De acuerdo con lo expuesto, es evidente la falta de interés de la parte accionante de instruir la presente, en virtud que la misma no concurrió en ningún momento, después de introducir la demanda a este Despacho, lo que inevitablemente hace presumir que la situación jurídica que dio lugar al surgimiento de la necesidad de administración de justicia ha cesado, por lo que resulta forzoso para este Juzgado establecer la existencia en autos de la pérdida del interés procesal de la parte accionante, ya que la misma no compareció a gestionar lo conducente para la culminación de la presente solicitud; al desprenderse de autos la inexistencia de algún acto de impulso, desde el día once (11) de febrero de 2020, no sucediéndose la admisión, y en consecuencia debe declararse el decaimiento y extinción de la causa.

Ahora bien, este Juzgado de Primera Instancia Agrario, vinculado al paradigma conservacionista del ambiente establecido en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; así como, al deber de los jueces y juezas especializados en materia agraria de velar por la preservación de los recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad consagrados en el artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en función del especial poder cautelar consagrado en el artículo 196 eiusdem, en aras de garantizar los derechos a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; ante las pruebas cursantes en autos que determinan la existencia de un ambiente prístino intervenido, probablemente, por el ciudadano COSME JAVIER FALCÓN CASTILLO, en deterioro del bosque y aguas presentes en el fundo "Agropecuaria Don Tomas", por lo que se procede a decretar la tutela ambiental solicitada y así se decide.