TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA Y DEL MUNICIPIO JUAN VICENTE CAMPO ELIAS DEL ESTADO TRUJILLO.-

Guanare, diecisiete (17) de octubre de 2.025.
Años: 215° y 166°. -

Vista la solicitud de la medida típica de embargo preventivo, formulada por presentada por las abogadas Katherine Carolina Andrade Escalona y Francys Carolina Andrade Escalona, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números 293.641 y 128.772, en su carácter de apoderadas judiciales de la Sociedad Mercantil PLASTI-MAX, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Portuguesa, en fecha veintidós (22) de enero del año 2014, bajo el N° 5, Tomo -3-A; en contra de la Sociedad Mercantil INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS VENEZOLANOS (INPROALVENCA), C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO PARRA BALZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.057.210 este Tribunal a los efectos de proveer observa:

De la lectura de las actas procesales, se desprende que la parte demandante y solicitante de la medida cautelar, solicita el embargo preventivo de los bienes propiedad de la parte demandada, argumentando el cumplimiento de los requisitos de procedencia para el decreto de la medida típica comentada. Señala así, la parte solicitante cautelar, que la acción intentada tiene como objeto el cobro del pago de una suma de dinero contenida de débitos detentada por el demandado, ubicado en Acarigua estado portuguesa. Indica la parte accionante, que el préstamo otorgado fue por la cantidad de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE DOLARES AMERICADOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 26.807,82). Además, señala que para garantizar el monto dado en préstamo fue girada notas de débitos a favor INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS VENEZOLANOS (INPROALVENCA), C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO PARRA BALZA

Es delatado por la parte demandante, que “…en reiteradas oportunidades ha EXIGIDO EL PAGO oportuno de la mercancía, con el objeto del cumplimiento de la obligación por parte de la INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS VENEZOLANOS(INPROALVENCA), C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO PARRA BALZA resultando infructuosa todas y cada una de las diligencias efectuadas a tal efecto. En este contexto señala, es legítimo y actual su interés, “…considerando que la presente acción deberá transitar a través de un proceso, que aunque breve, puede devenir en una serie de fases procedimentales que pudieran convertirse en largas y complejas;…”, que puede ocasionar la realización de actos por la parte perdidosa tendentes a ocasionar la disminución de su patrimonio, haciendo ilusoria la ejecución del fallo; toda vez, la conducta del demandado quien resulta indiferente al cumplimiento de su obligación, determina la existencia del periculum in mora. Al respecto de la presunción de buen derecho, precisado la aceptación hecha por la parte demandada de aceptar la mercancía para la misma ser cancelado al monto acordado, lo que evidencia su derecho de interponer la acción y solicitar medidas cautelares, ya que se establecieron obligaciones a las que estaban comprometidas las partes, que el sí cumplió. Y sobre el peligro de daño, señala que existe el riesgo que una vez citado el demandado “…Podrían disponer de los bienes existentes…”, con el fin de evitar el pago, lo que pudiera ocasionar daños irreparables o de difícil reparación.

En este contexto pide el demandante sea decretado Medida de Embargo sobre bienes muebles, que no afecten el interés agro alimentario, propiedad de la INDUSTRIA PROCESADORA DE ALIMENTOS VENEZOLANOS (INPROALVENCA), C.A., representada por el ciudadano GUSTAVO ADOLFO PARRA BALZA hasta cubrir la suma demandada VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE DOLARES AMERICADOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 26.807,82), incluyendo las costas del proceso, de acuerdo a lo establecido en los artículos 243 y 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, debe necesariamente advertirse que, en el proceso agrario, se distinguen las medidas cautelares que tienden a asegurar el resultado económico del proceso y aquellas que van dirigidas a la protección de bienes de interés público; como la producción agraria y el ambiente, pero tal división en nada permite que se pueda sacrificar las últimas por las primeras. En el caso de marras, se trata de la solicitud del embargo preventivo realizado por la parte demandante, por lo que deben atenderse los requisitos de procedencia establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

La solicitud de la medida de embargo, debe fundarse en los requisitos enunciados en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en el grado exigido por el artículo 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y debe la parte solicitante exponer los argumentos fácticos en los que se funda su petición cautelar. Esto es, debe desprenderse el fumus boni iuris o la presunción del derecho que se pretende; consistiendo su verificación, en la apreciación de las actas que conforman el expediente, que produzcan una apariencia de buen derecho del solicitante cautelar; para lo que el jurisdicente realiza un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante y los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Y como segundo de los requisitos, el periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su constatación no se limita a la mera hipótesis o suposición sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho, si éste existiese, bien por la demora en la tramitación del juicio o por los hechos del demandado que pudieran desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.

Revisadas como fueron las actas que componen el cuaderno principal, se observa, que en el presente caso existen elementos que conllevan a precaver la afectación negativa de la ejecución de la sentencia. En consecuencia, se considera al menos en apariencia, satisfechos los elementos para que sea decretada la medida de embargo, solicitada por la parte actora, floreciendo en “presunción grave”, los elementos tradicionales constitutivos de la medida, es decir, la existencia del periculum in mora y del fumus bonis iuris, exigidos de acuerdo al contenido del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a razón de lo establecido en el artículo 244 de la Ley especial agraria. Al respecto del primero, este Tribunal observa, la prueba instrumental promovida por el accionante, demuestran lo exigido en el grado requerido en la mencionada norma especial agraria; es decir, se presume el derecho invocado por la parte demandante, sobre las acreencias demandadas y el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo agrario por la demora del proceso, razón por la cual debe decretarse la medida solicitada. Así se decide.

El Tribunal, advierte expresamente que al ser el presente proceso de conocimiento de la jurisdicción especial agraria, LA PRÁCTICA DE LA EJECUCIÓN de la medida nominada dictada, debe atenderse a la holística perspectiva, de los postulados establecidos en los artículos 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 1 y 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y así ha de mantenerse y asegurar el desarrollo de las actividades agrícolas, en el ámbito de la especialidad y autonomía del derecho agrario, razón por la cual, SE EXCLUYEN EXPLÍCITAMENTE de la ejecución de la presente medida cautelar, todos aquellos bienes propiedad del demandado que se encuentren vinculados con la actividad agraria, en resguardo al interés público de la continuidad de los procesos agro-productivos en la República. Así se decide.

Por todos los argumentos antes explanados, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA:

ÚNICO: EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, QUE NO AFECTEN LA ACTIVIDAD AGRARIA, hasta cubrir la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 53.615,64), suma esta que comprende el doble de la cantidad demandada, siendo su equivalente de Bolívares, a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, a la fecha de presentación de esta demanda a razón de CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 116,82), por Dólar ($), de los Estados Unidos de América, lo que arroja como cantidad de SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 6.263.400,09), más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Juzgado en la cantidad SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO (Bs 782.922,38‬), en la cantidad de veinticinco por ciento (25%), de la suma líquida demandada. Si la medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero la misma deberá ser sobre la cantidad VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE DOLARES AMERICADOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 26.807,82), siendo su equivalente de Bolívares, a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela, a la fecha de presentación de esta demanda a razón de CIENTO DIECISEIS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 116,82), por Dólar ($) de los Estados Unidos de América, lo que arroja como cantidad TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 3.131.689,53), suma ésta que comprende la cantidad demandada más las costas procesales descritas anteriormente.

Publíquese y Regístrese.-

Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa y del Municipio Juan Vicente Campo Elías del estado Trujillo, a los diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2.025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación.-
El Juez Provisorio,

MSc. LUCAS ALEXANDER BLANCO VELÁSQUEZ,
La Secretaria,

ABG. OLIMAR ANDREINA MANZANILLA,
En la misma fecha, siendo la una y veinticinco minutos de la tarde (02:55 p.m.), se publicó y se registró la anterior decisión bajo el Nº ________, y se resguarda el archivo original en digital, formato PDF, para el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado.-
La Secretaria,

ABG. OLIMAR ANDREINA MANZANILLA,

LABV/OAM/Mariangel-
Expediente Nº 01110-A-25