Este Juzgado Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con lo establecido en los artículos 341, 434 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 340 numerales 2 y 6 ejusdem, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE, la demanda por DESLINDE interpuesta por la ciudadana MIRIAN LUCIA ARAUJO LOAIZA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.309.953 asistida por el Abogado RONALD MARQUEZ, Inpreabogado N° 96.525, contra el ciudadano EDGARDO PEROZO, titular de la cédula de identidad N° 9.559.569.

este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, HOMOLOGA el presente ACUERDO y le da el carácter de Cosa Juzgada. Se ordena el archivo del expediente una vez conste en autos el pago de la totalidad de lo pactado. Es todo, se leyó y conformes firman.

Una vez firme la presente decisión, la causa seguirá su curso legal con respecto a los ciudadanos RAFAEL MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° 15.424.957, OSWALDO SUAREZ, titular de la cedula de identidad N° 10.771.373, JUAN MANUEL CORDERO, titular de la cedula de identidad N° 7.33.756, HERMOGENES MENDOZA, titular de la cedula de identidad N° 9.613.389 NALLIT OLIVARES, titular de la cedula de identidad N° 16.692.532, TRIUNFO BECERRA titular de la cedula de identidad N° 7.428.150, contra la demandada Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA VIALPA C.A, y codemandadas FONDO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS (FONEP) y solidariamente el ciudadano GIANNI MAURICIO PALAZZESE. Y para HEDGARD JESUS MEDINA MARCHAN, titular de la cedula de identidad Nº 15.306.909, la causa seguirá solo contra el FONDO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS (FONEP) y solidariamente el ciudadano GIANNI MAURICIO PALAZZESE, en virtud del desistimiento efectuado, por este, contra la empresa constructora.....

Se declara La EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto subsidiariamente al Recurso Jerárquico el 02 de mayo de 2005 por la ciudadana Marbella Inmaculada Palencia Hernández, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.378.931, en contra de la Resolución Nº GTI-RCO-DJT-ARA-2005-000248, de fecha 20 de octubre de 2005, dictada por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Centro Occidental del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), mediante el cual fue declarado sin lugar el recurso jerárquico interpuesto en contra del acto administrativo signado con el Nº SAT-GTI-RCO-600-114, de fecha 15 de marzo de 2005.

Se admite salvo su apreciación en la definitiva, de conformidad con lo estatuido en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, el valor probatorio del Decreto Nro. 7.791, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el Nro. 39.550 de fecha 11 de noviembre de 2010, así como de las documentales anexadas al escrito libelar y la prueba de informes promovida por el abogado Rafael Meléndez Rodríguez, titular de la cédula de identidad N° 11.880.098, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 66.841, en su condición de apoderado judicial del ciudadano Argenis Alexander Campos García, titular de la cédula de identidad Nro. 8.936.660.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa en razón de la materia, y en consecuencia, DECLINA al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente. Se ordena remitir el expediente a la Unidad Receptora y Distribución de Documentos del área civil, con oficio, una vez quede firme la presente decisión.

En consecuencia y conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica de las partes y el derecho a la defensa, Este Tribunal en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la INADMISIBILIDAD; por cuanto el libelo no cumple con los requisitos exigidos en el Art.123 ejusdem debido a la insuficiente subsanación en la presente causa. Es todo. Así se decide.-

En consecuencia y conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica de las partes y el derecho a la defensa, Este Tribunal en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la INADMISIBILIDAD; por cuanto el libelo no cumple con los requisitos exigidos en el Art.123 ejusdem debido a la insuficiente subsanación en la presente causa. Es todo. Así se decide.-

PRIMERO: La indexación o Corrección Monetaria sobre los conceptos y montos declarados con lugar, ordenados a cuantificar mediante Experticia Complementaria del fallo; deberá cuantificarse de conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28/10/2008 expediente número 07-2176 de la Sala de Casación Social, la cual señala que el cálculo de la indexación de las cantidades condenadas a pagar, se debe ordenar desde la notificación de la demanda hasta el pago efectivo de los montos condenados a pagar, para lo cual el experto deberá tomar en consideración los indicadores oficiales del Banco Central de Venezuela a través de los índices de precios al consumidor (I.P.C.), excluyendo del referido cómputo, los lapsos de paros y vacaciones tribunalicias, así como el lapso en el que el proceso se encontraba suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor. Así se decide.- SEGUNDO: De.....

en consecuencia este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa por la materia, y DECLINA la competencia al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Laboral del Estado Lara. De conformidad con lo establecido en el artículo 69 ejusdem, una vez quede firme la presente decisión, remítase el expediente a la URDD Penal con oficio. Déjese la copia de ley.