TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA.

EXPEDIENTE: 2.025-060.-
PARTE DEMANDANTE: Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, en fecha 05 de junio de 2012, bajo el Nro. 69, Tomo 22-A, Nro de expediente 411-6263, cuya directiva se encuentra protocolizada mediante acta de fecha 05 de abril de 2019, bajo 46, Tomo 19-A, y ratificada mediante acta de Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 1 de noviembre de 2019, bajo el Nro 10, Tomo 47-A, identificada con el Registro de Información Fiscal (R.I.F) J-400962790.
APODERADAS DE LA
DEMANDANTE: KATHARINE CAROLINA ANDRADE ESCALONA y FRANCYS CAROLINA ANDRADE ESCALONA, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 293.641 y 128.772, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 18 de febrero de 2002, inscrita bajo el Nro. 17, Tomo 23-A, con Registro de Información Fiscal J-003293776; Sociedad Mercantil INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 13 de octubre de 2000, bajo el Nro. 24, Tomo 468-A, con Registro de Información Fiscal J-307473460, y la Sociedad Mercantil VENARROZ R.S.A C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, en fecha 01 de febrero de 2000, bajo el Nro. 67, Tomo 85-A, con Registro de Información Fiscal J-306870997.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (vía intimatoria).-
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (DECLINATORIA DE COMPETENCIA)
MATERIA: AGRARÍA.-

Se inició la presente causa en fecha 20 de mayo de 2025, cuando las abogadas KATHARINE CAROLINA ANDRADE ESCALONA y FRANCYS CAROLINA ANDRADE ESCALONA, en su carácter de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A, interpusieron demanda por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA) contra las Sociedades Mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A., INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A., y VENARROZ R.S.A C.A., identificadas previamente, a la cual se le da entrada en esta oportunidad, quedando registrada bajo el Nro. 2.025-060.
Ahora bien, correspondería a este órgano jurisdiccional emitir pronunciamiento en relación a la admisión de la demanda interpuesta; no obstante, luego de verificar las actas que conforman el presente expediente, especialmente los Estatutos Sociales de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A., ya identificada, los cuales fueron acompañados al libelo de demanda marcados con la letra “I”, específicamente del Titulo I relativo a su denominación, domicilio, duración y objeto, en su cláusula segunda, se pudo evidenciar que en ella se estableció que “El objeto de la Compañía estará enmarcado dentro de la soberanía AGRO-ALIMENTARIA de la nación, siendo parte de la cadena alimenticia, en todos sus niveles comprendiendo dentro de su objeto lo relacionado con la producción, distribución, comercialización, importación y exportación de alimentos en general para consumo humano y animal; además a la compra y venta, importación de maquinaria, implementos, repuestos para maquinaria agrícola e industrial, (…)”.
Por otra parte, del documento fundamental de la demanda, referido a los originales de las facturas Nros. 000356, 000365, 000367, 000373, 000377, 000389 y 000391, expedida en fechas 09, 11, 14 16 y 21 de diciembre de 2020, y 19 de enero de 2021 y 01 de febrero de 2021, se evidenció la obligada co la misma y aquí demandada es una empresa también dedicada al rubro de alimentos, pues su denominación es “Industria Venezolana Maicera Pronutricos, C.A.”, y en el renglón denominado “concepto o descripción” se refleja la compra de repuestos para maquinaria agrícola.
Lo referido al original de la factura Nº 000361, expedida en fecha 10 de diciembre de diciembre de 2020, se evidenció que la alli obligada es una empresa también dedicada al rubro de alimentos, pues su denominación es “Sociedad Mercantil VENEARROZ R.S.A, C.A.”, y en el renglón denominado “concepto o descripción” se refleja la compra de repuestos para maquinaria agrícola, por un monto de ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES AMERICANOS CON SESENTA CENTAVOS DE DOLAR ($ 11.843,60 USD) así como unas Notas de Debito signadas con los Nros. 000286, 000305, 000288, 000345, 000347 y 000349, por un monto la primera de TRES MIL OCHENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR ($ 3.085, 38 USD), la segunda de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS CON VEINTIUN CENTAVOS DE DÓLAR ($ 3.255, 51 USD), la tercera de TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($ 3.131, 55 USD), la cuarta de CUARENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS CON TRES CENTAVOS DE DÓLAR ($ 49, 03 USD), la quinta de DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR ($ 231, 95 USD) y la sexta de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR ( $ 288, 93 USD).
Lo referido al original de la Notas de Debito signadas con los Nros, 000340, 000350, 000384 y 000388, se evidenció la obligada co la misma y aquí demandada es una empresa también dedicada al rubro de alimentos, pues su denominación es “INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA, C.A.”, y en el renglón denominado “concepto o descripción” se refleja la compra de repuestos para maquinaria agrícola, por un monto la primera de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR ($ 6.792, 79 USD), la segunda de CIENTO VEINTICINCO DOLARES AMERICANOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DÓLAR ($ 125, 99 USD), la tercera SEISCIENTOS DOCE DOLARES AMERICANOS CON DIESCISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (4 612, 17 USD) y la cuarta de NOVECIENTOS OCHO DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 908. 62 USD).
En este contexto, se considera impretermitible emitir pronunciamiento en relación a la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del caso planteado, en resguardo del principio del juez natural y de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil según el cual “la competencia por la materia (…) se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso”.
Ahora bien, quien decide para resolver comienza señalando que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido que la competencia del órgano jurisdiccional es un requisito de validez de la sentencia de mérito o de fondo. Tal consideración deviene del mandato constitucional establecido en el único aparte del artículo 261 de nuestra Carta Magna, según el cual la competencia de los tribunales de la República se rige por lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Al respecto, dicho precepto dispone lo siguiente “La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución”.
Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que la “competencia es materia de reserva legal y las normas atributivas de la mismas son, según la doctrina y jurisprudencia pacíficas, de eminente orden público y, por consecuencia, de interpretación restrictiva”. (Vid. Sentencia Nro. 777 de fecha 9 de abril de 2002).
Del mismo modo dicha Sala Constitucional, en sentencia Nro. 520 de fecha 7 de junio del 2000, se refirió al derecho a ser Juzgado por su Juez natural, como un elemento integrante de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en función a su estrecho vinculo con la institución de la competencia de los Tribunales. Al respecto, señaló:
“El derecho al juez natural consiste, básicamente, en la necesidad de que el proceso sea decidido por el juez ordinario predeterminado en la ley. Esto es, aquél al que le corresponde el conocimiento según las normas vigentes con anterioridad. Esto supone, en primer lugar, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica; en segundo lugar, que ésta lo haya investido de autoridad con anterioridad al hecho motivador de la actuación y proceso judicial; en tercer lugar, que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo de órgano especial o excepcional para el caso; y, en cuarto lugar, que la composición del órgano jurisdiccional sea determinado en la Ley, siguiéndose en cada caso concreto el procedimiento legalmente establecido para la designación de sus miembros, vale decir, que el Tribunal esté correctamente constituido. En síntesis, la garantía del juez natural puede expresarse diciendo que es la garantía de que la causa sea resuelta por el juez competente o por quien funcionalmente haga sus veces”.
En tal sentido, luego de haberse realizado un estudio de los Estatutos Sociales de la demandada se puede concluir que la actividad de la accionante es netamente agraria por así disponerlo sus Estatutos Sociales, tal y como quedó reseñado precedentemente. Debiendo además tenerse en cuenta que las demandadas también son empresas relacionadas con la producción o procesamiento de alimentos, las cuales se denominan “Industria Venezolana Maicera Pronutricos, C.A..”, “Sociedad Mercantil VENEARROZ R.S.A, C.A”, y “INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA, C.A.”, desprendiéndose dicha consideración del hecho de que en la factura presentada como documento fundamental de la presente acción se señalan que dicha compañía le adquiere a la accionante la compra de repuestos para maquinaria agrícola.
Siendo así, se debe destacar que ha sido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la República que en tales supuestos, esto es, cuando el objeto de la empresa según el documento constitutivo-estatutario se encuentre relacionado con el ramo o tenga que ver con el sector agroalimentario, los Tribunales competentes para conocer dicho asunto son los especializados en materia Agraria.
En efecto, dejó establecida la mencionada Sala Constitucional que:
“En tal sentido, se debe destacar que la Sala Plena de este Alto Tribunal ha dejado asentado, en casos como el que nos ocupa, que (…).
(…omissis…)
Pero en el presente caso la naturaleza de las actividades que realiza la empresa ARROSECA C.A. es agraria, por cuanto de sus Estatutos Sociales y acta Constitutiva, se desprende en la cláusula cuarta, establece que (…); por tanto, se halla sujeta a lo establecido en las leyes especiales agrarias, regida por dicha jurisdicción, lo cual está acorde con lo ya señalado por esta Sala en su sentencia N. 1869 del 19 de octubre de 2007”. (Destacado de esta decisión).
Adicionalmente, se evidencia que los artículos 186, 197 y 198 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establecen lo siguiente:
“Articulo 186. Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitara oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales”.
“Articulo 196. El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación (…). En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria (…)”.
“Artículo 197. Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria.
(…omissis…)
4. Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria.
5. Acciones derivadas del derecho de permanencia.
(…omissis…)
15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria.
Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales”.
En cuanto a las acciones que deben conocer los Juzgados Agrarios, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 200, del 14 de agosto de 2007, caso Aníbal Jesús Núñez Beauperthuy vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló:
“Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales.
Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso Humberto Lobo Carrizo).
Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)”.
De manera que, la competencia de los tribunales agrarios está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones. Esto conlleva al tribunal que debe regular la competencia a efectuar un análisis del objeto de la pretensión, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil ordinaria: pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, etc.”.
Ello así, se observa que la Sala Plena al analizar el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableció la importancia de estudiar cuál es el objeto sobre el cual recae la demanda para poder precisar si son los Tribunales Agrarios los competentes para conocerla, haciendo énfasis en que lo que esta en juego, encuadre en una de las atribuciones conferidas por la ley especial agraria, en este caso, que se trate de acciones que se deriven de actividades agrarias, pues la aludida Ley estableció una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria.
Pues bien, en el caso de marras, ha quedado evidenciado que el objeto de la misma se encuentra relacionado con un cobro por la venta de repuestos para maquinaria agrícola por parte de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A., a las demandadas lo cual sin ningún genero de dudas se corresponde con el objeto al cual se encuentra llamado a conocer los Tribunales Especializados en materia agraria.
En consecuencia, visto que la acreedora de las facturas cuyo cobro se demanda tiene por objeto la realización de actividades agrícolas por así disponerlo de manera expresa sus Estatutos Sociales, que las accionadas también se encuentran inmersas en dicha actividad y que el objeto de la relación comercial que las vincula tiene que ver con maquinarias agrícolas, se concluye que la misma se encuentra “sujeta a lo establecido en las leyes especiales agrarias, regida por dicha jurisdicción”, tal y como lo refiere el artículo 200 del Código de Comercio al señalar que las sociedades anónimas tendrán siempre carácter o naturaleza mercantil, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la actividad agrícola o pecuaria, como es el caso de la demandante Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A.
En fuerza de las consideraciones precedentemente señaladas, se estima que este Tribunal resulta incompetente por la materia para conocer del presente caso, y por consiguiente que la misma corresponde a un JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA AGRARIA.
En consecuencia, dado que consta que los demandados tienen su domicilio la Sociedad Mercantil INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS C.A., en la carretera nacional vía San Carlos, la Sociedad Mercantil INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A., en la carretera vía central Las Majaguas local Nro S/N, caserío centro Poblado Apissa La Apisa, Portuguesa y la Sociedad Mercantil VENARROZ R.S.A C.A., avenida 31 y Eduardo Chollet, edificio Molinera, piso 1, oficina 1, zona industrial, parcela 77-78 Araure del Estado Portuguesa, resulta forzoso para este Juzgado declararse INCOMPETENTE POR LA MATERIA, para conocer la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA) incoaron las abogadas KATHARINE CAROLINA ANDRADE ESCALONA y FRANCYS CAROLINA ANDRADE ESCALONA, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 293.641 y 128.772, en su condición de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del estado Portuguesa, en fecha 05 de junio de 2012, bajo el Nro. 69, Tomo 22-A, Nro de expediente 411-6263, cuya directiva se encuentra protocolizada mediante acta de fecha 05 de abril de 2019, bajo 46, Tomo 19-A, y ratificada mediante acta de Asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 1 de noviembre de 2019, bajo el Nro 10, Tomo 47-A, identificada con el Registro de Información Fiscal (R.I.F) J-400962790, contra las Sociedades Mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A.; INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A., y VENARROZ R.S.A C.A.; en consecuencia, se declina dicha competencia en el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELÍAS DEL ESTADO TRUJILLO. ASI SE DECIDE.
A tales fines, se ORDENA remitir todas las actuaciones que conforman la presente causa al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELÍAS DEL ESTADO TRUJILLO con sede en GUANARE a los fines que siga conociendo de la presente causa, y así expresamente quedará establecido en la dispositiva del presente fallo.-

DISPOSITIVA
Con base en los anteriores razonamientos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA, para conocer la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMATORIA) interpusieron las abogadas KATHARINE CAROLINA ANDRADE ESCALONA y FRANCYS CAROLINA ANDRADE ESCALONA, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 293.641 y 128.772, en su condición de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil COMERCIALIZADORA AGROPOR, C.A., contra las Sociedades Mercantiles INDUSTRIA VENEZOLANA MAICERA PRONUTRICOS, C.A.; INDUSTRIA VENEZOLANA MAIZERA PROAREPA C.A., y VENARROZ R.S.A C.A.; en consecuencia, se declina dicha competencia en el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELÍAS DEL ESTADO TRUJILLO. ASI SE DECIDE.
A tales fines, se ORDENA remitir todas las actuaciones que conforman la presente causa al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELÍAS DEL ESTADO TRUJILLO con sede en GUANARE, una vez quede firme la presente decisión.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa en Acarigua, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco. Años: 214° de la Independencia y 166º de la Federación.-
El Juez,

José Gregorio Carrero Urbano.-
La Secretaria,

Génesis Veliz Garcés.-
En la misma fecha se dictó y publicó la presente sentencia siendo las 02:30 de la tarde. Conste.
(Scría.)

EXP N° 2025-060.
JGC/GVG/3.