siguiendo el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se fijó juicio unipersonal prescindiendo de los escabinos, para el día 30 de agosto de 2007 a las 10 de la mañana.

se decretó: 1.- SE REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR de arresto domiciliario dictada en fecha 07 de Julio de 2006, y se deja sin efecto la decisión de fecha 17 de Julio de 2007. 2.- SE DECRETA LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del ciudadano VICTOR JOSE LOPEZ QUINTANA, C.I. 13.703.766, quien aparecen como ACUSADO en la presente causa, de conformidad con el artículo 44.1 Constitucional y 250, 262 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena el traslado del mencionado acusado hasta la Comisaría General José Antonio Páez de Acarigua en donde quedará recluido a la orden de este Juez de Juicio y a su vez el traslado para el Juicio Oral y Público, el cual está fijado para el día 14 de Agosto de 2007, a las 2 de la tarde.

se publicó la sentencia definitiva en donde se absolvió al ciudadano JOSÉ GREGORIO YSERRA, venezolano, mayor de edad, nacido en fecha 26-06-62, titular de la cédula de identidad N° V-8.662.901, domiciliado en el Sector La Franja, Casa N° 38, vía la Misión, Acarigua Estado Portuguesa, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Sustancias y Psicotrópicas, perpetrado en perjuicio del ESTADO VENENOLANO.

se decretó: 1.- De conformidad con el artículo 74 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal se ordena la división de la continencia de la causa a los fines de que se realice en el día de hoy el Juicio Oral y Público en relación al acusado JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ RIVERO, y en relación al acusado ALFONSO DE JESUS ARRIECHI MENDOZA se ordena compulsar la presente causa. 2.- se revoca la medida cautelar sustitutiva de libertad decretada por este Tribunal en fecha 26 de octubre de 2006, de conformidad con el artículo 262 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia se ordena la aprehensión del mismo de conformidad con el artículo 44.1 Constitucional y 250 del Código Orgánico Procesal Penal.