...por lo que no puede impartirse la homologación que solicita la parte demandante, por lo que SE NIEGA tal solicitud de homologación del denominado por el actor convenimiento.

Por tales razones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, Sección Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, del la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara con lugar la solicitud de la defensa y en consecuencia le fija un plazo de ciento veinte días (120) días para que la Fiscal del Ministerio Público presente el acto conclusivo a que haya lugar respecto en la causa seguida al adolescente Identidad Omitida (Art. 65 LOPNA), identificado UT SUPRA contados a partir de la fecha de la audiencia Oral, decisión que se dicta de conformidad a lo establecido en el articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. En la ciudad de Guanare, a los veintiún (21) días del mes de Junio de Dos mil Seis. La Juez de Control No 1. Abg. Julet Valera de Rivas El Secretario, Abg. Juan Salvador Páez García

DISPOSITIVA Por los motivos y razonamientos expuestos anteriormente este Juzgado del Municipio San Genaro de Boconoito con Competencia en Asunto Alimentario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO DEL CONVENIMIENTO realizado entre los Ciudadanos MARIA MARLENYS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OVIEDO SERENO en los términos por ellos acordados. Dado, firmado y sellado en la sala del Juzgado del Municipio San Genaro de Boconoito con Competencia en Asunto Alimentario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, en Boconoito a los 21 dias del mes de Junio del año Dos Mil Seis. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación El Juez Abg. Lisandro Valero Paredes. La Secretaria Maria A. Delgado de Franco .....

Visto el acuerdo celebrado por los ciudadanos CARLOS BRICEÑO SARMIENTO Y MARIZA DEL CARMEN ORELLANA FERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nº 10.050.937 y 9.405.229 respectivamente, por ante la sala de este Tribunal, sobre la Revisión de la Obligación Alimentaria en beneficio de la adolescente XXX, de xxx años de edad, donde el padre se obliga a aumentar la cantidad de 80.000 bolívares mensuales y en los meses de septiembre y diciembre la cantidad de 280.000 bolívares para cancelar los gastos de uniformes, útiles escolares, vestuarios y calzados de la referida adolescente, en cuanto a los gastos de honorarios médicos y medicinas será sufragado por los padres en un 50% cada uno y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos de la adolescente, el Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 315 y 317 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Vista la conciliación celebrada entre los ciudadanos NELSON RAMON APONTE VASQUEZ Y JUANA DEL CARMEN MONTILLA VILLANUEVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 13.605.012 y 15.139.267, respectivamente, por ante este Tribunal en esta misma fecha, sobre Recaudador de Obligación Alimentaría del ciudadano NELSON RAMON APONTE VASQUEZ, en beneficio de sus hijas NERBELIS DEL VALLE APONTE MONTILLA, NAILETH COROMOTO APONTE MONTILLA y NAIROBITH CAROLINA APONTE MONTILLA, de 08, 07 y 05 años de edad, respectivamente, donde el padre conviene que la adeuda la cantidad de CIENTO TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 130.000,00); y por cuanto dicho acuerdo conciliatorio no vulnera los derechos de las niñas, el Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada, de acuerdo con los artículos 315 y 317 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se acuerda la apertura de una cuenta de ahorro en Banfoandes a nombre de las referidas niñas y a la .....

Vista la conciliación celebrada en esta misma fecha entre los ciudadanos CARLOS LEONZO BRICEÑO MONTILLA y DONIS DEL CARMEN ORELLANA HERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.258.456 y 9.253.192, respectivamente por ante este Tribunal, sobre la REVISIÓN DE OBLIGACIÓN ALIMENTARIA en beneficio de la adolescente ..., de 15 años de edad, donde el padre se obliga en cancelar la cantidad mensual de Bs. 100.000,00 y en los meses de agosto y diciembre de cada año Bs. 200.000,00 para la compra de uniformes, útiles escolares, vestuario y calzado, respectivamente, tales montos que continuará depositando en la cuenta de ahorros N° 007-0014-22-0010101611, a nombre de la referida adolescente y a la orden de este Tribunal, en Banfoandes, así como también, cubrir el 50% de los gastos de medicinas y consultas médicas cuando su hija lo requiera; este Tribunal le imparte su homologación y le da carácter de cosa juzgada de acuerdo con los artículos 315 y 317 de.....

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente Reclamación de Honorarios Profesionales de Abogados, interpuesta por MAIRA ALEJANDRA COLMENARES CASTILLO y JOSÉ ADRIAN VASQUEZ RIERA contra CESAR AUGUSTO NIEVES FRANCÉS, y DECLINA LA COMPETENCIA, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Portuguesa con sede en la Ciudad de Guanare.- Remítase el presente expediente transcurrido el lapso de ley.

D I S P O S I T I V A Por todas las razones antes expuestas este Tribunal de Control N° 02 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente Extensión Acarigua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en la presente causa, seguida a los adolescentes IDENTIDAD OMITIDA, IDENTIDAD OMITIDA, E IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA EL ORDEN PUBLICO, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 561literal "D" de la Ley orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con lo establecido en el articulo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 537 de la citada ley. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en la Sala de audiencias del Tribunal de Control N° 01 del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, Extensi.....

Por los anteriores razonamientos este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la solicitud de divorcio propuesta por los ciudadanos: HENRY MANUEL LEÓN RAMOS y AIDA ROSA MÁRQUEZ MARTÍNEZ, ambos suficientemente identificados. En consecuencia, conforme a los artículos l85-A y 184 del Código Civil, declara disuelto el vínculo conyugal contraido por los referidos ciudadanos por ante la Prefectura del Municipio Monseñor José Vicente de Unda del Estado Portuguesa, en fecha 28 de enero de 1991, según acta No. 08.

DISPOSITIVA. Por todas las razones antes expuestas, este Tribunal de Juicio del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente. Extensión Acarigua, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ABSUELVE al Adolescente: identidad omitida por razones de ley , por la comisión de uno de los delitos Contra la Propiedad, específicamente el delito de Robo Agravado y Resistencia a la Autoridad, previstos en los artículos 458 y 218 ordinal 1° de la Reforma del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano WENCIO ANTONIO ALVAREZ. De conformidad a lo previsto en el articulo 602, literal "B" y "E" de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente No se condena en costas al Estado Venezolano por considerar el Tribunal que el Ministerio Público tuvo motivos racionales para acusar. Contra la presente sentencia procede recurso de apelación ante la corte de apelaciones de este Circuito Judicial Penal.....