculum ¡ mora), toda vez que el Ministerio Público al tener conocimiento de L perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que sPv practiquen las diligencias de investigación necesarias tendientes ¡ determinar la responsabilidad penal de los autores del hecho, incluyendo i aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito; tal situación no ha ocurrido en el presente asunto, siendo que dicha investigación no ha sido judicializada, aún y cuando el Misterio Público en fecha 16/08/2024, realizo en sede fiscal formal acto de imputación en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del código Penal, observando esta juzgadora que desde el 16/08/2024, fecha en la que se realizo el formal acto de imputación en sede fiscal, hasta el día de hoy 17/01/2025, han transcurrido cinco meses sin que dicho acto haya sido judicializado o que pueda determinarse si el representante fiscal concluyo o no con la investigación, tal como lo establece el artículo 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal,
En este orden de ideas corresponde a este Tribunal, estimar la procedencia o no de acordar las medidas Precautelativas previstas en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que hace necesario evaluar:
La comprobación de la violación, dolosa o culposa, de una norma adjetiva penal, elemento necesario para demostrar la responsabilidad penal de un presunto delito, atendiendo al daño efectivo producido a otros.
Demostrar la responsabilidad penal, cuya característica es que son de peligro contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, que exista una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone: "Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, ya que tan sólo al existir el riesgo de ser afectados el bien jurídico protegido se acredita la comisión del mismo, ello obliga al Tribunal que conozca de la causa, es decir estando judicializado, cosa que no ha ocurrido en el caso de marras para que unas de sus primeras decisiones deba ser dictar una medida precautelar para prevenir la materialización o continuidad del daño.
Conforme lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, han de orientarnos respecto a la imposición de medidas precautelares, para que pueda ser procedente alguna medida de aseguramiento cautelar, la doctrina ha sido reiterada en señalar que es necesario que se acrediten en autos los extremos que positivamente resultan imprescindibles: fumus bonis iuris, periculum in mora y el Periculum in damni. El fumus bonis iuris, es uno de los requisitos que se deben cumplir para que sea procedente una providencia cautelar y no es otra cosa que la indagación que hace el órgano judicial sobre la posibilidad cualificada, sobre la apariencia cierta, de que el derecho involucrado por el solicitante de la medida cautelar en la realidad exista y que, en consecuencia, será efectivamente reconocido mediante la sentencia definitiva, un cúmulo de elementos que la doctrina también a coincidido en llamar "la apariencia del buen derecho". En conocimiento de las medidas y acciones protectivas es fundamental evaluar todas las condiciones a los fines de decretar un pronunciamiento ajustado a ¡a ley y con el fin de cesar los daños o los peligros que pudieran causarse.
En tal sentido las medidas antes señaladas para procedera acordarlas el titular de la acción penal, debe demostrar ante este juzgado la necesidad de imponer las referidas medidas asegurativas, verificándose los supuestos legales exigidos para su procedencia.
Como argumento de autoridad, respecto a la procedencia de las medidas, hemos de asumir que las medidas cautelares son instrumentos tendientes, precisamente a impedir, como ya se ha esgrimido, que el transcurso del proceso atente contra quien entiende justificada su pretensión y que supone la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo se sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal, al haber disminuido o desaparecido los bienes sobre los cuales hubiera podido hacerse efectiva la ejecución.
En la presente causa no ha existido la judicialización (Término del lapso de investigación o presentación del acto conclusivo que de origen al término de la investigación) en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.040.672, en donde haya quedad claro el término de la investigación y la judicialización del presente asunto.
Lo anterior supone que esa decisión cautelar al ser solicitada des¬acreditarse los principios propios de toda medida cautelar que son:
INSTRUMENTALIDAD. Las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, si establecen dentro de un proceso y, en concreto atienden a la ejecución di sentencia que ha de dictarse.
PROVISIONAUDAD. Cualidad provisoria que se otorga a las medida1, cautelares, consiste en la duración limitada de éstas, comprendida entre e momento en que se acuerda y el momento en que se produce la sentenció definitiva que pone fin al juicio y extingue los efectos de la providenció cautelar.
REGLA REBUS SIC STAMTIBUS (VARIABILIDAD) Las medidas cautelares quedan sometidas a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición. En virtud de ello se ha mantenido que la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron.
De allí que el Ministerio Público, no funda su escrito de medida preventiva de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas, en ninguno de esos principios, ya que no queda clara si dicha investigación ha concluido, es decir el Ministerio Público pretende con unas alegaciones de fondo no judicializadas, que este Tribunal acuerda tal pretensión...".
Ahora bien ciudadanos magistrados de la Corte de Apelaciones que han de conocer el presente recurso, en el caso que hoy nos ocupa la recurrida se puede verificar un párrafo anteriormente transcritos que la recurrida dejo plasmado lo siguiente: “...En la presente causa no ha existido la judicialización (Término del lapso de investigación o presentación del acto conclusivo que de origen al término de la investigación) en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.040.672, en donde haya quedado claro el término de la investigación y la judicialización del presente asunto...“...
No obstante a ello, señala en otra parte de su fundamentación que- “....Ahora bien; se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos (fumus bonis iuris) y que existe el riesgo manifiesto que los bienes que afecten de forma directa e irreparable, tornándose en lesión permanente cuando culmine el proceso en definitiva a fin de evitar la demostración de la comisión de los hechos punibles como el posible resarcimiento (periculum in mora), toda vez que el Ministerio Público al tener conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que se practiquen las diligencias de investigación necesarias tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del hecho, incluyendo el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito; tal situación no ha ocurrido en el presente asunto, siendo que dicha investigación no ha sido judicializada, aún y cuando el Misterio Público en fecha 16/08/2024, realizo en sede fiscal formal acto de imputación en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del código Penal, observando esta juzgadora que desde el 16/08/2024, fecha en la que se realizo el formal acto de imputación en sede fiscal, hasta el día de hoy 17/01/2025, han transcurrido cinco meses sin que dicho acto haya sido judicializado o que pueda determinarse si el representante fiscal concluyo o no con la investigación, tal como lo establece el artículo 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal
De lo anterior se evidencia que, la recurrida es contradictoria, por cuanto señala que el Ministerio Público presento elementos de convicción que conllevan a la necedidad de decretar medidas preventivas de enajenar y gravas; no obstante por otra parte señala que en el presenta caso el no ha existido judicialización aun y cuando el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, fue imputado el 16/08/2024, en sede Fiscal, lo que hace surgir la interrogante en relación a lo que considera el a quo Judicialización, y se pregunta este recurrente, no es un acto de judicialización y prevención la solicitud realizada por quienes suscriben ante el órgano jurisdiccional que emitió el fallo impugnado?, a los fines de garantizar el debido proceso establecido en el artículo 49 Constitucional?, la Juez de la recurrida no se considera que la solicitud de medidas en contra del investigado no es un acto de judicialización?, no es acaso ella la Juez natural competente para pronunciarse en relación a las medidas solicitadas?, es preocupante para el debido proceso lo que, manifiesta la recurrida al señalar que la causa no se encuentra judicializada, si bien es cierto el referido investigado fue imputado en sede del Ministerio Público, no es menos cierto que en aras de garantizar las resultas del proceso el Titular del Ejercicio de la Acción Penal puede solicitar medidas, tanto personales como reales como es el caso que hoy nos ocupa.
En este sentido ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones que han de conocer presente recurso, es de señalar que de igual manera se solicitaron medidas de carácter personal como los fueron las contenidas en el artículo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como se puede observar a continuación:
"...Quienes suscriben, abogados YORMAN FLORES ESTEPA, Fiscal Octavo (°08) Nación con Competencia Plena, FELIX ALBERTO SANGRONIS y ROSA DEL CARMEN ARANGURí GALLARDO actuando en este acto en carácter de Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar Interina la Fiscalía Tercera del Segundo Circuito del estado Portuguesa con Competencia en Delita Graves Contra la Propiedad y Competencia Plana de conformidad con las atribuciones que m confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 285 ordinal 4 así como también las conferidas en el artículo 37 numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículo 111 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo uso de las atribuciones que nos confiere de conformidad con lo establecido en los artículos 285 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 16 numeral 6 y artículo 37 numeral 15, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 111 numeral 7, artículo 300 numeral 1 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal, ante su competente autoridad ocurro con la finalidad de solicitar MEDIDAS CAUTELARES, contenida en el artículo 242 numeral 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal y de carácter reales de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 518 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 585 y 588 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, Sobre el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, así como los bienes muebles e inmueble de él mismos, en los términos que a continuación se señalan:
(…)
CAPÍTULO III-
CONDICIONES O PRESUPUESTO PARA LA PROCEDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
De acuerdo a lo señalado por la doctrina y lo que prevé la Ley Adjetiva penal, exige la concurrencia de determinadas condiciones o presupuestos que se encuentran con la referencia al fumus boni iuris, y al periculum in mora
Ese poder cautelar que cobra fuerza en el proceso penal se traduce en un catálogo extenso de medidas asegurativas (cautelares y probatorias) que pueden recaer-dependiendo de cada caso en particular - sobre el imputado y/o, contemporáneamente, sobre objetos o cosas que guarden relación con la comisión del hecho delictivo.
Las medidas asegurativas cautelares podemos escindirlas en: (i) Medidas de Coerción Personal: como por ejemplo, las Medidas Cautelares Sustitutivas (artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal) y la Privación Judicial de Libertad (artículo 236 ejusdem); y, (ii) Medidas de Coerción Reales: como por ejemplo, el embargo, el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar, y las medidas cautelares innominadas (artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil).
Las medidas cautelares comparten una característica esencial: en todos los casos suponen una limitación de los derechos personales y patrimoniales del imputado. Consecuencialmente, trátese de medidas asegurativas cautelares personales o reales, sus efectos colegirán necesariamente una restricción en la esfera de los derechos del imputado.
Estas condiciones o presupuestos, fueron elaborados y desarrollados ampliamente en el ámbito procesal civil, se quiere aludir a la apariencia o presunción de fundadas razones que evidencian la existencia de un derecho que deberá ser reconocido en la decisión definitiva y a la constatación de una real posibilidad de perjuicio jurídico por el retardo inherente al procedimiento, lo que justifica que de alguna manera se anticipen los efectos de la resolución que se producirán.
Antes de suscribir cualquier petición o requerimiento sustancial con respecto al objeto del presente escrito, conviene detenernos en algunas consideraciones dogmáticas que inspiran el régimen de la protección cautelar en el proceso penal venezolano.
Como bien es sabido, todo proceso persigue un fin mediato: la obtención de una resolución judicial. No obstante, el proceso se identifica con un conjunto de actos y formalidades que corrientemente tienden a dilatarse en el tiempo. Precisamente por ello, el legislador ha diseñado diferentes mecanismos cautelares cuyo propósito es garantizar la vigencia de las piezas de convencimiento en las que pueda fundarse una decisión verdaderamente justa; y no sólo eso, dispuso, asimismo, de elementos necesarios para que dicha resolución no quede ilusoria, irrealizable e intangible para las partes materiales y procesales del juicio. En resguardo de lo anterior, adelantaremos algunas consideraciones dogmáticas con respecto a la "potestad cautelar" en el proceso penal.
Los mecanismos cautelares tienen como objeto preservar las condiciones objetivas en que se produjeron los hechos y, por supuesto, garantizar que el transcurso del tiempo no devenga en un perjuicio irreparable para la justicia y para las partes materiales del delito. En ese contexto, las medidas cautelares penales buscan asegurar la celebración del juicio, garantizar la protección de la víctima y procurar que los culpables reparen los daños causados por el delito. Por ello, es perfectamente factible hablar de un enfoque multifuncional de las providencias cautelares: por una parte, lograr la correcta celebración del juicio y garantizar la integridad de los medios probatorios y la presencia del imputado; y, por otra, coadyuvar con la correcta ejecución de la sentencia, procurando la reparación de los daños ocasionados.
Ese poder cautelar que cobra fuerza en el proceso penal se traduce en un catálogo extenso de medidas asegurativas (cautelares y probatorias) que pueden recaer -dependiendo de cada caso en particular- sobre el imputado y/o, contemporáneamente, sobre objetos o cosas que guarden relación con la comisión del hecho delictivo.
Las medidas asegurativas cautelares podemos escindirlas en: (i) Medidas de Coerción Personal: como por ejemplo, las medidas cautelares sustitutivas (artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal) y la privación judicial de libertad (artículo 236 ejusdem); y, (ii) Medidas de Coerción Reales: como por ejemplo, el embargo, el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar, y las medidas cautelares innominadas (artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil).
Las medidas cautelares comparten una característica esencial: en todos los casos suponen una limitación de los derechos personales y patrimoniales del imputado. Consecuencialmente, trátese de medidas asegurativas cautelares personales o reales, sus efectos colegirán necesariamente una restricción en la esfera de los derechos del imputado.
A diferencia de las medidas de coerción personal, las reales recaen sobre el patrimonio i imputado o de un tercero. En estos casos, la limitación incide sobre la libertad de disposición t un determinado bien, sea mueble o inmueble, y, por tanto, la restricción gravita sobre patrimonio. En ese contexto, Aragüena Fanego, de modo genérico, define las medidas i coerción real “como aquellas medidas procesales que, recayendo de modo exclusivo sobrefe. patrimonio del legalmente obligado a su prestación, están específicamente orientadas aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias derivadas del hecho punible por el que i procede a declarar en su día la sentencia’’1.
Las medidas asegurativas cautelares en el proceso penal básicamente responden al inventan previsto en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, el artículo 518 del Códig Orgánico Procesal Penal, reza textualmente:
“Artículo 518. Las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, relativas a la aplicación d las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmueble serán aplicables en materia procesal penal.
Las decisiones que se dicten con ocasión de las medidas preventivas relacionadas con e aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán impugnables únicamente por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código".
Así pues, la norma transcrita nos obliga a remitirnos al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y da derecho que se reclama".
Adicionalmente, el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil tipifica el catálogo de medidas cautelares admisibles en nuestro ordenamiento jurídico, el cual responde a un régimen mixto pues la protección cautelar no se circunscribe a un numerus clausus de mecanismos asegurativos, sino que faculta a la autoridad judicial a decretar cualesquiera otras providencias que considere adecuadas para garantizar las resultas del proceso (entiéndase: medidas cautelares innominadas). La norma invocada advierte que la autoridad judicial competente podrá decretar “el embargo de bienes muebles, el secuestro de bienes determinados y la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles"; y asimismo apunta que el “Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra"2.
Por otra parte, los cuatro aspectos neurológicos que definen todo mecanismo de protección cautelar son: (i) la instrumentalidad, pues las medidas cautelares no constituyen un fin en sí mismas sino que ellas tienden a garantizar la eficacia de una resolución judicial ulterior; (ii) la provisionalidad, pues las consecuencias derivadas de la protección cautelar deducen una duración finita y subordinadas a las resultas de una decisión judicial; (iii) la jurisdiccionalidad, pues en materia de medidas cautelares reales, el principio general es que éstas deben ser acordadas por una autoridad judicial; y, (iv) la oficialidad, pues el acuerdo de las medidas cautelares y de coerción personal siempre dependerá de la comisión previa un hecho punible.
Asimismo, la procedencia de cualquier medida de aseguramiento cautelar depende de que se acredite la concurrencia de dos extremos imprescindibles: el fumus boni iuris y el periculum in mora.
a) Fumus Boni Iuris:
El fumus boni iuris constituye el primer requisito que debe verificar el juez al enfrentarse a la obligación de dictar una providencia cautelar. Se trata de la indagación que hace el órgano judicial sobre la posibilidad cualificada, sobre la apariencia cierta, de que el derecho involucrado por el solicitante de la medida cautelar en realidad exista.
Así pues, el fumus boni iuris es producto de un juicio breve y sumario hecho por el juez y que hace a éste presumir sobre las probabilidades de triunfo de quien solicita la providencia cautelar, acerca de la verosimilitud de los derechos que ha invocado como propios, y, en fin, sobre el cumplimiento de los requisitos que fueren necesarios para que su pretensión de fondo sea declarada con lugar. De manera que, de forma alguna, esa decisión provisional ata al juez al momento de dictar su fallo definitivo luego del estudio minucioso y reflexivo de los hechos objeto de la investigación y del ordenamiento jurídico, quien conserva para esa oportunidad total libertad de decisión para confirmar o revocar su pronunciamiento previo.
Por tanto, el fumus boni iuris se traduce en un juicio o razonamiento judicial mediante el cual se prevén las probabilidades sólidas de que el solicitante de la medida será beneficiado por lo dispuesto en la resolución judicial definitivas. Tamayo, antes de referirse al fumus boni iuris, prefiere hablar de “suficientes indicios de culpabilidad” (junto con el periculum in mora) como presupuesto fundamental de las medidas cautelares reales4. Trátese de indicios de culpabilidad o de indicios de criminalidad; ambas expresiones son amparadas por las conclusiones de Aragüena Fanego:
“...expresión ésta que circunscribe o acota el objeto sobre el cual deberá recaer la valoración del órgano jurisdiccional, radicalmente diverso al objeto civil, y que conlleva además, como sabemos, una doble alteración con respecto a este ámbito relativa, de un lado, al sujeto que va a ser centro de tal valoración judicial (el favorecido por la medida, en el civil; el gravado con ella, en el penal) y, de otro, al signo que debe arrojar tal valoración (positivo, en el civil; negativo, en el penal).
Concluimos sosteniendo, por tanto, la validez del fumus en el proceso penal, aún cuando entendido de modo radicalmente opuesto al civil, ya que aquí, habida cuenta de las acusadas diferencias existentes, entendemos que más que de fumus boni iuris habría que hablar del fumus mali iuris o, como propone Guariniello de fumus commisi delicti...’’5.
b) Periculum in mora
Ya Chiovenda advertía que el tiempo invertido en la motorización de un proceso no puede conspirar en perjuicio de quien ostenta la razón. Partiendo de dicha premisa, las medidas cautelares son instrumentos tendentes, precisamente, a impedir que el transcurso del proceso atente contra quien defiende una pretensión justificada6. Sobre dicha reflexión, Aragüena Fanego sostiene:
“...podría decirse que el concepto de ‘periculum in mora’ se determina por la concurrencia de dos elementos: en primer lugar, la necesidad de que a la resolución final preceda un periodo de tiempo, más o menos largo, para que puedan ser realizados todos aquellos actos que resultan indispensables para que tal resolución pueda ser dictada, aspecto éste al que Calamandrei se refirió con la terminología de peligro de retraso’... y que, como señaló Rocco, resulta necesario para que la resolución nazca con las mayores garantías de justicia. En segundo lugar, el elemento al que el maestro italiano designó con la expresión peligro de infructuosidad'... y que supone la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo se sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal, al haber disminuido o desaparecido los bienes sobre los cuales hubiera podido hacerse efectiva la ejecución’7.
La procedencia de toda providencia cautelar se ve sujetada a la comprobación ex ante de los perjuicios susceptibles de ser soportados por los afectados del hecho penalmente reprochable. Con el propósito único de esquivar los efectos dañinos que derivan de la dilatación natural del iter procedimental, es que las medidas cautelares se erigen como mecanismos idóneos tendentes a evitar que la prolongación del proceso no devenga en la inejecutabilidad del t definitivo. He allí precisamente el espíritu mismo del periculum in mora como requisito procedencia obligado de todo mecanismo cautelar: evitar que la ejecución de la resolución judicial definitiva no sobrevenga en ilusoria o de imposible cumplimiento.
En este sentido es menester destacar que en el caso concreto que nos ocupa se trata del delito grave, el cual el propio legislador, establece una presunción iuris et de iuri de fuga, por cual destacaremos los siguientes artículos del Código Orgánico Procesal Penal:
Artículo 236. Procedencia “El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, por decretar la privación preventiva de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autoi autora, o partícipe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, c peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto con ere de investigación..." (Negritas Subrayados nuestros).
“Artículo 242. Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertó puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para<. imputado o imputada, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o dt imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, algunas di las medidas siguientes:
1. La detención domiciliaria en su propio domicilio o en custodia de otra persona, sin vigilancu alguna o con la que el tribunal ordene.
2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada la que informará regularmente al tribunal.
3. La presentación periódica ante el tribunal o la autoridad que aquel designe.
4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. (Negritas Subrayados nuestros).
Por fuerza de los razonamientos antes expuestos y como argumento de peso respecto a /a procedencia de las medidas asegurativas, hemos de esgrimir que en su momento el clásico procesalista Chiovenda, advertía que el tiempo invertido en la motorización de un proceso no podría devenir en un perjuicio para quien ostentara la razón. Partiendo de tal posición hemos de asumir que las medidas cautelares son instrumentos tendientes, precisamente a impedir, como ya se ha señalado, que el transcurso del proceso atente contra quien entiende justificada su pretensión.
Similar posición es sostenida por el previamente citado autor APAGUEN A FANEGO:
“...podría decirse que el concepto “periculum in mora", se determina por la concurrencia de dos elementos: en primer lugar, la necesidad de que a la resolución final preceda un periodo de tiempo, más o menos largo, para que puedan ser realizados todos aquellos actos que resultan indispensables para que tal resolución pueda ser dictada, aspecto éste al que Calamandrei se refirió con la terminología de “peligro de retraso”... y que, como señaló Rocco, resulta necesario para que la resolución nazca con las mayores garantías de justicia. En segundo lugar, el elemento al que el maestro italiano designó con la expresión “peligro de infructuosidad”... y que supone la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo se sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal, al haber disminuido o desaparecido los bienes sobre los cuales hubiera podido hacerse efectiva la ejecución".
Por ello afirmamos, que la procedencia de toda providencia cautelar -en materia procesal penal- se ve sujetada a la comprobación ex ante de los perjuicios susceptibles de ser soportados por los afectados del hecho penalmente reprochable, todo esto con el propósito único de esquivar los efectos dañinos producto de la dilatación natural del iter procedimental.
En consecuencia ante la totalidad de elementos recabados por la investigación, ante la fuerza de los planteamientos esgrimidos por estos Representantes del Ministerio Público, consideramos plenamente ajustado a derecho las medidas requeridas, todo esto como una garantía material tendiente a que los que resulten penalmente responsables asuman la correspondiente sanción y/o los daños económicos derivados del delito; pués de la documentación recabada en la investigación penal, y demás diligencias practicadas, existen elementos de convicción con los cuales se presume que en un eventual juicio se obtendría una sentencia condenatoria.
Resulta indudablemente esto motivo suficiente para requerir las medidas que aquí serán establecidas, toda vez que el Estado de pleno derecho una vez condenado el o los enjuiciados, tiene una reclamación patrimonial que debe ser honrada.
Finalmente no podemos dejar de mencionar uno de los requisitos que la Jurisprudencia y la doctrina han estimado de importancia valorar al momento de decretar medidas cautelares reales, como lo es la “PONDERACIÓN DE INTERESES", como un parámetro para medir el impacto sobre la limitación de derechos fundamentales necesarios para garantizar las resultas del proceso penal, siendo de destacar que en el proceso que se adelanta, las medidas de aseguramiento previstas en el Código Orgánico Procesal Penal, Código Penal y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, presumiéndose que pudieron haber recibido cantidades de dinero y en consecuencia pudo haber obtenido un lucro indebido, que actualmente se está investigando.
Refiriéndonos a las medidas reales de coerción o medidas asegurativas reales en el proceso penal venezolano, estas han de recaer sobre los bienes e intereses del imputado o tercero vinculado por la investigación, luego afirmamos que, a diferencia de las medidas de coerción personal, las reales recaen sobre intereses patrimoniales con la finalidad de asegurar la correcta y eficaz ejecución de la sentencia que en definitiva resuelva el conflicto sometido a la apreciación jurisdiccional. En estos casos, la limitación incide sobre la libertad de disposición de un determinado bien, sea mueble o inmueble; la restricción gravita sobre el patrimonio.
En este orden de ideas, Iván Noguera Ramos, en su obra titulada “El Juez Penal. Aportes Procesales, página 235, advierte lo siguiente:
“(...) es probable que durante el desarrollo del proceso penal se puedan presentar situaciones o circunstancias que coloquen en cierto riesgo la ejecución de la sentencia consentida o firme y ejecutoriada, por ejemplo, existe el peligro de que los bienes afectados al proceso penal puedan desaparecer, o que elementos Importantes para la probanza puedan ser hurtados, así también puede ocurrir que el procesado se desprenda de sus bienes muebles e inmuebles adrede, con la finalidad de aparecer como insolvente y de esa manera evadir su responsabilidad económica, con la finalidad de no asumir las consecuencias económicas de su delito; porque no nos olvidemos que la sentencia condenatoria va acompañada de la reparación civil.
La coerción real puede definirse como una limitación de los derechos de carácter patrimonial del procesado mediante medidas de coerción que recaen sobre los aspectos probatorios diferentes de las personas, o también sobre los bienes del imputado o de un tercero civilmente responsables, para asegurar la reparación civil o las responsabilidades pecuniarias ante una posible sentencia condenatoria
Afirmamos en consecuencia, que las medidas de aseguramiento reales, limitan el patrimonio del imputado, imposibilitando la libre disposición de determinados bienes con el único propósito de garantizar la responsabilidad civil del sentenciado penalmente.
El Tribunal Supremo de Justicia también al respecto a señalado lo siguente , el 17 de jui de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia sign¿ bajo el N° 1293, sostuvo literalmente lo siguiente:
"Al respecto, observa la Sala que al haber presentado denuncia y no querella, la víctima sr tenía los derechos consagrados en el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal y, p tanto, no puede hacer uso de las facultades y derechos estipulados en el artículo 328 ejusdem entre las cuales se encuentra la de “(...) Pedir la imposición o revocación de una medie cautelar pues las mismas sólo le corresponde al Fiscal del Ministerio Público, víctima querellante e imputado”. (Negrillas nuestras).
El 17 de enero de 2008, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, medianil sentencia signada bajo el N° 00069, sostuvo literalmente lo siguiente:
"las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallí mientras transcurra la tramitación de un juicio con el fin de salvaguardar el derecho que st arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción de derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en el caso de decretase su procedencia, el Juez dispondrá actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces. En íal sentido se ha establecido que el objeto de la pretensión cautelar no puede ser el mismo que la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima face”. (Negrillas nuestras).
Asimismo, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión suscrita en fecha 15 de diciembre de 2011 (IVo 1891), advirtió complementariamente:
"En lo atinente a la denuncia referida a que la Sala Sexta Accidental de la Corte de Apelaciones actuó con abuso de poder y extrapetita cuando acordó ‘medidas cautelares a personas jurídicas, sin que el Ministerio Público haya solicitado éstas al Tribunal de Control’, es oportuno referir que si bien es cierto que el Ministerio Público no solicitó las medidas cautelares a favor de personas jurídicas, no es menos cierto que las mismas fueron solicitadas por la ciudadana María Alejandra Kaufman [víctima querellada], el 19 de junio de 2009, y acordadas por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 23 de septiembre de ese mismo año". (Negrillas nuestras).
Pues bien, en función de los precedentes jurisprudenciales referidos supra, es claro que la solicitud de medidas asegurativas (cautelares y probatorias) no es una facultad exclusiva y excluyente del Ministerio Público en el proceso penal, sino que también la víctima querellada puede directamente requerir del órgano judicial competente la adopción de cualquier medida cautelar (personal o real) que sea necesaria para: (i) evitar que los efectos dañinos del hecho punible investigado se sigan prolongando en el tiempo: y (ii) garantizar que eventualmente el imputado responda civilmente por los daños derivados del delito.
También se reconoce que la solicitud de cualquier providencia cautelar en el proceso penal no puede ser un acto caprichoso o arbitrario del Ministerio Público, sino que debe responder a la necesidad de posibilitar la efectividad de cualquier resolución judicial ulterior que devenga como corolario del juzgamiento del imputado. En ese contexto, los representantes del Ministerio Público deben ser celosos y diligentes en la acreditación de cada uno de los requisitos legales que son exigidos para la adopción de una medida cautelar (personal o real) en el proceso.
Por otra parte, es menester señalar que a los fines de solicitar medidas cautelares innominadas, debe encontrarse lleno la figura del periculum in damni, la cual es necesaria a los fines de evitar que la ejcución del fallo quede ilusoria, y en tal virtud la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado lo siguiente:
“PERICULUM IN DAMNI, REQUISITO ÚNICAMENTE PARA MEDIDAS INNOMINADA Sentencia Sala Constitucional N° 263/ 6-4-2016
“Tal exigencia, conocida en doctrina como “periculum in damni” está prevista en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuando hace referencia al “...fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra", y constituye un requisito o presupuesto adicional al de la presunción del buen derecho (fumus boni iuris) y riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), establecidos en el artículo 585 eiusdem, para el decreto de medidas cautelares innominadas, más no así para la concesión de medidas cautelares nominadas como las de embargo preventivo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, de allí que, la juez a cargo del juzgado agraviante actuó fuera de su competencia y se extralimitó en sus funciones, al exigirle a la demandante un requisito no previsto en la ley para el decreto de la específica medida cautelar nominada de embargo preventivo que fue solicitada, vulnerando su derecho a la tutela cautelar como componente esencial del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, lo que por sí solo constituye motivo suficiente para que proceda la pretensión de amparo deducida”.
En virtud de lo antes señalado, se puede observar que en el caso que hoy nos ocupa, existe fundado temor que el investigado de autos, pueda causar lesión grave o difícil de reparar al derecho de la hoy víctima, por cuanto es evidente que hasta la fecha el mismo, se encuentra bajo el dominio de bienes que no le pertenecen y ha hecho uso de manera indiscriminada de estos, por lo que, es necesario asegurar la insolvencia patrimonial del mismo, a los fines de garantizar una posible ejecución de un fallo desfavorable a mismo.
CAPÍTULO IV
PETITORIO
De conformidad con lo establecido en los artículos 285 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 31 numeral 13 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; 111 numeral 11 del Código Orgánico Procesal Penal, en concatenación con los artículos 236 , 237 parágrafo primero en concatenación con el artículo 238 parágrafo primero 242 y 196 ejusdem, y con fundamento en todas las consideraciones que han sido expuestas, y en atención a la adopción de mecanismos cautelares en el proceso penal pueden depender, incluso, del impulso de la parte materialmente afectada por el delito.
Consecuencialmente, y en razón de todos los argumentos fácticos y dogmáticos reseñados con anterioridad, esta representación solicita respetuosamente que se imponga y decrete:
1. MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES, BLOQUEO E INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS y/o CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO FINANCIERO
2. MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE PRESENTACIÓN PERIÓDICA CADA 15 DÍAS ANTE EL TRIBUNAL y PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS...
Por otra parte El Ministerio Público a los fines de fundamentar su solicitud de medias tanto de carácter personales como reales, destinó un capítulo a los elementos de convicción con los que se cuenta siendo estos lo siguiente:
CAPÍTULO II
DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD FISCAL
En aval a los hechos que han sido narrados en el Capítulo precedente, es Representación del Ministerio Público, cita a continuación los distintos elementos de convicción arrojados en la presente investigación, los cuales configuran la presunción de la materializad de los delitos a señalar en capítulo posterior, y por el que solicitamos la aplicación inmediata) la MEDIDAS CAUTELARES, contenida en el artículo 242 numeral 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal y MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR E INMOVILIZACIÓ DE CUENTAS, de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 numeral 3 di Código de Procedimiento Civil, aplicado por remisión expresa del artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, Sobre el ciudadano: JORGE LUIS ALVAREZ SAAVEDRA, titular de fe cédula de identidad V-13.906.969. Todo lo cual paso a fundamentar conforme los elementos que se enumeran a continuación: (RESALTADO DE ESTOS RECURRENTES).
PRIMERO: ACTA DE DENUNCIA, de fecha 16-11-2022, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO) interpuesta antes las instalaciones de la unidad de atención a la víctima del ministerio público del segundo circuito del estado portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: Es el caso que en fecha 28-05-2021 el ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, mediante el uso de engaños me convenció de hacer un supuesto negocio consistía en que le arrendara unas maquinarias de mi propiedad y la enajenación de una camioneta propiedad de JORGE LUIS POLO TORRES, titular de la cédula de identidad V.- 13:328.165 quien me otorgó y se protocolizó poder de disposición de un vehículo MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA A1936KG, SERIAL NIV JTEBUSJR9F5268415, SERIAL DE CARROCERIA N/A SERIAL DE MOTOR 6 CIL, CLASE CAMIONETA, TIPO SPORT WAGON, que ni el propietario ni mi persona hemos autorizado venta alguna. El ciudadano me logró convencer y procedí a darle unas maquinarias agrícolas que me pertenecen, así como el Vehículo, y me pidió que le diera unos meses para cancelarme tanto el arriendo de las máquinas como el pago de la camioneta para poder protocolizar todo y firmar los respectivos contratos. Confiando en su palabra procedí incluso a otorgarle un poder sobre las maquinarias y es el caso que transcurrido el lapso que verbalmente me dio, resulta que no solamente no cumplió sino que dispuso legalmente tanto del vehículo como de las maquinarias, cuando le dije que necesitaba que me cumpliera para legalizar todo, el ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, me dijo que tanto la camioneta como las maquinarias se las había dado a su sobrino para que las trabajara y que el se había desentendido de él, causando esto un gravamen irreparable en mi patrimonio, en mi estabilidad, confiando en sus artimañas sorprendió mi buena fé, al punto 1 que decidí verificar donde estaban todos los objetos de mi propiedad, y mi sorpresa es que no sólo fui víctima de una ESTAFA AGRAVADA, sino que familiares de este sujeto se APROPIARON INDEBIDAMENTE de mis maquinarias, sino que también mediante TRÁMITES ILEGALES Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS..."
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del denunciante en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo. modo v lugar de como ocurrieron los hechos.
SEGUNDO: PLANILLA DE ATENCIÓN AL USUARIO de fecha 24-11-2022, suscrita por el Ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de haber consignado la cadena titulativa de una Camioneta “Vehículo 04 Runner, Color Blanco, Placa AI936KG, Tipo Sport Wagón, Uso Particular”,
Se desprende como elemento de convicción la tradición legal del objeto de la presente investigación.
TERCERO: Cursa en el expediente ACTA DE IDENTIFICACIÓN PLENA, de fecha 24-11-2022, del ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, titular de la cédula de identidad: V- 12.128.988, antes las Instalaciones De La Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa.
Se desprende como elemento de convicción se deja constancia de los datos del presunto ciudadano que funge actualmente como víctima en la presente investigación.
CUARTO: REVOCATORIA DE PODER, de fecha 18-11-2022, suscrito por el ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, Titular de la cédula de identidad N°V-9.044.013 donde recova poder al ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES Titular de la cédula de identidad N°V-12.128.988.
Se desprende como elemento de convicción se deja constancia que la víctima revoca poder según documento debidamente protocolizado el 24-05-2021, bajo el N°20, Tomo 02. folios 97 al 100. llevado ante la notaría publica del municipio Ospino del estado portuguesa.
QUINTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA de fecha 15-02-2023, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), interpuesta antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: “Yo acudo en esta oportunidad porque tengo una camioneta y unas maquinarias involucradas en este caso como ya lo he mencionado. Es el caso que están incluidas en el sistema SIIPOL, y resulta que el día lunes unos funcionarios del CICPC de puerto Ordaz me comunican que mi camioneta 4RUNNER la tenían ubicada el señor CARLOS VASQUEZ, sobrino de ALBERTO VASQUEZ al parecer había vendido la camioneta, yo necesito que ubiquen a este ciudadano ya que tampoco se donde se encuentra mis máquinas y no sé si la haya sacado título como hizo con la camioneta, es todo."
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio de la víctima en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron hechos.
SEXTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN, de fecha 14-03-2023, emitida por la por el sistema SIIPOL, de los siguientes vehículos: TOYOTA MODELO 4 RUNNER, CLASE CAMIONE COLOR BLANCO, SERIAL DE MOTOR 6CIL, SERIAL DE CARROCEI JTEBU5JR9F5268415, MAQUINA TIPO RETRO EXCAVADORA COLOR AMARILLO MAR CATERPILLAR MODELO 320 CL AÑO 2001, SERIAL ANB00514 Y MAQUINA Tipo RETROEXCAVADORA COLOR AMARILLO MARCA CATERPILLAR MODELO 420 AÑO 20 SERIAL 7BJ701890DG206224.
Se desprende elemento de convicción se deja constancia de la solicitud activa que posiblemente los vehículos propiedad de la víctima que se encuentran en posesión del investigado.
SÉPTIMO: ACTA DE ENTREVISTA de fecha 16-01-2023, interpuesta por el ciudadano L.V.B.f (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO interpuesta antes las instalaciones del cuerpo de investigaciones, científica penales Criminalísticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: "Resulta ser qu para mediados del mes del año 2022 mi amigo de nombre JUAN QUEZADA me vendió un: camioneta marca TOYOTA, modelo RUNNER, color BLANCA, año 2015, posteriormente fe coloque a nombre de mi hijo JOVAN JOSE CEDEÑO VALLEN ILLA y para el mes de julio de mismo año le vendí la camioneta a un amigo de nombre JUAN SALAZAR, y el día de hoy JUAN SALAZAR me informa que la camioneta se encontraba solicitad desde el mes de diciembre y nt entendía porque, es todo”.
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del testigo en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho.
OCTAVO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 16-01-2023, Suscrito por el INSPECTOR AGREGADO LEDO. DIAZ, adscrito al Cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalísticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: "Encontrándome en la sede de este Despacho, se presentó de manera espontánea el ciudadano: S.J (se reservan demás datos de acuerdo a lo establecido en los artículos 3o, 4o; 7o, 9° y 23° en su ordinal noveno de la ley de protección de víctimas, testigos Y demás sujetos procesales), informando ser propietario del Concesionario AUTOS GIL, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar y adquirió para la reventa una camioneta marca TOYOTA, modelo 4RUNNER, color BLANCA, año 2015, placas AI936KG, serial carrocería JTEBU5JR9F5268415, serial motor 1GRB177781 y se había enterado por terceros que la camioneta presentaba una situación legal en el estado Portuguesa, motivo por el cual procedí a verificar las matrículas y seriales respectivos del automotor en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), arrojando como resultado que si le corresponden sus características y SOLICITADA, se encuentra por ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico del estado Portuguesa, por uno de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD (ESTAFA), según oficio 18-2C-DDC-F01-1542-2022, de fecha 16-12-2022, expediente MP-249656-2022, al indagar acerca de la adquisición de la misma, este manifestó que se la había comprado a un amigo de nombre LOPEZ BELTRAN, en el mes de Julio del año 2022 y podía ser ubicado a través de su persona, asimismo el referido vehículo se encontraba fuera de esta jurisdicción y en días próximos la traería a esta Oficina, para colocarla a la orden de la respectiva Fiscalía, se le informo a la Superioridad al respecto, es todo por cuanto tengo que informar. TERMINO, SE LEYO Y ESTANDO CONFORMES FIRMAN Se desprende como elemento de convicción las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante va que la misma guarda relación con el hecho investigado.
NOVENO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 07-02-2023, Suscrito por el DETECTIVE JEFE GABRIEL CASTAÑEDA, adscrito al Cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalísticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: “Siendo las 14:00 horas, encontrándome en labores de servicio en esta oficina, se presentó de manera espontánea el ciudadano de nombre: Juan Manuel Salazar, venezolano de 46 años de edad, nacido en fecha 22-02-1976, de profesión u oficio comerciante, titular de la cédula de identidad V-12.649.679, teléfono de ubicación 04129944416, a fin de traer un (01) vehículo clase CAMIONETA, marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, color BLANCO, año 2015, placas AI936KG, serial de carrocería JTEBU5JR9F5268415, serial de motor 1GRB177781, tipo SPORT WAGON, uso PARTICULAR, el cual se encuentra SOLICITADO, según las actas procesales signadas con la nomenclatura alfanumérica MP-249656-2022, de fecha 16-12-2022, por la comisión de unos delitos contra la propiedad (ESTAFA), trasladando el vehículo hasta el área de la fosa ubicada en el estacionamiento posterior de este despacho, a fin de ser inspeccionado; por tal motivo procedió el experto en materia de vehículo DETECTIVE JEFE LUIS PADRON, amparado en articulo 193 y 224 del Código Orgánico Procesal Penal a realizar Experticia de rigor, donde determino que el número de identificación vehicular se encuentra (ORIGINAL) y el número de identificación de motor se encuentra (ORIGINAL), por tal motivo se le informa al ciudadano de nombre Juan Manuel Salazar, que el vehículo quedara aparcado en el estacionamiento posterior de esta sede ya que al mismo se encuentra SOLICITADO, por lo que siendo las 19:10 horas procedió a trasladarse AL ESTACIONAMIENTO EXTREMO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL CIUDAD GUAYANA PARROQUIA DALLA COSTA MUNICIPIO CARONI, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR, el DETECTIVE AGREGADO CARLOS NUÑEZ, de acuerdo a los establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal, a realizar inspección técnica la cual se consigna mediante la presente; culminado nuestro cometido se le informo en tiempo real a la COMISARIO GERALDINE GONZALEZ, Jefe de la Coordinación Contra el Robo y Hurto de Vehículos Bolívar, sobre la recuperación del vehículo, de igual forma se realizó llamada telefónica al COMISARIO JEFE KELVIN LOPEZ, Jefe de la Delegación Municipal Acarigua Estadio Portuguesa, notificándole sobre la recuperación del vehículo arriba descrito, se deja constancia que por orden de los jefes naturales de esta oficina, el ciudadano Juan Manuel Salazar, se le permitiera el retiro de esta base de investigaciones; Se anexa a la presente acta de investigación, inspección técnica, cadena de custodia de la evidencia y Experticia de reconocimiento técnico del vehículo recuperado. Es todo. SE TERMINO SE LEYO CONFORMES FIRMAN."
Se desprende como elemento de convicción se deja constancia de las labores investigación por parte de los funcionarios policiales actuante en esta investigación.
DÉCIMO: INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA N°0235, de fecha 07-02 2023, suscrito por el DETECTIVE AGREGADO CARLOS NÚÑEZ y DETECTIVE JEFE GABRIEL CASTAÑEDA, adscrito al o al Cuerpo de investigaciones, científica penales Criminalísticas, delegación Guayana, practicada a lo siguiente: ESTACIONAMIENTO Del EXTREMO IZQUIERDO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN MUNICIPAL CIUDAD GUAYANA, PARROQUIA DALLA COSTA, MUNICIPIO CARONÍ, SAN FÉLIX, ESTADO BOLÍVAR, donde se encuentra aparcado: un (1) con las siguientes características: 1) Un (01) VEHÍCULO AUTOMOTOR, clase CAMIONETA, tipo SPORT WAGON, marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, color BLANCO, año 2015, placas AI936KG.
Se desprende con elemento de convicción se deja de las características del vehículo objeto de investigación en el presente hecho ilícito.
DÉCIMO PRIMERO: EXPERTICIA DE SERIALIZACIÓN VEHICULAR N°2302098, de fecha 07 02-2023, Suscrito por DETECTIVE JEFE PADRON LUIS Experto al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, delegación Guayana, Practicado a Siguiente vehículo: CLASE: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO:4 RUNNER COLOR BLANCO PLACAS: A1936KG TIPO: SPORT WAGON ANO: 2015 USO: PARTICULAR Número De Identificación Vehicular: JTEBU5JR9F5268415 Número de Identificación del Motor 1GRB177781
Se desprende con elemento de convicción se deja constancia que los seriales de vehículo objeto de investigación se encuentra en estado Original, quien sobre el mismo reposa una solicitud activa.
DÉCIMO SEGUNDO: ACTA DE DENUNCIA, de fecha 29-05-2023, suscrita por el ciudadano A.J.V.P (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: "Respetuosamente me dirijo a usted mediante el presente escrito, por cuanto el día miércoles 24 del presente mes y año me a persone a su Despacho con la finalidad de conocer el estado de la causa signada con el numero MP-249656-2022, en la cual se investigan los hechos relacionados con mi persona, donde el señor Manuel Barrios me entrego una Camioneta Marca Toyota, Modelo Runeer, plenamente identificada en la causa antes mencionada y que a su vez yo se la di a mi sobrino de nombre Juan Carlos QUEZADA Vásquez y él se comprometió a cancelarla en 45 días y han pasado dos años y no la pago por el contrario la vendió de manera fraudulenta y saco documentos falsos para realizar esa venta sin notificarme ni a Manuel Barrios ni a mi persona, de igual manera se llevó de la finca de Manuel Barrios dos máquinas de trabajo pesado marcas caterpilar, con un contrato de una empresa donde el funge como Presidente, en dicho contrato se establecía unos pagos que se acordaron mensualmente, dicho acuerdo se hizo en la finca del señor Manuel Barrios, estando presentes mi sobrino, Manuel y mi persona, lo cierto es que van dos años de eso y nunca mi sobrino entrego ni dinero ni las máquinas y tampoco se comunicó más, la última vez que lo hizo fue hace casi un año, en el mes de Junio 2022 que Manuel lo llamo y con el teléfono en altavoz mi sobrino dijo que traería las máquinas, la camioneta y el dinero adeudado y hasta fecha no sabemos nada de él y no entrego nada, por estas razones yo llegue a un acuerdo con el señor Manuel Barrios de pagarle 42000$ dólares americanos para reparar el daño causado por la pérdida de la camioneta, ese acuerdo lo hicimos delante de un abogado amigo de Manuel no recuerdo su nombre y quedamos que una vez yo cancelara los 42000$ los íbamos a denunciar a Juan Carlos para que entregara las maquinas o dijera donde las tenía, lo cierto es que habiéndole yo entregado a Manuel ya 20.000$ me denuncio solamente a mi ante su Fiscalía y no dijo en ese momento de la denuncia que había recibido ese dinero, pero yo me lo conseguí luego de haber denunciado y me comento lo que hizo y yo fui en ese momento y me presente en la fiscalía, para entonces estaba otra fiscal que no es usted y aclare lo sucedido y Manuel también fue ese mismo día y allí aclaramos ambos lo que estoy comentando, de hecho en su despacho reposa un escrito que yo hice y consigne algunos documentos y que demuestran lo que le comento y que usted puede revisar, los cuales se los entregue a la fiscal que la antecedió, volviendo al momento que hable con usted como dije antes, sabiendo ya que la camioneta involucrada en el hecho esta recuperada y la orden de su despacho, le pregunte cuando seria entregada a su dueño legitimo Manuel Barrios, usted me contesto que pronto, de igual forma le dije que yo le había hecho otros pagos al señor Manuel adicional a los 20.000$ ya entregados y usted me informo que desconocía eso, manifestándome que se lo demostrara con este escrito y los soportes de eso, de hecho le comento que le entregue 35000$ en efectivo, 1000$ con mi tarjeta de crédito del banco Caribe, signada con el numero 5124 9301 1358 3650, dicho abono lo hice en un local comercial propiedad de una amiga de Manuel, consigno fotocopia de mi tarjeta de crédito antes mencionada, esta información la puede corroborar con Manuel Barrios, también le hice entrega en fecha 11-04-2023 de dos equipos de ordeño mecánicos para vacas, según consta en nota de entrega número 07555025-31 emanada de mi empresa de nombre Agroalimentos la Molienda C.A de la cual soy el propietario, consigno en este escrito dicha nota de entrega, debo informarle que el valor de dichos equipos es de aproximadamente 1900$ cada uno, sin embargo llegamos a un acuerdo de no colocar precio a la nota de entrega porque Manuel tenía un cliente y si la persona ofrecía menos valor por los equipos igual se venderían, cosa que acepte sin problema, me comunique con Manuel y me dijo que aun a esta fecha no los ha vendido, igualmente le hice entrega de 15 semovientes porcinos para engordar, con un peso aproximado de 45 kg cada uno, por un valor de 1800$ en total los 15 cerdos, esta entrega la hice en fecha 25-04-2023, según consta en factura personal a mi nombre número 0105, la cual consigno con este escrito, de igual manera le hice entrega al señor Manuel Barrios de 30 sacos de alimento para alimentar los cerdos, por un valor de 783$ en total, lo cual consta en dos notas de entregas signadas con los números 07555025-35 y 07555025-41, las cuales consigno en este escrito, ahora bien ciudadana Fiscal quiero mencionar que estoy i claro que el señor Manuel Barrios salió afectado por el acto delincuencial de mi sobrino Juan Carlos Quezada, pero yo también afecte mi patrimonio para responder al señor Manuel co me corresponde por mi responsabilidad en los hechos, sin yo haberme tomado un dólar defe, negociación, que al principio fue eso un negocio de ganar dinero los tres y mi sobrino recibir camioneta, que me dijo que la pagaría en 45 días, luego de manera vil y con mentiras y engai Juan Carlos se quedó con todo e incluso vendió la camioneta falsificando documentos p¡ hacer ese acto delictivo, desde el mes de diciembre de año 2021 le pedí que entregara camioneta y las máquinas y todo el año 2022 y le envié muchos mensajes de texto des Diciembre del 2021, para que devolviera la camioneta y las máquinas, estos mensajes de ten se los enviaba a la mina donde supuestamente tenía las máquinas, porque según me comer allí solo llegaban mensajes de texto y solo me engaño y llego el momento que no respono más, de hecho ya después de haber vendido la camioneta nos decía a Manuel y a mí que entregaría y lo puede comprobar ciudadana Fiscal con el mismo Manuel Barrios porque mismo averiguo que cuando mi sobrino decía que entregaría la camioneta ya la había vendido estaba a nombre de otra persona, al igual que con las máquinas pesadas me decía que j saldría de la mina con la plata para pagar por el servicio de las misma y nunca entrego ni u centavo y no se comunicó más desde hace casi un año, le pido muy respetuosamente que Juan Carlos Quezada sea ubicado para entregue las máquinas y asuma su responsabilidad ante la justicia, porque con el actúe de corazón y por sangre para ayudarnos económicamente, no parí que me metiera en este problema, porque tengo un situación económica muy dura de la que nc escapamos ninguno de este país y no tengo en este momento más dinero para responder) quiero que el señor Manuel Barrios reciba sus máquinas, además debo ser justo en decir que Manuel ha sido paciente y caballero en la espera de este problema, más allá de que por razones que él debe conocer ha omitido decir que le pagado ante usted, respeto el porqué lo hizo pero yo debía aclararlo, sin más a que referir, espero puede tener una respuesta oportuna y satisfactoria de su Despacho”.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia del testimonio del testigo va que narra circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho,
DÉCIMO TERCERO: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL J-500647310, razón social GOLD Q & A, C.A, Su domicilio fiscal avenida los próceres, edificio torre B piso PB, Local P-l, en el estado Merida municipio libertador parroquia LASSO DE LA VEGA, ciudad Mérida.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja del registro fiscal de la empresa donde funge como propietario el investigado.
DÉCIMO CUARTO: ACTA DE DENUNCIA FORMAL, de fecha 26-06-2023, suscrito por A.J.V.P,(DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las Instalaciones De La Fiscalía Superior Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: "Resulta que en el mes de mayo del año 2021, mi sobrino de nombre Juan Carlos QUEZADA Vásquez, titular de la cédula de identidad V 19.040.672, se reunió conmigo en mi residencia y me dijo que le habían entregado en concesión una mina para extracción de oro, en la zona de Guasipati, estado Bolívar. Para la explotación de dicha mina, se necesitaban dos maquinarias pesadas tipo retroexcavadoras; que si yo las conseguía, por esas máquinas se pagaba un buen precio por el alquiler. De igual manera, me manifestó que él necesitaba un vehículo en buenas condiciones para trasladarse hacia la zona de las minas y en sus actividades diarias, pero que no tenía el dinero para comprar dicho vehículo y que si yo se lo podía conseguir a crédito. Le manifesté que yo en el estado Portuguesa, que es donde queda mi empresa, tenía amigos que vendían vehículos usados y que podía hacer la diligencia de conseguirlo. Le pregunté qué tiempo de plazo necesitaba para pagarlo y me dijo que como en uno o dos meses. En esa misma reunión, me mostró un documento registrado de una empresa de nombre Gold Q & A, C.A., bajo el rif J-500647310. En dicha empresa, Juan Carlos aparece como presidente de la misma. Después de conversar y ver aquella información, le dije que viajaría al estado Portuguesa, específicamente al municipio Ospino, y vería si podía conseguir el vehículo que requería, en conjunto con las máquinas para ser alquiladas; así lo hice. Estando en mi lugar de trabajo, vi en el estado del teléfono de un amigo de nombre Manuel Guillermo Barrios que había publicado la venta de una camioneta marca Toyota, color blanco, modelo 4Runner, del año 2015. Lo llamé por teléfono y le pregunté si era el propietario de esa camioneta, a lo que me dijo que sí y que estaba en venta. Le dije que estaba interesado en hacer un negocio por la camioneta y me dijo que estaba en su casa en la ciudad de Acarigua. De inmediato, me trasladé hasta ese lugar. Una vez allí, me mostró la camioneta. Le dije que la necesitaba para mandarla a un trabajo en el estado Bolívar, que se la entregaría a un sobrino a quien le habían dado una concesión de trabajo en una mina de oro. Sin embargo, le comenté que necesitaba la camioneta a crédito ya que mi sobrino no tenía el dinero para pagarla. Manuel Barrios me dijo que él no conocía a mi sobrino, pero que a mi si me la entregaba; si yo me hacía responsable del pago, él me podía dar un plazo de pago de 45 días para que se cancelara la camioneta. Yo llamé a mi sobrino Juan Carlos y le dije que mi amigo sí podía darme el crédito por el vehículo para ser cancelado en 45 días. Mi sobrino me aseguró que no había problema, que él cancelaba la camioneta en el tiempo estipulado. Por esta razón, yo cerré el negocio con Manuel Barrios por medio de documento privado para cancelar la camioneta. En ese mismo momento, hablé con Manuel acerca del negocio en la mina para el alquiler de las máquinas y él me comentó que si estaba interesado, ya que él tenía las dos retroexcavadoras con dispQnibilidad de alquiler. Yo en ese momento le dije que llamaría a mi sobrino Juan Carlos, que estaba en la ciudad de Caracas, para expresarle que se viniera a Portuguesa a explicarnos los términos del negocio. Así lo hice, con Juan Carlos respondiendo al teléfono que no tenía problema en trasladarse hasta donde estaba Manuel y mi persona, para buscar la camioneta Toyota y explicar los términos del negocio del alquiler de las máquinas. Recuerdo que Juan Carlos se trasladó un día sábado del mes de Mayo del año 2021, y llegó a mi empresa en compañía de dos personas: uno de nombre Jhonathan, de quien no sé el apellido, y otro que no recuerdo el nombre. De allí, nos trasladamos en la camioneta que había negociado a la finca "los Alacranes", que es propiedad de Manuel Barrios, para hablar con él y ver las máquinas retroexcavadoras que estaban allí. Una vez en el lugar, nos atendió Manuel, para proceder a una reunión entre Juan Carlos, Manuel y mi persona. Durante la misma, Juan Carlos le explicó a Manuel que le pagaría 10.000 dólares americanos mensuales, mediante su empresa de la que era presidente, por alquilar las máquinas. Él expresó que la empresa contratante se encarga: del traslado de las máquinas al estado Bolívar y de todo el mantenimiento; que debían traslada las máquinas con un poder que Manuel debía hacer a mi nombre. Yo en ese momento I: comenté a mi sobrino que debía dar una figura por ser el dueño de las máquinas, a lo que él dije que le daría un carnet de su empresa respaldado por la Corporación Minera, donde Manui sería Director de Maquinarias y yo Director de Seguridad de dicha empresa. Manuel aceptó los términos de la negociación y mi sobrino se fue ese mismo día con la camioneta marca Toyota negociada con Manuel. Se comprometió a venir él mismo a llevarse las máquinas. En los días siguientes, Manuel y yo hicimos el poder, mientras Manuel le hizo unas reparaciones a las máquinas para que se fueran en perfecto estado para trabajar. Yo me trasladé a Caracas y al hablé con Juan Carlos. Él expresó que estaba cuadrando el transporte para llevar las máquinas: al estado Bolívar y en los días siguientes me llamaría para darme el dinero del pago de la camioneta. Luego de haber pasado los 15 días, mi sobrino Juan Carlos se fue al estado Portuguesa a buscar las dos máquinas. Estando él allá, Manuel se las entregó para que se la llevara, y me llamó para decirme que ya Juan Carlos se había llevado las dos máquinas. Un mes más o menos después de llevarse las máquinas, Manuel me llama; como ya casi era la fecha de pago de la camioneta, me dice que quiere ir al estado Bolívar a ver sus máquinas y a cobrar el
dinero de la camioneta. En ese momento, llamé a Juan Carlos y le comenté que iba con Manuel hasta donde él estaba a buscar el dinero de la camioneta; y que nos llevará también al campamento donde estaban las máquinas para verlas. Él me dijo que no había problema y que fuera con Manuel, que él me esperaba en la Ciudad de Puerto Ordaz. Luego, procedí a llamar a Manuel y este se trasladó a Caracas, hospedándose en mi casa. En la madrugada del día siguiente, salimos al estado Bolívar y nos hospedamos en un hotel frente al aeropuerto Best Western Mara Inn. Resulta que, al llegar, mi sobrino no respondía al teléfono, estaba sin señal y le dejé varios mensajes. Al quinto día más o menos de estar allá, nos llama Juan Carlos y nos dice que él estaba en la mina; que no podía salir por un tema de lluvias en la zona. Esta llamada fue en altavoz desde mi teléfono, estando Manuel presente, y le pregunté por el pago de la camioneta. Recuerdo que él nos dijo que él saldría ese fin de semana a resolver ese pago, y que nos llevaría donde estaban las máquinas; eso no sucedió. Cuando ya teníamos como 10 días en el hotel, se comunicó conmigo y me expresó que aún por lluvias no podía salir. Le pregunté por el pago de la camioneta y me dijo que mandaría a una persona a entregarme parte del dinero eso tampoco pasó. Ya con 15 días allá, Manuel decide no esperar más por compromisos y se retira a la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa. Yo me quedé dos meses más o menos esperando a que Juan Carlos saliera y nunca lo hizo; se comunicó una sola vez y me dijo que saldría, no lo hizo; tampoco me mandó el dinero de la camioneta, por lo que yo me retiré a la Ciudad de Caracas. Estando allí como a los 15 días, de tanto mandarle mensajes, me llamó. Le^ dije que Manuel estaba muy molesto porque él no había pagado la camioneta, y tampoco había entregado el dinero acordado por el alquiler de las máquinas; él contestó que saldría para responder y no lo hizo. Así transcurrieron como dos meses más y ni salía ni pagaba la camioneta, tampoco el alquiler de las máquinas. Así llegó el mes de noviembre de ese mismo año 2021, y Manuel me dijo que como no se le había pagado la camioneta, él quería que se la devolviera. Yo llamé a Juan Carlos, y le dije que yo estaba en problemas con Manuel porque él no había pagado la camioneta ni el alquiler de las máquinas; que debía entregar la camioneta ya que no tenía cómo pagarla. Juan Carlos me aseguraba que él iba a pagar la camioneta y el alquiler de las máquinas apenas saliera de la mina; nunca lo hizo. Al final, yo molesto, le pedí que entregara la camioneta y las máquinas, quedando en que saldría el 20 de diciembre de 2021 y traería la camioneta; así lo acorde con Manuel. Resulta que Juan Carlos nunca salió en diciembre, ni entregó nada y tampoco pago. Llega el año 2022 y yo desde En ero, Febrero, y Marzo le escribí que por favor devolviera todo, que me tenía metido en un problema; no lo hizo. Algunas veces, me respondió y me decía que pagaría y respondería por todo, cosa que no hizo. A partir de Marzo del año 2022, no me contestó más mensajes. Quiero aclarar que solo hablaba con él por mensajes de texto ya que decía que en la mina donde estaba no había señal; en mi teléfono tengo guardados todos los mensajes que le escribí durante todos esos meses pidiendo que entregará o pagará la camioneta en cuestión y que devolviera las máquinas. Así pasaron los meses de Abril, Mayo y Junio y yo no sabía nada de Juan Carlos; tampoco entregaba ni la camioneta ni las máquinas y yo de discusiones con Manuel por el incumplimiento de Juan Carlos. Un día, no recuerdo exacto, del mes de junio del año 2022, esto hablando con Manuel sobre el tema y le digo que Carlos no contesta el teléfono. Manuel lo llama desde su número de teléfono y Carlos contesta. En ese momento, yo le hablo a Carlos molesto y le digo que porque me hizo eso siendo yo su tío y que confié en él. Manuel habla con él y le pide que devuelva la camioneta y las máquinas o que le pague; Carlos se compromete que en 8 días estaría en Ospino, que llevaría las máquinas y pagaría todo lo adeudado. Manuel le dice que lo íbamos a esperar y nunca apareció; tampoco contestó más el teléfono. En vista de esto, Manuel me llamó unos días después, diciéndome que la camioneta fue vendida y aparecía a nombre de una persona, creo que en Puerto Ordaz; Juan Carlos vendió la camioneta sin tener papeles y sin haberla pagado. En vista de esto, yo le digo a Manuel que vamos a denunciar a mi sobrino, a lo que él me dice que quiere que nos reunamos primero con un abogado de su confianza; yo acepté. A finales del mes de junio del año 2022, me reúno con Manuel, su esposa y su abogado; yo fui solo. En esa reunión, yo hago un acuerdo con Manuel, estando presente su esposa y su abogado, y aceptó entregar para reparar el daño causado por Juan Carlos la cantidad 42.000 dólares americanos y asi denunciar a Juan Carlos ante la Fiscalía para recuperar la camioneta y las máquinas. El abogado sugiere que una vez yo pague los 42.000 dólares se haga la denuncia; igual acordamos que, si la camioneta no se recuperaba, yo la pagaba y si era recuperada, el señor Manuel Barrios se quedaría con ella. El caso es que, yo tardé en pagar los 42.000 dólares americanos y fui entregando por partes ese dinero, esto debido a la compleja situación del país. Sin embargo, en el mes de Noviembre del año 2022, cuando le había entregado a Manuel Barrios la cantidad de 20.000 dólares, lo consigo al frente del banco Banplus de Acarigua; le digo que la semana siguiente le iba entregar 10.000 dólares más para llegar a 30.000 de los 42.000 dólares acordados. En ese momento, Manuel me comenta que él me había denunciado a mí en la Fiscalía. Yo me molesté y le pregunté por qué había hecho eso sí nosotros teníamos un acuerdo de denunciar los dos a Juan Carlos. Le dije que estaba en su derecho de denunciar pero que sí había dicho toda verdad incluyendo el acuerdo que hicimos. Le pregunté en qué Fiscalía me había denunciado y me dijo que en la Fiscalía Primera, de Delitos Comunes del estado Portuguesa. En ese momento, le dije que yo iba a presentarme en dicha Fiscalía y así lo hice. Estando yo allí, se presentó también Manuel y nos atendió la Fiscal de nombre Katerine; yo le dije que si me había denunciado Manuel Barrios y ella me dijo que sí. Le pregunté si Manuel había dicho en la denuncia que yo tenía un acuerdo con él, que de acuerdo le había entregado como 20.000 dólares; ella me dijo que no. También le pregunté si la denuncia había manifestado que mi sobrino, Juan Carlos QUEZADA Vásquez, se había lleva la camioneta y las máquinas; me dijo que tampoco, que solo me denunció a mí. En ek momento, la Fiscal le preguntó a Manuel si era cierto lo que yo decía, él respondió que sí. P ese motivo, la Fiscal le dijo que hiciera un escrito de puño y letra aclarando la situación; así hizo Manuel. Dicho escrito reposa en la causa número- MP-249656-2022 llevada por a Fiscalía. En ese momento, le dije a la Dra. Katerine que quería denunciar a mi sobrino por está y me dijo que no podía porque yo era el denunciado en la causa; que debía traer un escrito aclarando y consignando los pagos que le hice a Manuel Barrios, que una vez terminaran pagar lo acordado a Manuel podía denunciar. Luego de eso, se recupera la camioneta d Manuel que Juan Carlos había vendido fraudulentamente, y yo le seguí pagando a Manue Cuando llegamos al monto acordado, fui a hablar con la Fiscal Katerine para aclarar que yo y había pagado, que la camioneta, según el acuerdo que hice con Manuel, le pertenecía y le debí ser entregada; para proceder a denunciar a Juan Carlos. Pero, acontece que la Fiscal había sick cambiada y la nueva Fiscal, al comentarle que quería denunciar a Juan Carlos, me dijo que yt debía primero terminar de pagar el acuerdo con Manuel. Yo le digo que ya estaba listo y me dice que Manuel no le había comentado nada y que le consignara un escrito con los soportes de esos pagos. Le dije a la nueva Fiscal, de la cual no recuerdo el nombre, que yo quería denunciar por estafa a Juan Carlos para que entregue las máquinas de Manuel. Me expresó que debía traerle el escrito aclarando los pagos para ver que se hacía, que ella solo iba a citar a Juan Carlos a través de un auxilio fiscal. El caso, ciudadano Fiscal Superior, es que respetuosamente le pido admitir la denuncia contra Juan Carlos Quezada Vásquez, que sea imputado y aprendido, para que responda ante la Ley por el daño causado a Manuel Barrios y a mi patrimonio, mi nombre y mi honor. Por cuánto tuve que pagar dinero por su acto delictivo, en el que valiéndose de mi buena fe y nuestro vínculo familiar, cometió una estafa que puso en riesgo incluso mi integridad física. De igual manera, haga entrega al señor Manuel Barrios de las dos máquinas retro excavadoras que se llevó. Asimismo, le suministro los números telefónicos con los cuales me comunicaba con Juan Carlos, estos son 0412-9323099 y 0414-7191097. De igual manera, le comunico que en el expediente llevado por la Fiscalía Primera de Delitos Comunes, consigné copia del contrato que tenía con las máquinas que se llevó Juan Carlos, con una copia adicional de los carnet que me había enviado Juan Carlos vía Whatsapp, pertenecientes a la empresa de la cual era Presidente y que estaba autorizados supuestamente por la Corporación Minera. Estos están a nombres de Manuel Barrios y mi persona. En cuanto a su ubicación, se que pernocta entre Ciudad Guayana y Ciudad de Mérida. Sin más a que hacer mención.”
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del testigo en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho.
DÉCIMO QUINTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA, de fecha 06-06-2023, interpuesta por el ciudadano A.J.V.P (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente:” Resulta que en Diciembre del año 2020 yo me entrevisto con mi sobrino de nombre JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, debo acotar que no lo veía desde que el tenia aproximadamente 12 años, el es hijo de mi hermana mayor RAMONA VASQUEZ Y CARLOS QUEZADA quien es mi cuñado, ella me había dicho que el estaba inmerso en la política y me da su número y yo lo invito a mi casa, una vez alli el me indica que estaba trabajando con el MINISTERIO DE PETROLEO Y MINISTERIO PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS DEL ESTADO y que estaba trabajando directamente con el MINISTRO TAREK EL AISSAMI, y que estaba ejerciendo el cargo de INTERVENTOR Y ASESOR ya que él es abogado. Como yo tenía mucho tiempo sin verlo pues le comento que yo tenía una empresa en OSPINO ESTADO PORTUGUESA y le pregunto por la posibilidad de que me ayude a conseguir un crédito, a lo que el me responde que si me podía ayudar, incluso que me podía ayudar con uno que otro negocio, por lo cual yo le entrego una documentación de mi empresa para que este me ayudara con lo del crédito (cosa que nunca ocurrió), así hablamos por varios meses, posteriormente en el mes de Mayo de año 2021, se presenta a mi casa con un documento de una empresa de nombre GOLD Q & a, C.A RIF J-500647310, donde el fungía como presidente de esa compañía y me dice que con esa empresa le habían dado una concesión de una mina en GUASIPATI en una zona del estado BOLIVAR, y me indica que el no tenía un vehículo para trabajar allá y que si yo le podía conseguir un vehículo bueno y el lo pagaba, pero que además necesita dos (02) maquinas retroexcabadoras y que de igual modo también se las podía conseguir y por dichas maquinas se pagaría un alquiler a través de la misma empresa, como yo estaba en caracas entonces le dije déjame trasladarme a Portuguesa y ver que podía hacer y hablar, específicamente me vine a Portuguesa Municipio Ospino que es donde tengo mi empresa y estando allí vi en el estado de Whatsapp de un amigo de nombre MANUEL GUILLERMO BARRIOS que tenía publicada una CAMIONETA MARCA TOYOTA COLOR BLANCO MODELO 4RUNNER AÑO 2015, y procedí a llamarlo, le pregunté que si la camioneta era de el para lo que me respondió que si y en vista de eso me trasladé hacia Acarigua para hablar con el personalmente por dicha camioneta, una vez allí conversamos y él me dice que la estaba vendiendo en CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) para lo cual le indico que en ese momento yo no tenía para cancelarle la camioneta y que la necesitaba para una negociación por lo que entonces el me da 45 días de plazo para la cancelación de dicha camioneta, por lo cual me indicó además que tengo un sobrino que le habían asignado una mina y que dicha camioneta era para el para que se movilizara allá en la zona, en ese momento MANUEL me indica que el no tiene problemas en entregarme la camioneta pero que cualquier cosa yo me hiciera responsable y le indique que no había ningún problema, además le comenté que el necesitaba alquilar dos retroexcabadoras para lo que el se mostró interesado en la negociación que se planteé y yo procedo de inmediato a llamar a mi sobrino y le indico que necesito que se viniera a Portuguesa para que conversara directamente con MANUEL, para lo cual en el mes de Mayo del año 2021 un día sábado mi sobrino vino en compañía de otros dos ciudadanos los cuales se identificaron con los nombres de JHONATAN Y ALDRI, supuestamente estos también eran abogados y trabajaban juntos. Una vez mi empresa ya yo tenía el documento privado por la compra y venta de la camioneta con MANUEL, yo le hago entrega de la camioneta a JUAN QUEZADA y le explico como sería la formalidad del pago de la misma y posteriormente nos trasladamos a la FINCA LOS ALACRANES propiedad el señor MANUEL BARRIOS ubicada en la carretera vieja Ospino estado Portuguesa, allí veríamos las retroexcabadoras y mi sobrino procedería a explicarnos a MANUEL y a mí como sería la negociación de dichas maquinas estando en el lugar mi sobrino JUAN le explica el negocio a MANUEL y le indica que este iba^ percibir DIEZ MIL DOLARES (10.000$) mensuales por el alquiler de dichas máquinas y de igun modo yo, es decir, que la totalidad del alquiler seria de veinte mil dolares (20.000$) mensuales divididos en partes iguales para MANUEL y a su vez me indica que la instrucción que el tenia e que dicha negociación la debía realizar con alguien de su extrema confianza por lo cual mi indica que dicha documentación debía realizarla directamente conmigo, en vista de dicho planteamiento acordamos con MANUEL que este procedería a realizarme un poder notariado por dichas maquinarias y posteriormente yo firmaría el documento de arrendamiento de las maquinarias con mi sobrino, y MANUEL manifiesta su conformidad con el negocio y con todo lo planteado y a su vez le solicitó que le diera un plazo de 15 días para repararle algo a las máquinas y se las pudiese llevar, en eso mi sobrino se retira llevándose consigo la camioneta En días sucesivos procedemos a realizar la documentación concerniente y aproximadamente lí o 20 días después mi sobrino retorna en compañía de los mismos sujetos y proceden a llevar las maquinarias con destino al estado Bolívar, las cuales fueron entregadas por MANUEL únicamente porque yo me encontraba en Caracas. En los primeros días de Agosto de 2021 MANUEL me llama y me dice que vayamos al estado Bolívar para ir a buscar el dinero deis camioneta y a ver las maquinas por lo que yo le digo que no hay ningún problemas y procedimos a trasladarnos hasta allá, situación que en todo momento le hice saber a mi sobrino, llegamos a Puerto Ordaz y nos instalamos en un Hotel frente al Aeropuerto, allí durante 5 días JUAN nunca atendió el teléfono, MANUEL incluso le dijo a JUAN que este tendría que pagar unos intereses por el atraso del pago de la camioneta para lo que JUAN le responde que si, que no había ningún problema, y nos manifestó que no podríamos accesar a las minas por motivos de lluvia y eso significaba un riesgo, MANUEL estuvo conmigo 15 días mientras que yo pernoté 2 meses a la espera de mi sobrino quien durante ese tiempo me atendió el teléfono solo 3 veces, siempre con una excusa distinta, posteriormente para finales de noviembre MANUEL me solicita que se le entregue la Camioneta ya que el la tenía negociada y cuando le hago saber a mi sobrino este me indica que el 21 de Diciembre 2021 el con toda seguridad entregaría la camioneta o el dinero (cosa que nunca sucedió), comenzaron los conflictos con MANUEL porque mi sobrino no aparecía ni con el dinero ni con la camioneta y las maquinas, y con JUAN mantuve comunicación hasta el mes de marzo del año 2022 (las cuales conservo). En el mes de Junio del 2022 yo le explico a MANUEL que JUAN ya no me atendía el teléfono y que no sabía que hacer y es cuando MANUEL procede a llamarlo de su teléfono celular y a este si le atiende la llamada en ese momento ambos procedemos a hablar con el y éste le dice a MANUEL que en 8 días el, traería la camioneta las máquinas y el dinero adeudado por intereses (cosa que no cumplió) y días posteriores recibo llamada telefónica de MANUEL y es cuando me indica que la Camioneta había sido vendida en dos oportunidades, la primera en Enero del año 2022, y la segunda unos meses después, en virtud de esto yo le digo a MANUEL que entonces vamos a proceder a denunciarlo y éste me indica que no, que aun no, que primero llegáramos a un acuerdo nosotros 2, por lo cual me cita en una panadería situada en la ciudad de Araure donde el se encontraba en compañía de su esposa y de un abogado de confianza, en ese momento yo me comprometía que le entregaría a MANUEL, CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) para resarcir el daño causado "Si la camioneta aparecía y le planteé que si la camioneta NO aparecía entonces yo le cancelaría la totalidad SETENTA MIL DOLARES (70,000$), y procedo a comenzar a pagarle, una vez que ya le había cancelado aproximadamente VEINTE MIL DOLARES (20.000$) me lo encontré frente a BANPLUS en la ciudad de Acarigua y le digo que la próxima semana le cancelaría DIEZ MIL DOLARES (10.000$) mas, y es cuando el me indica con palabras textuales "ya yo denuncie, le pregunto que donde y me indica que en la FISCALÍA PRIMERA de Acarigua y procedo a trasladarme hasta allá y ponerme a derecho, explique toda la situación y es cuando la Fiscal me indica que el ciudadano MANUEL BARRIOS me había denunciado por cuando indicó que el me había entregado a mi un vehículo y unas maquinarias y no había vuelto a saber nada de mi cosa que era totalmente falsa y demostré ante dicho despacho fiscal en ese mismo momento MANUEL también se persono a la Fiscalía Primera y le corroboró a la Fiscal los pagos que ya yo había hecho y esta procedió a solicitarle un escrito donde hiciera constar dichos pagos. Posteriormente procedo a cumplir con el señor MANUEL con la totalidad del pago acordado por mi persona cancelándole la totalidad de los CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) dichos comprobantes también fueron consignados en dicha Representación Fiscal, incluso de esa investigación ya se logró la recuperación de la Camioneta en circunstancias que desconozco y reposan en la Fiscalía Primera. Quiero hacer mención además, de que mi hermana de nombre MAVEL VASQUEZ converso con una hermana de JUAN CARLOS de nombre GLEIDIS QUEZADA para que intercediera a fin de saber donde están las maquinarias que se llevó y esta le comentó que JUAN CARLOS estaba hablando con MANUEL y coordinando con la Fiscalía la entrega de dichas maquinas, cosa que no creo y quisiera sea aclarada. En virtud de todo lo narrado procedo a formular denuncia en contra de mi sobrino JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ en fecha 21 de Junio del año 2023, y solicito que sea imputado y aprehendido y ser puesto a la orden de un tribunal para que responda por su conducta delictiva y devuelva las maquinas al Señor MANUEL BARRIOS ya que su actuación puso en riesgo mi integridad física, mi reputación y mi honorabilidad, valiéndose de mi buena fé y del vinculo que nos une como familia. Es todo”
Con el presente elemento se deja del testimonio del testigo ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO SEXTO: EXPERTICIA DE EXTRACCION DE CONTENIDO, N°989, de fecha 06-07- 2023, suscrita por el Detective PEDRO SUAREZ, practicado al siguiente objeto: “UN TELEFONO MOVIL CELULAR DE COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO SM-A336M/ DSM, BATERIA INTERNA, IMEI 01: 350771650156377, IMEI 02: 354778830156371, MEMORIA RAM 06, PROVISTA DE UNA TARJETA SIM CARD PERTENECIENTE A LA EMPRESA MOVISTAR, SIGNADO CON EL NUMERO TELEFONICO (0414-261.84.47) SERIAL, 895804220012974652.”
Con el presente elemento se deja constancias de las conversaciones que se suscribían en el referido equipo telefónico, actividad que guarda relación con la investigación.
DÉCIMO SEPTIMO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10-07-2023, interpuesta por el dudada M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antesí instalaciones de la Fiscalía décima Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde di constancia de lo siguiente: “Yo conozco al ciudadano ALBERTO VASQUEZ desde ha^. aproximadamente 20 años ya que le he hecho varios trabajos en su finca ubicada enP Municipio Ospino, y desde entonces mantenemos una amistad, en el mes de Mayo del año 20; ALBERTO me propone comprarme mi CAMIONETA DE USO PARTICULAR, MODEl 4RUNNER, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, AÑO 2015, PLACA AI936KG, la cual esta! vendiendo por un monto de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$), y me solicitó que diera un plazo máximo de 45 días para la cancelación de dicho vehículo ya que esta! esperando un pago de un negocio que había hecho con su sobrino de nombre JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, a lo que yo accedí por confianza en ALBERTO ya que lo conozco dése casualmente le había caído la llamada porque andaba en el pueblo, ALBERTO comenzó discutir con el y a exigirle que respondiera por todo lo que me adeudaba y yo le solicité que sin me iba a pagar la camioneta que entonces me la entregara ya que yo se la había ofrecido a otr persona y se comprometió a llevar en 8 días la camioneta la El dinero adeudado por el alquile de las maquinarias hasta Caracas (eso nunca ocurrió), hace tanto tiempo, y procedo entregarle los documentos originales entre esos el titulo, las dos llaves y los resguardos de I: camioneta, reitero, por plena confianza en ALBERTO, posteriormente, 15 días después, mi propone un negocio, de alquilarme dos maquinas, una retroexcavadora y un jumbo, ya que mi indica que le salió un trabajo con su sobrino JUAN CARLOS, ya que este tenia una empresa er Puerto Ordaz y que necesitaba las dos maquinas que generarían aproximadamente un monto di 10.000$ mensual, incluso un poco mas, y en vista de que ese es mi trabajo principal, el de alquilar maquinarias yo le dije que si se podía, pero que en vista de que la persona que el me mencionaba yo no la conocía se las podía alquilar a ALBERTO, incluso me dijo que dicht alquiler me lo podrían pagar con el oro que estaban explotando, y que me comenzarían a paga: a partir del segundo mes ya que el primer mes habían operaciones a lo que yo indique que no habla ningún problema, a lo que ALBERTO acepto que el seria el responsable por dichas maquinas, ya que en reiteradas oportunidades yo le indique que a personas extrañas yo no le alquilaba, entonces yo procedí a realizarle un poder notariado a ALBERTO (el cual revoqué en el año 2022), y el se entendía directamente con su sobrino ya que los de la negociación eran ellos y ya después ALBERTO le alquilaría a su sobrino, ALBERTO me dice un día que su sobrino vendría a ver las maquinas a ver si le convenía, y efectivamente su sobrino JUAN CARLOS vino a mi finca en compañía de otros dos sujetos de los cuales desconozco su identidad, aproximadamente en el mes de Junio del año 2021, ahí lo conocí, observó la maquinaria y manifestó que si le servían para el trabajo pero que había que hacerle unos arreglos y me corroboró como sería el pago y la negociación, repitiéndome una vez mas lo que ya me había indicado ALBERTO en días anteriores, quince días después aproximadamente me llama ALBERTO y me indica que venían a buscar la primera maquinaria, y enviaron un transporte (grúa) y se llevaron la retroexcavadora, posteriormente 20 días después nuevamente me llama ALBERTO y mandaron a buscar el Jumbo Posteriormente, se vence el plazo de la camioneta y: yo le indico a ALBERTO que me diera razón de lo que había pasado por lo cual el me indica que nos fuéramos a PUERTO ORDAZ para así buscar el dinero de la camioneta y el primer pago por el alquiler de las maquinarias ya que ya habían pasado dos meses desde que se habían llevado las maquinarias, tengo entendido que debíamos pasar primero por caracas buscando unos carnet emitidos de la empresa de JUAN CARLOS ya que esa era la autorización para ingresar a las minas y así poder ir a observar las condiciones en las que se encontraban las maquinarias pero por situación de tiempo procedimos a irnos directo a Puerto Ordaz en el mes de Agosto del año 2021, y ALBERTO le avisó a su sobrino que llegaríamos un martes a Puerto Ordaz, estando allá, el llama a su sobrino y este le dice que el miércoles el llegaría al hotel donde estábamos hospedados, cosa que nunca pasó, después el jueves le dijo que saldría el fin de semana de donde estaba, cosa que tampoco paso, en fin estuve 15 días allá en Puerto Ordaz pagando hotel y comida y el nunca apareció y por lo tanto, molesto me regresé, supuestamente ALBERTO se quedó en Puerto Ordaz dos meses esperando porque su sobrino apareciera y nunca apareció y yo esperando porque aparecieran mi camioneta y mis maquinas. En Junio del año 2022 me consigo a ALBERTO en un local comercial en Ospino y le comento que me diera el número de su sobrino para entonces yo llamarlo ya que según a el ya no le atendía el teléfono, en eso procedo a llamarlo y el me atendió y dijo que al tiempo le hago seguimiento a la camioneta y me percato que le habían sacado un directo y/o rapidito a la camioneta ya que había sido vendida, en vista de dicha situación ALBERTO y yo llegamos a un acuerdo preparatorio amistoso por indemnización del daño patrimonial causado a mi persona sobre la camioneta, y el me indico que en caso de que se lograra recuperar la camioneta esta seguiría siendo mía, para lo cual el me entregó dinero en efectivo, un alimento para consumo animal, unos animales (cochinos), y dos equipos de ordeño portátiles en calidad de depósito ya que era para venderlos pero aun no los he podido vender, dando un valor total de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS (42.000$), durante la consumación de ese acuerdo, en vista de que me canse de esperar el pago, y que no aparecía ni la camioneta ni las maquinas procedí a formular denuncia en contra de ALBERTO VASQUEZ ante el Ministerio Publico en fecha Noviembre del año 2022 la cual es llevada por la Fiscalía Primera del Segundo Circuito estado Portuguesa. Es todo"
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima va que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO OCTAVO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-03-2023, interpuesta por el ciudadano A.J.V.P, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía tercera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: “Bueno para diciembre del año 2020 yo me entrevisto con mi sobrino de nombre Juan Carlos Quezada Vásquez, debo acotar que no lo veía desde que el tenia aproximadamente 12 años, el es hijo de mi media hermana mayor Ramona Vásquez y Carlos Quezada quien es mi cuñado, ella me había dicho que el estaba inmerso en la política y me da su número y yo lo invito a mi casa, una vez allí el me indica que estaba trabajando con el Ministerio de Petróleo y Ministerio Para las Industrias Básicas Del Estado, y que estaba ejerciendo el cargo de interventor y asesor ya que él es abogado. Debido al tiempo que teníamos sin vernos, comenzamos a conversar y le comento que yo tenía una empresa en Ospino Estado Portuguesa y le pregunto por la posibilidad de que me ayude a conseguir un crédito, a lo que él me responde que si me podía ayudar, por lo cual yo le entrego documentación de mi empresa para que este me ayudara con lo del crédito (cosa que nul ocurrió), así hablamos por varios meses, posteriormente en el mes de Mayo de año 2021,, presenta a mi casa con un documento de una empresa de nombre Gold Q & A, C.A R¡^ 500647310, donde el mismo era presidente de esa compañía y me dice que con esa empresa habían dado una concesión de una Mina En Guasipati en una zona del Estado Bolívar, yl indica que el no tenía un vehículo para trabajar allá y que si yo le podía conseguir un vehículo bueno y el lo pagaba en dos meses, y que si no en 45 días, aparte de eso necesita dos (fe Maquina Retroexcabadoras y que de igual modo también se las podía conseguir y por dichas maquinas se pagaría un alquiler a través de la misma empresa, como para ese momento encontraba en la ciudad de Caracas entonces le dije dejame trasladarme a Portuguesa y ver qi podía hacer, al llegar a Ospino que es donde tengo mi empresa y estando allí vi en el estadot whatsapp de un amigo de nombre Manuel Guillermo Barrios que tenía publicada una Camiones Marca Toyota, Color Blanco, Modelo 4runner, Año 2015, y procedí a llamarlo, le pregunté que la camioneta era de él, para lo que me respondió que si y en vista de eso me trasladé hao Acarigua para hablar con el personalmente por dicha camioneta, una vez allí conversamos y me dice que la estaba vendiendo en cuarenta y dos mil dolares (42.000$ Dólares Americanos para lo cual le indico que en ese momento yo no tenía para cancelarle la camioneta y quel necesitaba para una negociación por lo que entonces el me da 45 días de plazo paral, cancelación de dicha camioneta, por lo cual le indico además que tengo un sobrino que habían asignado una mina y que dicha camioneta era para el para que se movilizara allá en k zona, en ese momento Manuel me indica que el no tiene problemas en entregarme la camioneta pero que cualquier cosa yo me hiciera responsable y le indique que no había ningún problema además le comenté que el necesitaba alquilar dos Retroexcabadoras para lo que él se mostré interesado en la negociación que le planteé y yo procedo de inmediato a llamar a mi sobrino y le indico que necesito que se viniera a Portuguesa para que conversara directamente con Manuel, para lo cual en el mes de mayo del año 2021 un día sábado mi sobrino vino en compañía de otros dos ciudadanos los cuales se identificaron con los nombres de Jhonatan y Aldri, supuestamente estos también eran abogados y trabajaban juntos, conversamos que estaba la camioneta y que tenía 45 días para cancelarla, pero le hice menciona que debíamos ir hasta la Finca Los Alacranes a los fines de que conversara directamente con Manuel para que le explicara cómo sería la formalidad del pago de la misma, efectivamente nos trasladamos a al finca y una vez allí, Manuel le explica lo de la camioneta, mi sobrino procedería a explicarnos a Manuel y a mí como sería la negociación de dichas maquinas, y mi sobrino procedería a explicarnos a Manuel y a mí como sería la negociación de dichas maquinas, estando en el lugar mi sobrino juan le explica el negocio a Manuel y le indica que este iba a percibir diez mil dólares (10.000$) mensuales por el alquiler de dichas máquinas y de igual modo yo, es decir, que la totalidad del alquiler seria de veinte mil dólares (20.000$) mensual divididos en partes iguales para Manuel y a su vez me indica que la instrucción que el tenia era que dicha negociación la debía realizar con alguien de su extrema confianza por lo cual me indica que dicha documentación debía realizarla directamente conmigo, en vista de dicho planteamiento acordamos con Manuel que este procedería a realizarme un poder notariado por dichas maquinarias y posteriormente yo firmaría el documento de arrendamiento de las maquinarías con mi sobrino, y manuel manifiesta su conformidad con el negocio y con todo lo planteado y a su vez le solicitó que le diera un plazo de 15 días para repararle algo a las máquinas y se las pudiese llevar, en eso mi sobrino se retira llevándose consigo la camioneta. Luego con el pasar de los días procedemos a realizar la documentación concerniente y aproximadamente 15 o 20 días después mi sobrino retorna en compañía de los mismos sujetos, y en esta ocasión lo recibe Manuel y proceden a llevarse las maquinarias con destino al Estado Bolívar, las cuales fueron entregadas por Manuel únicamente porque yo me encontraba en Caracas, en los primeros días de agosto de 2021 Manuel me llama y me dice que nos traslademos hasta el Estado Bolívar para ir a buscar el dinero de la camioneta y a ver las maquinas, estuve de acuerdo y procedimos a trasladarnos hasta allá, situación que en todo momento le hice saber a mi sobrino, llegamos a Puerto Ordaz y nos instalamos en un Hotel Frente al aeropuerto, allí durante los primeros 5 días juan nunca atendió el teléfono, luego un día jueves nos atiende y Manuel le manifestó a Juan que este tendría que pagar unos intereses por el atraso del pago de la camioneta para lo que juan le responde que sí, que no había ningún problema, y nos manifestó que no podríamos acceder a las minas por motivos de lluvia y eso significaba un riesgo, Manuel estuvo conmigo 15 días mientras que yo pernoté 2 meses a la espera de mi sobrino quien durante ese tiempo me atendió el teléfono solo 3 veces, siempre con una excusa distinta, posteriormente para finales de noviembre Manuel me solicita que se le entregue la camioneta ya que él la tenía negociada y cuando le hago saber a mi sobrino este me indica que el 21 de diciembre 2021 el con toda seguridad entregaría la camioneta o el dinero (cosa que nunca sucedió), comenzaron los conflictos con Manuel porque mi sobrino no aparecía, ni con el dinero, ni con la camioneta y ni las maquinas, y con juan mantuve comunicación hasta el mes de marzo del año 2022 (las cuales aún conservo). En el mes de junio del 2022 yo le explico a Manuel que juan ya no me atendía el teléfono y que no sabía que hacer y es cuando Manuel procede a llamarlo de su teléfono celular y a él si le atiende la llamada, en ese momento ambos procedemos a hablar con él, yo estaba molesto y le manifiesto que porque a mí no me contestaba el telefoneo y a Manuel si le respondía, que me había hecho quedar mal y éste le dice a manuel que en 8 días el traería la camioneta, las máquinas y el dinero adeudado por el trabajo de la máquinas y los intereses (cosa que no cumplió) y días posteriores recibo llamada telefónica de Manuel y es cuando me indica que la camioneta había sido vendida en dos oportunidades, la primera en enero del año 2022, y la segunda unos meses después, en virtud de esto yo le digo a Manuel que entonces vamos a proceder a denunciarlo y éste me indica que no, que aun no, que primero llegáramos a un acuerdo nosotros 2, por lo cual me cita en una panadería situada en la ciudad de Araure, donde el se encontraba en compañía de su esposa y de un abogado de confianza, en ese momento yo me comprometí a que le entregaría a Manuel, cuarenta y dos mil dolares (42.000$) para resarcir el daño causado, y si aparecía la camioneta el se podía quedar con ella, mas si embargo también le manifesté que si la camioneta no aparecía yo le daba 30.000$ dolares mas, que en un total eran 72.000$ y con eso saldábamos el tema de camioneta. Y procedo a comenzar a pagarle, una vez que ya le había cancelado aproximadamente veinte mil dolares (20.000$) me lo encontré frente a Banplus en la ciudad de Acarigua y le digo que la próxima semana le cancelaría diez mil dolares (10.000$) mas, y es cuando el me indica con palabras textuales "Ya Yo Denuncie.!, le dije esta bien, estas en todo tu derecho, pero le pregunto si había dicho toda la vedad, e incluso que ya le había dado 20.000$ dolares, y al acuerdo que había llegado después que yo pagara todo, que era denunciar a Juan Carlos para que hiciera entrega de las máquinas, el solo me dice que había denunciado por la fiscalía primer acarigua, ene so me monto en mi carro y me traslado hasta la referida fiscalía, explique toe situación y es cuando la fiscal me indica que el ciudadano Manuel Barrios me había denuiy por cuando indicó que el me había entregado a mi un vehículo y unas maquinarias y no# vuelto a saber nada de mi cosa que era totalmente falsa, porque siempre manteníamos contacto y le manifesté a la fiscal que yo conservaba los soportes de pago los cuales le había hecho Manuel, ese mismo día la rato llega Manuel al despacho y ambos conversamos con la fiscal, le pregunta si era verdad lo que yo manifestaba y el efectivamente corroboró a la fiscal los pagos que yo le había realizado, para el momento la fiscal le solicito un escrito donde se deje constancia dichos pagos. Posteriormente procedo a cumplir con el señor Manuel con la totalidad del pago acordado por mi persona cancelándole la totalidad de los cuarenta y dos mil dólares (42.000$) dichos comprobar también fueron consignados en dicha representación fiscal, incluso de esa investigación ya logró la recuperación de la camioneta en circunstancias que desconozco y reposan en la fiscalia primera, quiero hacer mención además, de que mi hermana de nombre Manuel Vasquez convino con una hermana de Juan Carlos de nombre Gleidis Quezada Para Que Intercediera A Fin de saber Donde Están Las Maquinarias Que Se Llevó Y Esta Le Comentó Que Juan Carlos Estaba Hablando Con Manuel y coordinando con la fiscalía la entrega de dichas maquinas, cosa que es cierta porque para ese momento me comunique con Manuel, a ver is había hablado con Juan Carlos, y me dijo que no, entonces decido trasladarme hasta la fiscalía primera, donde ni
informaron que no tenía conocimiento de eso, yo le sugerí que citaran a la mama y hermana de Juan Carlos, a los fines de verificar esa información, en vista a esa situación decidí formula denuncia en contra de mi sobrino Juan Carlos Quezada Vásquez, en fecha 21 de junio del año 2023 por ante la fiscalía décima del estado portuguesa, donde solicite que citaran a Manuel Barrios los fines de que informara si había conversado Con Juan Carlos para la entrega de las maquinas, quien efectivamente dijo que no había tenido contacto con él desde junio del año 2022. es por ello que quiero dejas claro por ante esta fiscalía que en mayo se cumplen tres años de toda esta situación, y hasta la presente fecha Juan Carlos Quezada Vasquez, no ha dado la cara, no ha entregado las maquinas, ni ha respondido por el pago de la camioneta, tengo entendido que se presentó por ante a la fiscalía primera con un abogado el 05-12-2023, y presento un escrito supuestamente del contrato, y el fiscal para el momento le pregunto por la maquinas, y este manifestó que las tenía en su empresa, mientras tanto Manuel me sigue llamando, presionando por la maquinas, y este delincuente Juan Carlos Quezada Vásquez, sigue evadiendo su responsabilidad, quien hasta la presente fecha que su actuación puso en riesgo mí integridad física, mi reputación y mi honorabilidad, valiéndose de mi buena fé y del vínculo que nos une como familia. Es todo"
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO NOVENO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-03-2023, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PÚBLICO), ante las instalaciones de la Fiscalía Tercera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: “Bueno yo denuncie a el señor ALBERTO VASQUEZ porque le vendí una camioneta RUNNER, de color blanco, en el año 2021, el pago era para 45 días, por un monto de cuarenta y dos mil dolares (42.000 $), al pasar aproximadamente 15 días me dice ALBERTO a quien conozco hace más de 20 años, que necesitan dos máquinas un JUMBO Y RETROEXCABADOR, las maquinas eran para trabajarlas en Bolívar que un sobrino de ALBERTO que tenía una empresa para trabajar en la minería y era socio de ALBERTO que era su tío, las necesitaba, yo le dije que no podía mandar mis maquinas hasta allá si no conocía a la persona, que la única manera era que el se hiciera responsable de esa maquinas, me dijo que no importaba y que le hiciera un poder, donde él se hacía responsable de las maquinas, porque él iba a trabajar con su sobrino que era su socio. Una vez llevadas las maquinas hasta Bolívar me dicen que a los dos meses me van a comenzar a cancelar por el alquiler de las maquinas, en vista que se venció el pago de la camioneta y el pago de las cuotas por ella alquiler de las maquinarias, nos dirigimos gasta Bolívar ALBERTO Y mi persona, teniendo su conocimiento su sobrino que íbamos para allá a cobrar la camioneta, y el primer pago del alquiler de las maquinarias, porque ALBERTO hizo negocio con su sobrino por la camioneta. Una vez allí duramos 15 días en Puerto Ordaz y nunca apareció su sobrino, me regreso le doy cierto tiempo a ALBERTO para que me cancele la camioneta y las máquinas y en vista de que no hubo pago de ninguno, procedí a denunciarlo por estafa, o incumplimiento de pago, tanto la camioneta y las maquinas quedaron solicitadas porque no me dieron el dinero ni me devolvían ni la camioneta ni las maquinas. Luego me entere por el mismo ALBERTO que había denunciado a su sobrino porque lo había estafado, gracias a DIOS localizan la camioneta en Bolívar y comienzo a moverme para recuperarla, y me la entregan en guardia y custodia, y entregue copia certificada de los documentos de tradición de la camioneta y aun no me han dado la entrega total. Y aun las máquinas están desaparecidas, nunca me dieron el pago por el alquiler de las maquinas ni me las devolvieron, ambas están solicitadas, también llegue a un acuerdo con ALBERTO por la camioneta por el tiempo que tenía perdido, me dio como una bonificación en convencimiento de los dos por el tiempo que no me habían cancelado la camioneta, el sobrino de Alberto se llama CARLOS QUEZADA. Y necesito que me entreguen la camioneta formal y que aparezcan mi máquinas y el pago del alquiler que ya van casi tres años. Es todo.”
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima va que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
VIGÉSIMO: COMUNICACIÓN N°18-F3-2C-1062-2024, de fecha 13-05-2024, dirigida al Comisionado Jefe del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de Acarigua, estado Portuguesa, donde se solicita: TRIPA Y TRAZA de un vehículo con las siguientes características: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, TIPO: SPORT WAGON, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, USO: PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR: 1GRB177781, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, PLACA: AI936KG.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO PRIMERO: COMUNICACIÓN N°18-2C-DDC-F3-1063-2024, de fecha 13-05-2021* dirigida al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística Delegación Municipal Acarigua, sonde se solicita EXCLUIR DEL SISTEMA DE SIIPOL, i vehículo: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, PLACA: AI936KG, SERIAL DE MOTOR 1GRB177781, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, CLASE: CAMIONETA, TIPO: SPORT WAGON USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, el cual se encuentra solicitado en la causa MP-249656-2022, DE FECHA 16-12-2022, por uno de los Delitos Contra La Propiedad (ESTAFA), el cual le fue practicado Reconocimiento Técnico N.° 2302098, de fecha 07-02-2023.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos, investigados.
VIGÉSIMO SEGUNDO: COMUNICACIÓN N°18-F3-2C-1080-2024, de fecha 15-05-2024 dirigida al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Acarigua, en Atención: A la Oficina de Enlace den I.N.N.T del CICPC donde se solicita: TRIPA Y TRAZA de un vehículo con las siguientes características: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, TIPO: SPORT WAGON, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, USO: PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR: 1GRB177781, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, PLACA: AI936KG.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO TERCERO: COMUNICACIÓN N°07-FS-2901-2024, de fecha 29-05-2024, suscrito por el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, donde remite: Resultas de Auxilio Fiscal, solicitado por esta Representación Fiscal, el cual guarda relación con el Caso MP-249656-2022.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO CUARTO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 21-05-2024, suscrita por el Detective SÁNCHEZ ESPINOZA Deivis Jesús, credencial: 52.017, adscrito a esta Delegación Municipal, quién estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en los artículos HYPERLINK "callto:115, 153, 285"115, 153, 285 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: "Encontrándome en las labores de servicio recibí de mano del Inspector Agregado CAPRARO Luis, Jefe de la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, oficio número 07- F1-2C-1337-2024. emanado por la Fiscalía Primera del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, relacionada a la causa fiscal signada con la nomenclatura MP- 249656-2022, iniciado por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad, previo conocimiento de los jefes naturales de este despacho; procedí a realizar diligencias en pro de dicha solicitud, con la finalidad dar cumplimiento a dicha orden, SE DEJA CONSTANCIA QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO II DE ACTUACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA, IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, ES TODO, Terminó, se leyó y conforme firman.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia de las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante.
VIGÉSIMO QUINTO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 21-05-2024, suscrita por el Detective SÁNCHEZ ESPINOZA DEIVIS JESÚS, credencial 52.017. adscrito a esta Delegación Municipal, Quien deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: "Continuando con las investigaciones relacionadas con la causa fiscal signada con la nomenclatura: MP-249656-2022, que se instruye por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad, me trasladé en compañía de los funcionarios Detective Jefe RONDON María, Detective Agregado RODRÍGUEZ Francisco y la Detective HUERTA Andrea (Técnico), a bordo de unidad identificada, hacia la siguiente dirección: SEDE DE LA EMPRESA DENOMINADA GOLD Q&A, C.A, RIF: J-50064731-0 EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR UÑARE 2, VEREDA NÚMERO 70, LOCAL NÚMERO 01, PARROQUIA UÑARE, MUNICIPIO CARONÍ, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR; con la finalidad de realizar la respectiva Inspección Técnica en la referida empresa; Una vez estando en el lugar de los hechos, plenamente identificados como funcionarios activos de este Cuerpo de Investigaciones, una vez presentes en la referida dirección, procedimos a realizar varios recorridos por las adyacencias del lugar, donde sostuvimos coloquio con una persona de sexo masculino, quien no quiso aportar sus datos personales por temor a futuras represalias, a quien luego de manifestarle el motivo de nuestra presencia en el lugar, nos manifestó que la referida empresa dejo de funcionar desde hace mucho tiempo, desconociendo la fecha exacta, por lo que le inquirimos información respecto a la identificación de algún socio de la misma, indicándonos que poseía el número telefónico de un socio el cual solo sabe que se llama JONATHAN PILDAIN, el cual es el siguiente HYPERLINK "callto:0424-946-01-45"0424- 946-01-45; En vista de lo antes expuesto procedimos a retornar hasta la sede de nuestro despacho, una vez presentes en la misma se le notificó a los Jefes naturales de esta oficina sobre las diligencias policiales realizadas, quienes se dieron por notificados y ordenaron hacer lo conducente para ubicar a la persona quien figuro como socio en la empresa antes mencionad por lo que procedió la funcionario Detective Jefe RONDÓN María, a realizar llamada telefónica al siguiente número telefónico 0424-946-01-45, quien luego de unos breves minutos logro tener comunicación con una persona de sexo masculino quien manifestó ser la persona requerida quien luego de manifestarle el motivo de la Llamada, se le solicito que compareciera por ante este despacho el día de hoy (21/5) / 2024 a las 4:00 horas de la tarde, a fin de rendir entrevista en relación al hecho que hoy nos ocupa, indicando no tener inconveniente, motivo por el cual se le notificó nuevamente a los jefes de esta oficina, quienes ordenaron dejar plasmado mediante la presente acta lo antes expuesto, se anexa acuse de recibo de boleta de citación a la presente acta de investigación; SE DEJA CONSTANCIA QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO II, DE ACTUACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA, IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, ES TODO. SE LEYÓ Y ESTANDO CONFORMES FIRMAN.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia de las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante.
VIGÉSIMO SEXTO: Cursa en el expediente ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-05-2024 interpuesta por el ciudadano P.J, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Ciudad Guayana, del Estado Bolívar, donde deja constancia de lo siguiente: "Me encuentro en esta oficina el día de hoy 21/05/2024, ya que fue citado mediante una llamada telefónica por funcionarios de este despacho, porque socio de la empresa Gold Q&A, C.A y esta empresa fue denunciada ante la fiscalía de Portuguesa, por la apropiación de los vehículos 1- tipo retro- excavadora, color amarillo, marca Caterpillar, modelo 320 CL, año 2011, serial ANB00514 y 2- tipo retro-excavadora, color amarillo, marca Caterpillar, modelo 420D CL, año 2002, serial 7BJ70180DG206224, pero esos vehículos tienen un contrato de arrendamiento de cinco (5) años y fueron entregados a voluntad propia por el propietario de las maquinarias de nombre Alberto Vásquez y que ese caso lo está manejando legalmente el presidente de la empresa Juan Carlos Quezada Vásquez, por el estado Portuguesa; es todo".
Se desprende como elemento de convicción el testimonio transcrito del ciudadano P.J, quien funge como testigo del presente caso....”
No obstante a lo anteriormente señalado, y todo cuanto quedó demostrado en el escrito así como las copias de la totalidad del expediente, se observa que la Juez, manifiesta que el Ministerio Público, no -ha judicializado- la investigación, no comprende esta Representación Fiscal los motivos que llevaron a la recurrida, a señalar tal aseveración, ni menos aún la falta de pronunciamiento en relación a las medidas cautelares solicitadas de carácter personales establecidas en el artículo 242 numerales 3 y 4, lo que evidencia una falta de pronunciamiento a una solicitud, lo que sin duda alguna vicia de nulidad dicho pronunciamiento.
Es decir ciudadanos Magistados de la Corte de Apelaciones, la Juez natural a la cual le correspondió conocer del presente asunto, estableció en su decisión que en su criterio el presente proceso en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, no se había judicializado, siendo que precisamente fue a ese Tribunal de Instancia a través de la Distribución de la Unidad de Distribución de Documentos, que a la Juez de Instancia le correspondió conocer el expediente OM-2024-001643; correspondiendole entonces como Juez Natural la presente causa, así como conocer de la solicitud de las medidas; medidas que como se señaló anteriormente de manera inmotivada negó, -por cuanto actuó de manera jurisdiccional por ser la juez natural- aun y cuando el Ministerio Público presentó su escrito de solicitud acompañado de copias de todos y cada uno de los elementos de convicción que hacen presumir la participación del referido ciudadano en los hechos investigados, así como la debida imputación en sede Fiscal.
La recurrida yerra, al establecer de manera ligera que en el presente caso no existen fundamentos para realizar solicitudes de medidas cautelares en el presente proceso, por considerar que el Ministerio Público, se circunscribió a materia de fondo, sin haber presentado un -acto conclusivo-; es de señalar ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones, que no solo es contrario a la verdad, sino que además dicha decisión causa un gravamen irreparable al Ministerio Público, al vedar la posibilidad de solicitar medidas cautelares durante la investigación, lo cual es gravísimo, por cuanto de sentar este criterio vulnera el derecho a la defensa y mas allá, garantizar el fin último del proceso que es la búsqueda de la verdad y realizar la sanción, lo cual podría devenir en impunidad en los hechos controvertidos.
Por tanto, resulta oportuno señalar lo establecido en la sentencia Nro. 1316, del 8 de octubre de 2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: Osmar Buitrago Rodríguez y Clemente José Quintero Rojo), en la cual respecto a la inmotivación dejó sentado lo siguiente:
"(...) la exigencia de que toda decisión judicial deba ser motivada es un derecho que tienen las partes en el proceso, el cual no comporta la exigencia de un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentaron la decisión. Esta exigencia de motivación deviene, en primer lugar, de la razonabilidad, es decir, la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero sí tiene que ser razonable; y, en segundo término de la congruencia, que puede ser vulnerada tanto por el fallo en sí mismo, como por la fundamentación. De allí, que dicha exigencia se vulnera cuando se produce ‘un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones, al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido' (Sent. del Tribunal Constitucional Español N.° 172/1994); así como cuando la motivación es incongruente por acción o por omisión
Esta Representación Fiscal debe señalar de forma clara lo que la Jurisprudencia patria definido como la motivación de una decisión judicial, y a tal efecto, la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 1047, del 23 de julio de 2009, con ponencia la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHAN, ha señalado entre otras cosas lo siguiente:
“...(omissis.). La exigencia constitucional de que sean expresadas las razones tácticas y jurídicas de que se sirvió el juzgador para concluir en el silogismo judicial adoptado, garantiza tanto a la colectividad como a los sujetos procesales que conozcan las razones que fundaron lo resuelto, y permite que se controlen los fundamentos que motivaron el acto jurisdiccional dictado, mediante los mecanismos de impugnación correspondientes, y así evitar la arbitrariedad o capricho judicial, capaz de causar indefensión judicial.
Asimismo, debe tenerse presente que por mandato del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, por lo que toda sentencia emanada de la jurisdicción debe ser motivada en razón al derecho y la justicia, máxime en el campo penal, en el que los bienes jurídicos afectados por su elevado contenido ético y humanístico no son objeto de medición material; lo cual obliga a que la motivación como regla procesal, sea “suficiente, precisa, consistente y coherente con el fin de evitar que las decisiones judiciales respondan al capricho o la arbitrariedad"; lo contrario vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia N° 2.465/2002, recaída en el caso).
El artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que las decisiones del tribunal deben ser emitidas mediante sentencias o autos fundados so pena de nulidad; y ello es así por cuanto el juzgador debe ofrecer a las partes la motivación de la sentencia como solución a la controversia; eso sí, una solución racional, clara y entendible que no dé lugar a duda en el ánimo de los justiciables del porqué se arribó a una determinada solución en el caso planteado...”. (Negrillas y subrayado de la Sala).-
Asimismo, el criterio sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 059, del 26 de febrero de 2010, con ponencia de la Magistrada MI¬RIAM MORANDY MIJARES, ha señalado en relación a la motivación, lo siguiente:
..Omissis... Para poder establecer que un fallo se encuentra correctamente motivado, este debe expresar los motivos de hecho y de Derecho en que ha sido fundamentado y según lo que se desprendió durante el proceso. En tal sentido, la motivación comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales y así dar exacta garantía del derecho a una tutela judicial efectiva conforme impone el artículo 26 del Texto Fundamental.
Tal exigencia, se encuentra íntimamente relacionada con la legitimidad de la función jurisdiccional, en torno a que el fundamento de la sentencia debe lograr el convencimiento de las partes en relación a la justicia impartida y permitir el control de la actividad jurisdiccional. Al respecto, la Sala ha establecido que:
la motivación debe garantizar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no una derivación de lo arbitrario, por lo que no debe ser entendida como una mera o simple declaración de conocimiento sino que ha de ser la conclusión de una argumentación que ajustada al tema decidendum, permita tanto a las partes como a los órganos judiciales superiores y demás ciudadanos conocer las razones que condujeron al dispositivo del fallo, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario.". (Sentencia N° 620, de fecha 1 de noviembre de 2007, ponencia del Magistrado Dr. Héctor Coronado Flores). Omissis.
En atención a las decisiones transcritas parcialmente, puede concluir esta Representa¬ción Fiscal, que tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Ca¬sación Penal de la Máxima Instancia Judicial, afirman que la motivación del Juez al momento de dictar una decisión correspondiente, debe cumplir con una serie de requisitos; entre los cuales se destaca en primer lugar, que la misma debe abarcar todos -los supuestos tácticos y jurídi¬cos que fueron alegados por las partes en sus respectivas solicitudes-. En segundo lugar, la motivación debe estar ajustada a las reglas de derecho estatuidas por el legislador en las le¬yes correspondiente, esto con la finalidad de que la misma se encuentre fundada bajo el princi¬pio de legalidad; y en tercer lugar tenemos que el Juez tiene la obligación por mandato expreso de la Ley de explanar los fundamentos jurídicos de hecho y de derecho que lo motivaron a dictar la correspondiente decisión, no solo basta con realizar un auto el cual sea intitulado motivación, por cuanto el auto deben señalarse los motivos de hecho y de derecho que llevaron a la convic¬ción al juez de su decisión, so pena de nulidad.
En este mismo orden de ideas, se debe recalcar que la debida fundamentación va en to¬tal apego al cumplimiento efectivo de las garantías procesales estatuidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto significa, que la motivación que no cumpla con los requisitos establecidos por la Ley y la Jurisprudencia Patria, va en contra del derecho a la Tutela Judicial efectiva, lo que ocasiona de cierta forma una violación flagrante del derecho fundamen¬tal que tienen todos los ciudadanos de acudir ante los Órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos e intereses.
A tal efecto de la revisión absoluta y lacónica realizada a la decisión que hoy se impugna, se observa, que la misma carece de fundamentos jurídicos que establezcan la plena convicción de la decisión proferida por la Juez de Instancia, la cual carece de motivación.
En consecuencia, puede evidenciar de forma fehaciente esta Representación Fiscal que en la decisión recurrida la Juez no sustentó con raciocinio jurídico, una fundamentación adecuada sobre el por qué llegó a esa convicción de la improcedencia de las m cautelares, máxime cuando ni tan siquiera señaló absolutamente nada en relación a las me cautelares del artículo 243.3.4 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual fueron solicitad el mismo escrito -lo que denota omisión de pronunciamiento-.
Razón por la cual, se puede evidenciar, que estamos ante la presencia de una motivación por parte del a quo generando a su vez, una violación a la tutela judicial efectiva, establecida por el Legislador en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asi como el debido proceso establecido en el artículo 49 Constitucional, tal y como quedo establecido en las citas Jurisprudenciales previamente señaladas.
En consecuencia, no comprende esta Representación Fiscal como en base a qué circunstancias la Juez de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, dictó decisión negando la solicitud de medidas cautelares, tanto de carácter reales como personales, pues la misma solo se circunscribió a realizar y analizar jurisprudencias, sin señalar de forma clara como llegó a la convicción de la improcedencia de las medidas solicitadas.
Por lo que en el presente caso dicho pronunciamiento adolece del vicio de motivación contemplado en el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece Io siguiente:
“...Artículo 157. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.
Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente...”
De lo anterior se evidencia que la recurrida incurrió en el vicio de inmotivación, por cuanto la misma debió fundamentar, no solo las excepciones y nulidades solicitadas por las partes, sino además todos y cada uno de los pronunciamientos dictados en dicha audiencia preliminar, salvo pena de nulidad, la cual en el presente caso es la única forma de restituir el derecho violentado por la recurrida, conforme lo establecen los artículos 174, 175 y subsiguientes del Texto Adjetivo Penal.
En tal sentido es por lo que solicito la NULIDAD ABSOLUTA De la decisión recurrida, por violentar normas y garantías constitucionales, e ir en contravención a sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Máxime cuando en el caso que hoy nos ocupa, el imputado de autos fue debidamente imputado por el Ministerio Público, y esta Representación Fiscal, consideró que ellas resultas del proceso podrían ser garantizadas con una medida de presentaciones periódicas y prohibición de salida del país conforme el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal.
Fundamentando nuestra solicitud en las consideraciones que las medidas cautelares, son a los fines de garantizar las resultas del proceso, y efectivamente las mismas deben decretarse durante el proceso, a los fines de garantizar las resultas, por lo que su finalidad no es el castigo corporal sino el aseguramiento de los fines del proceso, específicamente la sujeción de los imputados a los actos procesales y la salvaguarda del curso normal de la investigación y de la integridad de víctimas, expertos y testigos, siendo suficiente para que el juez decida en cuanto a su procedencia, que el Ministerio Público acredite en autos la apariencia del buen derecho (fumus bonis iure) y el peligro de mora (periculum in mora), el primero constituido por la existencia de un hecho punible cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita y de elementos de convicción suficientes que vinculen a los imputados con el mismo, y el segundo, constituido por la presunción, de que las condiciones propias de los imputados le faciliten o bien evadirse la persecución penal, u obstaculizar la investigación influyendo en los expertos o testigos. Y en el caso de las medidas de carácter reales el periculum in damni, el cual fue acreditado en el caso que nos ocupa. Por lo que era procedente tanto las medidas cautelares de carácter reales, así como las de carácter coporales establecidas en el artículo 242.3.4 del Código Orgánico Procesal Penal, de las cuales no hubo pronunciamiento alguno en la recurrida, lo que sin duda alguna vicia de nulidad dicha decisión.
En cuanto al peligro de fuga u obstaculización, resulta evidente que la previsión normativa rige hacia el futuro, es decir, pretende evitar que los ciudadanos se evadan del proceso o que lo obstaculicen, razón por la cual, resulta incongruente que se solicite la prueba de un hecho que no ha ocurrido, sino que, como se dijo, se pretende evitar la sustracción del imputado de la acción penal que se le sigue, máxime cuando del libelo acusatorio se avizore un pronóstico de condena.
En tal sentido, resulta oportuno citar un extracto de la Sentencia N° 715 del 18-4-2007, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, en relación con estos extremos que hacen procèdente el decreto de una Medida Cautelar:
"Las medidas de coerción nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. ’’
Es por ello necesario, y vista la imputación realizada al investigado de autos por parte del Ministerio Público, en el presente caso, se solicita se decrete la medidas cautelares tanto de carácter reales como personales, establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, así como en el Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva por cuanto por la apreciación de las circunstancias del caso, en atención a lo anteriormente expuesto, y por encontrarse el ciudadanos: JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N°V-19.040.672, vinculado en los hechos que hoy nos ocupan por la presunta comisión de coautores en los delitos de ESTAFA AGRAVADA Prevista y sancionada en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6, 7 y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 ambos del Código Penal, se encuentra plena y debidamente evidenciado en su corporeidad, con los elementos de convicción probatoria que anteriormente se dejaron expresados, analizados, comparados, adminiculados y valorados.
Siendo que se demostró en autos la participación activa del imputado en los hechos investigados objeto del presente proceso judicial penal, JUDICIALIZADO en el Juzgado del a quo a los fines del pronunciamiento de las medidas solicitadas; sin que dicha juzgadora haya establecido una plena convicción de los argumentos tácticos y jurídicos a través de una adecuada motivación de la decisión judicial, dicha actuación genera un gravamen irreparable a esta Representación Fiscal, toda vez que, impide la realización de justicia en el presente caso, máxime cuando cursan en autos, suficientes elementos de convicción que acreditan la consumación adecuada de los tipos penales descritos. Por lo que, se solicita de la Honorable Corte de Apelaciones de ha de Conocer la presente incidencia, declare CON LUGAR la presente denuncia, y como corolario a la misma se decrete la NULIDAD ABSOLUTA de la decisión dictada el 17 de enero de 2025, por el JUZGADO CUARTO (04°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL extensión Acarigua del estado Portuguesa, todo ellos conforme a las previsiones establecidas en los artículos 157, 174, 175, 176, 439.1 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se solicita sea declarado.
CAPITULO VII
PETITORIO
En atención a los hechos expuestos, se observa que los mismos constituyen conducta punible, sancionada por el Código Penal, en observancia del principio de oficialidad en el ejercicio de la acción penal, solicita:
1. -Declarar la TEMPESTIVIDAD en la interposición del recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 445 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.
2. -ADMITIR el presente recurso de apelación, de conformidad con el artículo 423, 424, 426, 427, 439.1 de la citada ley adjetiva penal.
3.-Declarar CON LUGAR el presente RECURSO DE APELACIÓN ejercido conforme lo establecido en el artículo 439.4.5 del Código Orgánico Procesal Penal, contra de de la decisión dictada el 17/01/2025, por el JUZGADO CUARTO (04°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL Extención Acarigua, del estado Portuguesa, mediante la cual NEGÓ la solicitud de medidas cautelares de carácter reales y personales en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 19.040.672.
4.- DECRETE la nulidad de la decisión recurrida, conforme a lo establecido en los artículos 157, 174, 175 y siguientes del texto Adjetivo Penal.
5.- Ordene a otro Juez de la Misma Competencia del referido Circuito Judicial Penal, se pronuncie en cuanto a la Solicitud realizada por estas Dependencias Fiscales.”

II
DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El Abogado ANDRY JOSÉ CORDERO CEGARRA, en su condición defensor privado del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, en su escrito de contestación del recurso de apelación, alegó lo siguiente:

DE LOS HECHOS
El denunciante a sabiendas de que existía una contratación de la cual él fue parte y que además autoriza y que se evidencia no solo en los lapsos lo cuales deja transcurrir para denunciar, y que trata de romper utilizando la vía penal para lograr su propósito en vez de la vía civil que en todo caso era la pertinente y decide atosigar aldenunciado por la segunda vía, El caso es que junio del 2021, establecí una sociedad! con el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, en la cual tendría una! participación en la empresa GOLD Q & A. C.A de la cual soy el presidente; Inscrita I en el Registro Mercantil Primero del Estado Bolivariano, Bajo el Tomo 80-A RMll MÉRIDA. Número 25 del año 2020. Exp. Nro. 379-43099 va que se |im MUI III M| entre las partes el antes mencionado ciudadano pondría a mi disposición una F maquinaria pesada para el movimiento de tierra en la apertura de operaciones de la I compañía antes mencionada consistente en: una RETRO EXCAVADORA, Marca I CATERPILLAR, Color AMARILLA, Modelo 320CL, Año 2001, Serial ANB00514, y una | RETRO EXCAVADORA, Marca CATERPILLAR, Color AMARILLA, Modelo 420D, Año I 2002, Serial 7BJ70180DG206224, Propiedad del ciudadano MANUEL GUILLERMO CASTRILLO como consta en las copias simples del registro de vehículo que consigno I en esta denuncia.
así mismo el mencionado señor le otorgó poder Registrado al ciudadano ALBERTO I JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, para que pudiese hacer negociaciones con mi empresa, I mencionada negociación hace referencia a los equipos antes descritos, según consta i en la copia del Poder Registrado según nota de autenticación en el Registro Público i del Municipio Ospino del Estado Portuguesa; bajo el Numero: 20 Tomo: 02, Folios I 97/100 de fecha 24 de mayo de 2021. El concepto de esta negociación consistía en la I participación del 10% de las ganancias de la extracción del mineral aurífero en la zona I en concesión asignada a la empresa que represento, en esta misma condición me fue I entregado por el ciudadano ALBERTO JOSE VASQUEZ PERALES un vehículo I Marca Toyota Modelo 4RUNNER AÑO 2015, Placa AI936KG, Color Blanco como k continuación de la inversión que se requería para tener una cuota de participación y para la obtención del resultado de producción neta mensual de la empresa GOLD Q r & A. C.A de la cual soy propietario v presidente, se anexa a la denuncia copia simple! del registro de vehículo antes mencionado a mediados del mes junio de 2021, me i traslade al Estado Portuguesa para ir al sitio donde estaba la maquinaria y el vehículo antes descritos, al momento de la entrega de la maquinaria pesada se firmó un contrato entre mi persona y el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES * cualidad está permitida por el mandato o poder antes mencionado lo que le otorga la cualidad de contratar con mi persona, en mencionado contrato quedo establecido claramente: el tiempo de duración del contrato que son cinco años, el porcentaje de ganancia por su participación como inversor en mi empresa que es del diez por ciento (10%), v la utilización de la maquinaria pesada antes descrita v que había sido parte de los acuerdos que se llegaron y se firman en el contrato de participación entre mi persona y el señor ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, el cual para el momento tiene la cualidad legal para suscribir acuerdos en referencia a la maquinaria pesada según poder registrado que le dio el ciudadano MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, plenamente identificado, se anexa copia simple del contrato suscrito entre las partes.
Así mis.no se acordó que el termino para comenzar a percibir el porcentaje ante dqQ descrito fue de ciento ochenta días (180) luego que la empresa a mi cargo comenzara las operaciones de campo pasado ese lapso el señor conversando que hay que tener las condiciones climáticas propias de la zona: ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES comenzó a solicitar el pago de lo acordado por caso fortuito v de fuerza mayor se le explicaba -que según informes del ingeniero residente de la compañía se había generado un retraso en las operaciones de la empresa por cuanto esos meses fueron
de mucha lluvia en todo el territorio nacional el cual era público v notorio y no dependía de la empresa sino del clima que era adverso para poder continuar con las operaciones de extracción de material y movimientos de tierra y que indiferentemente esto estaba dentro de lo acordado ( la condiciones climáticas) además el tiempo que se acordó en el contrato fueron de cinco años, el cual el señor ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, acepto, y se puede evidenciar en el contrato de servicios que ambas partes acordamos y firmamos, el cual se anexa a la presente denuncia.
Estando en el Estado Bolívar recibí una llamada de unas personas que se identificaron como funcionarios del CICPC adscritos a la Sub Delegación Guavana, para notificarme que la maquinaria y el vehículo que antes describo y motivo de nuestra relación contractual que motiva el incumplimiento de la tradición legal establecida en los contratos, gracias a mencionado acuerdo tanto verbal como escrito lo que me permite ampararme en el resguardo de la lev para uso de la maquinaria de esta acuerdo, En esta llamada se me informa que la maquinaria estaba siendo solicitada por el Ministerio Publico del Estado Bolivariano de Portuguesa situación que me alarmo y me acerque a la sede del CICPC ubicada en la Ciudad de San Félix para colocarme a derecho y averiguar la situación irregular que estaba sucediendo. Al momento de entrevistarme con estos funcionarios me preguntaron cuál era la situación, les explique que esa maquinaria y el vehículo me fueron entregados por el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES gracias a una negociación que se estaba llevando acabo entre este ciudadano y mi empresa a la cual yo represento, y que efectivamente había un retraso en las operaciones pero que eran por motivos no imputables a mi persona ni a mi empresa era por causas de fuerza mayor va que en ese momento las condiciones climatológicas de la zona no eran favorables para ejecutar operaciones de extracción de material v movimientos de tierra y que esta situación estaba prevenida porque es bien conocida las condiciones climáticas de la zona, estos funcionarios nunca me mostraron una orden judicial en mi contra, me tomaron una entrevista, al salir de allí me comunique con mi abogado y verificamos que efectivamente los vehículos estaban siendo solicitados por el sistema (S1IPOL) por orden de la Fiscalía Segunda del Segundo Circuito de Portuguesa del Ministerio Público.
Situación está que me extraño porque en ningún momento fui notificado de alguna investigación que cursara en mi contra por parte de esta fiscalía y menos sobre esos vehículos por cuanto hay un contrato u acuerdo firmado entre las partes donde se establece una relación contractual que en ningún momento se ha incumplido por parte de mi persona va que el contrato se firmó a cinco años tiempo que no ha transcurrido y que solo había un retraso en las operaciones pero esta situación antes de firmar se aclaró y se acordó respetar, intente conversar para ver si podía solucionar entendiendo que hay una relación de intercambio comercial v es materia Civil en todo caso, no Penal como lo está haciendo ver el ciudadano antes mencionado, así mismo es de denotar, la siguiente situación irregular la maquinaria pesada objeto de una negociación previa pertenece al ciudadano MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, anexo copia simple del certificado del vehículo indicando el nombre del propietario actual v que consta en el certificado emitido por el Ministerio del Poder Popular para Tránsito Terrestre, no entiendo como el Fiscal Segundo con competencia en vehículos pudo recepciónar una denuncia por parte del ciudadano ALBERTO JOSE VASQUEZ PERALES sin indagar en que condición entrega el esta maquinaria y este vehículo Toyota antes mencionada verificar la condición de los equipos, escuchar a todas las partes porque yo fui excluido y como tal mi derecho a la defensa dejándome en total estado de indefeccion al no permitírseme conocer de los cargos por los cuales se me' investiga desconociendo lo que establece el art. 49 N° 1 de la CRBV, En mismo orden de ideas es de razonar que la fecha de la denuncia es posterior al traslado de la maquinaria v vehículo más de tres meses pero a nadie le llamóla atención que en este tiempo nadie coloco algún tipo de denuncia lo que me otorga la razón. Este Fiscal a priori y de una manera arbitraria e irregular manda a solicitar la maquinaria y el vehículo sin una previa investigación, ni siquiera se me notifica para ponerme a derecho,
Después de 18 meses y con estas irregularidades es que se me notifica y se me hace parte del proceso olvidando mi estado de indefensión, recordemos que denunciar hecho punible sin que este se efectué es simulación del delito de estafa o apropiación, que la intención fue perjudicarme v hacerme ver ante la Lev v el Sistema Nacional de Justicia como un delincuente, ya que todo deriva de una negociación consentida entreI las partes con cualidad para ello, y que se encuentran reflejadas en un contrato; en tal | sentido es materia Civil no Penal como lo quieren hacer ver, el vehículo antes! mencionado quedo en resguardo en un estacionamiento en la ciudad de Puerto Ordazí paso un tiempo y me entero que este vehículo fue entregado al ciudadano MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, antes identificado por orden del Fiscal Primera del i Segundo Circuito del Estado Portuguesa situación aún más irregular por cuanto esta» fiscalía no conoce de este caso, conoce es la Fiscalía Segunda con competencia enl vehículos según MP-249656-2022, la Fiscalía Primera no tiene competencia paraw hacer entrega del vehículo Toyota antes mencionado esta situación es muy grave,» sobre todo porque a simple vista se puede evidenciar tráfico de influencias de los! señores ALBERTO JOSE VASQUEZ PERALES, y MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, antes identificados. Y un actuar de mala fe. Así mismo se puede evidenciar la irregularidad en copia simple del oficio emitido por la Fiscalía Primera del, Segundo Circuito del Estado Portuguesa dirigida al Ciudadano comisario jefe del' cuerpo de Investigaciones científicas penales y criminalísticas, delegación Municipal Guayana solicitando la entrega del vehículo al ciudadano MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, esta solicitud me generan las siguientes interrogantes la primera, en que momento la Fiscalía Segunda declinó competencias para que sea la Fiscalía Primera la que solicite la entrega del vehículo, si aparentemente fue la Fiscalía Segunda la que manda a incluir al vehículo Toyota y a la maquinaria pesada en SIIPOL, sin hacer el próceso de investigación correspondiente que pudiese determinar que el ciudadano j MANUEL GUILLERMO CASTRILLO, tiene cualidad de propietario para retirar el vehículo, totalmente irregular. Segundo, en ningún momento se me ha notificado a mi ¡ persona de algún proceso de investigación en mi contra, por parte de alguna de las dos Fiscalías, para así ponerme a derecho explicar y exhibir la documentación de la negociación consentida entre ambas partes que se llevó a cabo y que ahora esto señores quieren desconocer para perjudicarme, luego me comunique con el D Francisco Pulido, Fiscal Superior del Estado Portuguesa, para plantearle la situación irregular con la denuncia interpuesta por el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, ante la fiscalía segunda del segundo circuito así mismo el Fiscal Superior me manifestó que no tenía conocimiento de esa denuncia, pero me aseguro que iba averiguar, tiempo después recibí una llamada por parte de la Fiscal Segunda donde me aseguraba que en esa fiscalía no existe ninguna averiguación en mi contra ni mucho menos un expediente según MP-249656-2022. Situación que me deja aún más preocupado porque de ser así, entonces estaríamos en presencia de actos de corrupción y de tráfico de influencia utilizando al Ministerio Público como instrumento de coacción para obtener beneficios particulares, violentando los derechos de terceros de buena fe. Posteriormente fui notificado para un acto de imputación, el cual se realizó en fecha de agosto del 2023, en donde se interpusieron medios de pruebas y la solicitud de copia del expediente sin que a la fecha haya sido aprobado ni autorizado las copias del expediente, estando impedido de conocer a cabalidad de las actuaciones realizadas por las diversas fiscalías.
DEL FUNDAMENTO LEGAL
1) Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe v obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Lev. Artículo 1.167 del Código Civil: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello." (Énfasis propio) G. O. E N° 2.990 del 26 de Julio de 1982, misma que corresponde a la jurisdicción Civil. Ahora bien, aunque se tratan de acciones que, en caso de ser declaradas con lugar derivan a consecuencias distintas, pues con una se pretende el cumplimiento del contrato y con la otra la terminación, la Sala de Casación Civil mediante sentencia N° RC-249 de fecha 05 de mayo de 2017, precisó que frente ambas se puede oponer la excepción de contrato no cumplido. Nuestra legislación es clara cuando existe un contrato la instancia competente es la civil.
2) Artículo 1278 del Código Civil. En él se deja claro que los contratos serán obligatorios, sea cual sea la forma en la que estos se hayan celebrado, si están presentes los elementos exigibles para que este sea válido
3) Artículo 239 Código Penal: “Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario, será castigado con prisión de uno a quince meses. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena.
4) Artículos 49 numerales 1°, 3° y 51, en concordancia con los Artículos 111
humerales 1°, 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal, y los Artículos 10, 11, 12, 13 v 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, manifiesto que se está denunciando un asunto en todo caso mercantil o civil si es que existe pretendiendo simular hurto.
5) Artículo 239 Código Penal: “Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario, será castigado “omisis” ... A aquí se cumplieron los requisitos que establece nuestra legislación para que esta forma contractual sea válida como se explica en la primera petición de que es un contrato, jurisdicción y condiciones para que sean válidos, pero además aquí recalcamos y traemos a colación los contratos verbales porque esta maquinaria y vehículo no llego a estado Bolívar sin el consentimiento de las partes existió consentimiento, no se puede desconocer que existe un contrato y que por ello
ese lapso para denunciar por que no se denuncia de inmediato este elemento dilucida la simulación de hecho punible.
6) sentencia N° 268 de fecha 23/05/2024 en donde el tribunal supremo de justicia a través de su sala de casación penal ratifico en sentencia firme y vinculante la circular N° DFGRDGSJ-3-016-221 de fecha 23 de septiembre 2021 “ en donde se prohíbe usar al ministerio público como medio de coacción en causas distintas a materia de sus competencias, ante el incumplimiento de obligaciones contractuales y extra contractuales, lo ajustado a derecho es que el caso sea judicializado estrictamente por la jurisdicción civil o mercantil, prescindiendo de la mala praxis de usar los mecanismos procesales penales, terrorismo judicial es pretender reclamar derechos que van en detrimento de la propiedad y el patrimonio de las personas, accediendo a la jurisdicción penal con el solo fin de presionar y coaccionar a las personas v lom i penalizar conductas no atípicas”.
Que dice nuestro legislador el Código Civil venezolano sobre los contratos verbales: i Un contrato verbal es un acuerdo en el que se establecen de palabra términos y condiciones entre dos partes y que, si cumple con ciertos requisitos, tiene la misma validez legal que un contrato escrito. Así lo establece el Artículo 1278 del Código l Civil. En él se deja claro que los contratos serán obligatorios, sea cual sea la forma en la que estos se hayan celebrado, si están presentes los elementos exigibles para que este sea válido.
Los elementos que debe cumplir un contrato verbal para tener validez legal son:
A) que haya acuerdo, o consentimiento de las partes.
B) Que haya un objeto cierto que sea materia de contrato.
C) Aceptación de los términos, debe quedar claro que se aceptan de ambas partes.
D) Consideración, se refiere a la obligación que se causa. Una parte recibirá un bien o servicio determinado y la otra parte recibirá una remuneración acedada.
7) Artículo 239 Código Penal: “Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial o a algún funcionario de instrucción un hecho punible supuesto o imaginario, será castigado con prisión de uno a quince meses. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que dé lugar a un principio de instrucción, se le impondrá la misma pena.
La conjugación de artículos como el 2, 26 ó 257 de la Constitución de 1999, obliga al jue* a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles.
Si el imputado no se encuentra privado de su libertad, se extrae del artículo 295 COPP que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo dentro de los ochos meses siguientes a su individualización.
DEL PETITORIO Y SU BASE LEGAL
1) Nos Adhiriéndonos a la decisión dictada en fecha 17/01/2025, por el JUZGADO CUARTO (04°) DE PRIMERA INSTANCJA EN FUNCION DE CONTROL Extensión Acarigua ella, en la cual se NEGO, la solicitud de medidas cautelares de carácter reales y personales, en contra de nuestro representado, supra indicado; solicitadas por el Ministerio Público, DR. YORMAN FLORES ESTEPA, Fiscal Provisorio 8vo Nacional con Competencia Plena, y ABG, FELIX ALBERTO SANGRONIS Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera Del Ministerio Publico del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial de Estado Portuguesa, ratificamos la solicitud de desestimación motivado a que las fiscalías, solicitan medidas cautelares sin la debida atención a la fase del proceso, sin existir actos conclusivos sobre la fase de investigación, sin demostrar las pertinencia y necesidad aun cuando se ha evidenciado la multiplicidad de fiscalías en la profundamente cuestionable y absurda, elaboración e investigación adelantada, en donde se continúan concurriendo en vicios procesales, tratándose de utilizar el ministerio público, y sus órganos de auxiliares de investigación, en la aplicación de coacción y terrorismo judicial, para tratar de hacer punible acciones de carácter contractual y civil, obviando el ministerio público, las disposiciones contempladas en a sentencia número 268 emitida por sala de casación penal del tribunal supremo de justicia en fecha 23 de abril del 2024
2) igualmente Solicito el desistimiento de la apelación de la causa fc>or falta de competencia de la materia, toda vez que existe un contrato sobre la maquinaria o vehículos por cuanto en: 02 ¡unió 2021 se firma un contrato entre las partes donde se establece una relación contractual que en ningún momento se ha incumplido por parte de mi persona va que el contrato se firmó por un lapso de cinco años tiempo que no ha transcurrido y que además se ha visto interrumpido por la mala fe del denunciante afectando las operaciones para las cuales los equipos fueron contratados. Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe v obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Lev. Artículo 1.167 del Código Civil: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello." (Énfasis propio) G. O. E N° 2.990 del 26 de Julio de 1982, misma que corresponde a la jurisdicción Civil. Ahora bien, aunque se tratan de acciones que, en caso de ser declaradas con lugar derivan a consecuencias distintas, pues con una se pretende el cumplimiento del contrato y con la otra la terminación, la Sala de Casación Civil mediante sentencia N° RC-249 de fecha 05 de mayo de 2017, precisó que frente ambas se puede oponer la excepción de contrato no cumplido. Nuestra legislación es clara cuando existe un contrato la instancia competente es la civil.
3) A aquí se cumplieron los requisitos que establece nuestra legislación para que esta forma contractual sea válida como se explica en la segunda petición de que es un contrato, jurisdicción y condiciones para que sean válidos, pero además aquí recalcamos y traemos a colación los contratos verbales porque esta maquinaria y vehículo no llego a estado Bolívar sin el consentimiento de las partes existió consentimiento, no se puede desconocer que existe un contrato y que por ello ese lapso para denunciar por que no se denuncia de inmediato este elemento dilucida la simulación de hecho punible.
4) La Sala Constitucional. Tipo de Recurso: Avocamiento. Materia: Penal, N° Exp: 23-0968, N° Sent: 0073, Ponente: Luis Fernando Damiani Bustillos, de Fecha: 06/02/2024. Donde se decreta NULO el acto de imputación formal de fecha8 de agosto de 2023, entre otras cosas porque se está en presencia de El fraude procesal y esta DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, ^ conformidad con el artículo 300 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia, se queda extinguida la acción penal. Como fundamento la sala toma; la seguridad jurídica que esta tiene como primer elemento constitutivo los principios de legalidad y principio de competencia, como los responsables de la juridización de la actuación del Poder Público, ya que someten a todas las figuras subjetivas del Estado actuar conforme a lo que prescribe el ordenamiento jurídico; y en ese contexto, la juridicidad se presenta como un efecto de la institucionalización del poder y. por ende, como una “máxima opuesta a la arbitrariedad” (PECES-BARBA, G. Curso de teoría del derecho. Madrid: Marcial Pons, 1999, p. 108). “Pareciera, debido a lo confuso de la solicitud, que el accionante de la causa mencionada, lo que pretende es fundar un amparo en un fraude procesal y, la Sala Constitucional, sin prejuzgar sobre su existencia, quiere apuntar lo siguiente:
(Omissis)...a partir del vigente Código de Procedimiento Civil, en forma genérica y no puntual, el dolo procesal y sus efectos aparece recogido en el ordenamiento procesal, cuando el ordinal 1o del artículo 170 crea en las partes el deber de veracidad (exponer los hechos de acuerdo a la verdad), mientras que el artículo 17 al desarrollar el deber de lealtad y probidad en el proceso por parte de los litigantes, ordena la prevención de la colusión y el fraude procesal (máximo exponente del dolo procesal).
(Omissis)...El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio éste, destinados, mediante el engaño) o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, a impedir la eficaz' administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante, lo que constituye el dolo procesal stricto sensu, o por el concierto de dos o j más sujetos procesales, caso en que surge la colusión; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas (como ocurre en el proceso no contencioso), y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado; o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.
Ahora bien, el mecanismo que funge como válvula de escape a los efectos que surgen de tal tensión, es el sometimiento del ejercicio del poder punitivo del Estado a los límites derivados del modelo de Estado social, democrático de Derecho v de Justicia consagrado en el artículo 2 del Texto Constitucional.
Asimismo, pueden resaltarse otros límites al ejercicio del poder punitivo, cuya recepción no ha sido expresa en la Constitución, sino inferida de otros valores principios y derechos consagrados en ella, como son el principio de culpabilidad (sentencias 1.744/2007, del 9 de agosto: v 490/2011, del 12 de abril), el principio de subsidiariedad (sentencia nro. 1.676/2007, del 3 de agosto) v el antes mencionado principio de legalidad de los procedimientos. Por ello esta Sala, con anterioridad ha afirmado que el ordenamiento jurídico constitucional se fundamenta en un conjunto de principios que constituyen sus cimientos, posibilitando no sólo un coherente desarrollo normativo -leyes, reglamentos, actos administrativos-, sino además permitiendo determinar el sentido real de las normas constitucionales, ya que son la esencia misma del sistema jurídico -cfr. Sentencias de la Sala Constitucional Nros. 1.115/10, 1.684/2008 y 1.326/09-.
Por los fundamentos va mencionados la sala concluye que se está en presencia de Terrorismo Judicial que es cuando se acude a la vía penal para resolver conflictos civiles, mercantiles, laborales, agrarios o administrativos, con el propósito de presionar, asustar v coaccionar a personas, lo cual a juicio de la Sala *constituye una de las peores agresiones que pueden sufrir los justiciables. En el mismo orden de ideas Ratifica y recuerda que el principio de intervención mínima del derecho penal que ha de ser la última ratio, es decir, el último recurso que se debe emplear. Aquí debemos recordar que yo, JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ firmo un acuerdo contractual (un contrato) con el ciudadano ALBERTO JOSE VASQUEZ PERALES quien tenía la cualidad que le otorga el poder antes mencionado para realizar este tipo de negociaciones el debió Primero: esperar el lapso para exigir ganancias. Segundo: regirse por la vía civil, Tercero: no incumplir el acuerdo firmado acudiendo a actuar por medio de Terrorismo Judicial.
Recordemos que La Sala en la sentencia 0073 es enfática al condenar la intervención de los Jueces en casos de terrorismo judicial, lo cual a juicio de la Sala constituye la más grave falta en el que puede incurrir un Juez o el representante del Ministerio Publico. Concluye la Sala que la controversia es una disputa entre particulares, por lo cual se requiere la intervención de un Juez Civil y no Penal. El quiebre tiene lugar con la actuación de la Fiscalía v Ia omisión de la Juez al no desestimar la causa por cuanto los hechos no revisten carácter penal, con lo cual a juicio de la Sala, subvirtieron el orden constitucional que afecta gravemente la autoridad del poder judicial. En sus conclusiones La Sala determina qué la actuación de la Juez es de tal pravedad que debe ser calificada de inmediato como ERROR INEXCUSABLE. También censura LA CONDUCTA DEL FISCAL que a juicio de la Sala perjudica la imagen del sistema de justicia.
5) solicito el sobreseimiento de la presente causa toda vez que se desconoció lo que establece el Artículo 49 CRBV N° 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley” después de 18 meses es que se me notifica de la investigación en mi contra.”

IV
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Por decisión publicada en fecha 17 de enero de 2025, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, acordó lo siguiente:

“DISPOSITIVA
En razón de lo anteriormente expuesto este Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley acuerda: NIEGA la solicitud de Medida Precautelativa de Enajenar y Gravar e Inmovilización de Cuentas, sobre bienes propiedad del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, pasa esta Juzgadora a emitir pronunciamiento en relación a la solicitud de fecha 20/12/2024, interpuesta por el Fiscal Octavo con competencia Nacional ABG. YORMAN FLORES ESTEPA y la Fiscalia Tercera del Ministerio Publico con Competencia en Delitos Comunes del Segundo Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa ABG. FELIX SANGRONIS, en razón de que el mismo no funda su escrito de medida preventiva de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas, ya que no queda clara si dicha investigación ha concluido, es decir el Ministerio Público pretende con unas alegaciones de fondo no judicializadas, cuya característica es que son de peligro contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, que exista una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, ya que tan sólo al existir el riesgo de ser afectados el bien jurídico protegido se acredita la comisión del mismo, ello obliga al Tribunal que conozca de la causa, es decir estando judicializado, cosa que no ha ocurrido en el caso de marras para que unas de sus primeras decisiones deba ser dictar una medida precautelar para prevenir la materialización o continuidad del daño. Por lo tanto al no estar judicializado la comisión de un hecho delictivo, debe en consecuencia entenderse que no ha ocurrido ninguna variabilidad en los motivos que sustenta dicha solicitud. Notifíquese a las partes y ofíciese lo conducente. Remítase la presente solicitud a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.”

V
DE LA MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Entran a resolver los miembros de esta Corte de Apelaciones el recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 23 de enero de 2025, por los Abogados YORMAN FLORES ESTEPA Y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, en su condición de Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad respectivamente, en contra la decisión publicada en fecha 17 de enero de 2025, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en la causa penal Nº OM-2024-001643, mediante la cual NIEGA la solicitud de Medida Precautelativa de Enajenar y Gravar e Inmovilización de Cuentas sobre bienes del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V- 19.040.672, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77, numerales 6 y 7 del Código Penal, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio del ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTILLO.
En fecha 26 de mayo de 2025, se admitió el recurso de apelación.
A tal efecto, los recurrentes en su escrito de apelación, con fundamento en el artículo 439 numerales 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia la falta de motivación del fallo impugnado, alegando lo siguiente:
- Que “(…) la recurrida es contradictoria, por cuanto señala que el Ministerio Público presentó elementos de convicción que conllevan a la necedidad de decretar medidas preventivas de enajenar y gravar; no obstante por otra parte señala que en el presente caso no ha existido judicialización aun y cuando el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, fue imputado el 16/08/2024, en sede Fiscal, lo que hace surgir la interrogante en relación a lo que considera el a quo Judicialización, y se pregunta este recurrente, no es un acto de judicialización y prevención la solicitud realizada por quienes suscriben ante el órgano jurisdiccional que emitió el fallo impugnado? (…)”
- Que “(…) es preocupante para el debido proceso lo que, manifiesta la recurrida al señalar que la causa no se encuentra judicializada, si bien es cierto el referido investigado fue imputado en sede del Ministerio Público, no es menos cierto que en aras de garantizar las resultas del proceso el Titular del Ejercicio de la Acción Penal puede solicitar medidas, tanto personales como reales como es el caso que hoy nos ocupa (…)”
- Que “…la Juez de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Portuguesa, dictó decisión negando la solicitud de medidas cautelares, tanto de carácter reales como personales, pues la misma solo se circunscribió a realizar y analizar jurisprudencias, sin señalar de forma clara como llegó a la convicción de la improcedencia de las medidas solicitadas.”
Por último, solicita la recurrente que se declare con lugar el recurso de apelación y se anule la decisión proferida en fecha 17/1/2025 por el Tribunal de Control Nº 4, Extensión Acarigua.
Por su parte el defensor privado Abogado ANDRY JOSÉ CORDERO CEGARRA en su escrito de contestación alegó, que existía una contratación de la cual su representado el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ fue parte junto al ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, quien a su vez era poderhabiente del ciudadano MANUEL GUILLERMOS CASTILLO, y que el contrato suscrito tenía una duración de cinco (5) años, los cuales aún no se han cumplido.
Finalmente solicitó el desistimiento de la apelación por falta de competencia de la materia, toda vez que existe un contrato entre las partes, donde se establece una relación contractual que en ningún momento se ha incumplido por parte de su defendido, solicitó igualmente el sobreseimiento de la presente causa, toda vez que se desconoció lo que establece el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Así planteadas las cosas, esta Alzada de la revisión efectuada a las presentes actuaciones signadas con el Nº PJ11-P-2024-000012, observa lo siguiente:

- Denuncia Formal de fecha 16/11/2022, interpuesta ante la Fiscalía Superior del estado Portuguesa, formulada por el ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, mediante el cual solicita se apertura una investigación en contra de los ciudadanos ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, y un ciudadano aún por identificar para esa fecha, quienes abusando de su confianza, mediante engaños y artimañas pretendieron apropiarse indebidamente de varios objetos como maquinarias y un vehículo de su propiedad, pretendiendo evadir sus obligaciones, por lo que se presume la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, USO DE DOCUMENTO FALSO Y TRÁMITES ILEGÍTIMOS. (Folios 1 al 2 de la pieza N| 1).
- Orden de Inicio de Inicio de Investigación de fecha 16/11/2022, emanada de la Fiscalía Primera del Ministerio Público, mediante la cual ordena citar y entrevistar a la víctima, citar y entrevistar a testigos presenciales y/o referenciales y ubicar e identificar plenamente al presunto autor o autora. (Folio 3 de la pieza N° 1).
- Escrito de fecha 28/11/2022 interpuesto ante la Fiscalía de Delitos Comunes del estado Portuguesa, suscrita por el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES, en el mes de mayo de 2021su sobrino de nombre JUAN CARLOS QUEZDA VÁSQUEZ le manifestó que le habían entregado una concesión para una explotación minera en el estado Bolívar y que necesitaba un vehículo para movilizarse y dos máquinas retroexcavadoras, por lo que el ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ se comunica con el ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS, con quien suscribió un documento privado donde se estipularon los detalles de la negociación.( Folios 33 al 36 de la pieza N°1).
- Riela al folio 163 de la pieza N°1Contrato de Servicio de fecha 2/6/2021, suscrito entre los ciudadanos ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES y el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, donde se estipula que dicho contrato tendrá una duración de cinco (5) años, y que regiría sobre el uso, goce y disposición de maquinaria amarilla descrita como: Maquinaria (1) tipo retroexcavadora, color amarilla, marca Caterpillar, modelo 320CL, año 2001, serial ANB00514, Maquinaria (2) tipo retroexcavadora, color amarilla, marca Caterpillar, modelo 420D, año 2002, serial7BJ70180DG206224, quedando bajo la administración del ciudadano ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES. (Folio 163 fte. y vto. de la pieza N° 1).
- Oficio N°1337-2004 de fecha 8/5/2024 dirigido al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación Municipal de Ciudad Guayana, suscrita por el Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Décima Octava del MPdel Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, mediante el cual le solicita ubicar e incautar los vehículos tipo retroexcavadora, color amarilla, marca Caterpillar, modelo 320CL, año 2001, serial ANB00514, y retroexcavadora, color amarilla, marca Caterpillar, modelo 420D, año 2002, serial7BJ70180DG206224.
- Acta de llamada telefónica de fecha 20/6/2024 suscrita por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, donde se deja constancia de la llamada telefónica realizada al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, quien figuraba para ese entonces como investigado en la presente causa, indicándole que debía comparecer ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público el día 28/6/2024 a fin de tratar asunto de su interés.(Folio 193 de la pieza N° 1).
- Acta de llamada telefónica de fecha 3/7/2024 suscrita por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, donde se deja constancia de la llamada telefónica realizada al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, quien figuraba para ese entonces como investigado en la presente causa, indicándole que debía comparecer ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público el día 22/7/2024 a fin de realizar el acto de imputación y que debería asistir con su abogado de confianza o defensor público, quedando debidamente notificado. (Folio 194 de la pieza N° 1).
- Oficio N°1419-2024 de fecha 28/6/2024 dirigido al ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, y suscrito por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, mediante el que se entrega Acta de entrega de Vehículo, copia del Certificado de Registro de Vehículo N°150102225029 emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, correspondiente al vehículo Marca Toyota, Modelo 4 Runner, Tipo Sport wagon, año 2015, color blanco, Uso particular, serial del motor 1GRB177781, Serial de Carrocería JTEBU5JR9F5268415, Placa A1936KG. (Folio 196 de la pieza N°1).
- Acta de No Comparecencia de fecha 28/6/2024, suscrita por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, donde se dejó constancia de la incomparecencia injustificada del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ al acto de imputación formal fijado para el día 28/6/2024, dejando constancia de que el referido ciudadano había sido notificado a tal efecto. (Folio 198 de la pieza N° 1).
- Acta de No Comparecencia de fecha 22/7/2024, suscrita por el Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, donde se dejó constancia de la incomparecencia injustificada del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ al acto de imputación formal fijado para el día 22/7/2024, dejando constancia de que el referido ciudadano había sido notificado a tal efecto. (Folio 208 de la pieza N° 1).
- Resulta de Boleta de Notificación librada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, la cual fue válidamente practicada en fecha 22/7/2024, donde se le indicaba que debía asistir a la sede de la referida Fiscalía del Ministerio Público en fecha 30/7/2024 al acto de imputación formal. (Folio 209 de la pieza N° 1).
- Acta de llamada de fecha 29/7/2024 realizada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad, al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, mediante la cual se le informó que el acto de imputación formal fijado para el día 30/7/2024 fue reprogramado para el día 16/8/2024 a fin de celebrar el acto de imputación. (Folio 210 de la pieza N° 1).
- Acto de Imputación Fiscal de fecha 16/8/2024, celebrado en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público en la ciudad de Acarigua, al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal Venezolano, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio de los ciudadanos MANUEL GUILLERMO BARRIOS y ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES. (Folios 213 al 222 de la pieza N°1).
- Auto de entrada de solicitud de defensor Privado de fecha 23/7/2024, ante el Tribunal de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, formulada por el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ en su condición de investigado por uno de los delitos Contra la Propiedad. (Folio 244 de la pieza N° 1).
- Acta de Juramentación de fecha 16/8/2024 donde los abogados ANDRY JOSÉ CORDERO CEGARRA Y ERWUINS ANTONIO ANDRADES aceptan la designación de defensores privados del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, ante el Juzgado de Control N° 4 extensión Acarigua.
- Escrito de solicitud de MEDIDAS CAUTELARES contenidas en el artículo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y de carácter reales de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR E INMOVILIZACIÓN de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 518 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 585 y 588 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, sobre el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, interpuesto en fecha 20/12/2024, (folios 259 al 275 de la pieza N° 1), al cual le dio entrada el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del estado Portuguesa extensión Acarigua, en fecha 7/1/2025 (Folio 278 de la pieza N° 1).

Del iter procesal ut supra indicado se observa, que el presente caso se inicia con denuncia formulada ante el Ministerio Público el Ministerio Público por el ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, por lo que el organismo receptor ordena el inicio de la investigación, y luego de las diferentes diligencias cursantes en autos se contacta al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, quien finalmente resultó siendo imputado formalmente ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal Venezolano, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio de los ciudadanos MANUEL GUILLERMO BARRIOS y ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES.
De igual manera observa esta Alzada que la Jueza de la Recurrida a fin de negar la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES contenidas en el artículo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, y de carácter reales de PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR E INMOVILIZACIÓN de cuentas, de conformidad con lo establecido en los artículos 518 del Código Orgánico Procesal Penal, y artículos 585 y 588 numeral 3 del Código de Procedimiento Civil, sobre el ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, indicó en el acápite IV denominado “DE LAS CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR MOTIVACIÓN” lo siguiente:

“Observando este tribunal la solicitud de MEDIDA PREVENTIVA DE ENAJENAR GRAVAR E INMOVILIZACION DE CUENTAS, considera quien decide lo siguiente:
Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia del derecho que se reclama.
Artículo 588.- En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1° El embargo de bienes muebles;
2° El secuestro de bienes determinados;
3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero; Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
Es importante observar que el actual artículo 122 de la adjetiva penal, impone la obligación a los jueces de garantizar los derechos de la víctima, y este artículo no solo hace referencia a los derechos dentro del intro-procesal penal, sino a la relación intrínseca de la víctima con sus derechos civiles como persona en relación al bien jurídicamente protegido en los delitos imputados; En este sentido, las medidas reales de coerción o medidas asegurativas reales como lo es en el proceso penal venezolano, han de recaer sobre el objeto material del delito, sobre los bienes e intereses de el o los imputados y/o sobre derechos e intereses de tercero vinculados por la investigación, por lo tanto UNA PROVIDENCIA CAUTELAR, a diferencia de las medidas de coerción personal, recaen sobre intereses patrimoniales con la finalidad de asegurar la correcta y eficaz ejecución de la sentencia que en definitiva resuelva el conflicto sometido a la apreciación jurisdiccional, garantizando la posterior restitución de la cosa a la víctima por derecho legítimo de propiedad y la garantía de la reparación del daño causado. En este sentido, esta medida al ser decretada con lugar, no afecta a los involucrados, por el contrario la limitación incide sobre la libertad de disposición de un determinado bien, sea mueble o inmueble; la restricción gravita sobre el patrimonio, pero no afecta la posesión, ni el uso del bien afectado por la medida, máxime, cuando el caso de marras, es por delito de carácter patrimonial, por lo que una de las finalidad es restablecer el “Status Quo” sobre la cosa, en relación al derecho de propiedad de la víctima, en la determinación de la responsabilidad penal del los imputados y la subsiguiente nulidad de los actos celebrados por estos, cómo principio de legalidad, garantizando la reparación del daño causado.
En este orden de ideas, es importante observar como material de apoyo, lo escrito por el doctrinario Iván Noguera Ramos, en su obra titulada “El Juez Penal. Aportes Procesales, página 235, advierte lo siguiente: “ Es probable que durante el desarrollo del proceso penal se puedan presentar situaciones o circunstancias que coloquen en cierto riesgo la ejecución de la sentencia consentida o firme y ejecutoriada, por ejemplo, existe el peligro de que los bienes afectados al proceso penal puedan desaparecer, o que elementos importantes para la probanza puedan ser hurtados, así también puede ocurrir que el procesado se desprenda de sus bienes muebles e inmuebles adrede, con la finalidad de aparecer como insolvente y de esa manera evadir su responsabilidad económica, con la finalidad de no asumir las consecuencias económicas de su delito; porque no nos olvidemos que la sentencia condenatoria va acompañada de la reparación civil.
La coerción real puede definirse como una limitación de los derechos de carácter patrimonial del procesado mediante medidas de coerción que recaen sobre los aspectos probatorios diferentes de las personas, o también sobre los bienes del imputado o de un tercero civilmente responsable, para asegurar la reparación civil o las responsabilidades pecuniarias ante una posible sentencia condenatoria”
En este sentido, está juzgadora afirma en consecuencia, que las medidas de aseguramiento reales, limitan la capacidad negocial, imposibilitando la libre disposición de determinados bienes con el único propósito de garantizar la responsabilidad civil del sentenciado penalmente, pero no limita la posesión y uso del bien.
Las medidas asegurativas cautelares en el proceso penal básicamente responden al inventario previsto en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, valga citar lo contenido en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal:
“Artículo 518. Remisión. Las disposiciones del Código de procedimiento Civil relativas a la aplicación de las medidas preventivas relacionadas con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles, serán aplicables en materia procesal penal.”
En virtud de ello afirmamos que de acuerdo a los esquemas previstos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, existe una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
Así mismo, señala el artículo 588 Primer Aparte, lo siguiente:
“Articulo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
La anterior disposición legal precisa los requisitos de procedencia de toda providencia de naturaleza cautelar, en todo caso, en análisis de este último destacamos que el Código de Procedimiento Civil, influenciado por los sistemas mixtos, consagra una serie de medidas perfectamente determinadas (numerus clausus) y de igual manera faculta a la autoridad judicial a decretar cualquier otra providencia que sea considerada necesaria o adecuada dependiendo de aquello que considere adecuado para garantizar las resultas del proceso, (medidas innominadas numerus apertus). Afirmamos en correspondencia que la autoridad judicial competente podrá decretar la aplicación de medidas nominadas, en el caso específico.
En palabras del reputado procesalita MARQUEZ AÑEZ, esta medida se solicita con el objetivo de mantener o conservar el “estatus quo” existente para el momento de la demanda, (en este supuesto la situación patrimonial que resulta del perjuicio causado por la comisión del hecho punible que afecto los intereses de la República) para garantizar patrimonialmente una eventual ejecución cuando la medida tenga razonable justificación, estableciéndose así los mecanismos tendientes a que las decisiones de los Tribunales no queden, en el campo práctico, completamente desprotegidas, asegurándose la eficacia de la sentencia.
En este sentido, toda medida de naturaleza cautelar, tiene por objeto garantizar las resultas del proceso, toda vez que como fuera previamente señalado el transcurso del tiempo podría devenir en un perjuicio irreparable, tanto para la justicia como para las partes materiales en toda investigación, por ello, la protección cautelar se erige en un imperativo dentro del Sistema de Justicia, que en materia penal debe abarcar todos y cada uno de los aspectos tutelados por el proceso, así no solamente el resguardo de los elementos que configuren el sustento fáctico del proceso, sino también la RESPONSABILIDAD CIVIL DEL IMPUTADO EXIGIBLE COMO CONSECUENCIA DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE, y por ello desprendemos que la totalidad de las medidas cautelares comparten como una característica esencial y común una clara limitación en la esfera de los derechos, bienes personales, patrimoniales del imputado o de tercero involucrados en la investigación penal.
Ahora bien; se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos (fumus bonis iuris) y que existe el riesgo manifiesto que los bienes que afecten de forma directa e irreparable, tornándose en lesión permanente cuando culmine el proceso en definitiva a fin de evitar la demostración de la comisión de los hechos punibles como el posible resarcimiento (periculum in mora), toda vez que el Ministerio Público al tener conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que se practiquen las diligencias de investigación necesarias tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del hecho, incluyendo el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito; tal situación no ha ocurrido en el presente asunto, siendo que dicha investigación no ha sido judicializada, aún y cuando el Misterio Público en fecha 16/08/2024, realizo en sede fiscal formal acto de imputación en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 del código Penal, observando esta juzgadora que desde el 16/08/2024, fecha en la que se realizo el formal acto de imputación en sede fiscal, hasta el día de hoy 17/01/2025, han transcurrido cinco meses sin que dicho acto haya sido judicializado o que pueda determinarse si el representante fiscal concluyo o no con la investigación, tal como lo establece el artículo 295 y 296 del Código Orgánico Procesal Penal,
En este orden de ideas ccorresponde a este Tribunal, estimar la procedencia o no de acordar las medidas Precautelativas previstas en el artículo 518 del Código Orgánico Procesal Penal, lo que hace necesario evaluar:
La comprobación de la violación, dolosa o culposa, de una norma adjetiva penal, elemento necesario para demostrar la responsabilidad penal de un presunto delito, atendiendo al daño efectivo producido a otros.
Demostrar la responsabilidad penal, cuya característica es que son de peligro contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, que exista una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, ya que tan sólo al existir el riesgo de ser afectados el bien jurídico protegido se acredita la comisión del mismo, ello obliga al Tribunal que conozca de la causa, es decir estando judicializado, cosa que no ha ocurrido en el caso de marras para que unas de sus primeras decisiones deba ser dictar una medida precautelar para prevenir la materialización o continuidad del daño.
Conforme lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, han de orientarnos respecto a la imposición de medidas precautelares, para que pueda ser procedente alguna medida de aseguramiento cautelar, la doctrina ha sido reiterada en señalar que es necesario que se acrediten en autos los extremos que positivamente resultan imprescindibles: fumus bonis iuris, periculum in mora y el Periculum in damni. El fumus bonis iuris, es uno de los requisitos que se deben cumplir para que sea procedente una providencia cautelar y no es otra cosa que la indagación que hace el órgano judicial sobre la posibilidad cualificada, sobre la apariencia cierta, de que el derecho involucrado por el solicitante de la medida cautelar en la realidad exista y que, en consecuencia, será efectivamente reconocido mediante la sentencia definitiva, un cúmulo de elementos que la doctrina también a coincidido en llamar “la apariencia del buen derecho”. En conocimiento de las medidas y acciones protectivas es fundamental evaluar todas las condiciones a los fines de decretar un pronunciamiento ajustado a la ley y con el fin de cesar los daños o los peligros que pudieran causarse.
En tal sentido las medidas antes señaladas para proceder acordalas el titular de la acción penal, debe demostrar ante este juzgado la necesidad de imponer las referidas medidas asegurativas, verificándose los supuestos legales exigidos para su procedencia.
Como argumento de autoridad, respecto a la procedencia de las medidas, hemos de asumir que las medidas cautelares son instrumentos tendientes, precisamente a impedir, como ya se ha esgrimido, que el transcurso del proceso atente contra quien entiende justificada su pretensión y que supone la posibilidad de que durante ese lapso de tiempo se sucedan hechos o acciones que imposibiliten o dificulten la efectividad práctica de la resolución principal, al haber disminuido o desaparecido los bienes sobre los cuales hubiera podido hacerse efectiva la ejecución.
En la presente causa no ha existido la judicialización (Término del lapso de investigación o presentación del acto conclusivo que de origen al término de la investigación) en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, en donde haya quedado claro el término de la investigación y la judicialización del presente asunto.
Lo anterior supone que esa decisión cautelar al ser solicitada debe acreditarse los principios propios de toda medida cautelar que son:
INSTRUMENTALIDAD.
Las medidas cautelares no son un fin en sí mismas, se establecen dentro de un proceso y, en concreto atienden a la ejecución de sentencia que ha de dictarse.
PROVISIONALIDAD.
Cualidad provisoria que se otorga a las medidas cautelares, consiste en la duración limitada de éstas, comprendida entre el momento en que se acuerda y el momento en que se produce la sentencia definitiva que pone fin al juicio y extingue los efectos de la providencia cautelar.
REGLA REBUS SIC STAMTIBUS (VARIABILIDAD)
Las medidas cautelares quedan sometidas a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición. En virtud de ello se ha mantenido que la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron.
De allí que el Ministerio Público, no funda su escrito de medida preventiva de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas, en ninguno de esos principios, ya que no queda clara si dicha investigación ha concluido, es decir el Ministerio Público pretende con unas alegaciones de fondo no judicializadas, que este Tribunal acuerda tal pretensión.”

De lo ut supra indicado se observa que, la Jueza de la recurrida luego de hacer referencia al contenido de los artículos artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, donde se indica la procedencia de la imposición de las medidas preventivas, donde se establece que éstas proceden “…sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia del derecho que se reclama”, debiendo el titular de la acción, demostrar ante el juzgado la necesidad de imponer las referidas medidas asegurativas, verificándose los supuestos legales exigidos para su procedencia.
Sin embargo, y no obstante la extensa explicación dada por la Jueza de la recurrida en cuanto a los requisitos de procedencia de la imposición de las medidas preventivas, no señala con especificidad cuales de estos elementos no fueron cumplidos en la solicitud formulada por la representación fiscal, limitándose a indicar que “se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos (fumus bonis iuris) y que existe el riesgo manifiesto que los bienes que afecten de forma directa e irreparable, tornándose en lesión permanente cuando culmine el proceso en definitiva a fin de evitar la demostración de la comisión de los hechos punibles como el posible resarcimiento (periculum in mora), toda vez que el Ministerio Público al tener conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, debe disponer que se practiquen las diligencias de investigación necesarias tendientes a determinar la responsabilidad penal de los autores del hecho, incluyendo el aseguramiento de los objetos activos y pasivos del delito…”.
Por lo que se evidencia que la Jueza de la recurrida, admite que la representación fiscal presentó elementos que conllevan a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, sin embargo procedió a negarlas y tampoco dio respuesta acerca de la solicitud de imposición de medidas cautelares contenidas en el artículo 242 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, todo esto so pretexto de la no judialización de la causa, obviando al menos haber oficiado al Ministerio Público, a fin de consultar acerca del estatus de la investigación de la causa.
Es importante señalar, que es de vital importancia para el proceso penal, que las reglas básicas sobre el cumplimiento de los actos y los actos mismos, se realicen de forma adecuada puesto que esto es requisito sine qua non para una efectiva tutela judicial efectiva. De esta manera lo deja establecido el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia Nº 1228, de fecha 16/06/2005, la cual señala entre otras cosas que:

“…el principio rector de todos los principios que debe gobernar la justicia es el efectivo cumplimiento del debido proceso, es decir, que la idea de un juicio justo es tan importante como la propia justicia, razón por la cual las reglas, principios y razones del proceso, a la par de las formas, deben estar lo suficientemente claras y establecidas para que no quede la duda respecto a que se ha materializado un juicio con vicios en la actividad del proceso.”

No puede dejar de observarse, que el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia que le otorga al Juez las facultades que le permiten obrar según su prudente arbitrio, como rector del proceso con fundamento en los principios de equidad y racionalidad, en busca de la justicia y la imparcialidad, procurando la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal, en aquellas causas sometidas a su consideración.
Considera esta Alzada que, en efecto, como se ha señalado precedentemente, no se desprende de las actuaciones que conforman el presente expediente penal, que la Jueza de la recurrida haya solicitado al Ministerio Público que indicara el estatus de la investigación antes de emitir un pronunciamiento, so pretexto de que el asunto no había sido judicializado, máxime cuando consta al expediente, que ya existía en el caso de marras una imputación de fecha 16/8/2024, llevada a cabo en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público en la ciudad de Acarigua, al ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, por los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77 numerales 6 y 9 del Código Penal Venezolano, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio de los ciudadanos MANUEL GUILLERMO BARRIOS y ALBERTO JOSÉ VÁSQUEZ PERALES. (Folios 213 al 222 de la pieza N°1), lo que representa un vicio de inmotivación del fallo recurrido.
En primer lugar, se verifica cuáles son las actuaciones fiscales que la Jueza de la recurrida examinó para fundar su decisión, las cuales se detallan en el acápite II de su decisión:

“DE LOS ELEMENTOS QUE TIENE EL MINISTERIO PUBLICO PARA SOLICITAR LA PROVIDENCIA CAUTELAR. SOBRE EL INMUEBLE A FAVOR DE LOS DE LOS CIUDADANOS (M.G.B.C) y (A.J.V.P).
PRIMERO: ACTA DE DENUNCIA, de fecha 16-11-2022, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), interpuesta antes las instalaciones de la unidad de atención a la víctima del ministerio publico del segundo circuito del estado portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: Es el caso que en fecha 28-05-2021 el ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, mediante el uso de engaños me convenció de hacer un supuesto negocio consistía en que le arrendara unas maquinarias de mi propiedad y la enajenación de una camioneta propiedad de JORGE LUIS POLO TORRES, titular de la cédula de identidad V.- 13:328.165 quien me otorgó y se protocolizó poder de disposición de un vehículo MARCA TOYOTA, MODELO 4RUNNER, AÑO 2015, COLOR BLANCO, PLACA A1936KG, SERIAL NIV JTEBUSJR9F5268415, SERIAL DE CARROCERIA N/A SERIAL DE MOTOR 6 CIL, CLASE CAMIONETA, TIPO SPORT WAGON, que ni el propietario ni mi persona hemos autorizado venta alguna. El ciudadano me logró convencer y procedí a darle unas maquinarias agrícolas que me pertenecen, así como el Vehículo, y me pidió que le diera unos meses para cancelarme tanto el arriendo de las máquinas como el pago de la camioneta para poder protocolizar todo y firmar los respectivos contratos. Confiando en su palabra procedí incluso a otorgarle un poder sobre las maquinarias y es el caso que transcurrido el lapso que verbalmente me dio, resulta que no solamente no cumplió sino que dispuso ilegalmente tanto del vehículo como de las maquinarias, cuando le dije que necesitaba que me cumpliera para legalizar todo, el ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, me dijo que tanto la camioneta como las maquinarias se las había dado a su sobrino para que las trabajara y que el se había desentendido de él, causando esto un gravamen irreparable en mi patrimonio, en mi estabilidad, confiando en sus artimañas sorprendió mi buena fé, al punto que decidí verificar donde estaban todos los objetos de mi propiedad, y mi sorpresa es que no sólo fui víctima de una ESTAFA AGRAVADA, sino que familiares de este sujeto se APROPIARON INDEBIDAMENTE de mis maquinarias, sino que también mediante TRÁMITES ILEGALES Y USO DE DOCUMENTOS FALSOS...”
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del denunciante en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo , modo y lugar de como ocurrieron los hechos.
SEGUNDO: PLANILLA DE ATENCIÓN AL USUARIO de fecha 24-11-2022, suscrita por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes laS instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de haber consignado la cadena titulativa de una Camioneta “Vehículo 04 Runner, Color Blanco, Placa AI936KG, Tipo Sport Wagon, Uso Particular”.
Se desprende como elemento de convicción la tradición legal del objeto de la presente investigación.
TERCERO: Cursa en el expediente ACTA DE IDENTIFICACIÓN PLENA, de fecha 24-11-2022, del ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES, titular de la cédula de identidad: V-12.128.988, antes las Instalaciones De La Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa.
Se desprende como elemento de convicción se deja constancia de los datos del presunto ciudadano que funge actualmente como víctima en la presente investigación.
CUARTO: REVOCATORIA DE PODER, de fecha 18-11-2022, suscrito por el ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, Titular de la cédula de identidad N°V-9.044.013 donde recova poder al ciudadano ALBERTO JOSÉ VASQUEZ PERALES Titular de la cédula de identidad N°V-12.128.988.
Se desprende como elemento de convicción se deja constancia que la víctima revoca poder según documento debidamente protocolizado el 24-05-2021, bajo el N°20, Tomo 02, folios 97 al 100, llevado ante la notaria pública del municipio Ospino del estado portuguesa.
QUINTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA de fecha 15-02-2023, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), interpuesta antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: “Yo acudo en esta oportunidad porque tengo una camioneta y unas maquinarias involucradas en este caso como ya lo he mencionado. Es el caso que están incluidas en el sistema SIIPOL, y resulta que el día lunes unos funcionarios del CICPC de puerto Ordaz me comunican que mi camioneta 4RUNNER la tenían ubicada el señor CARLOS VASQUEZ, sobrino de ALBERTO VASQUEZ al parecer había vendido la camioneta, yo necesito que ubiquen a este ciudadano ya que tampoco se dónde se encuentra mis máquinas y no sé si la haya sacado título como hizo con la camioneta, es todo.”
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio de la víctima en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrieron los hechos.
SEXTO: SOLICITUD DE INCLUSIÓN, de fecha 14-03-2023, emitida por la por el sistema SIIPOL, de los siguientes vehículos: TOYOTA MODELO 4 RUNNER, CLASE CAMIONETA, COLOR BLANCO, SERIAL DE MOTOR 6CIL, SERIAL DE CARROCERIA JTEBU5JR9F5268415, MAQUINA TIPO RETRO EXCAVADORA COLOR AMARILLO MARCA CATERPILLAR MODELO 320 CL AÑO 2001, SERIAL ANB00514 Y MAQUINA TIPO RETROEXCAVADORA COLOR AMARILLO MARCA CATERPILLAR MODELO 420 AÑO 2002 SERIAL 7BJ701890DG206224.
Se desprende elemento de convicción se deja constancia de la solicitud activa que posee los vehículos propiedad de la víctima que se encuentran en posesión del investigado.
SÉPTIMO: ACTA DE ENTREVISTA de fecha 16-01-2023, interpuesta por el ciudadano L.V.B.R, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), interpuesta antes las instalaciones del cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalisticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: ”Resulta ser que para mediados del mes del año 2022 mi amigo de nombre JUAN QUEZADA me vendió una camioneta marca TOYOTA, modelo RUNNER, color BLANCA, año 2015, posteriormente la coloque a nombre de mi hijo JOVAN JOSE CEDEÑO VALLENILLA y para el mes de julio del mismo año le vendí la camioneta a un amigo de nombre JUAN SALAZAR, y el día de hoy JUAN SALAZAR me informa que la camioneta se encontraba solicitad desde el mes de diciembre y no entendía porque, es todo”.
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del testigo en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho.
OCTAVO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 16-01-2023, Suscrito por el INSPECTOR AGREGADO LEDO. DIAZ, adscrito al Cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalisticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: “Encontrándome en la sede de este Despacho, se presento de manera espontánea el ciudadano: S.J (se reservan demás datos de acuerdo a lo establecido en los artículos 3°, 4°; 7°, 9° y 23° en su ordinal noveno de la ley de protección de víctimas, testigos Y demás sujetos procesales), informando ser propietario del Concesionario AUTOS GIL, ubicado en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar y adquirió para la reventa una camioneta marca TOYOTA, modelo 4RUNNER, color BLANCA, año 2015, placas AI936KG, serial carrocería JTEBU5JR9F5268415, serial motor 1GRB177781 y se había enterado por terceros que la camioneta presentaba una situación legal en el estado Portuguesa, motivo por el cual procedí a verificar las matriculas y seriales respectivos del automotor en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), arrojando como resultado que si le corresponden sus características y SOLICITADA, se encuentra por ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Publico del estado Portuguesa, por uno de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD (ESTAFA), según oficio 18-2C-DDC-F01-1542-2022, de fecha 16-12-2022, expediente MP-249656-2022, al indagar acerca de la adquisición de la misma, este manifestó que se la había comprado a un amigo de nombre LOPEZ BELTRAN, en el mes de Julio del año 2022 y podía ser ubicado a través de su persona, asimismo el referido vehículo se encontraba fuera de esta jurisdicción y en días próximos la traería a esta Oficina, para colocarla a la orden de la respectiva Fiscalía, se le informo a la Superioridad al respecto, es todo por cuanto tengo que informar. TERMINO, SE LEYO Y ESTANDO CONFORMES FIRMAN ”.
Se desprende como elemento de convicción las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante ya que la misma guarda relación con el hecho investigado.
NOVENO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 07-02-2023, Suscrito por el DETECTIVE JEFE GABRIEL CASTAÑEDA, adscrito al Cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalisticas, delegación Guayana, donde deja constancia de los siguiente: “Siendo las 14:00 horas, encontrándome en labores de servicio en esta oficina, se presentó de manera espontánea el ciudadano de nombre: Juan Manuel Salazar, venezolano de 46 años de edad, nacido en fecha 22-02-1976, de profesión u oficio comerciante, titular de la cédula de identidad V-12.649.679, teléfono de ubicación 04129944416, a fin de traer un (01) vehículo clase CAMIONETA, marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, color BLANCO, año 2015, placas Al936KG, serial de carrocería JTEBU5JR9F5268415, serial de motor 1GRB177781, tipo SPORT WAGON, uso PARTICULAR, el cual se encuentra SOLICITADO, según las actas procesales signadas con la nomenclatura alfanumérica MP-249656-2022, de fecha 16-12-2022, por la comisión de unos delitos contra la propiedad (ESTAFA), trasladando el vehículo hasta el área de la fosa ubicada en el estacionamiento posterior de este despacho, a fin de ser inspeccionado; por tal motivo procedió el experto en materia de vehículo DETECTIVE JEFE LUIS PADRON, amparado en articulo 193 y 224 del Código Orgánico Procesal Penal a realizar Experticia de rigor, donde determino que el número de identificación vehicular se encuentra (ORIGINAL) y el número de identificación de motor se encuentra (ORIGINAL), por tal motivo se le informa al ciudadano de nombre Juan Manuel Salazar, que el vehículo quedara aparcado en el estacionamiento posterior de esta sede ya que al mismo se encuentra SOLICITADO, por lo que siendo las 19:10 horas procedió a trasladarse AL ESTACIONAMIENTO EXTREMO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS PENALES Y CRIMINALISTICAS DE LA DELEGACION MUNICIPAL CIUDAD GUAYANA PARROQUIA DALLA COSTA MUNICIPIO CARONI, SAN FELIX, ESTADO BOLIVAR, el DETECTIVE AGREGADO CARLOS NUÑEZ, de acuerdo a los establecido en el artículo 186 del Código Orgánico Procesal Penal, a realizar inspección técnica la cual se consigna mediante la presente; culminado nuestro cometido se le informo en tiempo real a la COMISARIO GERALDINE GONZALEZ, Jefe de la Coordinación Contra el Robo y Hurto de Vehículos Bolívar, sobre la recuperación del vehículo, de igual forma se realizó llamada telefónica al COMISARIO JEFE KELVIN LOPEZ, Jefe de la Delegación Municipal Acarigua Estadio Portuguesa, notificándole sobre la recuperación del vehículo arriba descrito, se deja constancia que por orden de los jefes naturales de esta oficina, el ciudadano Juan Manuel Salazar, se le permitiera el retiro de esta base de investigaciones; Se anexa a la presente acta de investigación, inspección técnica, cadena de custodia de la evidencia y Experticia de reconocimiento técnico del vehículo recuperado. Es todo. SE TERMINO SE LEYO Y CONFORMES FIRMAN.”

Se desprende como elemento de convicción se deja constancia de las labores de investigación por parte de los funcionarios policiales actuante en esta investigación.
DÉCIMO: INSPECCIÓN TÉCNICA CON FIJACIÓN FOTOGRÁFICA N°0235, de fecha 07-02-2023, suscrito por el DETECTIVE AGREGADO CARLOS NÚÑEZ y DETECTIVE JEFE GABRIEL CASTAÑEDA, adscrito al Cuerpo de investigaciones, científica penales y Criminalisticas, delegación Guayana, practicada a lo siguiente: ESTACIONAMIENTO DEL EXTREMO IZQUIERDO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN MUNICIPAL CIUDAD GUAYANA, PARROQUIA DALLA COSTA, MUNICIPIO CARONÍ, SAN FÉLIX, ESTADO BOLÍVAR, donde se encuentra aparcado: un (01) vehículo con las siguientes características: 1) Un (01) VEHÍCULO AUTOMOTOR, clase CAMIONETA, tipo SPORT WAGON, marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, color BLANCO, año 2015, placas Al936KG.
Se desprende con elemento de convicción se deja de las características del vehículo objeto de investigación en el presente hecho ilícito.
DÉCIMO PRIMERO: EXPERTICIA DE SERIALIZACIÓN VEHICULAR N° 2302098, de fecha 07-02-2023, Suscrito por DETECTIVE JEFE PADRON LUIS Experto al servicio del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, delegación Guayana, Practicado al siguiente vehículo: CLASE: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO:4 RUNNER COLOR: BLANCO PLACAS: A1936KG TIPO: SPORT WAGON ΑΝΟ: 2015 USO: PARTICULAR Número De Identificación Vehicular: JTEBU5JR9F5268415 Número de Identificación del Motor: 1GRB177781
Se desprende con elemento de convicción se deja constancia que los seriales del vehículo objeto de investigación se encuentra en estado Original, quien sobre el mismo reposa una solicitud activa.
DÉCIMO SEGUNDO: ACTA DE DENUNCIA, de fecha 29-05-2023, suscrita por el ciudadano A.J.V.P (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: ”Respetuosamente me dirijo a usted mediante el presente escrito, por cuanto el día miércoles 24 del presente mes y año me a persone a su Despacho con la finalidad de conocer el estado de la causa signada con el numero MP-249656-2022, en la cual se investigan los hechos relacionados con mi persona, donde el señor Manuel Barrios me entrego una Camioneta Marca Toyota, Modelo Runeer, plenamente identificada en la causa antes mencionada y que a su vez yo se la di a mi sobrino de nombre Juan Carlos QUEZADA Vásquez y él se comprometió a cancelarla en 45 días y han pasado dos años y no la pago por el contrario la vendió de manera fraudulenta y saco documentos falsos para realizar esa venta sin notificarme ni a Manuel Barrios ni a mi persona, de igual manera se llevó de la finca de Manuel Barrios dos máquinas de trabajo pesado marcas caterpilar, con un contrato de una empresa donde el funge como Presidente, en dicho contrato se establecía unos pagos que se acordaron mensualmente, dicho acuerdo se hizo en la finca del señor Manuel Barrios, estando presentes mi sobrino, Manuel y mi persona, lo cierto es que van dos años de eso y nunca mi sobrino entrego ni dinero ni las máquinas y tampoco se comunicó más, la última vez que lo hizo fue hace casi un año, en el mes de Junio 2022 que Manuel lo llamo y con el teléfono en altavoz mi sobrino dijo que traería las máquinas, la camioneta y el dinero adeudado y hasta fecha no sabemos nada de él y no entrego nada, por estas razones yo llegue a un acuerdo con el señor Manuel Barrios de pagarle 42000$ dólares americanos para reparar el daño causado por la pérdida de la camioneta, ese acuerdo lo hicimos delante de un abogado amigo de Manuel no recuerdo su nombre y quedamos que una vez yo cancelara los 42000$ los íbamos a denunciar a Juan Carlos para que entregara las maquinas o dijera donde las tenia, lo cierto es que habiéndole yo entregado a Manuel ya 20.000$ me denuncio solamente a mi ante su Fiscalía y no dijo en ese momento de la denuncia que había recibido ese dinero, pero yo me lo conseguí luego de haber denunciado y me comento lo que hizo y yo fui en ese momento y me presente en la fiscalía, para entonces estaba otra fiscal que no es usted y aclare lo sucedido y Manuel también fue ese mismo día y allí aclaramos ambos lo que estoy comentando, de hecho en su despacho reposa un escrito que yo hice y consigne algunos documentos y que demuestran lo que le comento y que usted puede revisar, los cuales se los entregue a la fiscal que la antecedió, volviendo al momento que hable con usted como dije antes, sabiendo ya que la camioneta involucrada en el hecho esta recuperada y la orden de su despacho, le pregunte cuando seria entregada a su dueño legitimo Manuel Barrios, usted me contesto que pronto, de igual forma le dije que yo le había hecho otros pagos al señor Manuel adicional a los 20.000$ ya entregados y usted me informo que desconocía eso, manifestándome que se lo demostrara con este escrito y los soportes de eso, de hecho le comento que le entregue 35000$ en efectivo, 1000$ con mi tarjeta de crédito del banco Caribe, signada con el numero 5124 9301 1358 3650, dicho abono lo hice en un local comercial propiedad de una amiga de Manuel, consigno fotocopia de mi tarjeta de crédito antes mencionada, esta información la puede corroborar con Manuel Barrios, también le hice entrega en fecha 11-04-2023 de dos equipos de ordeño mecánicos para vacas, según consta en nota de entrega numero 07555025-31 emanada de mi empresa de nombre Agroalimentos la Molienda C.A de la cual soy el propietario, consigno en este escrito dicha nota de entrega, debo informarle que el valor de dichos equipos es de aproximadamente 1900$ cada uno, sin embargo llegamos a un acuerdo de no colocar precio a la nota de entrega porque Manuel tenía un cliente y si la persona ofrecía menos valor por los equipos igual se venderían, cosa que acepte sin problema, me comunique con Manuel y me dijo que aun a esta fecha no los ha vendido, igualmente le hice entrega de 15 semovientes porcinos para engordar, con un peso aproximado de 45 kg cada uno, por un valor de 1800$ en total los 15 cerdos, esta entrega la hice en fecha 25-04-2023, según consta en factura personal a mi nombre número 0105, la cual consigno con este escrito, de igual manera le hice entrega al señor Manuel Barrios de 30 sacos de alimento para alimentar los cerdos, por un valor de 783$ en total, lo cual consta en dos notas de entregas signadas con los números 07555025-35 y 07555025-41, las cuales consigno en este escrito, ahora bien ciudadana Fiscal quiero mencionar que estoy muy claro que el señor Manuel Barrios salió afectado por el acto delincuencial de mi sobrino Juan Carlos Quezada, pero yo también afecte mi patrimonio para responder al señor Manuel como me corresponde por mi responsabilidad en los hechos, sin yo haberme tomado un dólar de esa negociación, que al principio fue eso un negocio de ganar dinero los tres y mi sobrino recibir la camioneta, que me dijo que la pagaría en 45 días, luego de manera vil y con mentiras y engaños Juan Carlos se quedó con todo e incluso vendió la camioneta falsificando documentos para hacer ese acto delictivo, desde el mes de diciembre de año 2021 le pedí que entregara la camioneta y las máquinas y todo el año 2022 y le envié muchos mensajes de texto desde Diciembre del 2021, para que devolviera la camioneta y las máquinas, estos mensajes de texto se los enviaba a la mina donde supuestamente tenía las máquinas, porque según me comento allí solo llegaban mensajes de texto y solo me engaño y llego el momento que no respondió más, de hecho ya después de haber vendido la camioneta nos decía a Manuel y a mí que la entregaría y lo puede comprobar ciudadana Fiscal con el mismo Manuel Barrios porque el mismo averiguo que cuando mi sobrino decía que entregaría la camioneta ya la había vendido y estaba a nombre de otra persona, al igual que con las máquinas pesadas me decía que ya saldría de la mina con la plata para pagar por el servicio de las misma y nunca entrego ni un centavo y no se comunicó más desde hace casi un año, le pido muy respetuosamente que Juan Carlos Quezada sea ubicado para entregue las máquinas y asuma su responsabilidad ante la justicia, porque con el actúe de corazón y por sangre para ayudarnos económicamente, no para que me metiera en este problema, porque tengo un situación económica muy dura de la que no escapamos ninguno de este país y no tengo en este momento más dinero para responder y quiero que el señor Manuel Barrios reciba sus máquinas, además debo ser justo en decir que Manuel ha sido paciente y caballero en la espera de este problema, más allá de que por razones que el debe conocer ha omitido decir que le pagado ante usted, respeto el porque lo hizo pero yo debía aclararlo, sin más a que referir, espero puede tener una respuesta oportuna y satisfactoria de su Despacho”.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia del testimonio del testigo ya que narra circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho.
DÉCIMO TERCERO: REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL J-500647310, razón social GOLD Q & A, C.A, Su domicilio fiscal avenida los próceres, edificio torre B piso PB, Local P-1, en el estado Mérida municipio libertador parroquia LASSO DE LA VEGA, ciudad Mérida.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja del registro fiscal de la empresa donde funge como propietario el investigado.
DÉCIMO CUARTO: ACTA DE DENUNCIA FORMAL, de fecha 26-06-2023, suscrito por A.J.V.P, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DE LA FISCALÍA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las Instalaciones De La Fiscalía Superior Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de los siguiente: ”Resulta que en el mes de mayo del año 2021, mi sobrino de nombre Juan Carlos QUEZADA Vásquez, titular de la cédula de identidad V 19.040.672, se reunió conmigo en mi residencia y me dijo que le habían entregado en concesión una mina para extracción de oro, en la zona de Guasipati, estado Bolívar. Para la explotación de dicha mina, se necesitaban dos maquinarias pesadas tipo retroexcavadoras; que si yo las conseguía, por esas máquinas se pagaba un buen precio por el alquiler. De igual manera, me manifestó que él necesitaba un vehículo en buenas condiciones para trasladarse hacia la zona de las minas y en sus actividades diarias, pero que no tenía el dinero para comprar dicho vehículo y que si yo se lo podía conseguir a crédito. Le manifesté que yo en el estado Portuguesa, que es donde queda mi empresa, tenía amigos que vendían vehículos usados y que podía hacer la diligencia de conseguirlo. Le pregunté qué tiempo de plazo necesitaba para pagarlo y me dijo que como en uno o dos meses. En esa misma reunión, me mostró un documento registrado de una empresa de nombre Gold Q & A, C.A., bajo el rif J-500647310. En dicha empresa, Juan Carlos aparece como presidente de la misma. Después de conversar y ver aquella información, le dije que viajaría al estado Portuguesa, específicamente al municipio Ospino, y vería si podía conseguir el vehículo que requería, en conjunto con las máquinas para ser alquiladas; así lo hice. Estando en mi lugar de trabajo, vi en el estado del teléfono de un amigo de nombre Manuel Guillermo Barrios que había publicado la venta de una camioneta marca Toyota, color blanco, modelo 4Runner, del año 2015. Lo llamé por teléfono y le pregunté si era el propietario de esa camioneta, a lo que me dijo que sí y que estaba en venta. Le dije que estaba interesado en hacer un negocio por la camioneta y me dijo que estaba en su casa en la ciudad de Acarigua. De inmediato, me trasladé hasta ese lugar. Una vez allí, me mostró la camioneta. Le dije que la necesitaba para mandarla a un trabajo en el estado Bolívar, que se la entregaría a un sobrino a quien le habían dado una concesión de trabajo en una mina de oro. Sin embargo, le comenté que necesitaba la camioneta a crédito ya que mi sobrino no tenía el dinero para pagarla. Manuel Barrios me dijo que él no conocía a mi sobrino, pero que a mi si me la entregaba; si yo me hacía responsable del pago, él me podía dar un plazo de pago de 45 días para que se cancelara la camioneta. Yo llamé a mi sobrino Juan Carlos y le dije que mi amigo sí podía darme el crédito por el vehículo para ser cancelado en 45 días. Mi sobrino me aseguró que no había problema, que él cancelaba la camioneta en el tiempo estipulado. Por esta razón, yo cerré el negocio con Manuel Barrios por medio de documento privado para cancelar la camioneta. En ese mismo momento, hablé con Manuel acerca del negocio en la mina para el alquiler de las máquinas y él me comentó que si estaba interesado, ya que él tenía las dos retroexcavadoras con disponibilidad de alquiler. Yo en ese momento le dije que llamaría a mi sobrino Juan Carlos, que estaba en la ciudad de Caracas, para expresarle que se viniera a Portuguesa a explicarnos los términos del negocio. Así lo hice, con Juan Carlos respondiendo al teléfono que no tenía problema en trasladarse hasta donde estaba Manuel y mi persona, para buscar la camioneta Toyota y explicar los términos del negocio del alquiler de las máquinas. Recuerdo que Juan Carlos se trasladó un día Sábado del mes de Mayo del año 2021, y llegó a mi empresa en compañía de dos personas: uno de nombre Jhonathan, de quien no sé el apellido, y otro que no recuerdo el nombre. De allí, nos trasladamos en la camioneta que había negociado a la finca "los Alacranes", que es propiedad de Manuel Barrios, para hablar con él y ver las máquinas retroexcavadoras que estaban allí. Una vez en el lugar, nos atendió Manuel, para proceder a una reunión entre Juan Carlos, Manuel y mi persona. Durante la misma, Juan Carlos le explicó a Manuel que le pagaría 10.000 dólares americanos mensuales, mediante su empresa de la que era presidente, por alquilar las máquinas. Él expresó que la empresa contratante se encargaría del traslado de las máquinas al estado Bolívar y de todo el mantenimiento; que debían trasladar las máquinas con un poder que Manuel debía hacer a mi nombre. Yo en ese momento le comenté a mi sobrino que debía dar una figura por ser el dueño de las máquinas, a lo que él dijo que le daría un carnet de su empresa respaldado por la Corporación Minera, donde Manuel sería Director de Maquinarias y yo Director de Seguridad de dicha empresa. Manuel aceptó los términos de la negociación y mi sobrino se fue ese mismo día con la camioneta marca Toyota, negociada con Manuel. Se comprometió a venir él mismo a llevarse las máquinas. En los días siguientes, Manuel y yo hicimos el poder, mientras Manuel le hizo unas reparaciones a las máquinas para que se fueran en perfecto estado para trabajar. Yo me trasladé a Caracas y allí hablé con Juan Carlos. Él expresó que estaba cuadrando el transporte para llevar las máquinas al estado Bolívar y en los días siguientes me llamaría para darme el dinero del pago de la camioneta. Luego de haber pasado los 15 días, mi sobrino Juan Carlos se fue al estado Portuguesa a buscar las dos máquinas. Estando él allá, Manuel se las entregó para que se las llevara, y me llamó para decirme que ya Juan Carlos se había llevado las dos máquinas. Un mes más o menos después de llevarse las máquinas, Manuel me llama; como ya casi era la fecha de pago de la camioneta, me dice que quiere ir al estado Bolívar a ver sus máquinas y a cobrar el dinero de la camioneta. En ese momento, llamé a Juan Carlos y le comenté que iba con Manuel hasta donde él estaba a buscar el dinero de la camioneta; y que nos llevará también al campamento donde estaban las máquinas para verlas. Él me dijo que no había problema y que fuera con Manuel, que él me esperaba en la Ciudad de Puerto Ordaz. Luego, procedí a llamar a Manuel y este se trasladó a Caracas, hospedándose en mi casa. En la madrugada del día siguiente, salimos al estado Bolívar y nos hospedamos en un hotel frente al aeropuerto Best Western Mara Inn. Resulta que, al llegar, mi sobrino no respondía al teléfono, estaba sin señal y le dejé varios mensajes. Al quinto día más o menos de estar allá, nos llama Juan Carlos y nos dice que él estaba en la mina; que no podía salir por un tema de lluvias en la zona. Esta llamada fue en altavoz desde mi teléfono, estando Manuel presente, y le pregunté por el pago de la camioneta. Recuerdo que él nos dijo que él saldría ese fin de semana a resolver ese pago, y que nos llevaría donde estaban las máquinas; eso no sucedió. Cuando ya teníamos como 10 días en el hotel, se comunicó conmigo y me expresó que aún por lluvias no podía salir. Le pregunté por el pago de la camioneta y me dijo que mandaría a una persona a entregarme parte del dinero; eso tampoco pasó. Ya con 15 días allá, Manuel decide no esperar más por compromisos y se retira a la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa. Yo me quedé dos meses más o menos esperando a que Juan Carlos saliera y nunca lo hizo; se comunicó una sola vez y me dijo que saldria, no lo hizo; tampoco me mandó el dinero de la camioneta, por lo que yo me retiré a la Ciudad de Caracas. Estando allí como a los 15 días, de tanto mandarle mensajes, me llamó. Le dije que Manuel estaba muy molesto porque él no había pagado la camioneta, y tampoco había entregado el dinero acordado por el alquiler de las máquinas; él contestó que saldría para responder y no lo hizo. Así transcurrieron como dos meses más y ni salía ni pagaba la camioneta, tampoco el alquiler de las máquinas. Así llegó el mes de Noviembre de ese mismo año 2021, y Manuel me dijo que como no se le había pagado la camioneta, él quería que se la devolviera. Yo llamé a Juan Carlos, y le dije que yo estaba en problemas con Manuel porque él no había pagado la camioneta ni el alquiler de las máquinas; que debía entregar la camioneta ya que no tenía cómo pagarla. Juan Carlos me aseguraba que él iba a pagar la camioneta y el alquiler de las máquinas apenas saliera de la mina; nunca lo hizo. Al final, yo molesto, le pedí que entregara la camioneta y las máquinas, quedando en que saldría el 20 de Diciembre de 2021 y traería la camioneta; así lo acorde con Manuel. Resulta que Juan Carlos nunca salió en Diciembre, ni entregó nada y tampoco pago. Llega el año 2022 y yo desde Enero, Febrero, y Marzo le escribí que por favor devolviera todo, que me tenía metido en un problema; no lo hizo. Algunas veces, me respondió y me decía que pagaría y respondería por todo, cosa que no hizo. A partir de Marzo del año 2022, no me contestó más mensajes. Quiero aclarar que solo hablaba con él por mensajes de texto ya que decía que en la mina donde estaba no había señal; en mi teléfono tengo guardados todos los mensajes que le escribí durante todos esos meses pidiendo que entregará o pagará la camioneta en cuestión y que devolviera las máquinas. Así pasaron los meses de Abril, Mayo y Junio y yo no sabía nada de Juan Carlos; tampoco entregaba ni la camioneta ni las máquinas y yo de discusiones con Manuel por el incumplimiento de Juan Carlos. Un día, no recuerdo exacto, del mes de junio del año 2022, esto hablando con Manuel sobre el tema y le digo que Carlos no contesta el teléfono. Manuel lo llama desde su número de teléfono y Carlos contesta. En ese momento, yo le hablo a Carlos molesto y le digo que porque me hizo eso siendo yo su tío y que confié en él. Manuel habla con él y le pide que devuelva la camioneta y las máquinas o que le pague; Carlos se compromete que en 8 días estaría en Ospino, que llevaría las máquinas y pagaría todo lo adeudado. Manuel le dice que lo íbamos a esperar y nunca apareció; tampoco contestó más el teléfono. En vista de esto, Manuel me llamó unos días después, diciéndome que la camioneta fue vendida y aparecía a nombre de una persona, creo que en Puerto Ordaz; Juan Carlos vendió la camioneta sin tener papeles y sin haberla pagado. En vista de esto, yo le digo a Manuel que vamos a denunciar a mi sobrino, a lo que él me dice que quiere que nos reunamos primero con un abogado de su confianza; yo acepté. A finales del mes de junio del año 2022, me reúno con Manuel, su esposa y su abogado; yo fui solo. En esa reunión, yo hago un acuerdo con Manuel, estando presente su esposa y su abogado, y aceptó entregar para reparar el daño causado por Juan Carlos la cantidad 42.000 dólares americanos y asi denunciar a Juan Carlos ante la Fiscalía para recuperar la camioneta y las máquinas. El abogado sugiere que una vez yo pague los 42.000 dólares se haga la denuncia; igual acordamos que, si la camioneta no se recuperaba, yo la pagaba y si era recuperada, el señor Manuel Barrios se quedaría con ella. El caso es que, yo tardé en pagar los 42.000 dólares americanos y fui entregando por partes ese dinero, esto debido a la compleja situación del país. Sin embargo, en el mes de Noviembre del año 2022, cuando le había entregado a Manuel Barrios la cantidad de 20.000 dólares, lo consigo al frente del banco Banplus de Acarigua; le digo que la semana siguiente le iba entregar 10.000 dólares más para llegar a 30.000 de los 42.000 dólares acordados. En ese momento, Manuel me comenta que él me había denunciado a mi en la Fiscalía. Yo me molesté y le pregunté por qué había hecho eso sí nosotros teníamos un acuerdo de denunciar los dos a Juan Carlos. Le dije que estaba en su derecho de denunciar pero que sí había dicho toda verdad incluyendo el acuerdo que hicimos. Le pregunté en qué Fiscalía me había denunciado y me dijo que en la Fiscalía Primera, de Delitos Comunes del estado Portuguesa. En ese momento, le dije que yo iba a presentarme en dicha Fiscalía y así lo hice. Estando yo allí, se presentó también Manuel y nos atendió la Fiscal de nombre Katerine; yo le dije que si me había denunciado Manuel Barrios y ella me dijo que si. Le pregunté si Manuel había dicho en la denuncia que yo tenía un acuerdo con él, que de ese acuerdo le había entregado como 20.000 dólares; ella me dijo que no. También le pregunté si en la denuncia había manifestado que mi sobrino, Juan Carlos QUEZADA Vasquez, se había llevado la camioneta y las máquinas; me dijo que tampoco, que solo me denunció a mí. En ese momento, la Fiscal le preguntó a Manuel si era cierto lo que yo decía, él respondió que sí. Por ese motivo, la Fiscal le dijo que hiciera un escrito de puño y letra aclarando la situación; así lo hizo Manuel. Dicho escrito reposa en la causa número MP-249656-2022 llevada por esa Fiscalía. En ese momento, le dije a la Dra. Katerine que quería denunciar a mi sobrino por estafa y me dijo que no podía porque yo era el denunciado en la causa; que debía traer un escrito aclarando y consignando los pagos que le hice a Manuel Barrios, que una vez terminara de pagar lo acordado a Manuel podia denunciar. Luego de eso, se recupera la camioneta de Manuel que Juan Carlos había vendido fraudulentamente, y yo le segui pagando a Manuel. Cuando llegamos al monto acordado, fui a hablar con la Fiscal Katerine para aclarar que yo ya había pagado, que la camioneta, según el acuerdo que hice con Manuel, le pertenecía y le debía ser entregada; para proceder a denunciar a Juan Carlos. Pero, acontece que la Fiscal había sido cambiada y la nueva Fiscal, al comentarle que quería denunciar a Juan Carlos, me dijo que yo debía primero terminar de pagar el acuerdo con Manuel. Yo le digo que ya estaba listo y me dice que Manuel no le había comentado nada y que le consignara un escrito con los soportes de esos pagos. Le dije a la nueva Fiscal, de la cual no recuerdo el nombre, que yo quería denunciar por estafa a Juan Carlos para que entregue las máquinas de Manuel. Me expresó que debía traerle el escrito aclarando los pagos para ver que se hacía, que ella solo iba a citar a Juan Carlos a través de un auxilio fiscal. El caso, ciudadano Fiscal Superior, es que respetuosamente le pido admitir la denuncia contra Juan Carlos Quezada Vásquez, que sea imputado y aprendido, para que responda ante la Ley por el daño causado a Manuel Barrios y a mi patrimonio, mi nombre y mi honor. Por cuánto tuve que pagar dinero por su acto delictivo, en el que valiéndose de mi buena fe y nuestro vínculo familiar, cometió una estafa que puso en riesgo incluso mi integridad física. De igual manera, haga entrega al señor Manuel Barrios de las dos máquinas retro excavadoras que se llevó. Asimismo, le suministro los números telefónicos con los cuales me comunicaba con Juan Carlos, estos son 0412-9323099 у 0414-7191097. De igual manera, le comunico que en el expediente llevado por la Fiscalía Primera de Delitos Comunes, consigné copia del contrato que tenía con las máquinas que se llevó Juan Carlos, con una copia adicional de los carnet que me había enviado Juan Carlos vía Whatsapp, pertenecientes a la empresa de la cual era Presidente y que estaba autorizados supuestamente por la Corporación Minera. Estos están a nombres de Manuel Barrios y mi persona. En cuanto a su ubicación, se que pernocta entre Ciudad Guayana y Ciudad de Mérida. Sin más a que hacer mención.”
Se desprende como elemento de convicción el Testimonio del testigo en el presente caso, por cuanto narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurre el hecho.
DÉCIMO QUINTO: AMPLIACIÓN DE DENUNCIA, de fecha 06-06-2023, interpuesta por el ciudadano A.J.V.P (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Primera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente:” Resulta que en Diciembre del año 2020 yo me entrevisto con mi sobrino de nombre JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, debo acotar que no lo veía desde que el tenia aproximadamente 12 años, el es hijo de mi hermana mayor RAMONA VASQUEZ Y CARLOS QUEZADA quien es mi cuñado, ella me había dicho que el estaba inmerso en la politica y me da su numero y yo lo invito a mi casa, una vez alli el me indica que estaba trabajando con el MINISTERIO DE PETROLEO Y MINISTERIO PARA LAS INDUSTRIAS BÁSICAS DEL ESTADO y que estaba trabajando directamente con el MINISTRO TAREK EL AISSAMI, y que estaba ejerciendo el cargo de INTERVENTOR Y ASESOR ya que el es abogado. Como yo tenia mucho tiempo sin verlo pues le comento que yo tenia una empresa en OSPINO ESTADO PORTUGUESA y le pregunto por la posibilidad de que me ayude a conseguir un crédito, a lo que el me responde que si me podía ayudar, incluso que me podía ayudar con uno que otro negocio, por lo cual yo le entrego una documentación de mi empresa para que este me ayudara con lo del crédito (cosa que nunca ocurrió), así hablamos por varios meses, posteriormente en el mes de Mayo de año 2021, se presenta a mi casa con un documento de una empresa de nombre GOLD Q & a, C.A RIF J-500647310, donde el fungia como presidente de esa compañía y me dice que con esa empresa le habían dado una concesión de una mina en GUASIPATI en una zona del estado BOLIVAR, y me indica que el no tenia un vehículo para trabajar allá y que si yo le podía conseguir un vehículo bueno y el lo pagaba, pero que ademas necesita dós (02) maquina retroexcabadoras y que de igual modo también se las podía conseguir y por dichas maquinas se pagaría un alquiler a través de la misma empresa, como yo estaba en caracas entonces le dije déjame trasladarme a Portuguesa y ver que podía hacer y hablar, específicamente me vine a Portuguesa Municipio Ospino que es donde tengo mi empresa y estando allí vi en el estado de Whatsapp de un amigo de nombre MANUEL GUILLERMO BARRIOS que tenia publicada una CAMIONETA MARCA TOYOTA COLOR BLANCO MODELO 4RUNNER AÑO 2015, y procedí a llamarlo, le pregunté que si la camioneta era de el para lo que me respondió que si y en vista de eso me trasladé hacia Acarigua para hablar con el personalmente por dicha camioneta, una vez allí conversamos y el me dice que la estaba vendiendo en CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) para lo cual le indico que en ese momento yo no tenia para cancelarle la camioneta y que la necesitaba para una negociación por lo que entonces el me da 45 días de plazo para la cancelación de dicha camioneta, por lo cual le indico además que tengo un sobrino que le habían asignado una mina y que dicha camioneta era para el para que se movilizara allá en la zona, en ese momento MANUEL me indica que el no tiene problemas en entregarme la camioneta pero que cualquier cosa yo me hiciera responsable y le indique que no había ningún problema, además le comenté que el necesitaba alquilar dos retroexcabadoras para lo que el se mostró interesado en la negociación que se planteé y yo procedo de inmediato a llamar a mi sobrino y le indico que necesito que se viniera a Portuguesa para que conversara directamente con MANUEL, para lo cual en el mes de Mayo del año 2021 un día sábado mi sobrino vino en compañía de otros dos ciudadanos los cuales se identificaron con los nombres de JHONATAN Y ALDRI, supuestamente estos también eran abogados y trabajaban juntos. Una vez mi empresa ya yo tenia el documento privado por la compra y venta de la camioneta con MANUEL, yo le hago entrega de la camioneta a JUAN QUEZADA y le explico como seria la formalidad del pago de la misma y posteriormente nos trasladamos a la FINCA LOS ALACRANES propiedad el señor MANUEL BARRIOS ubicada en la carretera vieja Ospino estado Portuguesa, allí veríamos las retroexcabadoras y mi sobrino procedería a explicarnos a MANUEL y a mi como seria la negociación de dichas maquinas, estando en el lugar mi sobrino JUAN le explica el negocio a MANUEL y le indica que este iba a percibir DIEZ MIL DOLARES (10.000$) mensuales por el alquiler de dichas maquinas y de igual modo yo, es decir, que la totalidad del alquiler seria de veinte mil dolares (20.000$) mensual divididos en partes iguales para MANUEL y a su vez me indica que la instrucción que el tenia era que dicha negociación la debía realizar con alguien de su extrema confianza por lo cual me indica que dicha documentación debia realizarla directamente conmigo, en vista de dicho planteamiento acordamos con MANUEL que este procedería a realizarme un poder notariado por dichas maquinarias y posteriormente yo firmaría el documento de arrendamiento de las maquinarias con mi sobrino, y MANUEL manifiesta su conformidad con el negocio y con todo lo planteado y a su vez le solicitó que le diera un plazo de 15 días para repararle algo a las maquinas y se las pudiese llevar, en eso mi sobrino se retira llevándose consigo la camioneta. En días sucesivos procedemos a realizar la documentación concerniente y aproximadamente 15 o 20 días después mi sobrino retorna en compañía de los mismos sujetos y proceden a llevarse las maquinarias con destino al estado Bolívar, las cuales fueron entregadas por MANUEL únicamente porque yo me encontraba en Caracas. En los primeros días de Agosto de 2021 MANUEL me llama y me dice que vayamos al estado Bolívar para ir a buscar el dinero de la camioneta y a ver las maquinas por lo que yo le digo que no hay ningún problemas y procedimos a trasladarnos hasta allá, situación que en todo momento le hice saber a mi sobrino, llegamos a Puerto Ordaz y nos instalamos en un Hotel frente al Aeropuerto, alli durante 5 días JUAN nunca atendió el teléfono, MANUEL incluso le dijo a JUAN que este tendría que pagar unos intereses por el atraso del pago de la camioneta para lo que JUAN le responde que si, que no había ningún problema, y nos manifestó que no podríamos accesar a las minas por motivos de lluvia y eso significaba un riesgo, MANUEL estuvo conmigo 15 días mientras que yo pernoté 2 meses a la espera de mi sobrino quien durante ese tiempo me atendió el teléfono solo 3 veces, siempre con una excusa distinta, posteriormente para finales de noviembre MANUEL me solicita que se le entregue la Camioneta ya que el la tenia negociada y cuando le hago saber a mi sobrino este me indica que el 21 de Diciembre 2021 el con toda seguridad entregaría la camioneta o el dinero (cosa que nunca sucedió), comenzaron los conflictos con MANUEL porque mi sobrino no aparecía ni con el dinero ni con la camioneta y las maquinas, y con JUAN mantuve comunicación hasta el mes de marzo del año 2022 (las cuales conservo). En el mes de Junio del 2022 yo le explico a MANUEL que JUAN ya no me atendía el teléfono y que no sabia que hacer y es cuando MANUEL procede a llamarlo de su teléfono celular y a este si le atiende la llamada, en ese momento ambos procedemos a hablar con el y éste le dice a MANUEL que en 8 dias el traería la camioneta las maquinas y el dinero adeudado por intereses (cosa que no cumplió) y dias posteriores recibo llamada telefónica de MANUEL y es cuando me indica que la Camioneta había sido vendida en dos oportunidades, la primera en Enero del año 2022, y la segunda unos meses después, en virtud de esto yo le digo a MANUEL que entonces vamos a proceder a denunciarlo y éste me indica que no, que aun no, que primero llegáramos a un acuerdo nosotros 2, por lo cual me cita en una panadería situada en la ciudad de Araure donde el se encontraba en compañía de su esposa y de un abogado de confianza, en ese momento yo me comprometí a que le entregaría a MANUEL, CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) para resarcir el daño causado "Si la camioneta aparecía y le planteé que si la camioneta NO aparecía entonces yo le cancelaría la totalidad SETENTA MIL DOLARES (70,000$), y procedo a comenzar a pagarle, una vez que ya le había cancelado aproximadamente VEINTE MIL DOLARES (20.000$) me lo encontré frente a BANPLUS en la ciudad de Acarigua y le digo que la próxima semana le cancelaría DIEZ MIL DOLARES (10.000$) mas, y es cuando el me indica con palabras textuales "ya yo denuncie, le pregunto que donde y me indica que en la FISCALÍA PRIMERA de Acarigua y procedo a trasladarme hasta allá y ponerme a derecho, explique toda la situación y es cuando la Fiscal me indica que el ciudadano MANUEL BARRIOS me había denunciado por cuando indicó que el me había entregado a mi un vehículo y unas maquinarias y no había vuelto a saber nada de mi cosa que era totalmente falsa y demostré ante dicho despacho fiscal en ese mismo momento MANUEL también se persono a la Fiscalía Primera y le corroboró a la Fiscal los pagos que ya yo había hecho y esta procedió a solicitarle un escrito donde hiciera constar dichos pagos. Posteriormente procedo a cumplir con el señor MANUEL con la totalidad del pago acordado por mi persona cancelándole la totalidad de los CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$) dichos comprobantes también fueron consignados en dicha Representación Fiscal, incluso de esa investigación ya se logró la recuperación de la Camioneta en circunstancias que desconozco y reposan en la Fiscalía Primera. Quiero hacer mención además, de que mi hermana de nombre MAVEL VASQUEZ converso con una hermana de JUAN CARLOS de nombre GLEIDIS QUEZADA para que intercediera a fin de saber donde están las maquinarias que se llevó y esta le comentó que JUAN CARLOS estaba hablando con MANUEL y coordinando con la Fiscalía la entrega de dichas maquinas, cosa que no creo y quisiera sea aclarada. En virtud de todo lo narrado procedo a formular denuncia en contra de mi sobrino JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ en fecha 21 de Junio del año 2023, y solicito que sea imputado y aprehendido y ser puesto a la orden de un tribunal para que responda por su conducta delictiva y devuelva las maquinas al Señor MANUEL BARRIOS ya que su actuación puso en riesgo mi integridad física, mi reputación y mi honorabilidad, valiéndose de mi buena fé y del vinculo que nos une como familia. Es todo. ”
Con el presente elemento se deja del testimonio del testigo ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO SEXTO: EXPERTICIA DE EXTRACCION DE CONTENIDO, N° 989, de fecha 06-07-2023, suscrita por el Detective PEDRO SUAREZ, practicado al siguiente objeto: “UN TELEFONO MOVIL CELULAR DE COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO SM-A336M/DSM, BATERIA INTERNA, IMEI 01: 350771650156377, IMEI 02: 354778830156371, MEMORIA RAM 06, PROVISTA DE UNA TARJETA SIM CARD PERTENECIENTE A LA EMPRESA MOVISTAR, SIGNADO CON EL NUMERO TELEFONICO (0414-261.84.47) SERIAL, 895804220012974652.”
Con el presente elemento se deja constancias de las conversaciones que se suscribían en el referido equipo telefónico, actividad que guarda relación con la investigación.
DÉCIMO SEPTIMO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 10-07-2023, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía décima Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: “Yo conozco al ciudadano ALBERTO VASQUEZ desde hace aproximadamente 20 años ya que le he hecho varios trabajos en su finca ubicada en el Municipio Ospino, y desde entonces mantenemos una amistad, en el mes de Mayo del año 2021 ALBERTO me propone comprarme mi CAMIONETA DE USO PARTICULAR, MODELO 4RUNNER, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO, AÑO 2015, PLACA AI936KG, la cual estaba vendiendo por un monto de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES (42.000$), y me solicitó que le diera un plazo máximo de 45 días para la cancelación de dicho vehículo ya que estaba esperando un pago de un negocio que había hecho con su sobrino de nombre JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, a lo que yo accedí por confianza en ALBERTO ya que lo conozco desde casualmente le había caído la llamada porque andaba en el pueblo, ALBERTO comenzó a discutir con el y a exigirle que respondiera por todo lo que me adeudaba y yo le solicité que si no me iba a pagar la camioneta que entonces me la entregara ya que yo se la había ofrecido a otra persona y se comprometió a llevar en 8 días la camioneta la El dinero adeudado por el alquiler de las maquinarias hasta Caracas (eso nunca ocurrió), hace tanto tiempo, y procedo a entregarle los documentos originales entre esos el titulo, las dos llaves y los resguardos de la camioneta, reitero, por plena confianza en ALBERTO, posteriormente, 15 días después, me propone un negocio, de alquilarme dos maquinas, una retroexcavadora y un jumbo, ya que me indica que le salio un trabajo con su sobrino JUAN CARLOS, ya que este tenia una empresa en Puerto Ordaz y que necesitaba las dos maquinas que generarían aproximadamente un monto de 10.000$ mensual, incluso un poco mas, y en vista de que ese es mi trabajo principal, el de alquilar maquinarias yo le dije que si se podía, pero que en vista de que la persona que el me mencionaba yo no la conocía se las podía alquilar a ALBERTO, incluso me dijo que dicho alquiler me lo podrían pagar con el oro que estaban explotando, y que me comenzarían a pagar a partir del segundo mes ya que el primer mes habían operaciones a lo que yo indique que no habla ningún problema, a lo que ALBERTO acepto que el seria el responsable por dichas maquinas, ya que en reiteradas oportunidades yo le indique que a personas extrañas yo no le alquilaba, entonces yo procedí a realizarle un poder notariado a ALBERTO (el cual revoqué en el año 2022), y el se entendía directamente con su sobrino ya que los de la negociación eran ellos y ya después ALBERTO le alquilaría a su sobrino, ALBERTO me dice un día que su sobrino vendría a ver las maquinas a ver si le convenía, y efectivamente su sobrino JUAN CARLOS vino a mi finca en compañía de otros dos sujetos de los cuales desconozco su identidad, aproximadamente en el mes de Junio del año 2021, ahí lo conocí, observó la maquinaria y manifestó que si le servían para el trabajo pero que había que hacerle unos arreglos y me corroboró como seria el pago y la negociación, repitiéndome una vez mas lo que ya me había indicado ALBERTO en días anteriores, quince días después aproximadamente me llama ALBERTO y me indica que venían a buscar la primera maquinaria, y enviaron un transporte (grúa) y se llevaron la retroexcavadora, posteriormente 20 días después nuevamente me llama ALBERTO y mandaron a buscar el Jumbo Posteriormente, se vence el plazo de la camioneta y yo le indico a ALBERTO que me diera razón de lo que había pasado por lo cual el me indica que nos fuéramos a PUERTO ORDAZ para así buscar el dinero de la camioneta y el primer pago por el alquiler de las maquinarias ya que ya habían pasado dos meses desde que se habían llevado las maquinarias, tengo entendido que debíamos pasar primero por caracas buscando unos carnet emitidos de la empresa de JUAN CARLOS ya que esa era la autorización para ingresar a las minas y así poder ir a observar las condiciones en las que se encontraban las maquinarias pero por situación de tiempo procedimos a irnos directo a Puerto Ordaz en el mes de Agosto del año 2021, y ALBERTO le avisó a su sobrino que llegaríamos un martes a Puerto Ordaz, estando allá, el llama a su sobrino y este le dice que el miércoles el llegaría al hotel donde estábamos hospedados, cosa que nunca pasó, después el jueves le dijo que saldría el fin de semana de donde estaba, cosa que tampoco paso, en fin estuve 15 días allá en Puerto Ordaz pagando hotel y comida y el nunca apareció y por lo tanto, molesto me regresé, supuestamente ALBERTO se quedó en Puerto Ordaz dos meses esperando porque su sobrino apareciera y nunca apareció y yo esperando porque aparecieran mi camioneta y mis maquinas. En Junio del año 2022 me consigo a ALBERTO en un local comercial en Ospino y le comento que me diera el numero de su sobrino para entonces yo llamarlo ya que según a el ya no le atendía el teléfono, en eso procedo a llamarlo y el me atendió y dijo que al tiempo le hago seguimiento a la camioneta y me percato que le habian sacado un directo y/o rapidito a la camioneta ya que había sido vendida, en vista de dicha situación ALBERTO y yo llegamos a un acuerdo preparatorio amistoso por indemnización del daño patrimonial causado a mi persona sobre la camioneta, y el me indico que en caso de que se lograra recuperar la camioneta esta seguiría siendo mía, para lo cual el me entregó dinero en efectivo, un alimento para consumo animal, unos animales (cochinos), y dos equipos de ordeño portátiles en calidad de deposito ya que era para venderlos pero aun no los he podido vender, dando un valor total de CUARENTA Y DOS MIL DOLARES AMERICANOS (42.000$), durante la consumación de ese acuerdo, en vista de que me canse de esperar el pago, y que no aparecía ni la camioneta ni las maquinas procedí a formular denuncia en contra de ALBERTO VASQUEZ ante el Ministerio Publico en fecha Noviembre del año 2022 la cual es llevada por la Fiscalía Primera del Segundo Circuito estado Portuguesa. Es todo”
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO OCTAVO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-03-2023, interpuesta por el ciudadano A.J.V.P, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía tercera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: “Bueno para diciembre del año 2020 yo me entrevisto con mi sobrino de nombre Juan Carlos Quezada Vasquez, debo acotar que no lo veía desde que el tenia aproximadamente 12 años, el es hijo de mi media hermana mayor Ramona Vasquez y Carlos Quezada quien es mi cuñado, ella me había dicho que el estaba inmerso en la política y me da su numero y yo lo invito a mi casa, una vez allí el me indica que estaba trabajando con el Ministerio de Petroleo y Ministerio Para las Industrias Básicas Del Estado, y que estaba ejerciendo el cargo de interventor y asesor ya que el es abogado. Debido al tiempo que teníamos sin vernos, comenzamos a conversar y le comento que yo tenia una empresa en Ospino Estado Portuguesa y le pregunto por la posibilidad de que me ayude a conseguir un crédito, a lo que el me responde que si me podía ayudar, por lo cual yo le entrego una documentación de mi empresa para que este me ayudara con lo del crédito (cosa que nunca ocurrió), así hablamos por varios meses, posteriormente en el mes de Mayo de año 2021, se presenta a mi casa con un documento de una empresa de nombre Gold Q & A, C.A Rif J-500647310, donde el mismo era presidente de esa compañía y me dice que con esa empresa le habían dado una concesión de una Mina En Guasipati en una zona del Estado Bolívar, y me indica que el no tenia un vehículo para trabajar allá y que si yo le podía conseguir un vehículo bueno y el lo pagaba en dos meses, y que si no en 45 días, aparte de eso necesita dos (02) Maquina Retroexcabadoras y que de igual modo también se las podía conseguir y por dichas maquinas se pagaría un alquiler a través de la misma empresa, como para ese momento me encontraba en la ciudad de Caracas entonces le dije dejame trasladarme a Portuguesa y ver que podía hacer, al llegar a Ospino que es donde tengo mi empresa y estando allí vi en el estado de whatsapp de un amigo de nombre Manuel Guillermo Barrios que tenia publicada una Camioneta Marca Toyota, Color Blanco, Modelo 4runner, Año 2015, y procedí a llamarlo, le pregunté que si la camioneta era de él, para lo que me respondió que si y en vista de eso me trasladé hacia Acarigua para hablar con el personalmente por dicha camioneta, una vez allí conversamos y el me dice que la estaba vendiendo en cuarenta y dos mil dolares (42.000$ Dolares Americanos) para lo cual le indico que en ese momento yo no tenia para cancelarle la camioneta y que la necesitaba para una negociación por lo que entonces el me da 45 días de plazo para la cancelación de dicha camioneta, por lo cual le indico ademas que tengo un sobrino que le habían asignado una mina y que dicha camioneta era para el para que se movilizara allá en la zona, en ese momento Manuel me indica que el no tiene problemas en entregarme la camioneta pero que cualquier cosa yo me hiciera responsable y le indique que no había ningún problema, ademas le comenté que el necesitaba alquilar dos Retroexcabadoras para lo que él se mostró interesado en la negociación que le planteé y yo procedo de inmediato a llamar a mi sobrino y le indico que necesito que se viniera a Portuguesa para que conversara directamente con Manuel, para lo cual en el mes de mayo del año 2021 un día sábado mi sobrino vino en compañía de otros dos ciudadanos los cuales se identificaron con los nombres de Jhonatan y Aldri, supuestamente estos también eran abogados y trabajaban juntos. conversamos que estaba la camioneta y que tenia 45 dias para cancelarla, pero le hice menciona que debíamos ir hasta la Finca Los Alacranes a los fines de que conversara directamente con Manuel para que le explicara como seria la formalidad del pago de la misma, efectivamente nos trasladamos a al finca y una vez allí, Manuel le explica lo de la camioneta, mi sobrino procedería a explicarnos a Manuel y a mi como seria la negociación de dichas maquinas, y mi sobrino procedería a explicarnos a Manuel y a mi como seria la negociación de dichas maquinas, estando en el lugar mi sobrino juan le explica el negocio a Manuel y le indica que este iba a percibir diez mil dolares (10.000$) mensuales por el alquiler de dichas maquinas y de igual modo yo, es decir, que la totalidad del alquiler seria de veinte mil dolares (20.000$) mensual divididos en partes iguales para Manuel y a su vez me indica que la instrucción que el tenia era que dicha negociación la debía realizar con alguien de su extrema confianza por lo cual me indica que dicha documentación debía realizarla directamente conmigo, en vista de dicho planteamiento acordamos con Manuel que este procedería a realizarme un poder notariado por dichas maquinarias y posteriormente yo firmaría el documento de arrendamiento de las maquinarias con mi sobrino, y manuel manifiesta su conformidad con el negocio y con todo lo planteado y a su vez le solicitó que le diera un plazo de 15 días para repararle algo a las maquinas y se las pudiese llevar, en eso mi sobrino se retira llevándose consigo la camioneta. Luego con el pasar de los días procedemos a realizar la documentación concerniente y aproximadamente 15 o 20 días después mi sobrino retorna en compañía de los mismos sujetos, y en esta ocasión lo recibe Manuel y proceden a llevarse las maquinarias con destino al Estado Bolívar, las cuales fueron entregadas por Manuel únicamente porque yo me encontraba en Caracas. en los primeros días de agosto de 2021 Manuel me llama y me dice que nos traslademos hasta el Estado Bolívar para ir a buscar el dinero de la camioneta y a ver las maquinas, estuve de acuerdo y procedimos a trasladarnos hasta allá, situación que en todo momento le hice saber a mi sobrino, llegamos a Puerto Ordaz y nos instalamos en un Hotel Frente al aeropuerto, allí durante los primeros 5 días juan nunca atendió el teléfono, luego un día jueves nos atiende y Manuel le manifestó a Juan que este tendría que pagar unos intereses por el atraso del pago de la camioneta para lo que juan le responde que si, que no había ningún problema, y nos manifestó que no podríamos acceder a las minas por motivos de lluvia y eso significaba un riesgo, Manuel estuvo conmigo 15 días mientras que yo pernoté 2 meses a la espera de mi sobrino quien durante ese tiempo me atendió el teléfono solo 3 veces, siempre con una excusa distinta, posteriormente para finales de noviembre Manuel me solicita que se le entregue la camioneta ya que el la tenia negociada y cuando le hago saber a mi sobrino este me indica que el 21 de diciembre 2021 el con toda seguridad entregaría la camioneta o el dinero (cosa que nunca sucedió), comenzaron los conflictos con Manuel porque mi sobrino no aparecía, ni con el dinero, ni con la camioneta y ni las maquinas, y con juan mantuve comunicación hasta el mes de marzo del año 2022 (las cuales aun conservo). En el mes de junio del 2022 yo le explico a Manuel que juan ya no me atendía el teléfono y que no sabia que hacer y es cuando Manuel procede a llamarlo de su teléfono celular y a él si le atiende la llamada, en ese momento ambos procedemos a hablar con el, yo estaba molesto y le manifiesto que porque a mi no me contestaba el telefoneo y a Manuel si le respondía, que me había hecho quedar mal y éste le dice a manuel que en 8 días el traería la camioneta, las maquinas y el dinero adeudado por el trabajo de la maquinas y los intereses (cosa que no cumplió) y días posteriores recibo llamada telefónica de Manuel y es cuando me indica que la camioneta había sido vendida en dos oportunidades, la primera en enero del año 2022, y la segunda unos meses después, en virtud de esto yo le digo a Manuel que entonces vamos a proceder a denunciarlo y éste me indica que no, que aun no, que primero llegáramos a un acuerdo nosotros 2, por lo cual me cita en una panadería situada en la ciudad de Araure, donde el se encontraba en compañía de su esposa y de un abogado de confianza, en ese momento yo me comprometí a que le entregaría a Manuel, cuarenta y dos mil dolares (42.000$) para resarcir el daño causado, y si aparecía la camioneta el se podía quedar con ella, mas si embargo también le manifesté que si la camioneta no aparecía yo le daba 30.000$ dolares mas, que en un total eran 72.000$ y con eso saldábamos el tema de camioneta. Y procedo a comenzar a pagarle, una vez que ya le había cancelado aproximadamente veinte mil dolares (20.000$) me lo encontré frente a Banplus en la ciudad de Acarigua y le digo que la próxima semana le cancelaría diez mil dolares (10.000$) mas, y es cuando el me indica con palabras textuales "Ya Yo Denuncie.!, le dije esta bien, estas en todo tu derecho, pero le pregunto si había dicho toda la vedad, e incluso que ya le había dado 20.000$ dolares, y al acuerdo que había llegado después que yo pagara todo, que era denunciar a Juan Carlos para que hiciera la entrega de las maquinas, el solo me dice que había denunciado por la fiscalía primera de acarigua, ene so me monto en mi carro y me traslado hasta la referida fiscalía, explique toda la situación y es cuando la fiscal me indica que el ciudadano Manuel Barrios me había denunciado por cuando indicó que el me había entregado a mi un vehículo y unas maquinarias y no había vuelto a saber nada de mi cosa que era totalmente falsa, porque siempre manteníamos contacto y le manifesté a la fiscal que yo conservaba los soportes de pago los cuales le había hecho a Manuel, ese mismo día la rato llega Manuel al despacho y ambos conversamos con la fiscal, ella le pregunta si era verdad lo que yo manifestaba y el efectivamente corroboró a la fiscal los pagos que yo le había realizado, para el momento la fiscal le solicito un escrito donde se dejara constancia dichos pagos. Posteriormente procedo a cumplir con el señor Manuel con la totalidad del pago acordado por mi persona cancelándole la totalidad de los cuarenta y dos mil dolares (42.000$) dichos comprobantes también fueron consignados en dicha representación fiscal, incluso de esa investigación ya se logró la recuperación de la camioneta en circunstancias que desconozco y reposan en la fiscalía primera. quiero hacer mención además, de que mi hermana de nombre Mavel Vasquez converso con una hermana de Juan Carlos de nombre Gleidis Quezada Para Que Intercediera A Fin De Saber Donde Están Las Maquinarias Que Se Llevó Y Esta Le Comentó Que Juan Carlos Estaba Hablando Con Manuel y coordinando con la fiscalía la entrega de dichas maquinas, cosa que no es cierta porque para ese momento me comunique con Manuel, a ver is había hablado con Juan Carlos, y me dijo que no, entonces decido trasladarme hasta la fiscalía primera, donde me informaron que no tenia conocimiento de eso, yo le sugerí que citaran a la mama y hermana de Juan Carlos, a los fines de verificar esa información. en vista a esa situación decidí formular denuncia en contra de mi sobrino Juan Carlos Quezada Vasquez, en fecha 21 de junio del año 2023 por ante la fiscalía décima del estado portuguesa, donde solicite que citaran a Manuel Barrios los fines de que informara si había conversado Con Juan Carlos para la entrega de las maquinas, quien efectivamente dijo que no había tenido contacto con él desde junio del año 2022. es por ello que quiero dejas claro por ante esta fiscalía que en mayo se cumplen tres años de toda esta situación, y hasta la presente fecha Juan Carlos Quezada Vasquez, no ha dado la cara, no ha entregado las maquinas, ni ha respondido por el pago de la camioneta, tengo entendido que se presento por ante al fiscalía primera con un abogado el 05-12-2023, y presento un escrito supuestamente del contrato, y el fiscal para el momento le pregunto por la maquinas, y este manifestó que las tenia en su empresa, mientras tanto Manuel me sigue llamando, presionando por la maquinas, y este delincuente Juan Carlos Quezada Vasquez, sigue evadiendo su responsabilidad, quien hasta la presente fecha que su actuación puso en riesgo mi integridad física, mi reputación y mi honorabilidad, valiéndose de mi buena fé y del vinculo que nos une como familia. Es todo”
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
DÉCIMO NOVENO: ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-03-2023, interpuesta por el ciudadano M.G.B.C, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones de la Fiscalía Tercera Del Segundo Circuito Del Estado Portuguesa, donde deja constancia de lo siguiente: “Bueno yo denuncie a el señor ALBERTO VASQUEZ porque le vendí una camioneta RUNNER, de color blanco, en el año 2021, el pago era para 45 días, por un monto de cuarenta y dos mil dolares (42.000 $), al pasar aproximadamente 15 días me dice ALBERTO a quien conozco hace mas de 20 años, que necesitan dos maquinas un JUMBO Y RETROEXCABADOR, las maquinas eran para trabajarlas en Bolívar que un sobrino de ALBERTO que tenia una empresa para trabajar en la minería y era socio de ALBERTO que era su tío, las necesitaba, yo le dije que no podía mandar mis maquinas hasta allá si no conocía a la persona, que la única manera era que el se hiciera responsable de esa maquinas, me dijo que no importaba y que le hiciera un poder, donde él se hacia responsable de las maquinas, porque él iba a trabajar con su sobrino que era su socio. Una vez llevadas las maquinas hasta Bolívar me dicen que a los dos meses me van a comenzar a cancelar por el alquiler de las maquinas, en vista que se venció el pago de la camioneta y el pago de las cuotas por ella alquiler de las maquinarias, nos dirigimos gasta Bolívar ALBERTO Y mi persona, teniendo su conocimiento su sobrino que íbamos para allá a cobrar la camioneta, y el primer pago del alquiler de las maquinarias, porque ALBERTO hizo negocio con su sobrino por la camioneta. Una vez allí duramos 15 días en Puerto Ordaz y nunca apareció su sobrino, me regreso le doy cierto tiempo a ALBERTO para que me cancele la camioneta y las maquinas y en vista de que no hubo pago de ninguno, procedí a denunciarlo por estafa, o incumplimiento de pago, tanto la camioneta y las maquinas quedaron solicitadas porque no me dieron el dinero ni me devolvían ni la camioneta ni las maquinas. Luego me entere por el mismo ALBERTO que había denunciado a su sobrino porque lo había estafado, gracias a DIOS localizan la camioneta en Bolívar y comienzo a moverme para recuperarla, y me la entregan en guardia y custodia, y entregue copia certificada de los documentos de tradición de la camioneta y aun no me han dado la entrega total. Y aun las maquinas están desaparecidas, nunca me dieron el pago por el alquiler de las maquinas ni me las devolvieron, ambas están solicitadas, también llegue a un acuerdo con ALBERTO por la camioneta por el tiempo que tenia perdido, me dio como una bonificación en convencimiento de los dos por el tiempo que no me habían cancelado la camioneta, el sobrino de Alberto se llama CARLOS QUEZADA. Y necesito que me entreguen la camioneta formal y que aparezcan mi maquinas y el pago del alquiler que ya van casi tres años. Es todo.”
Se desprende Con el presente elemento se deja del testimonio de la víctima ya que del mismo modo narra los hechos objeto de la presente investigación.
VIGÉSIMO: COMUNICACIÓN N° 18-F3-2C-1062-2024, de fecha 13-05-2024, dirigida al Comisionado Jefe del Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre de Acarigua, estado Portuguesa, donde se solicita: TRIPA Y TRAZA de un vehículo con las siguientes características: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, TIPO: SPORT WAGON, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, USO: PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR: 1GRB177781, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, PLACA: AI936KG.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO PRIMERO: COMUNICACIÓN N° 18-2C-DDC-F3-1063-2024, de fecha 13-05-2024, dirigida al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Acarigua, sonde se solicita EXCLUIR DEL SISTEMA DE SIIPOL, el vehículo: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, PLACA: AI936KG, SERIAL DE MOTOR: 1GRB177781, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, CLASE: CAMIONETA, TIPO: SPORT WAGON, USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, el cual se encuentra solicitado en la causa MP-249656-2022, DE FECHA 16-12-2022, por uno de los Delitos Contra La Propiedad (ESTAFA), el cual le fue practicado Reconocimiento Técnico N.º 2302098, de fecha 07-02-2023.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO SEGUNDO: COMUNICACIÓN N° 18-F3-2C-1080-2024, de fecha 15-05-2024, dirigida al Comisario Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Acarigua, en Atención: A la Oficina de Enlace den I.N.N.T del CICPC, donde se solicita: TRIPA Y TRAZA de un vehículo con las siguientes características: MARCA TOYOTA, MODELO 4 RUNNER, TIPO: SPORT WAGON, AÑO: 2015, COLOR: BLANCO, USO: PARTICULAR, SERIAL DE MOTOR: 1GRB177781, SERIAL DE CARROCERÍA: JTEBU5JR9F5268415, PLACA: AI936KG.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO TERCERO: COMUNICACIÓN N° 07-FS-2901-2024, de fecha 29-05-2024, suscrito por el Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, donde remite: Resultas de Auxilio Fiscal, solicitado por esta Representación Fiscal, el cual guarda relación con el Caso MP-249656-2022.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia que la solicitud realizada mediante la comunicación la misma guarda relación con los hechos investigados.
VIGÉSIMO CUARTO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 21-05-2024, suscrita por el Detective SÁNCHEZ ESPINOZA Deivis Jesús, credencial: 52.017, adscrito a esta Delegación Municipal, quién estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en los artículos HYPERLINK "callto:115, 153, 285"115, 153, 285 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: "Encontrándome en las labores de servicio recibí de mano del Inspector Agregado CAPRARO Luis, Jefe de la Coordinación de Investigaciones de los Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal Ciudad Guayana, oficio número 07-F1-2C-1337-2024. emanado por la Fiscalía Primera del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, relacionada a la causa fiscal signada con la nomenclatura MP-249656-2022, iniciado por ante la Fiscalia Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad, previo conocimiento de los jefes naturales de este despacho; procedí a realizar diligencias en pro de dicha solicitud, con la finalidad dar cumplimiento a dicha orden. SE DEJA CONSTANCIA QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO II DE ACTUACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA, IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, ES TODO, Terminó, se leyó y conforme firman.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia de las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante.
VIGÉSIMO QUINTO: ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL, de fecha 21-05-2024, suscrita por el Detective SÁNCHEZ ESPINOZA DEIVIS JESÚS, credencial 52.017. adscrito a esta Delegación Municipal, Quien deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: "Continuando con las investigaciones relacionadas con la causa fiscal signada con la nomenclatura: MP-249656-2022, que se instruye por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, por la presunta comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad, me trasladé en compañía de los funcionarios Detective Jefe RONDON María, Detective Agregado RODRÍGUEZ Francisco y la Detective HUERTA Andrea (Técnico), a bordo de unidad identificada, hacia la siguiente dirección: SEDE DE LA EMPRESA DENOMINADA GOLD Q&A, C.A, RIF: J-50064731-0 EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SECTOR UNARE 2, VEREDA NÚMERO 70, LOCAL NÚMERO 01, PARROQUIA UNARE, MUNICIPIO CARONÍ, PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR; con la finalidad de realizar la respectiva Inspección Técnica en la referida empresa; Una vez estando en el lugar de los hechos, plenamente identificados como funcionarios activos de este Cuerpo de Investigaciones, una vez presentes en la referida dirección, procedimos a realizar varios recorridos por las adyacencias del lugar, donde sostuvimos coloquio con una persona de sexo masculino, quien no quiso aportar sus datos personales por temor a futuras represalias, a quien luego de manifestarle el motivo de nuestra presencia en el lugar, nos manifestó que la referida empresa dejo de funcionar desde hace mucho tiempo, desconociendo la fecha exacta, por lo que le inquirimos información respecto a la identificación de algún socio de la misma, indicándonos que poseia el número telefónico de un socio el cual solo sabe que se llama JONATHAN PILDAIN, el cual es el siguiente HYPERLINK "callto:0424-946-01-45"0424-946-01-45; En vista de lo antes expuesto procedimos a retornar hasta la sede de nuestro despacho, una vez presentes en la misma se le notificó a los Jefes naturales de esta oficina sobre las diligencias policiales realizadas, quienes se dieron por notificados y ordenaron hacer lo conducente para ubicar a la persona quien figuro como socio en la empresa antes mencionada, por lo que procedió la funcionaria Detective Jefe RONDÓN María, a realizar llamada telefónica al siguiente número telefónico 0424-946-01-45, quien luego de unos breves minutos logro tener comunicación con una persona de sexo masculino quien manifestó ser la persona requerida, quien luego de manifestarle el motivo de la Llamada, se le solicito que compareciera por ante este despacho el día de hoy (21/5) / 2024 a las 4:00 horas de la tarde, a fin de rendir entrevista en relación al hecho que hoy nos ocupa, indicando no tener inconveniente, motivo por el cual se le notificó nuevamente a los jefes de esta oficina, quienes ordenaron dejar plasmado mediante la presente acta lo antes expuesto, se anexa acuse de recibo de boleta de citación a la presente acta de investigación; SE DEJA CONSTANCIA QUE DICHO PROCEDIMIENTO SE REALIZÓ DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO II, DE ACTUACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN VENEZUELA, IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ, ES TODO. SE LEYÓ Y ESTANDO CONFORMES FIRMAN.
Se desprende Con el presente elemento de convicción se deja constancia de las labores de investigación realizada por los funcionarios actuante.
VIGÉSIMO SEXTO: Cursa en el expediente ACTA DE ENTREVISTA, de fecha 21-05-2024, interpuesta por el ciudadano P.J, (DEMÁS DATOS PERSONALES A RESERVA DEL MINISTERIO PUBLICO), antes las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Delegación Municipal Ciudad Guayana, del Estado Bolívar, donde deja constancia de lo siguiente: "Me encuentro en esta oficina el día de hoy 21/05/2024, ya que fue citado mediante una llamada telefónica por funcionarios de este despacho, porque socio de la empresa Gold Q&A, C.A y esta empresa fue denunciada ante la fiscalía de Portuguesa, por la apropiación de los vehículos 1- tipo retro- excavadora, color amarillo, marca Caterpillar, modelo 320 CL, año 2011, serial ANB00514 y 2- tipo retro-excavadora, color amarillo, marca Caterpillar, modelo 420D CL, año 2002, serial 7BJ70180DG206224, pero esos vehículos tienen un contrato de arrendamiento de cinco (5) años y fueron entregados a voluntad propia por el propietario de las maquinarias de nombre Alberto Vásquez y que ese caso lo está manejando legalmente el presidente de la empresa Juan Carlos Quezada Vásquez, por el estado Portuguesa; es todo".
Se desprende como elemento de convicción el testimonio transcrito del ciudadano P.J, quien funge como testigo del presente caso.”

Visto lo anterior, la Jueza de la recurrida pasa a pronunciarse acerca de la solicitud de Medida Precautelativa de Enajenar y Gravar e Inmovilización de Cuentas, sobre bienes propiedad del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, de la siguiente manera:

“En razón de lo anteriormente expuesto este Juzgado Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley acuerda: NIEGA la solicitud de Medida Precautelativa de Enajenar y Gravar e Inmovilización de Cuentas, sobre bienes propiedad del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.040.672, pasa esta Juzgadora a emitir pronunciamiento en relación a la solicitud de fecha 20/12/2024, interpuesta por el Fiscal Octavo con competencia Nacional ABG. YORMAN FLORES ESTEPA y la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con Competencia en Delitos Comunes del Segundo Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa ABG. FÉLIX SANGRONIS, en razón de que el mismo no funda su escrito de medida preventiva de enajenar y gravar e inmovilización de cuentas, ya que no queda clara si dicha investigación ha concluido, es decir el Ministerio Público pretende con unas alegaciones de fondo no judicializadas, cuya característica es que son de peligro contemplados en el Código Orgánico Procesal Penal, que exista una remisión expresa a la normativa especial aplicable en conformidad con lo establecido por el Código de Procedimiento Civil, el cual mediante el artículo 585 dispone: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama, ya que tan sólo al existir el riesgo de ser afectados el bien jurídico protegido se acredita la comisión del mismo, ello obliga al Tribunal que conozca de la causa, es decir estando judicializado, cosa que no ha ocurrido en el caso de marras para que unas de sus primeras decisiones deba ser dictar una medida precautelar para prevenir la materialización o continuidad del daño. Por lo tanto al no estar judicializado la comisión de un hecho delictivo, debe en consecuencia entenderse que no ha ocurrido ninguna variabilidad en los motivos que sustenta dicha solicitud. Notifíquese a las partes y ofíciese lo conducente. Remítase la presente solicitud a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.”

Es bien sabido que los Jueces de Instancia deben decidir según lo alegado y probado en autos, y en el caso de marras la Jueza de la recurrida, a pesar de lo numeroso de los elementos de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, y de constar en el acápite IV denominado “DE LAS CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR MOTIVACIÓN” que “a pesar de que se desprende que el Ministerio Publico presentó elementos de convicción que conlleva a la necesidad de decretar las medidas preventivas de enajenar y gravar, en virtud de que las investigaciones han arrojado elementos de convicción que demuestran la presencia de la comisión de los hechos…” no llevó a cabo un análisis de los mismos, por lo cual considera esta Superior Instancia que el fallo recurrido está viciado de nulidad por inmotivación.
Con base en todas las consideraciones que preceden, la motivación de una decisión no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador o con menciones vagas e imprecisas. La obligación de motivar el fallo impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, pues lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión y con ello, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
A lo largo de todo el trámite judicial es obligación de los administradores de justicia el garantizar la vigencia del debido proceso, es decir, no sólo el respeto a las formas propias de cada acto, sino igualmente, el ejercicio permanente del derecho a la defensa, la posibilidad de controvertir las pruebas (actos de investigación), el atender oportunamente los escritos y solicitudes que se presenten, el procurar una mayor celeridad y cumplimiento de los lapsos procesales, y el fundamentar en forma seria y adecuada los fallos judiciales.
Motivar y fundar una decisión es tan importante que la ausencia de este especial requisito gravita sobre el fallo para originar nulidad, y con ello proclamar su inexistencia procesal. En tal sentido, el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:

“Artículo 157. Clasificación. Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación.
Se dictará sentencia para absolver, condenar o sobreseer.
Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente.”

El citado artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, define las decisiones dictadas por los tribunales como autos de mera sustanciación, autos fundados y sentencias definitivas.
Ahora bien, los autos de mero trámite o de sustanciación, son providencias interlocutorias dictadas por el órgano jurisdiccional con ocasión del proceso, con el fin de asegurar la regularidad del mismo, perteneciendo al impulso procesal, como facultad de dirección y control otorgada al juez.
Los autos fundados o interlocutorios, son aquellas resoluciones que resuelven cuestiones incidentales surgidas durante el proceso y que no resuelven el fondo de la controversia judicial.
Las sentencias definitivas, son aquellas que le ponen fin al proceso, resolviendo el fondo del asunto.
Por otra parte, el encabezamiento de la norma in commento, en forma imperativa, dispone que: “Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad…”
Sobre el deber de motivación de las decisiones judiciales se ha dicho que las decisiones de los Jueces de la República, en especial los Jueces Penales, no pueden ser el producto de una labor mecánica del momento. Toda decisión, necesariamente debe estar revestida de una debida motivación que se soporte en una serie de razones y elementos diversos que se enlacen entre sí y que converjan a un punto o conclusión que ofrezca una base segura, clara y cierta del dispositivo sobre el cual descansa la decisión, pues, solamente así se podrá determinar la fidelidad del Juez con la ley y la justicia, sin incurrir en arbitrariedad.
También se ha dicho que la motivación que debe acompañar a las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite a las partes determinar con exactitud y claridad, cuáles han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento han determinado al Juez, acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencias, la sana crítica y el conocimiento científico, a declarar el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas, en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro.
En tal orientación, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nº 550, de fecha 12-12-2006, ha señalado que: “…La motivación, propia de la función judicial, tiene como norte la interdicción de la arbitrariedad, permite constatar los razonamientos, necesarios para que el acusado y demás partes, conozcan las razones que le asistan, indispensables para poder ejercer los recursos y, en fin, para poder determinar la fidelidad del Juez con la ley…”. De tal manera, que por argumento en contrario existirá inmotivación, en aquellos casos en los cuales, haya ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la apreciación que se le debe dar a los diferentes elementos probatorios cursantes en autos. En este sentido, la doctrina patria se ha referido a la inmotivación señalando que: “…La inmotivación se da cuando la sentencia carece de fundamentos de hecho y de derecho. Para que la sentencia no sea un invento o arbitrariedad del juez, sino producto de un juicio razonable del sentenciador, debe expresar las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta. ... La fundamentación entre el hecho y el derecho son elementos básicos que constituyen las premisas necesarias que dan nacimiento al dispositivo del fallo. Es deber del juez subsumir los hechos que aparecen probados en la causa con los que abstractamente están establecidos en la norma penal aplicable; este juicio de valor es la verdadera fundamentación de la sentencia, constituye la base que da razón y fuerza dispositiva. Por esta razones cuando no se cumplen estos requisitos la sentencia resultaría viciada por inmotivación, y acarrearía la nulidad del fallo…” (MORAO R. Justo Ramón (2002): El Nuevo Proceso Penal y Los Derechos del Ciudadano. P. 364). (Tomado de decisión 008-2017 de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia).
Por su parte, la Sala Constitucional en forma reiterada ha dicho: “El derecho a la tutela judicial efectiva comprende, entre otros aspectos, el derecho de los justiciables a obtener una decisión fundada en derecho, así como el derecho a conocer las razones de hecho y de derecho de las decisiones judiciales, es decir, a una decisión motivada. En virtud de tales derechos, y sin perjuicio de la libertad del juez en la interpretación de normas, el justiciable tiene la posibilidad de apreciar que la solución que se ha dado al caso concreto obedece a una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad” (Vid. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencias Nº 4370 de fecha 12-12-2005; y Nº 1120 de fecha 10-07-2008).
Conforme a las consideraciones que preceden, se aprecia que el fallo impugnado, carece de la debida motivación, en derivación de todo lo anterior, la decisión impugnada se encuentra viciada de nulidad absoluta conforme a los artículos 157 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, por implicar violación de derechos y garantías fundamentales previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, como el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, así como a un debido proceso; por lo que le asiste la razón a las recurrentes en su medio de impugnación. Así se decide.-
Con base en todo lo anteriormente expuesto, esta Alzada considera que la recurrida no alcanzó el mérito elemental mínimo para considerarla debidamente motivada, mediante la cual NIEGA la solicitud de medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, realizad por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en fecha 16 de enero de 2025, en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V- 19.040.672, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 462 concatenado con el artículo 77, numerales 6 y 7 del Código Penal, y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en el artículo 468 eiusdem, en perjuicio del ciudadano MANUEL GUILLERMO BARRIOS CASTRILLO, por lo que lo ajustado a derecho es declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 23 de enero de 2025, por los Abogados YORMAN FLORES ESTEPA Y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, en su condición de Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad respectivamente; en consecuencia, se ANULA la decisión publicada en fecha 17 de enero de 2025, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en la causa penal Nº OM-2024-001643, y se ordena que un Juez o Jueza de Control de este Circuito Judicial Penal, extensión Acarigua, distinto al que profirió el fallo aquí anulado, conforme al artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal, se pronuncie en cuanto la solicitud de las referidas medidas. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

Con fundamento en los anteriores razonamientos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha en fecha 23 de enero de 2025, por los Abogados YORMAN FLORES ESTEPA Y FÉLIX ALBERTO SANGRONIS, en su condición de Fiscal Provisorio Octavo Nacional con Competencia Plena, y Fiscal Provisorio de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con Competencia en Delitos Graves en Contra de la Propiedad respectivamente; SEGUNDO: Se ANULA la decisión publicada en fecha 17 de enero de 2025, por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en la causa penal Nº OM-2024-001643; y TERCERO: se ORDENA que un Juez o Jueza de Control de este Circuito Judicial Penal, extensión Acarigua, distinto al que profirió el fallo aquí anulado, conforme al artículo 425 del Código Orgánico Procesal Penal, se pronuncie en cuanto la solicitud de medidas preventivas cautelares de prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, formulada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en fecha 16 de enero de 2025, en contra del ciudadano JUAN CARLOS QUEZADA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad V- 19.040.672, para lo cual deberá abocarse al conocimiento de la causa y notificar a las partes de la presente decisión.
Regístrese, diarícese, publíquese, déjese copia y notifíquese a las partes del contenido de la presente decisión, y una vez consten en autos todas las resultas, se ordena la remisión de las presentes actuaciones al Tribunal de procedencia a los fines de ley consiguientes.-
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en la ciudad de Guanare, a los VEINTITRÉS (23) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.-

La Jueza de Apelación (Presidenta),

Dra. ANAREXY CAMEJO GONZÁLEZ
(PONENTE)

La Jueza de Apelación, El Juez de Apelación,

Abg. LAURA ELENA RAIDE RICCI Abg. EDUARDO JOSÉ BARAZARTE SANOJA

El Secretario,

Abg. RAFAEL COLMENARES LA RIVA

Seguidamente se cumplió lo ordenado en autos. Conste.-
Exp.- 8889-25 El Secretario.-
ACG/.-